Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Ayer se cumplieron dos meses de protestas por parte de 186 empleados del Hospital número 37, del Programa IMSS-Oportunidades de Matías Romero, para exigir a las autoridades del Instituto a que mejoren el servicio y asignen especialistas y medicamentos para la atención de los beneficiarios.
La demanda plantea que se cumpla con las reglas de operación definidas oficialmente, que asigna a este programa del Ejecutivo Federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la promoción del derecho a la salud y el bienestar individual y colectivo de los mexicanos que no cuentan con acceso a los Servicios de Seguridad Social.
Sorprende que contrario a otros movimientos laborales, en los 21 puntos del pliego petitorio que han planteado, en ninguno de ellos solicitan aumento salarial o mejoras económicas, sino que se ofrezcan las condiciones y los materiales necesarios para que puedan cumplir eficientemente su labor.
Nada más por este gesto de solidaridad con sus pacientes, los médicos y enfermeras que están en paro, debieran recibir la solidaridad de la población oaxaqueña, particularmente las más de 20 mil que viven en los 21 municipios beneficiados pertenecientes a la región V Istmo-Papalopan donde habitan indígenas y campesinos mixes, zapotecos, chinantecos, y mestizos.
Por su actitud de no pedir nada para ellos, estos trabajadores de la salud debieran recibir también un mejor trato y de interlocución por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, ante la falta de atención por parte de la Delegación Estatal del IMSS y de la Coordinación Nacional del Programa IMSS-Oportunidades han tenido que mudar su protesta del Istmo de Tehuantepec hacia la ciudad de México, donde permanecen desde hace 8 días.
Allá en la capital del país, para hacerse visibles, se han plantado frente a las oficinas centrales del IMSS para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades donde se trate fundamentalmente la forma en que a su regreso puedan cumplir con su trabajo y atender de manera eficiente los problemas de salud de la población.
Sin embargo, las autoridades no parecen entenderlos y los han acusado maliciosamente, se tener detrás suyo intereses políticos.
Todo porque a partir del 27 de marzo cuando iniciaron el movimiento, han realizado varias marchas y acciones de protesta que han recibido la solidaridad y apoyo – si no es de ellos, ¿de quién más?- por parte de organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del magisterio.
Algunos legisladores de oposición, sensibles a esta situación, han buscado facilitar el diálogo entre las partes para lograr acuerdos que no perjudiquen a los paristas, y cesen los castigos que se quieren aplicar a 7 trabajadores, dos de los cuales estarían en la circunstancia de ser despedidos.
Pese a las movilizaciones realizadas, buscando llamar la atención de sus superiores, no han obtenido respuesta sobre su petición de que al hospital de Matías Romero se le restituyan servicios de especialistas en áreas de ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, cirugía general y anestesiología, lo cual impide desde hace dos años que se atiendan, como debe ser, partos por cesárea o cirugías generales, todo lo cual atenta contra la salud de los usuarios.
En situación parecida se encuentran las Unidades Médicas Rurales de la región que padecen en muchas poblaciones de los más elementales servicios, ante la falta de presupuesto y personal médico.
En las razones que expresan para justificar su movimiento, los trabajadores señalan que en la clínica existe además desabasto de medicamentos , carencias que los médicos y enfermeras no pueden solucionar por sí solos, por lo que han tenido que recomendar a los pacientes atenderse con médicos privados si quieren preservar su salud.
Refieren que antes del año 2006 estos servicios estaban vigentes pero poco a poco se fueron anulando las plazas y desplazando a los médicos hacia otros lugares.
Dos años después, la situación en la clínica 37 es crítica. Como resultado del movimiento de protesta, hubo ofrecimientos de la supervisión médica delegacional de la quinta región para enviarles a algunos especialistas, pero estos al cabo de un mes se retiraron por las difíciles condiciones existentes para cumplir bien su trabajo.
El movimiento del personal de IMSS-Oportunidades es legítimo porque toca un problema que es cada vez más agudo en un país donde se dejan de lado los problemas sociales, particularmente los relacionados con la atención de la salud de los más necesitados.
El gobierno no ha cumplido con su obligación constitucional de darle derecho y acceso a la salud a la población en general; el movimiento de Matías Romero exhibe esta deficiencia que como mucha gente sabe se extiende a otras instituciones como el ISSSTE.
Cada día que pasa y cada forma de protesta que se realice, se le está recordando a la sociedad mexicana que a través de sus instituciones debiera verificar lo que está sucediendo en el IMSS- Oportunidades para ver si es que cumple con los objetivos diseñados por el gobierno federal, pues para el ejercicio 2008 se le asignó un presupuesto de 6 mil millones de pesos para modernizar equipos médicos, promover capacitación técnica del personal y sobre todo, mantener el servicio médico con la calidad y calidez necesaria.
Al menos en Matías Romero esto no se está cumpliendo. El paro laboral y el plantón en la ciudad de México es un recordatorio permanente.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
miércoles, 28 de mayo de 2008
martes, 27 de mayo de 2008
IMSS-Oportunidades: 2 meses
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Ayer se cumplieron dos meses de protestas por parte de 186 empleados del Hospital número 37, del Programa IMSS-Oportunidades de Matías Romero, para exigir a las autoridades del Instituto a que mejoren el servicio y asignen especialistas y medicamentos para la atención de los beneficiarios.
La demanda plantea que se cumpla con las reglas de operación definidas oficialmente, que asigna a este programa del Ejecutivo Federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la promoción del derecho a la salud y el bienestar individual y colectivo de los mexicanos que no cuentan con acceso a los Servicios de Seguridad Social.
Sorprende que contrario a otros movimientos laborales, en los 21 puntos del pliego petitorio que han planteado, en ninguno de ellos solicitan aumento salarial o mejoras económicas, sino que se ofrezcan las condiciones y los materiales necesarios para que puedan cumplir eficientemente su labor.
Nada más por este gesto de solidaridad con sus pacientes, los médicos y enfermeras que están en paro, debieran recibir la solidaridad de la población oaxaqueña, particularmente las más de 20 mil que viven en los 21 municipios beneficiados pertenecientes a la región V Istmo-Papalopan donde habitan indígenas y campesinos mixes, zapotecos, chinantecos, y mestizos.
Por su actitud de no pedir nada para ellos, estos trabajadores de la salud debieran recibir también un mejor trato y de interlocución por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, ante la falta de atención por parte de la Delegación Estatal del IMSS y de la Coordinación Nacional del Programa IMSS-Oportunidades han tenido que mudar su protesta del Istmo de Tehuantepec hacia la ciudad de México, donde permanecen desde hace 8 días.
Allá en la capital del país, para hacerse visibles, se han plantado frente a las oficinas centrales del IMSS para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades donde se trate fundamentalmente la forma en que a su regreso puedan cumplir con su trabajo y atender de manera eficiente los problemas de salud de la población.
