Sociedad abierta
ERNESTO REYES
México se ha convertido en el país más peligroso para periodistas en las Américas. Por esta razón once organizaciones internacionales visitaron México del 20 al 25 de abril de 2008, para verificar la situación de libertad de expresión en tres temas prioritarios: impunidad, protección al ejercicio periodístico y autocensura.
Resultado de este trabajo, que contó con el apoyo de innumerables organismos independientes y autónomos – como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-, e incluso, de instancias oficiales, el sábado se rindió un Informe preliminar que contiene los aspectos más sobresalientes de dicha visita.
Le hemos venido dando seguimiento a la visita de la Misión Internacional, por lo que no podemos más que hacer referencia a ella, para que normen su criterio los periodistas en general, los medios de comunicación y la sociedad organizada que está pendiente de cualquier menoscabo del ejercicio de la libertad de expresión en México.
El documento, suscrito por las organizaciones visitantes afirma que en los últimos 8 años por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados, 8 desaparecieron y decenas de ellos fueron amenazados o agredidos en razón de su oficio. La mayor parte de los casos se encuentra en la impunidad, lo cual ha provocado un estado generalizado de autocensura.La Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación visitó Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Michoacán, Sonora y Guerrero. Se reunió con periodistas, editores, y víctimas y familiares de periodistas asesinados y desaparecidos; dueños de medios; autoridades federales y locales; con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea; con organismos de cooperación, organizaciones de periodistas y de derechos humanos.
Este recorrido les ha servido para tener una idea muy clara sobre las difíciles condiciones en que se ejerce el periodismo en México. Seguramente llevan un reporte puntual a las organizaciones de donde proceden y a sus países de origen para compartirla con sus iguales.
Reconocen que el panorama observado no es muy halagador; porque los integrantes de la Misión nunca hubieran querido que se confirmaran las sospechas previas a su llegada a México. Ahora saben que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico son el crimen organizado, la corrupción, la falta de voluntad política y la omisión del Estado mexicano para proporcionar protección y asegurar la seguridad de los periodistas.
Para enfrentar esta circunstancia, la delegación internacional instó a las autoridades mexicanas para que tomen medidas inmediatas que detengan los ataques contra la libertad de expresión.
“Resulta urgente la creación y fortalecimiento de mecanismos de protección, así como el desarrollo de un marco normativo que fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas (FEADP) y le brinde autonomía para investigar y sancionar a los responsables”, afirma el documento que ya circula entre las dependencias visitadas, así como en los gobiernos locales a los que han tenido que recurrir para ver el estado que guardan los crímenes, ataques y agresiones de todo tipo en contra de comunicadores.
Se van de México convencidos de que es necesaria la federalización de los delitos contra la libertad de expresión. Cabe recordar que desde la creación de la FEADP, 15 periodistas han sido asesinados en México. La misión se entrevistó con diversas autoridades locales y federales con el único propósito de manifestar su preocupación, escuchar la posición oficial y abrir canales de interlocución.
No obstante ello, aunque las autoridades, en su mayoría, estuvieron abiertas al diálogo, “esta misión manifiesta su alarma por la contradicción entre esta apertura y la falta de acciones concretas y resultados.”
Prestó especial atención a las víctimas de agresiones y sus familiares. Revisó con ellos el estado de sus casos y exploró alternativas de apoyo. Para la delegación, resulta preocupante- afirman- la situación de aislamiento en que se encuentran.
Dentro de este grupo se incluyen las radios comunitarias y sus integrantes, que están en una condición de alta vulnerabilidad al no tener un marco normativo que los reconozca. En estas condiciones, las autoridades obstruyen su labor y les niegan el reconocimiento como periodistas.La delegación se mostró preocupada por el deterioro de la libertad sindical y las condiciones laborales de los periodistas. En el caso de los reporteros ‘freelance’, esta situación es aún más grave.
Ante la Misión, los periodistas entrevistados reconocieron la necesidad de trabajar unidos y fomentar la solidaridad como parte de una estrategia para revertir esta situación.Asimismo, la delegación constató la concentración de los medios de comunicación en México y la distribución arbitraria de la publicidad oficial. Ésta última se utiliza con fines políticos como premio o castigo. Ambas problemáticas “atentan contra el pluralismo informativo y el derecho ciudadano a la información.”
Por tanto, opinan que es obligación del Estado mexicano promover una regulación en la materia.
En la parte final del documento, los miembros de la Misión prometen darle seguimiento a cada uno de los compromisos establecidos por las autoridades visitadas.
El colectivo aseguró que en las próximas semanas emitirá un informe detallado de sus hallazgos y recomendaciones. A partir de éste, espera trazar un plan de acción integral que incluya a todos los actores, entre ellos las autoridades federales y locales, quienes se comprometieron a emprender acciones concretas contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión en México.
Hacen parte de esta misión internacional, las siguientes organizaciones: Artículo 19; International Media Support (IMS); International Press Institute (IPI); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); The Rory Peck Trust; Reporteros sin Fronteras (RSF); la Federación Internacional de Periodistas (FIP-IFJ); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); International News Safety Institute (INSI); el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Open Society Institute (OSI), y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Los periodistas mexicanos que han estado cerca de los entusiastas trabajos del colectivo, no se sienten defraudados porque saben que en mucho puede ayudar que se internacionalice la situación de la prensa en la nación mexicana, y dejarles el mensaje a quienes en nuestro país han sufrido agravios, y a los familiares en caso de quienes han sufrido muerte o desaparición, que no están solos. Es una misión cumplida.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
domingo, 27 de abril de 2008
domingo, 30 de marzo de 2008
¿Gabinete de seguridad?
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Los cambios en su flamante “Gabinete de seguridad” a que fue orillado Ulises Ruiz antes de culminar el asueto de Semana Santa -- periodo que por la inactividad escolar se prolongó hasta el domingo--, son consecuencia del exhorto que en breve hará el senado de República al Poder Ejecutivo Federal para que ejerza mayor coordinación con las corporaciones locales, vista la crisis de seguridad en que se debate el estado de Oaxaca.
Pero también busca ganar tiempo para que a la entidad oaxaqueña no la alcance la implantación del Programa “México Seguro”, con todo lo que implica en desplazamiento de fuerzas castrenses y de la policía federal preventiva, mecanismo que resta, por no decir nulifica la injerencia local en actividades de combate a la delincuencia organizada.
Con los pros y contras que este programa significa, pues en otras entidades al tiempo de enfrentar a la delincuencia, ha facilitado violaciones a los derechos de ciudadanos pacíficos, la intervención federal no es una idea que sume adeptos en círculos locales; nadie la ha solicitado de esta manera; sin embargo, persiste como una Espada de Damocles si los cambios realizados este fin de semana no resultan efectivos.
Pronto se sabrán si son buenos o malos los antecedentes de los nuevos titulares de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial, donde fueron ubicados Javier Rueda Velásquez, quien es teniente coronel retirado; Jorge Alberto Quezada Jiménez y Alan Loren Peña Arqueta, respectivamente.
De los tres funcionarios salientes, que para variar fueron nombrados “asesores” del Gobernador en seguridad, Sergio Segreste Ríos, Pedro Díaz Laredo y Daniel Camarena Flores, la sociedad los recordará por el triste papel realizado en su función dada su incapacidad supina para ejercer el mando en sus respectivas corporaciones, además de los pocos y claros deseos por combinar eficiencia y responsabilidad en dicha tarea.
Si los tres no funcionaron, por malos, nadie entiende que como “premio de consolación” todavía los mantengan en la nómina distrayendo recursos que pueden emplearse en otra cosa. Ellos mismos, si conocieran la dignidad, no aceptarían la “aviación” que les ofrecen, aunque la abyección es tal que para eso es para lo único que sí serían capaces.
En términos que recuerdan a las expresiones del diputado Javier González Garza, desde que a finales de enero ejecutaron a Alejandro Barrita y luego al comandante apodado “El Gigio”, Segreste, Díaz Laredo y Camarena ya estaban en el umbral de su despido, sólo que ellos fueron los últimos en enterarse. “ya estaban muertos – administrativamente- sólo que nadie les había dicho”, dice la broma.
Para el anecdotario político quedará si la decisión de removerlos fue acordada o sugerida por Felipe Calderón, durante su pasada gira por Oaxaca; unos dicen que no pudo ser, por el respeto al pacto federal expresado por quien ocupa la presidencia de la República.
Sin embargo, otros sugieren que a raíz de que – a solicitud de Gabino Cué- el Senado aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución ( fast track), sin que el PAN se opusiera y el PRI menos, ya que el “Sancho Panza”, que no escudero, andaba mostrándose en la gira, el gobierno se vio acorralado por esta circunstancia y por las presiones que patrones y comerciantes ejercían públicamente y en privado para que les diera una respuesta efectiva a sus reclamos de atender urgentemente el tema.
Por ello muchos piensan, que con o sin la anuencia presidencial, Ulises halló en el despido de sus flamantes colaboradores, una salida política, que impidiera hasta donde sea posible, que la Federación – léase la presidencia- le reste capacidad de mando y vapulee aún más el orgullo de quien ahora se reclama aliado del panismo presidencial.
Ante el convencimiento de que está rendida la plaza para los cárteles, luego del arresto del principal operador en la materia, sin decirlo en voz alta, pero sí con este gesto, se le ofreció a Los Pinos hacer cambios profundos en materia de seguridad, para lo cual se aceptó la importación de tres funcionarios que como dice la explicación oficial ahora, hacen “química” con los mandos en el Ejército, la PGR y la Policía Federal Preventiva “para reforzar el combate a la delincuencia que encabeza el Presidente Felipe Calderón.”
Completando el suplicio de Ruiz en la reciente gira de Calderón, a pesar de las inversiones anunciadas en materia turística, como principal invitado llegó el ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, sobrino del empresario David Palacios García, quien hasta el mediodía del martes 25 todavía se hallaba secuestrado.
Por la noche de este día, por esto de las coincidencias, David apareció sano y salvo de regreso con los suyos, sin que se conozca con certeza que su familia y sus amigos que solidarios se habían movilizado, hayan satisfecho la petición económica de sus captores.
Era muy extraño, por no decir sospechoso, que tras el secuestro de Palacios se tuviera casi la certeza de que éste no había abandonado la ciudad, al igual que Rubén Villanueva Platas, quien aparecería igual, ileso, posteriormente.
Si son policías y ex policías ministeriales quienes chantajeando al gobierno por los hechos del 2006 operan secuestros y ejecuciones, o bien, son delincuentes provenientes de otras partes del país, esto se tendrá que verificar si de verdad se establece plena coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales.
Pero cualquier entendedor de estos menesteres estará de acuerdo en que los cambios no serán nunca completos si el área de procurar justicia sigue en manos de quienes al mando del ratificado procurador, Evencio Nicolás Ramírez y de gente inexperta en el combate a la delincuencia, permanecen firmes en sus puestos.
Es el cuarto cambio que todo mundo espera, para que pueda hablarse de que hay un nuevo perfil en el Gabinete de Seguridad, y el área de Justicia.
Pero –¡oh!- los diputados, incluyendo los de oposición, acaban de ratificar apenas al titular de la Procuraduría, y ahora, en lugar de demandar su salida por que muchas cosas ahí no están funcionando, lo llaman a comparecer y lo peor, que estén dispuestos a escuchar sus disculpas.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
Los cambios en su flamante “Gabinete de seguridad” a que fue orillado Ulises Ruiz antes de culminar el asueto de Semana Santa -- periodo que por la inactividad escolar se prolongó hasta el domingo--, son consecuencia del exhorto que en breve hará el senado de República al Poder Ejecutivo Federal para que ejerza mayor coordinación con las corporaciones locales, vista la crisis de seguridad en que se debate el estado de Oaxaca.
Pero también busca ganar tiempo para que a la entidad oaxaqueña no la alcance la implantación del Programa “México Seguro”, con todo lo que implica en desplazamiento de fuerzas castrenses y de la policía federal preventiva, mecanismo que resta, por no decir nulifica la injerencia local en actividades de combate a la delincuencia organizada.
Con los pros y contras que este programa significa, pues en otras entidades al tiempo de enfrentar a la delincuencia, ha facilitado violaciones a los derechos de ciudadanos pacíficos, la intervención federal no es una idea que sume adeptos en círculos locales; nadie la ha solicitado de esta manera; sin embargo, persiste como una Espada de Damocles si los cambios realizados este fin de semana no resultan efectivos.
Pronto se sabrán si son buenos o malos los antecedentes de los nuevos titulares de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial, donde fueron ubicados Javier Rueda Velásquez, quien es teniente coronel retirado; Jorge Alberto Quezada Jiménez y Alan Loren Peña Arqueta, respectivamente.
De los tres funcionarios salientes, que para variar fueron nombrados “asesores” del Gobernador en seguridad, Sergio Segreste Ríos, Pedro Díaz Laredo y Daniel Camarena Flores, la sociedad los recordará por el triste papel realizado en su función dada su incapacidad supina para ejercer el mando en sus respectivas corporaciones, además de los pocos y claros deseos por combinar eficiencia y responsabilidad en dicha tarea.
Si los tres no funcionaron, por malos, nadie entiende que como “premio de consolación” todavía los mantengan en la nómina distrayendo recursos que pueden emplearse en otra cosa. Ellos mismos, si conocieran la dignidad, no aceptarían la “aviación” que les ofrecen, aunque la abyección es tal que para eso es para lo único que sí serían capaces.
En términos que recuerdan a las expresiones del diputado Javier González Garza, desde que a finales de enero ejecutaron a Alejandro Barrita y luego al comandante apodado “El Gigio”, Segreste, Díaz Laredo y Camarena ya estaban en el umbral de su despido, sólo que ellos fueron los últimos en enterarse. “ya estaban muertos – administrativamente- sólo que nadie les había dicho”, dice la broma.
Para el anecdotario político quedará si la decisión de removerlos fue acordada o sugerida por Felipe Calderón, durante su pasada gira por Oaxaca; unos dicen que no pudo ser, por el respeto al pacto federal expresado por quien ocupa la presidencia de la República.
Sin embargo, otros sugieren que a raíz de que – a solicitud de Gabino Cué- el Senado aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución ( fast track), sin que el PAN se opusiera y el PRI menos, ya que el “Sancho Panza”, que no escudero, andaba mostrándose en la gira, el gobierno se vio acorralado por esta circunstancia y por las presiones que patrones y comerciantes ejercían públicamente y en privado para que les diera una respuesta efectiva a sus reclamos de atender urgentemente el tema.
Por ello muchos piensan, que con o sin la anuencia presidencial, Ulises halló en el despido de sus flamantes colaboradores, una salida política, que impidiera hasta donde sea posible, que la Federación – léase la presidencia- le reste capacidad de mando y vapulee aún más el orgullo de quien ahora se reclama aliado del panismo presidencial.
Ante el convencimiento de que está rendida la plaza para los cárteles, luego del arresto del principal operador en la materia, sin decirlo en voz alta, pero sí con este gesto, se le ofreció a Los Pinos hacer cambios profundos en materia de seguridad, para lo cual se aceptó la importación de tres funcionarios que como dice la explicación oficial ahora, hacen “química” con los mandos en el Ejército, la PGR y la Policía Federal Preventiva “para reforzar el combate a la delincuencia que encabeza el Presidente Felipe Calderón.”
Completando el suplicio de Ruiz en la reciente gira de Calderón, a pesar de las inversiones anunciadas en materia turística, como principal invitado llegó el ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, sobrino del empresario David Palacios García, quien hasta el mediodía del martes 25 todavía se hallaba secuestrado.
Por la noche de este día, por esto de las coincidencias, David apareció sano y salvo de regreso con los suyos, sin que se conozca con certeza que su familia y sus amigos que solidarios se habían movilizado, hayan satisfecho la petición económica de sus captores.
Era muy extraño, por no decir sospechoso, que tras el secuestro de Palacios se tuviera casi la certeza de que éste no había abandonado la ciudad, al igual que Rubén Villanueva Platas, quien aparecería igual, ileso, posteriormente.
Si son policías y ex policías ministeriales quienes chantajeando al gobierno por los hechos del 2006 operan secuestros y ejecuciones, o bien, son delincuentes provenientes de otras partes del país, esto se tendrá que verificar si de verdad se establece plena coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales.
Pero cualquier entendedor de estos menesteres estará de acuerdo en que los cambios no serán nunca completos si el área de procurar justicia sigue en manos de quienes al mando del ratificado procurador, Evencio Nicolás Ramírez y de gente inexperta en el combate a la delincuencia, permanecen firmes en sus puestos.
Es el cuarto cambio que todo mundo espera, para que pueda hablarse de que hay un nuevo perfil en el Gabinete de Seguridad, y el área de Justicia.
Pero –¡oh!- los diputados, incluyendo los de oposición, acaban de ratificar apenas al titular de la Procuraduría, y ahora, en lugar de demandar su salida por que muchas cosas ahí no están funcionando, lo llaman a comparecer y lo peor, que estén dispuestos a escuchar sus disculpas.
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ernestreyes@prodigy.net.mx
viernes, 28 de marzo de 2008
Periodistas: lentitud
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Termina marzo y el país se revuelve en controversias múltiples: políticas interpartidarias, de energéticos, seguridad pública, etcétera, y se pasa por alto lo que sucede en el medio periodístico, altamente vulnerable para ataques, intimidación e impunidad que pone en riesgo su ejercicio.
Por ello no debe pasarse por alto, la lentitud con que en Latinoamérica y el Caribe se investigan casos de asesinatos cometidos el año pasado.
Al finalizar 2007, sólo en 32 de los casos se había producido algún tipo de sentencia condenatoria, de acuerdo al Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas en el Período 1995-2005, por Motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística, publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La mayor cantidad se concentró en Colombia, Brasil y México, según la investigación realizada en este estudio. En Colombia, 75 reporteros fueron asesinados, y apenas en 7 de esos casos ha habido algún tipo de sentencia condenatoria. En cuanto a Brasil, de los 23 asesinatos contra comunicadores sociales, en sólo 9 se han dictado sentencias condenatorias.