Sin embargo, las autoridades no parecen entenderlos y los han acusado maliciosamente, se tener detrás suyo intereses políticos.
Todo porque a partir del 27 de marzo cuando iniciaron el movimiento, han realizado varias marchas y acciones de protesta que han recibido la solidaridad y apoyo – si no es de ellos, ¿de quién más?- por parte de organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del magisterio.
Algunos legisladores de oposición, sensibles a esta situación, han buscado facilitar el diálogo entre las partes para lograr acuerdos que no perjudiquen a los paristas, y cesen los castigos que se quieren aplicar a 7 trabajadores, dos de los cuales estarían en la circunstancia de ser despedidos.
Pese a las movilizaciones realizadas, buscando llamar la atención de sus superiores, no han obtenido respuesta sobre su petición de que al hospital de Matías Romero se le restituyan servicios de especialistas en áreas de ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, cirugía general y anestesiología, lo cual impide desde hace dos años que se atiendan, como debe ser, partos por cesárea o cirugías generales, todo lo cual atenta contra la salud de los usuarios.
En situación parecida se encuentran las Unidades Médicas Rurales de la región que padecen en muchas poblaciones de los más elementales servicios, ante la falta de presupuesto y personal médico.
En las razones que expresan para justificar su movimiento, los trabajadores señalan que en la clínica existe además desabasto de medicamentos , carencias que los médicos y enfermeras no pueden solucionar por sí solos, por lo que han tenido que recomendar a los pacientes atenderse con médicos privados si quieren preservar su salud.
Refieren que antes del año 2006 estos servicios estaban vigentes pero poco a poco se fueron anulando las plazas y desplazando a los médicos hacia otros lugares.
Dos años después, la situación en la clínica 37 es crítica. Como resultado del movimiento de protesta, hubo ofrecimientos de la supervisión médica delegacional de la quinta región para enviarles a algunos especialistas, pero estos al cabo de un mes se retiraron por las difíciles condiciones existentes para cumplir bien su trabajo.
El movimiento del personal de IMSS-Oportunidades es legítimo porque toca un problema que es cada vez más agudo en un país donde se dejan de lado los problemas sociales, particularmente los relacionados con la atención de la salud de los más necesitados.
El gobierno no ha cumplido con su obligación constitucional de darle derecho y acceso a la salud a la población en general; el movimiento de Matías Romero exhibe esta deficiencia que como mucha gente sabe se extiende a otras instituciones como el ISSSTE.
Cada día que pasa y cada forma de protesta que se realice, se le está recordando a la sociedad mexicana que a través de sus instituciones debiera verificar lo que está sucediendo en el IMSS- Oportunidades para ver si es que cumple con los objetivos diseñados por el gobierno federal, pues para el ejercicio 2008 se le asignó un presupuesto de 6 mil millones de pesos para modernizar equipos médicos, promover capacitación técnica del personal y sobre todo, mantener el servicio médico con la calidad y calidez necesaria.
Al menos en Matías Romero esto no se está cumpliendo. El paro laboral y el plantón en la ciudad de México es un recordatorio permanente.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
Ayer se cumplieron dos meses de protestas por parte de 186 empleados del Hospital número 37, del Programa IMSS-Oportunidades de Matías Romero, para exigir a las autoridades del Instituto a que mejoren el servicio y asignen especialistas y medicamentos para la atención de los beneficiarios.
La demanda plantea que se cumpla con las reglas de operación definidas oficialmente, que asigna a este programa del Ejecutivo Federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la promoción del derecho a la salud y el bienestar individual y colectivo de los mexicanos que no cuentan con acceso a los Servicios de Seguridad Social.
Sorprende que contrario a otros movimientos laborales, en los 21 puntos del pliego petitorio que han planteado, en ninguno de ellos solicitan aumento salarial o mejoras económicas, sino que se ofrezcan las condiciones y los materiales necesarios para que puedan cumplir eficientemente su labor.
Nada más por este gesto de solidaridad con sus pacientes, los médicos y enfermeras que están en paro, debieran recibir la solidaridad de la población oaxaqueña, particularmente las más de 20 mil que viven en los 21 municipios beneficiados pertenecientes a la región V Istmo-Papalopan donde habitan indígenas y campesinos mixes, zapotecos, chinantecos, y mestizos.
Por su actitud de no pedir nada para ellos, estos trabajadores de la salud debieran recibir también un mejor trato y de interlocución por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, ante la falta de atención por parte de la Delegación Estatal del IMSS y de la Coordinación Nacional del Programa IMSS-Oportunidades han tenido que mudar su protesta del Istmo de Tehuantepec hacia la ciudad de México, donde permanecen desde hace 8 días.
Allá en la capital del país, para hacerse visibles, se han plantado frente a las oficinas centrales del IMSS para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades donde se trate fundamentalmente la forma en que a su regreso puedan cumplir con su trabajo y atender de manera eficiente los problemas de salud de la población.
Sin embargo, las autoridades no parecen entenderlos y los han acusado maliciosamente, se tener detrás suyo intereses políticos.
Todo porque a partir del 27 de marzo cuando iniciaron el movimiento, han realizado varias marchas y acciones de protesta que han recibido la solidaridad y apoyo – si no es de ellos, ¿de quién más?- por parte de organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del magisterio.
Algunos legisladores de oposición, sensibles a esta situación, han buscado facilitar el diálogo entre las partes para lograr acuerdos que no perjudiquen a los paristas, y cesen los castigos que se quieren aplicar a 7 trabajadores, dos de los cuales estarían en la circunstancia de ser despedidos.
Pese a las movilizaciones realizadas, buscando llamar la atención de sus superiores, no han obtenido respuesta sobre su petición de que al hospital de Matías Romero se le restituyan servicios de especialistas en áreas de ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, cirugía general y anestesiología, lo cual impide desde hace dos años que se atiendan, como debe ser, partos por cesárea o cirugías generales, todo lo cual atenta contra la salud de los usuarios.
En situación parecida se encuentran las Unidades Médicas Rurales de la región que padecen en muchas poblaciones de los más elementales servicios, ante la falta de presupuesto y personal médico.
En las razones que expresan para justificar su movimiento, los trabajadores señalan que en la clínica existe además desabasto de medicamentos , carencias que los médicos y enfermeras no pueden solucionar por sí solos, por lo que han tenido que recomendar a los pacientes atenderse con médicos privados si quieren preservar su salud.
Refieren que antes del año 2006 estos servicios estaban vigentes pero poco a poco se fueron anulando las plazas y desplazando a los médicos hacia otros lugares.