De los 20 asesinatos de reporteros ocurridos en México, únicamente en 4 se han producido sentencias condenatorias. A su vez, en Guatemala no se habría producido sentencia condenatoria en ninguno de los 9 casos, mientras que en Haití, en tan solo 2 de los 6 casos se han dictado sentencias condenatorias.
El informe insta a los Estados miembros de la OEA a Otorgar Máxima Prioridad Política a Resolver la Impunidad en los Asesinatos, haciendo el recuento de que entre 1995 y 2005 fueron asesinados 157 comunicadores en 19 países de la región por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de su actividad.
En el estudio, la Relatoría Especial resalta, en general, que las investigaciones de estos asesinatos han sido excesivamente lentas.
La mayoría de las investigaciones –dice el organismo - presentan serias deficiencias en su desarrollo, enfrentan obstáculos y no han permitido el esclarecimiento de los hechos o arribar a sentencias condenatorias.
Según el reporte, en los 32 casos que han registrado algún tipo de sentencia condenatoria, éstas no siempre se han hecho efectivas, ni han necesariamente comprendido a todos los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos.
La Relatoría pide hacer investigaciones imparciales, serias y diligentes que resulten en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores materiales e intelectuales-, su captura, su enjuiciamiento y su sanción efectiva.
La OEA también sugiere fortalecer a las dependencias encargadas de investigar los asesinatos, que se remuevan los obstáculos que impiden el normal desarrollo de las investigaciones, así como que se garantice la seguridad de testigos, familiares de las víctimas, fiscales, jueces, y abogados.
Además, exhorta a los Estados a adoptar medidas para proteger a los reporteros amenazados para evitar que atenten contra sus vidas.
El diagnóstico ubica que hay formas sutiles de afectar la libertad de expresión en la zona, como por ejemplo: los procesos penales contra comunicadores, la asignación de publicidad oficial como premio o castigo según la línea editorial de los medios, la presión oficial a medios de comunicación, la asignación o revocación arbitraria de frecuencias radioeléctricas, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, y las afectaciones al pluralismo derivadas de monopolios , o concentración creciente, de propiedad en los medios de comunicación, ya sea por parte de Estados, de individuos o de empresas.
Lo anterior, manifiesta, “no nos debe hacer perder de vista que en las Américas se sigue matando a los periodistas, y que la gran mayoría de esos asesinatos quedan en la impunidad.”
La Relatoría acepta estar consciente que muchos asesinatos pueden provenir del narcotráfico, de otras formas del crimen organizado, de paramilitares y de grupos armados disidentes. Sin embargo, la investigación y sanción de los casos corresponde a los Estados, a través de sus tribunales y demás órganos competentes. La impunidad es responsabilidad de los Estados.
El estudio especial reconoce que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información.
Lo más grave es que la carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera, pueden tener el grave efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión.
El criterio para registrar los asesinatos que abarca este estudio se basó en crímenes cometidos por motivos que pudieran estar relacionados con esta actividad.
Al respecto, la Relatoría elaboró un cuadro preliminar con el nombre del periodista o comunicador asesinado, la fecha y el país donde ocurrió el crimen y una breve descripción de los hechos, en base a los informes anuales de la Relatoría Especial, al monitoreo diario que realiza a la situación de la libertad de expresión en la región, a los comunicados trimestrales, a la información recibida de los Estados y a la información pública manejada por organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
La Relatoría Especial resalta igualmente que en los años 2006, 2007 y en lo que va de 2008, ocurrieron en varios países de la región nuevos asesinatos de periodistas, por razones que pudieran estar relacionados con su trabajo, en un número que continúa siendo muy elevado.
Para quienes quisieran conocer la tabla con información proveniente del mencionado estudio especial, así como el Estudio completo, puede hacerlo en la siguiente dirección de Internet: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/AsesinatodePeriodistas.pdf
Tener ubicadas a la luz de este Informe las graves amenazas que se ciernen sobre el gremio, importa no sólo para quienes ejercemos esta actividad, sino también a la sociedad destinataria de nuestro trabajo porque la forma en que las instituciones de justicia tratan las agresiones revelan de algún modo la indefensión en que permanecen otros sectores menos visibles.
Si esto pasa con los periodistas, imagínense lo que sucede con los hombres del campo, los indígenas y otros estratos de la población que no tienen Relatoría especial.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
Termina marzo y el país se revuelve en controversias múltiples: políticas interpartidarias, de energéticos, seguridad pública, etcétera, y se pasa por alto lo que sucede en el medio periodístico, altamente vulnerable para ataques, intimidación e impunidad que pone en riesgo su ejercicio.
Por ello no debe pasarse por alto, la lentitud con que en Latinoamérica y el Caribe se investigan casos de asesinatos cometidos el año pasado.
Al finalizar 2007, sólo en 32 de los casos se había producido algún tipo de sentencia condenatoria, de acuerdo al Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas en el Período 1995-2005, por Motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística, publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La mayor cantidad se concentró en Colombia, Brasil y México, según la investigación realizada en este estudio. En Colombia, 75 reporteros fueron asesinados, y apenas en 7 de esos casos ha habido algún tipo de sentencia condenatoria. En cuanto a Brasil, de los 23 asesinatos contra comunicadores sociales, en sólo 9 se han dictado sentencias condenatorias.
De los 20 asesinatos de reporteros ocurridos en México, únicamente en 4 se han producido sentencias condenatorias. A su vez, en Guatemala no se habría producido sentencia condenatoria en ninguno de los 9 casos, mientras que en Haití, en tan solo 2 de los 6 casos se han dictado sentencias condenatorias.
El informe insta a los Estados miembros de la OEA a Otorgar Máxima Prioridad Política a Resolver la Impunidad en los Asesinatos, haciendo el recuento de que entre 1995 y 2005 fueron asesinados 157 comunicadores en 19 países de la región por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de su actividad.
En el estudio, la Relatoría Especial resalta, en general, que las investigaciones de estos asesinatos han sido excesivamente lentas.
La mayoría de las investigaciones –dice el organismo - presentan serias deficiencias en su desarrollo, enfrentan obstáculos y no han permitido el esclarecimiento de los hechos o arribar a sentencias condenatorias.
Según el reporte, en los 32 casos que han registrado algún tipo de sentencia condenatoria, éstas no siempre se han hecho efectivas, ni han necesariamente comprendido a todos los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos.
La Relatoría pide hacer investigaciones imparciales, serias y diligentes que resulten en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores materiales e intelectuales-, su captura, su enjuiciamiento y su sanción efectiva.
La OEA también sugiere fortalecer a las dependencias encargadas de investigar los asesinatos, que se remuevan los obstáculos que impiden el normal desarrollo de las investigaciones, así como que se garantice la seguridad de testigos, familiares de las víctimas, fiscales, jueces, y abogados.
Además, exhorta a los Estados a adoptar medidas para proteger a los reporteros amenazados para evitar que atenten contra sus vidas.
El diagnóstico ubica que hay formas sutiles de afectar la libertad de expresión en la zona, como por ejemplo: los procesos penales contra comunicadores, la asignación de publicidad oficial como premio o castigo según la línea editorial de los medios, la presión oficial a medios de comunicación, la asignación o revocación arbitraria de frecuencias radioeléctricas, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, y las afectaciones al pluralismo derivadas de monopolios , o concentración creciente, de propiedad en los medios de comunicación, ya sea por parte de Estados, de individuos o de empresas.
Lo anterior, manifiesta, “no nos debe hacer perder de vista que en las Américas se sigue matando a los periodistas, y que la gran mayoría de esos asesinatos quedan en la impunidad.”
La Relatoría acepta estar consciente que muchos asesinatos pueden provenir del narcotráfico, de otras formas del crimen organizado, de paramilitares y de grupos armados disidentes. Sin embargo, la investigación y sanción de los casos corresponde a los Estados, a través de sus tribunales y demás órganos competentes. La impunidad es responsabilidad de los Estados.
El estudio especial reconoce que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información.
Lo más grave es que la carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera, pueden tener el grave efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión.
El criterio para registrar los asesinatos que abarca este estudio se basó en crímenes cometidos por motivos que pudieran estar relacionados con esta actividad.
Al respecto, la Relatoría elaboró un cuadro preliminar con el nombre del periodista o comunicador asesinado, la fecha y el país donde ocurrió el crimen y una breve descripción de los hechos, en base a los informes anuales de la Relatoría Especial, al monitoreo diario que realiza a la situación de la libertad de expresión en la región, a los comunicados trimestrales, a la información recibida de los Estados y a la información pública manejada por organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
La Relatoría Especial resalta igualmente que en los años 2006, 2007 y en lo que va de 2008, ocurrieron en varios países de la región nuevos asesinatos de periodistas, por razones que pudieran estar relacionados con su trabajo, en un número que continúa siendo muy elevado.
Para quienes quisieran conocer la tabla con información proveniente del mencionado estudio especial, así como el Estudio completo, puede hacerlo en la siguiente dirección de Internet: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/AsesinatodePeriodistas.pdf
Tener ubicadas a la luz de este Informe las graves amenazas que se ciernen sobre el gremio, importa no sólo para quienes ejercemos esta actividad, sino también a la sociedad destinataria de nuestro trabajo porque la forma en que las instituciones de justicia tratan las agresiones revelan de algún modo la indefensión en que permanecen otros sectores menos visibles.
Si esto pasa con los periodistas, imagínense lo que sucede con los hombres del campo, los indígenas y otros estratos de la población que no tienen Relatoría especial.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
jueves, 27 de marzo de 2008
¿ Cuál inseguridad?
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
“No ¡qué va!, ahorita no hay inseguridad en Oaxaca; inseguridad verdadera, cuando las “hordas” de la APPO y el magisterio estaban apoderadas de esta ciudad ( en el 2006); entonces sí morían ciudadanos porque se mataban entre ellos, con esas armotas que esgrimían en las manifestaciones, que eran de unos cuantos, y todos venidos de Atenco, de los ‘Panchos Villas’, de la UNAM, es decir, de fuera de la entidad, porque por la vestimenta que traían eran requete pobres y acá no; acá estamos jodidos pero no tanto. Hasta pobres e indígenas, nos importaron ésos altermundistas o como se llamen: sucios, apestosos, greñudos, mariguanos”.
“Y aunque los medios amarillistas ( El Noticias, La Jornada, el Universal, Reforma, Milenio, revistas como Proceso, etcétera), más los medios internacionales entre ellas agencias de prensa como AP, AFP, DPA, Reuters, CNN, Telemundo, Dallas Morning News, y noticiarios de radio como Hoy por Hoy, Detrás de la Noticia, etcétera), exageraban los números de las marchas, ésa gente no era de acá; eran maestros de Michoacán, de Chiapas, del Distrito Federal, movilizados por el mismísimo López Obrador y Gabino Cué en sus afanes de ser uno presidente de la República y el otro gobernador.”
“¿Y la justicia? Entonces en realidad no había; “justicia a su modo, la aplicaban ( los de la APPO y el magisterio) contra humildes carteristas y ladronzuelos, quienes nada más estaban jugando a los ladrones: “pobres”, los amarraban a unos postes, los bañaban de pintura, les ponían un letrerote diciendo: “soy ladrón”, y luego los golpeaban antes de llevarlos a las autoridades, donde al no tener culpa, pues los liberaban porque ésos de la APPO les habían violado sus derechos humanos”.
Éstas y otras “razones” se esgrimen ahora que vuelve a renacer el gastado discurso priista, como reacción virulenta a la petición del senador Gabino Cué en la Cámara Alta para que dicha soberanía exhorte al titular del Ejecutivo Federal, es decir, Calderón, a que en coordinación con las autoridades estatales, implemente operativos conjuntos en contra de la delincuencia organizada y combata la inseguridad pública que se vive en Oaxaca.
Esta información difundida desde la ciudad de México apenas terminada la sesión ordinaria del Senado - y mientras Calderón festejaba con Ulises en un campo de golf, el “renacimiento” de Huatulco-, resaltaba que Gabino había logrado que sus pares, aprobaran de obvia y urgente resolución dicho punto de acuerdo, cosa que no había logrado en dos ocasiones anteriores: los días 14 de febrero y apenas el 12 de marzo.
Pero dada la gravedad de los hechos que la semana pasada se habían presentado en materia de inseguridad – el secuestro en pocas horas de David Palacios y Rubén Villanueva, además del ataque contra la familia Zardáin Rodríguez, entre otros- los senadores secundaron finalmente la solicitud de Cué Monteagudo como una forma de solidaridad con el pueblo oaxaqueño ante la situación de inseguridad pública y el incremento de la delincuencia organizada.
En la tribuna tomaron la palabra a favor de esta propuesta los senadores Salomón Jara ( del PRD) y Luis Walton Aburto ( de Convergencia).
Pero ni bien se difundía la información, los testaferros locales empezaron a aullar de dolor porque Gabino, a la sazón también Secretario de la Mesa Directiva, había puesto en serio predicamento al gobierno de Ulises Ruiz en esta materia, exhibiendo su falta de voluntad para garantizar condiciones mínimas de seguridad para los oaxaqueños.
Falta aún que la Federación acepte el exhorto senatorial pero políticamente el golpe está dado, porque Gabino, y también por su lado diputados federales de oposición, están cumpliendo cabalmente su papel de velar por la tranquilidad de sus representados.
Ésta es la razón por la cual se escuchan desde algunos ámbitos, feroces ladridos en contra del ex presidente municipal hace dos trienios, ya que ante las voces que demandan por parte de varios sectores atacar a la delincuencia organizada que poco a poco se va a apoderando de la entidad, el tema se ha tomado de manera frívola, porque extrañamente los secuestradores y delincuentes no han tocado a un pez grande asociado con el gobierno.
Esto induce a pensar –malpensantes que somos –que además de la omisión y negligencia para actuar contra quienes ponen en riesgo la vida y posesiones de los oaxaqueños, pudiera haber complicidades locales en las corporaciones policiacas con las bandas que actúan impunemente.
Ahora se les llena la boca para reclamar desde su pequeñez frustrada que por qué Gabino no llamó a la intervención federal cuando el conflicto del 2006 y ahora sí lo hace, basados en su particular amnesia porque, si se recuerda, no sólo el legislador, sino muchos oaxaqueños, clamaron que la Secretaría de Gobernación interviniera, y aunque Carlos Abascal hizo varios intentos para un arreglo político, la negativa del gobierno estatal lo impidió; y luego sobrevino la intervención de la Policía Federal Preventiva, con las consecuencias ya conocidas.
Ahora, si observamos detenidamente, los afectados con los secuestros son empresarios o personajes incluso alejados del ámbito y las querencias del gobierno actual. Son emprendedores, en su mayoría, las víctimas, quienes quisieran que sus autoridades, sus legisladores, cumplan con su responsabilidad oficial, porque están obligados a ello.
Es muy mezquino que porque no provino de su ámbito, ahora critiquen a Gabino por alzar la voz para que se unan esfuerzos y vuelva la tranquilidad a Oaxaca. Es la revelación palmaria de un comportamiento aldeano e irresponsable de quienes se dicen defensores de los intereses mayoritarios. Señalan que Gabino quiere sacar raja política del tema.
Parte de este espíritu de linchamiento es el comentario de Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras de El Universal: … “Vaya balconeada la que les puso el Presidente a los senadores oaxaqueños Gabino Cué y Salomón Jara. Resulta que en la comida que tuvo Calderón con el gobernador Ulises Ruiz, el martes en Huatulco, el mandatario comentó de pronto que le había llegado información “desde la ciudad de México con origen en el Congreso” sobre la grave inseguridad en Oaxaca. “Me dijeron allá en México que había problemas muy graves acá con la seguridad, pero me sorprende que aquí nadie me habló de eso”. En la comida había unos 30 invitados, y casi todos vieron la sonrisa, algo cínica, que se dibujó en el rostro de Ulises ante las palabras del Presidente de la República. Y más de uno murmuró aquello de que favor con favor se paga, por la lamida de botas que unas horas antes se había aventado el gobernador oaxaqueño al criticar en un discurso el populismo del perredista Andrés Manuel López Obrador y tirarse a los pies del Presidente y su reforma petrolera… “
Y claro que nadie le dijo nada a Calderón, porque horas antes se desalentó a los empresarios para no hacerlo y aceptar las promesas de mejorar la vigilancia policial; además, porque todos los que estuvieron cerca del visitante, en el Tequio y en Huatulco, eran acarreados, priistas muertos de hambre y empleados obligados. ¡ Cómo iban a protestar!, si en Oaxaca, la orden es: “No hay inseguridad, es invento de Gabino!
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
“No ¡qué va!, ahorita no hay inseguridad en Oaxaca; inseguridad verdadera, cuando las “hordas” de la APPO y el magisterio estaban apoderadas de esta ciudad ( en el 2006); entonces sí morían ciudadanos porque se mataban entre ellos, con esas armotas que esgrimían en las manifestaciones, que eran de unos cuantos, y todos venidos de Atenco, de los ‘Panchos Villas’, de la UNAM, es decir, de fuera de la entidad, porque por la vestimenta que traían eran requete pobres y acá no; acá estamos jodidos pero no tanto. Hasta pobres e indígenas, nos importaron ésos altermundistas o como se llamen: sucios, apestosos, greñudos, mariguanos”.
“Y aunque los medios amarillistas ( El Noticias, La Jornada, el Universal, Reforma, Milenio, revistas como Proceso, etcétera), más los medios internacionales entre ellas agencias de prensa como AP, AFP, DPA, Reuters, CNN, Telemundo, Dallas Morning News, y noticiarios de radio como Hoy por Hoy, Detrás de la Noticia, etcétera), exageraban los números de las marchas, ésa gente no era de acá; eran maestros de Michoacán, de Chiapas, del Distrito Federal, movilizados por el mismísimo López Obrador y Gabino Cué en sus afanes de ser uno presidente de la República y el otro gobernador.”
“¿Y la justicia? Entonces en realidad no había; “justicia a su modo, la aplicaban ( los de la APPO y el magisterio) contra humildes carteristas y ladronzuelos, quienes nada más estaban jugando a los ladrones: “pobres”, los amarraban a unos postes, los bañaban de pintura, les ponían un letrerote diciendo: “soy ladrón”, y luego los golpeaban antes de llevarlos a las autoridades, donde al no tener culpa, pues los liberaban porque ésos de la APPO les habían violado sus derechos humanos”.