Dos años después, la situación en la clínica 37 es crítica. Como resultado del movimiento de protesta, hubo ofrecimientos de la supervisión médica delegacional de la quinta región para enviarles a algunos especialistas, pero estos al cabo de un mes se retiraron por las difíciles condiciones existentes para cumplir bien su trabajo.
El movimiento del personal de IMSS-Oportunidades es legítimo porque toca un problema que es cada vez más agudo en un país donde se dejan de lado los problemas sociales, particularmente los relacionados con la atención de la salud de los más necesitados.
El gobierno no ha cumplido con su obligación constitucional de darle derecho y acceso a la salud a la población en general; el movimiento de Matías Romero exhibe esta deficiencia que como mucha gente sabe se extiende a otras instituciones como el ISSSTE.
Cada día que pasa y cada forma de protesta que se realice, se le está recordando a la sociedad mexicana que a través de sus instituciones debiera verificar lo que está sucediendo en el IMSS- Oportunidades para ver si es que cumple con los objetivos diseñados por el gobierno federal, pues para el ejercicio 2008 se le asignó un presupuesto de 6 mil millones de pesos para modernizar equipos médicos, promover capacitación técnica del personal y sobre todo, mantener el servicio médico con la calidad y calidez necesaria.
Al menos en Matías Romero esto no se está cumpliendo. El paro laboral y el plantón en la ciudad de México es un recordatorio permanente.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
lunes, 26 de mayo de 2008
Crisis alimentaria
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Cómo estará de grave la crisis alimentaria que afecta a nivel mundial pero que impactará negativamente en México, que Felipe Calderón ya lo ha definido como asunto de Estado, por lo que ha ordenado 19 acciones en apoyo a la economía familiar, para hacer frente al alza internacional de los precios de los alimentos.
Entre las acciones anunciadas por el Ejecutivo federal y divididas en tres grandes ejes- informan los medios- destacan las de mantener sin aumento la leche Liconsa y la harina de maíz Diconsa, preservar la estabilidad del precio de la tortilla, evitar el alza de la gasolina, el diésel y el gas LP; eliminar los impuestos sobre la importación de trigo, arroz, maíz blanco y maíz amarillo, así como fortalecer los programas de apoyo a la producción de alimentos y a la productividad del campo mexicano.
El gobierno destinará 200 mil millones de pesos, derivados de los excedentes petroleros, a mantener los precios actuales de la gasolina, el diesel y el gas LP, y anunció también el aumento de 535 a 655 pesos por familia al apoyo alimentario del programa Oportunidades, así como un incremento similar en los programas alimentarios de la Sedesol y de Diconsa, para lo cual se liberarán 4 mil 500 millones de pesos más.
Ayer mismo, el secretario de desarrollo social anunció que 280 mil familias inscritas en el programa Oportunidades empezarán a recibir 120 pesos adicionales para enfrentar esta situación, lo que orilla al mismo gobierno panista a abandonar de algún modo el tema petrolero y de seguridad, a cambio del alimentario y la política social que ya había esbozado hace unas semanas mediante el Programa Para Vivir Mejor.
Las medidas anunciadas van desde la eliminación de impuestos para importación de trigo, maíz blanco y amarillo, la fijación de una cuota de importación del frijol libre de impuesto, hasta la garantía de que habrá suficiente abasto en productos como leche en polvo.
Asimismo, ha comprometido – ahora sí, al menos de palabra- la tecnificación del campo, apoyos a pequeños productores agrícolas y precios más accesibles para fertilizantes.
El Banco Mundial, la FAO e incluso el Banco de México, han reconocido el alza en el precio de los alimentos que por supuesto afectaría a los países más pobres Se calcula que unos 100 millones de personas estarían siendo afectados.
Esta cadena eleva por supuesto la inflación ya que los incrementos en el arroz, las grasas vegetales comestibles, empujan los precios hacia arriba en restaurantes y en los mercados, lo que impacta por supuesto al consumidor.
Si cruzamos la situación actual con resultados de las encuestas más recientes que miden el grado de popularidad de Felipe Calderón, empieza haber preocupación en el gobierno porque se piensa que quizá ha llegado el momento de repensar prioridades y estrategias antes que las presiones económicas y la desilusión hagan que la opinión pública se mueva hacia posturas más contrarias al Presidente.
Cuando cuatro de cada diez mexicanos siente que su situación económica en 2008 es peor que la de 2007 y 18% más dice que están igual de mal que hace un año, se entiende por qué cada vez son menos los que opinan que el presidente Felipe Calderón está gobernando muy bien y cada vez son más los que se inclinan a pensar que lo hace bien, pero en realidad no se ha visto gran cosa, explican los autores de la encuesta difundida este lunes a nivel nacional.
Con excepción de los rubros de salud y educación, sobre los cuáles más de 50% piensa que se ha visto alguna mejora en estos 18 meses de gobierno, en todos los demás temas que evaluamos en esta encuesta –dicen- son muchos más los que piensan que desde que gobierna el presidente Calderón están igual o peor que antes.
Especial atención merecen las cuestiones que tienen que ver con la capacidad adquisitiva de las familias, la generación de empleos y el combate a la pobreza, rubros en los que más de 75% opinan que el presidente Calderón no ha logrado mejorar nada.
Así está la percepción nacional en horas en que aparece una nueva crisis que se suma a la de seguridad porque el combate a la delincuencia organizada no avanza como son las intenciones del gobierno debido a múltiples factores.
En tanto, el tema petrolero parece que se le va de las manos a los principales promotores que tienen su mando central en los Pinos y en el Partido Acción Nacional, debido a que en el debate son más firmes los argumentos de quienes rechazan la iniciativa presidencial.
Una buena medida parece ser que se pretende ahora capitalizar el campo y resolver la emergencia alimentaria con los excedentes petroleros; sin embargo no es fácil porque la planta productiva agrícola no está en sus mejores momentos debido a que durante décadas se le dio prioridad al sector manufacturero y de exportación, dejando que quienes se dedican a esta actividad agoten su resistencia y se muden a otra cosa, o en el peor de los casos, a que mantengan improductiva la tierra.
La crisis por el aumento del maíz y la tortilla que golpeó al país en los primeros meses del régimen calderonista es la expresión de que algo más debe hacer el Estado para voltear los ojos al campo, de lo contrario, la dependencia con el exterior vía importaciones de alimentos será cada vez más grande.
Y esto a nadie lo tendrá contento, menos a los hombres y mujeres del campo que ven con preocupación cómo crecen las trasnacionales que ya operan en el campo mexicano y cómo granos como maíz y arroz, trigo, etcétera, son utilizados para generar los llamados biocombustibles aumentando la demanda y afectando la producción.