Éstas y otras “razones” se esgrimen ahora que vuelve a renacer el gastado discurso priista, como reacción virulenta a la petición del senador Gabino Cué en la Cámara Alta para que dicha soberanía exhorte al titular del Ejecutivo Federal, es decir, Calderón, a que en coordinación con las autoridades estatales, implemente operativos conjuntos en contra de la delincuencia organizada y combata la inseguridad pública que se vive en Oaxaca.
Esta información difundida desde la ciudad de México apenas terminada la sesión ordinaria del Senado - y mientras Calderón festejaba con Ulises en un campo de golf, el “renacimiento” de Huatulco-, resaltaba que Gabino había logrado que sus pares, aprobaran de obvia y urgente resolución dicho punto de acuerdo, cosa que no había logrado en dos ocasiones anteriores: los días 14 de febrero y apenas el 12 de marzo.
Pero dada la gravedad de los hechos que la semana pasada se habían presentado en materia de inseguridad – el secuestro en pocas horas de David Palacios y Rubén Villanueva, además del ataque contra la familia Zardáin Rodríguez, entre otros- los senadores secundaron finalmente la solicitud de Cué Monteagudo como una forma de solidaridad con el pueblo oaxaqueño ante la situación de inseguridad pública y el incremento de la delincuencia organizada.
En la tribuna tomaron la palabra a favor de esta propuesta los senadores Salomón Jara ( del PRD) y Luis Walton Aburto ( de Convergencia).
Pero ni bien se difundía la información, los testaferros locales empezaron a aullar de dolor porque Gabino, a la sazón también Secretario de la Mesa Directiva, había puesto en serio predicamento al gobierno de Ulises Ruiz en esta materia, exhibiendo su falta de voluntad para garantizar condiciones mínimas de seguridad para los oaxaqueños.
Falta aún que la Federación acepte el exhorto senatorial pero políticamente el golpe está dado, porque Gabino, y también por su lado diputados federales de oposición, están cumpliendo cabalmente su papel de velar por la tranquilidad de sus representados.
Ésta es la razón por la cual se escuchan desde algunos ámbitos, feroces ladridos en contra del ex presidente municipal hace dos trienios, ya que ante las voces que demandan por parte de varios sectores atacar a la delincuencia organizada que poco a poco se va a apoderando de la entidad, el tema se ha tomado de manera frívola, porque extrañamente los secuestradores y delincuentes no han tocado a un pez grande asociado con el gobierno.
Esto induce a pensar –malpensantes que somos –que además de la omisión y negligencia para actuar contra quienes ponen en riesgo la vida y posesiones de los oaxaqueños, pudiera haber complicidades locales en las corporaciones policiacas con las bandas que actúan impunemente.
Ahora se les llena la boca para reclamar desde su pequeñez frustrada que por qué Gabino no llamó a la intervención federal cuando el conflicto del 2006 y ahora sí lo hace, basados en su particular amnesia porque, si se recuerda, no sólo el legislador, sino muchos oaxaqueños, clamaron que la Secretaría de Gobernación interviniera, y aunque Carlos Abascal hizo varios intentos para un arreglo político, la negativa del gobierno estatal lo impidió; y luego sobrevino la intervención de la Policía Federal Preventiva, con las consecuencias ya conocidas.
Ahora, si observamos detenidamente, los afectados con los secuestros son empresarios o personajes incluso alejados del ámbito y las querencias del gobierno actual. Son emprendedores, en su mayoría, las víctimas, quienes quisieran que sus autoridades, sus legisladores, cumplan con su responsabilidad oficial, porque están obligados a ello.
Es muy mezquino que porque no provino de su ámbito, ahora critiquen a Gabino por alzar la voz para que se unan esfuerzos y vuelva la tranquilidad a Oaxaca. Es la revelación palmaria de un comportamiento aldeano e irresponsable de quienes se dicen defensores de los intereses mayoritarios. Señalan que Gabino quiere sacar raja política del tema.
Parte de este espíritu de linchamiento es el comentario de Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras de El Universal: … “Vaya balconeada la que les puso el Presidente a los senadores oaxaqueños Gabino Cué y Salomón Jara. Resulta que en la comida que tuvo Calderón con el gobernador Ulises Ruiz, el martes en Huatulco, el mandatario comentó de pronto que le había llegado información “desde la ciudad de México con origen en el Congreso” sobre la grave inseguridad en Oaxaca. “Me dijeron allá en México que había problemas muy graves acá con la seguridad, pero me sorprende que aquí nadie me habló de eso”. En la comida había unos 30 invitados, y casi todos vieron la sonrisa, algo cínica, que se dibujó en el rostro de Ulises ante las palabras del Presidente de la República. Y más de uno murmuró aquello de que favor con favor se paga, por la lamida de botas que unas horas antes se había aventado el gobernador oaxaqueño al criticar en un discurso el populismo del perredista Andrés Manuel López Obrador y tirarse a los pies del Presidente y su reforma petrolera… “
Y claro que nadie le dijo nada a Calderón, porque horas antes se desalentó a los empresarios para no hacerlo y aceptar las promesas de mejorar la vigilancia policial; además, porque todos los que estuvieron cerca del visitante, en el Tequio y en Huatulco, eran acarreados, priistas muertos de hambre y empleados obligados. ¡ Cómo iban a protestar!, si en Oaxaca, la orden es: “No hay inseguridad, es invento de Gabino!
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
jueves, 6 de marzo de 2008
El Alebrije
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
A causa del conflicto social y el autoritarismo gubernamental, durante los meses de septiembre y octubre de 2006, la ciudad de Oaxaca se vio paralizada por más de 1.800 barricadas y constantes manifestaciones.
Fueron los días más gloriosos para el movimiento que había dado lugar al nacimiento de la APPO, integrada por organizaciones sociales y populares, cuyos integrantes expusieron su vida en la búsqueda de los cambios que requiere Oaxaca.
En esas barricadas destacaban mujeres y hombres jóvenes como David Venegas Reyes, conocido como El Alebrije quien ahora 11 meses después de su detención, está libre porque no se le pudieron comprobar nueve delitos.
El 27 de octubre de 2006, al menos cuatro personas murieron y otras muchas resultaron heridas de gravedad en los violentos enfrentamientos en las barricadas con fuerzas de la policía y grupos paramilitares sedientos de víctimas y de venganza. Este día cayó muerto, en Santa Lucía, el periodista Brad Will, entre otros.
Casi un mes después, dice el Informe de Amnistía Internacional titulado “México: Oaxaca las violaciones de derechos humanos del 16 de julio siguen esperando justicia”, el 25 de noviembre se produjeron violentos choques entre la policía estatal y federal y algunos manifestantes, que se saldaron con 149 detenciones y daños graves en edificios públicos. Muchas de las personas detenidas fueron recluidas en régimen de incomunicación y sometidas a tortura o malos tratos.
Como consecuencia de estos hechos, los gobiernos estatal y federal empezaron a detener a diversos activistas de las más diversas extracciones, entre ellos César Mateos, Marcelino Coache, Horacio y Flavio Sosa, pero también otros menos conocidos pero no menos importantes que hoy todavía sufren proceso aunque en libertad. Otros, muchos otros sufren persecución o han tenido que exiliarse a otros países, como la doctora Bertha.
Sin embargo, después de la salida de El alebrije, la noche del 5 de marzo, siguen internados en la penitenciaría de Ixcotel una veintena de presos políticos, herencia de otros movimientos como los indígenas loxicha, además de Adán Mejía López, Victor Hugo Martínez Toledo y Miguel Ángel García.
Por todos ellos, antenoche, al salir de la cárcel, David Venegas se sintió triste después de traspasar el umbral del centro de castigo, ante el júbilo combinado con la indignación de sus familiares, porque de última hora sus juzgadores, sobre todo una jueza de consigna, con sede en Tlacolula, emparentada con el poder, quisieron retenerlo más tiempo para seguirlo castigándo.
No pudieron porque jurídicamente se demostró su inocencia; es decir, no pudieron acreditarle nueve delitos: sedición, ataques a las vías generales de comunicación, delincuencia organizada, rebelión en contra del Estado, ataques peligrosos, delitos contra funcionarios públicos, en dos autos de formal prisión en diferentes momentos.
Una vez agotadas todas las posibilidades de reclasificación de los delitos, como es usual cuando hay consigna para que éstos se mantengan a la sombra más tiempo, no pudieron más que liberarlo.
Sin embargo, todavía le tenían guardado un agravio más, porque nada más para hacerle sentir la fuerza del Estado, su boleta de libertad la entregaron a David Venegas cuatro días después de la fecha legal, que era el primero de marzo.
Todavía requirió que sus familiares – su hermana, el abogado, sus compañeros de lucha, etcétera- realizaran una manifestación ante el juzgado tlacolulense para que se le considerara legalmente libre -“ por falta de pruebas”-; es decir, que después de ser sujeto de reclusión a lo largo de 11 meses, durante los cuales recibió todo tipo de humillaciones, le expresan el clásico “usted disculpe”, porque no había ningún elemento jurídico para mantenerlo en prisión.