En entidades como Oaxaca la alarmante situación impactará más debido a la raquítica calidad del suelo y a que la superficie agrícola con acceso a riego es ínfima, pues aquí producimos para el autoconsumo y en surcos, en comparación con los grandes rancheros del norte del país. La miseria entonces se agudizará con consecuencias sociales imprevisibles.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
Cómo estará de grave la crisis alimentaria que afecta a nivel mundial pero que impactará negativamente en México, que Felipe Calderón ya lo ha definido como asunto de Estado, por lo que ha ordenado 19 acciones en apoyo a la economía familiar, para hacer frente al alza internacional de los precios de los alimentos.
Entre las acciones anunciadas por el Ejecutivo federal y divididas en tres grandes ejes- informan los medios- destacan las de mantener sin aumento la leche Liconsa y la harina de maíz Diconsa, preservar la estabilidad del precio de la tortilla, evitar el alza de la gasolina, el diésel y el gas LP; eliminar los impuestos sobre la importación de trigo, arroz, maíz blanco y maíz amarillo, así como fortalecer los programas de apoyo a la producción de alimentos y a la productividad del campo mexicano.
El gobierno destinará 200 mil millones de pesos, derivados de los excedentes petroleros, a mantener los precios actuales de la gasolina, el diesel y el gas LP, y anunció también el aumento de 535 a 655 pesos por familia al apoyo alimentario del programa Oportunidades, así como un incremento similar en los programas alimentarios de la Sedesol y de Diconsa, para lo cual se liberarán 4 mil 500 millones de pesos más.
Ayer mismo, el secretario de desarrollo social anunció que 280 mil familias inscritas en el programa Oportunidades empezarán a recibir 120 pesos adicionales para enfrentar esta situación, lo que orilla al mismo gobierno panista a abandonar de algún modo el tema petrolero y de seguridad, a cambio del alimentario y la política social que ya había esbozado hace unas semanas mediante el Programa Para Vivir Mejor.
Las medidas anunciadas van desde la eliminación de impuestos para importación de trigo, maíz blanco y amarillo, la fijación de una cuota de importación del frijol libre de impuesto, hasta la garantía de que habrá suficiente abasto en productos como leche en polvo.
Asimismo, ha comprometido – ahora sí, al menos de palabra- la tecnificación del campo, apoyos a pequeños productores agrícolas y precios más accesibles para fertilizantes.
El Banco Mundial, la FAO e incluso el Banco de México, han reconocido el alza en el precio de los alimentos que por supuesto afectaría a los países más pobres Se calcula que unos 100 millones de personas estarían siendo afectados.
Esta cadena eleva por supuesto la inflación ya que los incrementos en el arroz, las grasas vegetales comestibles, empujan los precios hacia arriba en restaurantes y en los mercados, lo que impacta por supuesto al consumidor.
Si cruzamos la situación actual con resultados de las encuestas más recientes que miden el grado de popularidad de Felipe Calderón, empieza haber preocupación en el gobierno porque se piensa que quizá ha llegado el momento de repensar prioridades y estrategias antes que las presiones económicas y la desilusión hagan que la opinión pública se mueva hacia posturas más contrarias al Presidente.
Cuando cuatro de cada diez mexicanos siente que su situación económica en 2008 es peor que la de 2007 y 18% más dice que están igual de mal que hace un año, se entiende por qué cada vez son menos los que opinan que el presidente Felipe Calderón está gobernando muy bien y cada vez son más los que se inclinan a pensar que lo hace bien, pero en realidad no se ha visto gran cosa, explican los autores de la encuesta difundida este lunes a nivel nacional.
Con excepción de los rubros de salud y educación, sobre los cuáles más de 50% piensa que se ha visto alguna mejora en estos 18 meses de gobierno, en todos los demás temas que evaluamos en esta encuesta –dicen- son muchos más los que piensan que desde que gobierna el presidente Calderón están igual o peor que antes.
Especial atención merecen las cuestiones que tienen que ver con la capacidad adquisitiva de las familias, la generación de empleos y el combate a la pobreza, rubros en los que más de 75% opinan que el presidente Calderón no ha logrado mejorar nada.
Así está la percepción nacional en horas en que aparece una nueva crisis que se suma a la de seguridad porque el combate a la delincuencia organizada no avanza como son las intenciones del gobierno debido a múltiples factores.
En tanto, el tema petrolero parece que se le va de las manos a los principales promotores que tienen su mando central en los Pinos y en el Partido Acción Nacional, debido a que en el debate son más firmes los argumentos de quienes rechazan la iniciativa presidencial.
Una buena medida parece ser que se pretende ahora capitalizar el campo y resolver la emergencia alimentaria con los excedentes petroleros; sin embargo no es fácil porque la planta productiva agrícola no está en sus mejores momentos debido a que durante décadas se le dio prioridad al sector manufacturero y de exportación, dejando que quienes se dedican a esta actividad agoten su resistencia y se muden a otra cosa, o en el peor de los casos, a que mantengan improductiva la tierra.
La crisis por el aumento del maíz y la tortilla que golpeó al país en los primeros meses del régimen calderonista es la expresión de que algo más debe hacer el Estado para voltear los ojos al campo, de lo contrario, la dependencia con el exterior vía importaciones de alimentos será cada vez más grande.
Y esto a nadie lo tendrá contento, menos a los hombres y mujeres del campo que ven con preocupación cómo crecen las trasnacionales que ya operan en el campo mexicano y cómo granos como maíz y arroz, trigo, etcétera, son utilizados para generar los llamados biocombustibles aumentando la demanda y afectando la producción.
En entidades como Oaxaca la alarmante situación impactará más debido a la raquítica calidad del suelo y a que la superficie agrícola con acceso a riego es ínfima, pues aquí producimos para el autoconsumo y en surcos, en comparación con los grandes rancheros del norte del país. La miseria entonces se agudizará con consecuencias sociales imprevisibles.
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martes, 29 de abril de 2008
¡Hasta encontrarlos!
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
En el marco de las indagatorias que realiza la PGR en torno a la desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario, en hechos sucedidos aquí en Oaxaca el 25 de mayo pasado, se escucha fuerte la voz de Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien denuncia que a partir de la convocatoria del grupo armado para establecer un diálogo con el gobierno federal, a través de un comité de intermediación, han reiniciado las amenazas en contra de ella y de los miembros del comité de liberación “Hasta encontrarlos”.
La activista recordó que si bien siempre han existido presiones desde que iniciaron la búsqueda de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en horas recientes, personas sin identificar las amenazan a través de mensajes anónimos por medio del correo electrónico.
Con este método, aseguró, las tratan de presionar y que se les baje la moral al decirles que sus familiares están muertos y que nunca van a aparecer.
Aún sin contar con información oficial sobre las indagatorias que realiza en Oaxaca la Agencia Federal de Investigaciones, mismas que se traducen en el hecho de que dos miembros de la Policía Ministerial estén arraigados, y se analicen los archivos de los Servicios Periciales de la procuraduría oaxaqueña, a cargo de un primo de Ulises Ruiz, Nadin tiene esperanzas en que esto lleve hacia alguna parte.
Esto a pesar, ha dicho a la prensa, de que tanto el gobierno estatal como el federal sigan negando alguna responsabilidad, 11 meses después, de que sus familiares fueron desaparecidos por fuerzas del Estado.
Para denunciar todo esto, Nadin sucribe un documento, que circula ya en todo el mundo, en el que ratifica su señalamiento sobre los directamente culpables de la desaparición de su padre y de Gabriel: los gobiernos estatal y federal.
Refiere que “como alguna vez los familiares de los desaparecidos Edmundo y Gabrielmencionamos: - La verdad tarde o temprano siempre sale a relucir -. Hoy esa verdad por la que tanto hemos luchado se torna cada vez más cercana, nunca las cosas permanecen estables e inmutables, y mucho menos ante las mentiras, pues cada una va tomando su propio curso y en este momento es hora de que la justicia llegue para nuestras familias y para nuestrosdesaparecidos.”Hoy el gobierno federal y el gobierno estatal no pueden enmascaran más su participación y responsabilidad en la desaparición de mi padre Edmundo Reyes Amaya y del Sr. Gabriel Alberto Cruz Sánchez; hoy luego de las detenciones de elementos de la policía ministerial del Estado de Oaxaca en la que se les responsabiliza de la desaparición de ambos desaparecidos, el gobierno del Estado quiere nuevamente cambiar y desvirtuar todo para confundir a la población y hacer creer que ellos no tuvieron nada que ver en este delito.”“Una vez más se muestra el cinismo, el descaro y la burla de parte del gobierno estatal hacia nosotros; el sacar desplegados y declaraciones en los cuales se “solidariza” en la búsqueda denuestros seres queridos, y brindar todo su apoyo para encontrarlos, no es más que una vil burla, a caso ¿ cree señor gobernador que los familiares somos tontos? Nosotros nunca hemos confiado en usted y nunca lo haremos, sabemos la responsabilidad directa que tiene usteden todo esto, y su actitud solo demuestra falsedad e incongruencia. Desde luego que la responsabilidad no es del todo suya claro que no, y eso lo debe hacerlo sentir un poco más tranquilo, pues también el gobierno federal tiene mucha responsabilidad en este delito.”“Hoy una vez más nos queda claro que este gobierno, como todos los anteriores, es un continuador más de la práctica de Desaparición Forzada, que este delito de lesa humanidad nunca ha terminado, y no cesará de no hacerle frente en estos momentos.“Los familiares le exigimos al Estado Mexicano la presentación con vida de nuestros desaparecidos ahora, así como también que se nos informe sobre las investigaciones que están siendo realizadas por el gobierno Federal y Estatal sobre la detención de sus “agentes”. Comofamiliares tenemos todo el derecho a ser informados sobre esta situación.“Como un llamado especial solicitamos a las organizaciones nacionales ( APPO, COMO, FNCR, H.I.J.O.S México, EUREKA, AFADEM, DIEGO LUCERO, centro PRODJ,,) e internacionales, y demás organizaciones comprometidas con la defensa de Derechos Humanos y sensibles ante este tipo de delitos, a que se sumen a nuestro llamado para que a la brevedad se nos informe sobre esta situación y se presente de inmediato a nuestros seres queridos. Creemos y estamos convencidos de que solo la unidad y la solidaridad podrán ayudarnos en estos momentos para exigir nuestras demandas.“Así también no quiero dejar pasar este momento sin antes agradecer a todas las organizaciones, a nuestras familias, amigos y en especial a Carlos Montemayor, al FNCR, a Samuel Ruiz, a Miguel Granados Chapa, a Gilberto López y Rivas por aceptar ser intermediarios para resolver esta situación de la desaparición de mi padre y del Sr. Gabriel, desde nuestros corazones reciban mi agradecimiento y mi cariño por su sensibilidad. De igual manera mi agradecimiento a todos los medios de comunicación por su apoyo y solidaridad en estos duros momentos.“Nuestros esfuerzos, nuestro corazón y nuestras energías están centradas como el primer día a continuar con nuestra exigencia y les recordamos que nada ni nadie nos detendrá hasta encontrar justicia y castigar a los responsables de este crimen de lesa Humanidad.
¡¡Nuestros ojos no descansaran Hasta Encontrarlos!!
Nadín Reyes Maldonado
“Hasta Encontrarlos”
Esta es la posición del comité, encabezado por Nadin y la hermana de Gabriel, que hacen causa común con todos aquellos hombres y mujeres que han tenido el infortunio de que sus familiares, amigos o compañeros sufran el castigo del Estado por manifestarse abiertamente en contra de las “instituciones”, por otra vía, opción que es penalizada por las autoridades a tal grado que justifican su desaparición, no importando contravenir la legislación internacional suscrita por México en materia de derechos humanos y las garantías que todo disidente debe tener para que se preserve su vida.
La lucha de Nadin y de quienes apoyan estas gestiones no descansará, hasta encontrarlos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
En el marco de las indagatorias que realiza la PGR en torno a la desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario, en hechos sucedidos aquí en Oaxaca el 25 de mayo pasado, se escucha fuerte la voz de Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, quien denuncia que a partir de la convocatoria del grupo armado para establecer un diálogo con el gobierno federal, a través de un comité de intermediación, han reiniciado las amenazas en contra de ella y de los miembros del comité de liberación “Hasta encontrarlos”.
La activista recordó que si bien siempre han existido presiones desde que iniciaron la búsqueda de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en horas recientes, personas sin identificar las amenazan a través de mensajes anónimos por medio del correo electrónico.
Con este método, aseguró, las tratan de presionar y que se les baje la moral al decirles que sus familiares están muertos y que nunca van a aparecer.
Aún sin contar con información oficial sobre las indagatorias que realiza en Oaxaca la Agencia Federal de Investigaciones, mismas que se traducen en el hecho de que dos miembros de la Policía Ministerial estén arraigados, y se analicen los archivos de los Servicios Periciales de la procuraduría oaxaqueña, a cargo de un primo de Ulises Ruiz, Nadin tiene esperanzas en que esto lleve hacia alguna parte.
Esto a pesar, ha dicho a la prensa, de que tanto el gobierno estatal como el federal sigan negando alguna responsabilidad, 11 meses después, de que sus familiares fueron desaparecidos por fuerzas del Estado.
Para denunciar todo esto, Nadin sucribe un documento, que circula ya en todo el mundo, en el que ratifica su señalamiento sobre los directamente culpables de la desaparición de su padre y de Gabriel: los gobiernos estatal y federal.