Lo anterior, implica por supuesto, que la salida de El Alebrije no fue producto de ninguna negociación en lo oscurito con el Estado como pudo ser el caso de otros ex carcelados del mismo movimiento, sino como él mismo dice a esta columna, producto de la solidaridad y la lucha del movimiento personificado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero sobre todo de las barricaderas, ésos hombres y mujeres que en intensas jornadas diurnas, pero sobre todo nocturnas, efectuaron una labor de contención en cientos de puntos de esta ciudad capital en contra de la amenazas y agresiones escenificadas por grupos armados por el gobierno de Ulises Ruiz que la gente identificó como las “caravanas de la muerte”.
Estos activistas muchos de los cuales siguen vigentes a pesar de la intensa represión, deben estar contentos, porque comprueban con la salida de David, que ninguna lucha se da en vano; que a los pesares de quienes han sufrido cárcel, persecución y muerte, siempre hay un momento de recompensa, para recobrar los bríos y seguir pugnando como lo hacen muchos oaxaqueños porque en la entidad haya un futuro de justicia, libertad y democracia.
ERNESTO REYES
A causa del conflicto social y el autoritarismo gubernamental, durante los meses de septiembre y octubre de 2006, la ciudad de Oaxaca se vio paralizada por más de 1.800 barricadas y constantes manifestaciones.
Fueron los días más gloriosos para el movimiento que había dado lugar al nacimiento de la APPO, integrada por organizaciones sociales y populares, cuyos integrantes expusieron su vida en la búsqueda de los cambios que requiere Oaxaca.
En esas barricadas destacaban mujeres y hombres jóvenes como David Venegas Reyes, conocido como El Alebrije quien ahora 11 meses después de su detención, está libre porque no se le pudieron comprobar nueve delitos.
El 27 de octubre de 2006, al menos cuatro personas murieron y otras muchas resultaron heridas de gravedad en los violentos enfrentamientos en las barricadas con fuerzas de la policía y grupos paramilitares sedientos de víctimas y de venganza. Este día cayó muerto, en Santa Lucía, el periodista Brad Will, entre otros.
Casi un mes después, dice el Informe de Amnistía Internacional titulado “México: Oaxaca las violaciones de derechos humanos del 16 de julio siguen esperando justicia”, el 25 de noviembre se produjeron violentos choques entre la policía estatal y federal y algunos manifestantes, que se saldaron con 149 detenciones y daños graves en edificios públicos. Muchas de las personas detenidas fueron recluidas en régimen de incomunicación y sometidas a tortura o malos tratos.
Como consecuencia de estos hechos, los gobiernos estatal y federal empezaron a detener a diversos activistas de las más diversas extracciones, entre ellos César Mateos, Marcelino Coache, Horacio y Flavio Sosa, pero también otros menos conocidos pero no menos importantes que hoy todavía sufren proceso aunque en libertad. Otros, muchos otros sufren persecución o han tenido que exiliarse a otros países, como la doctora Bertha.
Sin embargo, después de la salida de El alebrije, la noche del 5 de marzo, siguen internados en la penitenciaría de Ixcotel una veintena de presos políticos, herencia de otros movimientos como los indígenas loxicha, además de Adán Mejía López, Victor Hugo Martínez Toledo y Miguel Ángel García.
Por todos ellos, antenoche, al salir de la cárcel, David Venegas se sintió triste después de traspasar el umbral del centro de castigo, ante el júbilo combinado con la indignación de sus familiares, porque de última hora sus juzgadores, sobre todo una jueza de consigna, con sede en Tlacolula, emparentada con el poder, quisieron retenerlo más tiempo para seguirlo castigándo.
No pudieron porque jurídicamente se demostró su inocencia; es decir, no pudieron acreditarle nueve delitos: sedición, ataques a las vías generales de comunicación, delincuencia organizada, rebelión en contra del Estado, ataques peligrosos, delitos contra funcionarios públicos, en dos autos de formal prisión en diferentes momentos.
Una vez agotadas todas las posibilidades de reclasificación de los delitos, como es usual cuando hay consigna para que éstos se mantengan a la sombra más tiempo, no pudieron más que liberarlo.
Sin embargo, todavía le tenían guardado un agravio más, porque nada más para hacerle sentir la fuerza del Estado, su boleta de libertad la entregaron a David Venegas cuatro días después de la fecha legal, que era el primero de marzo.
Todavía requirió que sus familiares – su hermana, el abogado, sus compañeros de lucha, etcétera- realizaran una manifestación ante el juzgado tlacolulense para que se le considerara legalmente libre -“ por falta de pruebas”-; es decir, que después de ser sujeto de reclusión a lo largo de 11 meses, durante los cuales recibió todo tipo de humillaciones, le expresan el clásico “usted disculpe”, porque no había ningún elemento jurídico para mantenerlo en prisión.
Lo anterior, implica por supuesto, que la salida de El Alebrije no fue producto de ninguna negociación en lo oscurito con el Estado como pudo ser el caso de otros ex carcelados del mismo movimiento, sino como él mismo dice a esta columna, producto de la solidaridad y la lucha del movimiento personificado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero sobre todo de las barricaderas, ésos hombres y mujeres que en intensas jornadas diurnas, pero sobre todo nocturnas, efectuaron una labor de contención en cientos de puntos de esta ciudad capital en contra de la amenazas y agresiones escenificadas por grupos armados por el gobierno de Ulises Ruiz que la gente identificó como las “caravanas de la muerte”.
Estos activistas muchos de los cuales siguen vigentes a pesar de la intensa represión, deben estar contentos, porque comprueban con la salida de David, que ninguna lucha se da en vano; que a los pesares de quienes han sufrido cárcel, persecución y muerte, siempre hay un momento de recompensa, para recobrar los bríos y seguir pugnando como lo hacen muchos oaxaqueños porque en la entidad haya un futuro de justicia, libertad y democracia.
viernes, 29 de febrero de 2008
Eufrosina Cruz
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Pese a que las constituciones federal y estatal amparan el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votados, en al menos 80 municipios de los 412 cuyas autoridades se eligen por el sistema de usos y costumbres, la mujer está impedida de participar por los resabios machistas y caciquiles que existen.
El año pasado, la indígena zapoteca, Eufrosina Cruz Mendoza, apoyada por un grupo de mujeres, aspiró a ocupar la presidencia municipal de Santa María Quiegolani y con entusiasmo se postuló para competir en la asamblea general, segura de que su propuesta iba a contar con el apoyo de sus paisanos.
Quiegolani es un pueblo zapoteca donde la tradición repetida de generación en generación ha impedido que alguna mujer haya gobernado el municipio, porque persiste la peregrina idea de que una mujer puede ocupar cargos menores en su sistema comunitario, pero nunca el honroso cargo de presidir el Ayuntamiento.
Ya casi lo había logrado la contadora Eufrosina, en la asamblea electoral del 4 de noviembre, que aceptó inscribirla entre los aspirantes; pero cuando su principal competidor, Eloy Mendoza Martínez, iba en desventaja, en contubernio con el munícipe saliente, Saúl Cruz Vásquez, manipularon la mesa de debates para declarar que por su condición femenina no podía seguir recibiendo los votos.
Es decir, los ciudadanos de Quiegolani y la autoridad habían aceptado primero inscribirla como candidata, pero al estilo muy mexicano, cuando se vieron perdidos ante el arrastre de Eufrosina, le cancelaron la posibilidad y la dejaron fuera, anulando los sufragios que había obtenido, mismos que numéricamente eran mayores que los de Eloy Mendoza.
Tras este decepcionante trance, Eufrosina y el grupo de mujeres comenzaron sus protestas ante la dirección de usos y costumbres del Instituto Estatal Electoral y ante el propio consejo general, pero tanto el órgano electoral como después la Cámara de Diputados de mayoría priista, declaró válidos los comicios que supuestamente favorecían a Mendoza Martínez, alegando que “frente a la costumbre nada se podía hacer”.
En consecuencia, quien tomó protesta como primer concejal de Quiegolani, no fue Eufrosina, sino Eloy Mendoza, quien ahora en complicidad con su antecesor, Saúl Cruz Vásquez, se han encargado de confrontar a la ex aspirante y, presuntamente, es de donde provienen amenazas que la contadora ha recibido para que cese su activismo a favor de que se respeten los derechos de las mujeres en su comunidad.
Amenazas que ahora la indígena denuncia ante los medios y ante autoridades y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que se investigue y en su caso, se dicten medidas cautelares a fin de protegerla de cualquier agresión física que pudiera sufrir.
La ex aspirante, dio a conocer que el pasado martes 26 de febrero a las 17:26 horas, recibió una llamada a través del número 044 051 1326444 en la que una voz varonil – muy parecida, dijo, a la del ex munícipe Cruz Vásquez- le advertía que se iba a morir si seguía molestando, pero con palabras altisonantes y soeces.
El munícipe saliente es quien en ocasiones le había advertido que no siguiera exigiendo participación política, y mucho menos que sostuviera una campaña de denuncia por la injusta situación en que viven las personas de su sexo en Quiegolani.
Ante los medios reconoció temer por su vida porque ante las amenazas, ninguna autoridad local o federal la ha tomado en serio. “Ya no puedo salir sola”, refirió Eufrosina, ante el temor de que algo le pudieran hacer los caciques de su pueblo.