Refiere que “como alguna vez los familiares de los desaparecidos Edmundo y Gabrielmencionamos: - La verdad tarde o temprano siempre sale a relucir -. Hoy esa verdad por la que tanto hemos luchado se torna cada vez más cercana, nunca las cosas permanecen estables e inmutables, y mucho menos ante las mentiras, pues cada una va tomando su propio curso y en este momento es hora de que la justicia llegue para nuestras familias y para nuestrosdesaparecidos.”Hoy el gobierno federal y el gobierno estatal no pueden enmascaran más su participación y responsabilidad en la desaparición de mi padre Edmundo Reyes Amaya y del Sr. Gabriel Alberto Cruz Sánchez; hoy luego de las detenciones de elementos de la policía ministerial del Estado de Oaxaca en la que se les responsabiliza de la desaparición de ambos desaparecidos, el gobierno del Estado quiere nuevamente cambiar y desvirtuar todo para confundir a la población y hacer creer que ellos no tuvieron nada que ver en este delito.”“Una vez más se muestra el cinismo, el descaro y la burla de parte del gobierno estatal hacia nosotros; el sacar desplegados y declaraciones en los cuales se “solidariza” en la búsqueda denuestros seres queridos, y brindar todo su apoyo para encontrarlos, no es más que una vil burla, a caso ¿ cree señor gobernador que los familiares somos tontos? Nosotros nunca hemos confiado en usted y nunca lo haremos, sabemos la responsabilidad directa que tiene usteden todo esto, y su actitud solo demuestra falsedad e incongruencia. Desde luego que la responsabilidad no es del todo suya claro que no, y eso lo debe hacerlo sentir un poco más tranquilo, pues también el gobierno federal tiene mucha responsabilidad en este delito.”“Hoy una vez más nos queda claro que este gobierno, como todos los anteriores, es un continuador más de la práctica de Desaparición Forzada, que este delito de lesa humanidad nunca ha terminado, y no cesará de no hacerle frente en estos momentos.“Los familiares le exigimos al Estado Mexicano la presentación con vida de nuestros desaparecidos ahora, así como también que se nos informe sobre las investigaciones que están siendo realizadas por el gobierno Federal y Estatal sobre la detención de sus “agentes”. Comofamiliares tenemos todo el derecho a ser informados sobre esta situación.“Como un llamado especial solicitamos a las organizaciones nacionales ( APPO, COMO, FNCR, H.I.J.O.S México, EUREKA, AFADEM, DIEGO LUCERO, centro PRODJ,,) e internacionales, y demás organizaciones comprometidas con la defensa de Derechos Humanos y sensibles ante este tipo de delitos, a que se sumen a nuestro llamado para que a la brevedad se nos informe sobre esta situación y se presente de inmediato a nuestros seres queridos. Creemos y estamos convencidos de que solo la unidad y la solidaridad podrán ayudarnos en estos momentos para exigir nuestras demandas.“Así también no quiero dejar pasar este momento sin antes agradecer a todas las organizaciones, a nuestras familias, amigos y en especial a Carlos Montemayor, al FNCR, a Samuel Ruiz, a Miguel Granados Chapa, a Gilberto López y Rivas por aceptar ser intermediarios para resolver esta situación de la desaparición de mi padre y del Sr. Gabriel, desde nuestros corazones reciban mi agradecimiento y mi cariño por su sensibilidad. De igual manera mi agradecimiento a todos los medios de comunicación por su apoyo y solidaridad en estos duros momentos.“Nuestros esfuerzos, nuestro corazón y nuestras energías están centradas como el primer día a continuar con nuestra exigencia y les recordamos que nada ni nadie nos detendrá hasta encontrar justicia y castigar a los responsables de este crimen de lesa Humanidad.
¡¡Nuestros ojos no descansaran Hasta Encontrarlos!!
Nadín Reyes Maldonado
“Hasta Encontrarlos”
Esta es la posición del comité, encabezado por Nadin y la hermana de Gabriel, que hacen causa común con todos aquellos hombres y mujeres que han tenido el infortunio de que sus familiares, amigos o compañeros sufran el castigo del Estado por manifestarse abiertamente en contra de las “instituciones”, por otra vía, opción que es penalizada por las autoridades a tal grado que justifican su desaparición, no importando contravenir la legislación internacional suscrita por México en materia de derechos humanos y las garantías que todo disidente debe tener para que se preserve su vida.
La lucha de Nadin y de quienes apoyan estas gestiones no descansará, hasta encontrarlos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
domingo, 27 de abril de 2008
Misión cumplida
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
México se ha convertido en el país más peligroso para periodistas en las Américas. Por esta razón once organizaciones internacionales visitaron México del 20 al 25 de abril de 2008, para verificar la situación de libertad de expresión en tres temas prioritarios: impunidad, protección al ejercicio periodístico y autocensura.
Resultado de este trabajo, que contó con el apoyo de innumerables organismos independientes y autónomos – como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-, e incluso, de instancias oficiales, el sábado se rindió un Informe preliminar que contiene los aspectos más sobresalientes de dicha visita.
Le hemos venido dando seguimiento a la visita de la Misión Internacional, por lo que no podemos más que hacer referencia a ella, para que normen su criterio los periodistas en general, los medios de comunicación y la sociedad organizada que está pendiente de cualquier menoscabo del ejercicio de la libertad de expresión en México.
El documento, suscrito por las organizaciones visitantes afirma que en los últimos 8 años por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados, 8 desaparecieron y decenas de ellos fueron amenazados o agredidos en razón de su oficio. La mayor parte de los casos se encuentra en la impunidad, lo cual ha provocado un estado generalizado de autocensura.La Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación visitó Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Michoacán, Sonora y Guerrero. Se reunió con periodistas, editores, y víctimas y familiares de periodistas asesinados y desaparecidos; dueños de medios; autoridades federales y locales; con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea; con organismos de cooperación, organizaciones de periodistas y de derechos humanos.
Este recorrido les ha servido para tener una idea muy clara sobre las difíciles condiciones en que se ejerce el periodismo en México. Seguramente llevan un reporte puntual a las organizaciones de donde proceden y a sus países de origen para compartirla con sus iguales.
Reconocen que el panorama observado no es muy halagador; porque los integrantes de la Misión nunca hubieran querido que se confirmaran las sospechas previas a su llegada a México. Ahora saben que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico son el crimen organizado, la corrupción, la falta de voluntad política y la omisión del Estado mexicano para proporcionar protección y asegurar la seguridad de los periodistas.
Para enfrentar esta circunstancia, la delegación internacional instó a las autoridades mexicanas para que tomen medidas inmediatas que detengan los ataques contra la libertad de expresión.