Para confirmar estos temores, el abogado Joel Salazar Ramírez dio a conocer que por las nuevas amenazas se amplió la denuncia radicada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y se mantiene otra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero ninguna de estas instancias parece conmoverse por el caso; igual sucede con el requerimiento del Ministerio Público para que el Instituto Estatal Electoral informe los pormenores de la irregular elección.
Las esperanzas de que haya justicia a nivel local, poco a poco se van esfumando, por lo que la agraviada está pendiente de otra queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que ha solicitado información a diversas instancias locales con el fin de emitir una recomendación si considera que los derechos fundamentales de Eufrosina fueron violados.
Es evidente que los derechos ciudadanos de Eufrosina fueron violados al impedirle participar en la asamblea comunitaria y que ahora está en la circunstancia de seguir librando una lucha no sólo por recuperar sus derechos políticos, sino por proteger su integridad física que es puesta en riesgo presumiblemente por quienes en Quiegolani se reparten el poder y que dado el encubrimiento de las autoridades mencionadas para que no tengan éxito las promociones de Eufrosina, en cualquier momento pueden hacerse realidad.
Hay grupos de mujeres que han salido en defensa de Eufrosina, incluso varios medios de la capital del país y locales que están pendientes de la situación de una mujer que alzando la voz para defender sus derechos está contribuyendo a cambiar la historia, como en su momento la hicieron varias luchadoras en Francia, en Estados Unidos y en México, para conquistar derechos que no han sido otorgados gratuitamente. No hay que dejarla sola.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
Pese a que las constituciones federal y estatal amparan el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votados, en al menos 80 municipios de los 412 cuyas autoridades se eligen por el sistema de usos y costumbres, la mujer está impedida de participar por los resabios machistas y caciquiles que existen.
El año pasado, la indígena zapoteca, Eufrosina Cruz Mendoza, apoyada por un grupo de mujeres, aspiró a ocupar la presidencia municipal de Santa María Quiegolani y con entusiasmo se postuló para competir en la asamblea general, segura de que su propuesta iba a contar con el apoyo de sus paisanos.
Quiegolani es un pueblo zapoteca donde la tradición repetida de generación en generación ha impedido que alguna mujer haya gobernado el municipio, porque persiste la peregrina idea de que una mujer puede ocupar cargos menores en su sistema comunitario, pero nunca el honroso cargo de presidir el Ayuntamiento.
Ya casi lo había logrado la contadora Eufrosina, en la asamblea electoral del 4 de noviembre, que aceptó inscribirla entre los aspirantes; pero cuando su principal competidor, Eloy Mendoza Martínez, iba en desventaja, en contubernio con el munícipe saliente, Saúl Cruz Vásquez, manipularon la mesa de debates para declarar que por su condición femenina no podía seguir recibiendo los votos.
Es decir, los ciudadanos de Quiegolani y la autoridad habían aceptado primero inscribirla como candidata, pero al estilo muy mexicano, cuando se vieron perdidos ante el arrastre de Eufrosina, le cancelaron la posibilidad y la dejaron fuera, anulando los sufragios que había obtenido, mismos que numéricamente eran mayores que los de Eloy Mendoza.
Tras este decepcionante trance, Eufrosina y el grupo de mujeres comenzaron sus protestas ante la dirección de usos y costumbres del Instituto Estatal Electoral y ante el propio consejo general, pero tanto el órgano electoral como después la Cámara de Diputados de mayoría priista, declaró válidos los comicios que supuestamente favorecían a Mendoza Martínez, alegando que “frente a la costumbre nada se podía hacer”.
En consecuencia, quien tomó protesta como primer concejal de Quiegolani, no fue Eufrosina, sino Eloy Mendoza, quien ahora en complicidad con su antecesor, Saúl Cruz Vásquez, se han encargado de confrontar a la ex aspirante y, presuntamente, es de donde provienen amenazas que la contadora ha recibido para que cese su activismo a favor de que se respeten los derechos de las mujeres en su comunidad.
Amenazas que ahora la indígena denuncia ante los medios y ante autoridades y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que se investigue y en su caso, se dicten medidas cautelares a fin de protegerla de cualquier agresión física que pudiera sufrir.
La ex aspirante, dio a conocer que el pasado martes 26 de febrero a las 17:26 horas, recibió una llamada a través del número 044 051 1326444 en la que una voz varonil – muy parecida, dijo, a la del ex munícipe Cruz Vásquez- le advertía que se iba a morir si seguía molestando, pero con palabras altisonantes y soeces.
El munícipe saliente es quien en ocasiones le había advertido que no siguiera exigiendo participación política, y mucho menos que sostuviera una campaña de denuncia por la injusta situación en que viven las personas de su sexo en Quiegolani.
Ante los medios reconoció temer por su vida porque ante las amenazas, ninguna autoridad local o federal la ha tomado en serio. “Ya no puedo salir sola”, refirió Eufrosina, ante el temor de que algo le pudieran hacer los caciques de su pueblo.
Para confirmar estos temores, el abogado Joel Salazar Ramírez dio a conocer que por las nuevas amenazas se amplió la denuncia radicada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y se mantiene otra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero ninguna de estas instancias parece conmoverse por el caso; igual sucede con el requerimiento del Ministerio Público para que el Instituto Estatal Electoral informe los pormenores de la irregular elección.
Las esperanzas de que haya justicia a nivel local, poco a poco se van esfumando, por lo que la agraviada está pendiente de otra queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que ha solicitado información a diversas instancias locales con el fin de emitir una recomendación si considera que los derechos fundamentales de Eufrosina fueron violados.
Es evidente que los derechos ciudadanos de Eufrosina fueron violados al impedirle participar en la asamblea comunitaria y que ahora está en la circunstancia de seguir librando una lucha no sólo por recuperar sus derechos políticos, sino por proteger su integridad física que es puesta en riesgo presumiblemente por quienes en Quiegolani se reparten el poder y que dado el encubrimiento de las autoridades mencionadas para que no tengan éxito las promociones de Eufrosina, en cualquier momento pueden hacerse realidad.
Hay grupos de mujeres que han salido en defensa de Eufrosina, incluso varios medios de la capital del país y locales que están pendientes de la situación de una mujer que alzando la voz para defender sus derechos está contribuyendo a cambiar la historia, como en su momento la hicieron varias luchadoras en Francia, en Estados Unidos y en México, para conquistar derechos que no han sido otorgados gratuitamente. No hay que dejarla sola.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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jueves, 28 de febrero de 2008
Municipal abusiva
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), al frente de varias organizaciones y asociaciones humanitarias, ha solicitado la intervención urgente de varias autoridades federales, de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de los poderes de la Unión, por el caso de Isaac Torres Carmona, abogado de esta organización, quien fue objeto de una agresión y humillación por parte de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, cuyos mandos políticos están más ocupados en cuidar su propia posición, que estar vigilantes de la seguridad de la población que dicen representar.
Este caso cristaliza la actuación de los cuerpos policiacos en la entidad oaxaqueña, ya que en los años recientes se han registrado públicamente diversas agresiones, que van desde levantones, detenciones ilegales, agresiones contra manifestantes y actos omisos en su responsabilidad de servicio.
Todo esto, afirman las organizaciones demandantes, sin que a la fecha haya procedimientos, sanciones o destituciones por dichos hechos.
Eso que le sucedió al abogado Isaac Torres Carmona, quien es miembro del área jurídica de la Limeddh, deja clara constancia del abuso de autoridad e impunidad con la que han venido actuando y actúan los cuerpos policiacos de esta capital.
Según su propio relato, el pasado 19 diecinueve de febrero, siendo aproximadamente las 18:00 horas, el abogado iba caminando sobre la calle de Alcalá, rumbo a su centro de trabajo el cual se encuentra ubicado sobre la calle de Margarita Maza de Juárez.
Cuando estaba por llegar, después de haber cruzado la calle de Humboldt, que hace esquina con la Calle de Alcalá, dos oficiales de la Policía Municipal, con su motocicleta, tenían sometidos a dos jóvenes y les estaban auscultando sus pertenencias. Mientras uno de ellos registraba sus cosas personales, el otro policía les gritaba órdenes verbales de que no se movieran, que se quedaran quietos.
Al percatarse de ello, el abogado Torres Carmona se dirigió a los genízaros de uniforme preguntándoles por qué del abuso, a lo que uno de los elementos le respondió que habían sido sorprendidos orinándose en la vía pública, hecho que ninguna de las dos personas sometidas negó.
El abogado les pidió a los agentes que pararan el maltrato y en su caso los remitieran inmediatamente ante la autoridad competente, pero que no abusaran, ya que solamente se trataba de una falta administrativa y no de un delito. Les solicitó que se dirigieran hacia su persona con respeto, pues él así lo estaba haciendo.
Enojados porque se les hizo ver el abuso que estaban cometiendo, identificándose el de la voz incluso con un pasaporte, el gendarme le apercibió que no se metiera o de lo contrario también cargarían con él.
A grito tendido le exigía que no se metiera; que quien era él para meterse en lo que no le importaba, y si creía que su uniforme era de a mentiras.
Al calor de la discusión, la paciencia era poca del policía por lo que inmediatamente exclamó que lo remitiría a la comisaría por “ meterse en lo que no le importaba”, junto con los jóvenes.
Acto seguido, se apareció la patrulla número 749, de la Policía Municipal de esta Ciudad, con tres elementos más, procediendo a levantar a los tres para “ ver si así se le quitaba lo pendejo”.
Aproximadamente quince minutos después, fueron conducidos y remitidos a las instalaciones de la Policía Municipal ubicadas en la Calle de Morelos, de esta Ciudad, donde al abogado lo mantuvieron retenido aproximadamente por treinta minutos, durante los cuales fue interrogado por quien se ostentó como director de la Policía Municipal, en compañía de quien dijo ser abogado de la corporación.
Ambos funcionarios le increparon el por qué entorpecía las labores de la policía, señalando que esto constituía un grave delito.
Después que Torres Carmona se identificó como colaborador de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, señalando que además del abuso contra los jóvenes a él también le afectaban sus derechos fundamentales, el supuesto director le respondió: "Esos pendejos de derechos humanos los mandamos a la chingada, qué derechos humanos ni que la chingada", y continuó pidiendo que se largara, “porque lo estaba haciendo encabronar”, ordenando a elementos de la misma corporación, que lo sacaran del lugar.
Y así lo hicieron, pues, acto seguido otro elemento más de la Policía Municipal lo empujó por la espalda diciéndole que se largara “por que si no le iba a partir la madre, y que le iba a meter un susto para que se le quitara lo metiche”.
Casi en vilo, dos elementos más lo condujeron hacia el exterior del cuartel de la Municipal, con lo que culminaron varios minutos de calvario, por el simple hecho de buscar que se respeten los derechos de los ciudadanos como es la labor de Torres Carmona en la Limedddh.
Para exigir castigo a los responsables y evidenciar la forma en que los cuerpos policíacos tratan a cualquier ciudadano, las organizaciones expresan su preocupación porque actuaciones como ésta, de jefes y elementos de tropa, sea parte de una política tolerada e impulsada desde el Ayuntamiento encabezado por José Antonio Hernández Fraguas.
Recuerdan que la ley establece que la policía tiene como obligación preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad; sin embargo, la actuación de los cuerpos policiacos municipales contravienen esta disposición, con que se está violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana de los derechos Humanos, entre otros tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano.
Por lo anterior solicitan a las diversas instancias, según sus competencias, iniciar procedimientos de investigación y sanción en contra de los policías municipales, así como mandos medios y superiores responsables e involucrados en los hechos que se denuncian.
Asimismo, se tomen medias y se ofrezcan garantías al pueblo de Oaxaca frente a los abusos e irregularidades cometidos por las fuerzas de seguridad pública.
El llamamiento fue enviado a diversas oficinas, desde la presidencia de la República, hasta el procurador general de la República, el de justicia del estado, la CNDH, y organismos como la Alta Comisionada de Naciones Unidas, el presidente de la CIDH, y Aministía Internacional.
El caso de Isaac Torres Carmona, es un botón de muestra de la indefensión en que se encuentra la ciudadanía oaxaqueña que si no fuera por las instancias nacionales e internacionales que vigilan constantemente la situación de los derechos humanos en esta tierra, estaríamos cada vez más huérfanos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), al frente de varias organizaciones y asociaciones humanitarias, ha solicitado la intervención urgente de varias autoridades federales, de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de los poderes de la Unión, por el caso de Isaac Torres Carmona, abogado de esta organización, quien fue objeto de una agresión y humillación por parte de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, cuyos mandos políticos están más ocupados en cuidar su propia posición, que estar vigilantes de la seguridad de la población que dicen representar.
Este caso cristaliza la actuación de los cuerpos policiacos en la entidad oaxaqueña, ya que en los años recientes se han registrado públicamente diversas agresiones, que van desde levantones, detenciones ilegales, agresiones contra manifestantes y actos omisos en su responsabilidad de servicio.
Todo esto, afirman las organizaciones demandantes, sin que a la fecha haya procedimientos, sanciones o destituciones por dichos hechos.
Eso que le sucedió al abogado Isaac Torres Carmona, quien es miembro del área jurídica de la Limeddh, deja clara constancia del abuso de autoridad e impunidad con la que han venido actuando y actúan los cuerpos policiacos de esta capital.
Según su propio relato, el pasado 19 diecinueve de febrero, siendo aproximadamente las 18:00 horas, el abogado iba caminando sobre la calle de Alcalá, rumbo a su centro de trabajo el cual se encuentra ubicado sobre la calle de Margarita Maza de Juárez.
Cuando estaba por llegar, después de haber cruzado la calle de Humboldt, que hace esquina con la Calle de Alcalá, dos oficiales de la Policía Municipal, con su motocicleta, tenían sometidos a dos jóvenes y les estaban auscultando sus pertenencias. Mientras uno de ellos registraba sus cosas personales, el otro policía les gritaba órdenes verbales de que no se movieran, que se quedaran quietos.
Al percatarse de ello, el abogado Torres Carmona se dirigió a los genízaros de uniforme preguntándoles por qué del abuso, a lo que uno de los elementos le respondió que habían sido sorprendidos orinándose en la vía pública, hecho que ninguna de las dos personas sometidas negó.
El abogado les pidió a los agentes que pararan el maltrato y en su caso los remitieran inmediatamente ante la autoridad competente, pero que no abusaran, ya que solamente se trataba de una falta administrativa y no de un delito. Les solicitó que se dirigieran hacia su persona con respeto, pues él así lo estaba haciendo.
Enojados porque se les hizo ver el abuso que estaban cometiendo, identificándose el de la voz incluso con un pasaporte, el gendarme le apercibió que no se metiera o de lo contrario también cargarían con él.
A grito tendido le exigía que no se metiera; que quien era él para meterse en lo que no le importaba, y si creía que su uniforme era de a mentiras.
Al calor de la discusión, la paciencia era poca del policía por lo que inmediatamente exclamó que lo remitiría a la comisaría por “ meterse en lo que no le importaba”, junto con los jóvenes.
Acto seguido, se apareció la patrulla número 749, de la Policía Municipal de esta Ciudad, con tres elementos más, procediendo a levantar a los tres para “ ver si así se le quitaba lo pendejo”.
Aproximadamente quince minutos después, fueron conducidos y remitidos a las instalaciones de la Policía Municipal ubicadas en la Calle de Morelos, de esta Ciudad, donde al abogado lo mantuvieron retenido aproximadamente por treinta minutos, durante los cuales fue interrogado por quien se ostentó como director de la Policía Municipal, en compañía de quien dijo ser abogado de la corporación.
Ambos funcionarios le increparon el por qué entorpecía las labores de la policía, señalando que esto constituía un grave delito.
Después que Torres Carmona se identificó como colaborador de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, señalando que además del abuso contra los jóvenes a él también le afectaban sus derechos fundamentales, el supuesto director le respondió: "Esos pendejos de derechos humanos los mandamos a la chingada, qué derechos humanos ni que la chingada", y continuó pidiendo que se largara, “porque lo estaba haciendo encabronar”, ordenando a elementos de la misma corporación, que lo sacaran del lugar.
Y así lo hicieron, pues, acto seguido otro elemento más de la Policía Municipal lo empujó por la espalda diciéndole que se largara “por que si no le iba a partir la madre, y que le iba a meter un susto para que se le quitara lo metiche”.
Casi en vilo, dos elementos más lo condujeron hacia el exterior del cuartel de la Municipal, con lo que culminaron varios minutos de calvario, por el simple hecho de buscar que se respeten los derechos de los ciudadanos como es la labor de Torres Carmona en la Limedddh.
Para exigir castigo a los responsables y evidenciar la forma en que los cuerpos policíacos tratan a cualquier ciudadano, las organizaciones expresan su preocupación porque actuaciones como ésta, de jefes y elementos de tropa, sea parte de una política tolerada e impulsada desde el Ayuntamiento encabezado por José Antonio Hernández Fraguas.
Recuerdan que la ley establece que la policía tiene como obligación preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad; sin embargo, la actuación de los cuerpos policiacos municipales contravienen esta disposición, con que se está violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana de los derechos Humanos, entre otros tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano.
Por lo anterior solicitan a las diversas instancias, según sus competencias, iniciar procedimientos de investigación y sanción en contra de los policías municipales, así como mandos medios y superiores responsables e involucrados en los hechos que se denuncian.
Asimismo, se tomen medias y se ofrezcan garantías al pueblo de Oaxaca frente a los abusos e irregularidades cometidos por las fuerzas de seguridad pública.
El llamamiento fue enviado a diversas oficinas, desde la presidencia de la República, hasta el procurador general de la República, el de justicia del estado, la CNDH, y organismos como la Alta Comisionada de Naciones Unidas, el presidente de la CIDH, y Aministía Internacional.
El caso de Isaac Torres Carmona, es un botón de muestra de la indefensión en que se encuentra la ciudadanía oaxaqueña que si no fuera por las instancias nacionales e internacionales que vigilan constantemente la situación de los derechos humanos en esta tierra, estaríamos cada vez más huérfanos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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