“Resulta urgente la creación y fortalecimiento de mecanismos de protección, así como el desarrollo de un marco normativo que fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas (FEADP) y le brinde autonomía para investigar y sancionar a los responsables”, afirma el documento que ya circula entre las dependencias visitadas, así como en los gobiernos locales a los que han tenido que recurrir para ver el estado que guardan los crímenes, ataques y agresiones de todo tipo en contra de comunicadores.
Se van de México convencidos de que es necesaria la federalización de los delitos contra la libertad de expresión. Cabe recordar que desde la creación de la FEADP, 15 periodistas han sido asesinados en México. La misión se entrevistó con diversas autoridades locales y federales con el único propósito de manifestar su preocupación, escuchar la posición oficial y abrir canales de interlocución.
No obstante ello, aunque las autoridades, en su mayoría, estuvieron abiertas al diálogo, “esta misión manifiesta su alarma por la contradicción entre esta apertura y la falta de acciones concretas y resultados.”
Prestó especial atención a las víctimas de agresiones y sus familiares. Revisó con ellos el estado de sus casos y exploró alternativas de apoyo. Para la delegación, resulta preocupante- afirman- la situación de aislamiento en que se encuentran.
Dentro de este grupo se incluyen las radios comunitarias y sus integrantes, que están en una condición de alta vulnerabilidad al no tener un marco normativo que los reconozca. En estas condiciones, las autoridades obstruyen su labor y les niegan el reconocimiento como periodistas.La delegación se mostró preocupada por el deterioro de la libertad sindical y las condiciones laborales de los periodistas. En el caso de los reporteros ‘freelance’, esta situación es aún más grave.
Ante la Misión, los periodistas entrevistados reconocieron la necesidad de trabajar unidos y fomentar la solidaridad como parte de una estrategia para revertir esta situación.Asimismo, la delegación constató la concentración de los medios de comunicación en México y la distribución arbitraria de la publicidad oficial. Ésta última se utiliza con fines políticos como premio o castigo. Ambas problemáticas “atentan contra el pluralismo informativo y el derecho ciudadano a la información.”
Por tanto, opinan que es obligación del Estado mexicano promover una regulación en la materia.
En la parte final del documento, los miembros de la Misión prometen darle seguimiento a cada uno de los compromisos establecidos por las autoridades visitadas.
El colectivo aseguró que en las próximas semanas emitirá un informe detallado de sus hallazgos y recomendaciones. A partir de éste, espera trazar un plan de acción integral que incluya a todos los actores, entre ellos las autoridades federales y locales, quienes se comprometieron a emprender acciones concretas contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión en México.
Hacen parte de esta misión internacional, las siguientes organizaciones: Artículo 19; International Media Support (IMS); International Press Institute (IPI); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); The Rory Peck Trust; Reporteros sin Fronteras (RSF); la Federación Internacional de Periodistas (FIP-IFJ); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); International News Safety Institute (INSI); el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Open Society Institute (OSI), y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Los periodistas mexicanos que han estado cerca de los entusiastas trabajos del colectivo, no se sienten defraudados porque saben que en mucho puede ayudar que se internacionalice la situación de la prensa en la nación mexicana, y dejarles el mensaje a quienes en nuestro país han sufrido agravios, y a los familiares en caso de quienes han sufrido muerte o desaparición, que no están solos. Es una misión cumplida.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
México se ha convertido en el país más peligroso para periodistas en las Américas. Por esta razón once organizaciones internacionales visitaron México del 20 al 25 de abril de 2008, para verificar la situación de libertad de expresión en tres temas prioritarios: impunidad, protección al ejercicio periodístico y autocensura.
Resultado de este trabajo, que contó con el apoyo de innumerables organismos independientes y autónomos – como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal-, e incluso, de instancias oficiales, el sábado se rindió un Informe preliminar que contiene los aspectos más sobresalientes de dicha visita.
Le hemos venido dando seguimiento a la visita de la Misión Internacional, por lo que no podemos más que hacer referencia a ella, para que normen su criterio los periodistas en general, los medios de comunicación y la sociedad organizada que está pendiente de cualquier menoscabo del ejercicio de la libertad de expresión en México.
El documento, suscrito por las organizaciones visitantes afirma que en los últimos 8 años por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados, 8 desaparecieron y decenas de ellos fueron amenazados o agredidos en razón de su oficio. La mayor parte de los casos se encuentra en la impunidad, lo cual ha provocado un estado generalizado de autocensura.La Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación visitó Ciudad de México y los estados de Oaxaca, Michoacán, Sonora y Guerrero. Se reunió con periodistas, editores, y víctimas y familiares de periodistas asesinados y desaparecidos; dueños de medios; autoridades federales y locales; con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea; con organismos de cooperación, organizaciones de periodistas y de derechos humanos.
Este recorrido les ha servido para tener una idea muy clara sobre las difíciles condiciones en que se ejerce el periodismo en México. Seguramente llevan un reporte puntual a las organizaciones de donde proceden y a sus países de origen para compartirla con sus iguales.
Reconocen que el panorama observado no es muy halagador; porque los integrantes de la Misión nunca hubieran querido que se confirmaran las sospechas previas a su llegada a México. Ahora saben que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico son el crimen organizado, la corrupción, la falta de voluntad política y la omisión del Estado mexicano para proporcionar protección y asegurar la seguridad de los periodistas.
Para enfrentar esta circunstancia, la delegación internacional instó a las autoridades mexicanas para que tomen medidas inmediatas que detengan los ataques contra la libertad de expresión.
“Resulta urgente la creación y fortalecimiento de mecanismos de protección, así como el desarrollo de un marco normativo que fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas (FEADP) y le brinde autonomía para investigar y sancionar a los responsables”, afirma el documento que ya circula entre las dependencias visitadas, así como en los gobiernos locales a los que han tenido que recurrir para ver el estado que guardan los crímenes, ataques y agresiones de todo tipo en contra de comunicadores.
Se van de México convencidos de que es necesaria la federalización de los delitos contra la libertad de expresión. Cabe recordar que desde la creación de la FEADP, 15 periodistas han sido asesinados en México. La misión se entrevistó con diversas autoridades locales y federales con el único propósito de manifestar su preocupación, escuchar la posición oficial y abrir canales de interlocución.
No obstante ello, aunque las autoridades, en su mayoría, estuvieron abiertas al diálogo, “esta misión manifiesta su alarma por la contradicción entre esta apertura y la falta de acciones concretas y resultados.”
Prestó especial atención a las víctimas de agresiones y sus familiares. Revisó con ellos el estado de sus casos y exploró alternativas de apoyo. Para la delegación, resulta preocupante- afirman- la situación de aislamiento en que se encuentran.
Dentro de este grupo se incluyen las radios comunitarias y sus integrantes, que están en una condición de alta vulnerabilidad al no tener un marco normativo que los reconozca. En estas condiciones, las autoridades obstruyen su labor y les niegan el reconocimiento como periodistas.La delegación se mostró preocupada por el deterioro de la libertad sindical y las condiciones laborales de los periodistas. En el caso de los reporteros ‘freelance’, esta situación es aún más grave.
Ante la Misión, los periodistas entrevistados reconocieron la necesidad de trabajar unidos y fomentar la solidaridad como parte de una estrategia para revertir esta situación.Asimismo, la delegación constató la concentración de los medios de comunicación en México y la distribución arbitraria de la publicidad oficial. Ésta última se utiliza con fines políticos como premio o castigo. Ambas problemáticas “atentan contra el pluralismo informativo y el derecho ciudadano a la información.”
Por tanto, opinan que es obligación del Estado mexicano promover una regulación en la materia.
En la parte final del documento, los miembros de la Misión prometen darle seguimiento a cada uno de los compromisos establecidos por las autoridades visitadas.
El colectivo aseguró que en las próximas semanas emitirá un informe detallado de sus hallazgos y recomendaciones. A partir de éste, espera trazar un plan de acción integral que incluya a todos los actores, entre ellos las autoridades federales y locales, quienes se comprometieron a emprender acciones concretas contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión en México.
Hacen parte de esta misión internacional, las siguientes organizaciones: Artículo 19; International Media Support (IMS); International Press Institute (IPI); la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); The Rory Peck Trust; Reporteros sin Fronteras (RSF); la Federación Internacional de Periodistas (FIP-IFJ); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); International News Safety Institute (INSI); el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Open Society Institute (OSI), y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Los periodistas mexicanos que han estado cerca de los entusiastas trabajos del colectivo, no se sienten defraudados porque saben que en mucho puede ayudar que se internacionalice la situación de la prensa en la nación mexicana, y dejarles el mensaje a quienes en nuestro país han sufrido agravios, y a los familiares en caso de quienes han sufrido muerte o desaparición, que no están solos. Es una misión cumplida.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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domingo, 30 de marzo de 2008
¿Gabinete de seguridad?
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Los cambios en su flamante “Gabinete de seguridad” a que fue orillado Ulises Ruiz antes de culminar el asueto de Semana Santa -- periodo que por la inactividad escolar se prolongó hasta el domingo--, son consecuencia del exhorto que en breve hará el senado de República al Poder Ejecutivo Federal para que ejerza mayor coordinación con las corporaciones locales, vista la crisis de seguridad en que se debate el estado de Oaxaca.
Pero también busca ganar tiempo para que a la entidad oaxaqueña no la alcance la implantación del Programa “México Seguro”, con todo lo que implica en desplazamiento de fuerzas castrenses y de la policía federal preventiva, mecanismo que resta, por no decir nulifica la injerencia local en actividades de combate a la delincuencia organizada.
Con los pros y contras que este programa significa, pues en otras entidades al tiempo de enfrentar a la delincuencia, ha facilitado violaciones a los derechos de ciudadanos pacíficos, la intervención federal no es una idea que sume adeptos en círculos locales; nadie la ha solicitado de esta manera; sin embargo, persiste como una Espada de Damocles si los cambios realizados este fin de semana no resultan efectivos.
Pronto se sabrán si son buenos o malos los antecedentes de los nuevos titulares de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial, donde fueron ubicados Javier Rueda Velásquez, quien es teniente coronel retirado; Jorge Alberto Quezada Jiménez y Alan Loren Peña Arqueta, respectivamente.
De los tres funcionarios salientes, que para variar fueron nombrados “asesores” del Gobernador en seguridad, Sergio Segreste Ríos, Pedro Díaz Laredo y Daniel Camarena Flores, la sociedad los recordará por el triste papel realizado en su función dada su incapacidad supina para ejercer el mando en sus respectivas corporaciones, además de los pocos y claros deseos por combinar eficiencia y responsabilidad en dicha tarea.
Si los tres no funcionaron, por malos, nadie entiende que como “premio de consolación” todavía los mantengan en la nómina distrayendo recursos que pueden emplearse en otra cosa. Ellos mismos, si conocieran la dignidad, no aceptarían la “aviación” que les ofrecen, aunque la abyección es tal que para eso es para lo único que sí serían capaces.
En términos que recuerdan a las expresiones del diputado Javier González Garza, desde que a finales de enero ejecutaron a Alejandro Barrita y luego al comandante apodado “El Gigio”, Segreste, Díaz Laredo y Camarena ya estaban en el umbral de su despido, sólo que ellos fueron los últimos en enterarse. “ya estaban muertos – administrativamente- sólo que nadie les había dicho”, dice la broma.
Para el anecdotario político quedará si la decisión de removerlos fue acordada o sugerida por Felipe Calderón, durante su pasada gira por Oaxaca; unos dicen que no pudo ser, por el respeto al pacto federal expresado por quien ocupa la presidencia de la República.
Sin embargo, otros sugieren que a raíz de que – a solicitud de Gabino Cué- el Senado aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución ( fast track), sin que el PAN se opusiera y el PRI menos, ya que el “Sancho Panza”, que no escudero, andaba mostrándose en la gira, el gobierno se vio acorralado por esta circunstancia y por las presiones que patrones y comerciantes ejercían públicamente y en privado para que les diera una respuesta efectiva a sus reclamos de atender urgentemente el tema.
Por ello muchos piensan, que con o sin la anuencia presidencial, Ulises halló en el despido de sus flamantes colaboradores, una salida política, que impidiera hasta donde sea posible, que la Federación – léase la presidencia- le reste capacidad de mando y vapulee aún más el orgullo de quien ahora se reclama aliado del panismo presidencial.
Ante el convencimiento de que está rendida la plaza para los cárteles, luego del arresto del principal operador en la materia, sin decirlo en voz alta, pero sí con este gesto, se le ofreció a Los Pinos hacer cambios profundos en materia de seguridad, para lo cual se aceptó la importación de tres funcionarios que como dice la explicación oficial ahora, hacen “química” con los mandos en el Ejército, la PGR y la Policía Federal Preventiva “para reforzar el combate a la delincuencia que encabeza el Presidente Felipe Calderón.”
Completando el suplicio de Ruiz en la reciente gira de Calderón, a pesar de las inversiones anunciadas en materia turística, como principal invitado llegó el ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, sobrino del empresario David Palacios García, quien hasta el mediodía del martes 25 todavía se hallaba secuestrado.
Por la noche de este día, por esto de las coincidencias, David apareció sano y salvo de regreso con los suyos, sin que se conozca con certeza que su familia y sus amigos que solidarios se habían movilizado, hayan satisfecho la petición económica de sus captores.
Era muy extraño, por no decir sospechoso, que tras el secuestro de Palacios se tuviera casi la certeza de que éste no había abandonado la ciudad, al igual que Rubén Villanueva Platas, quien aparecería igual, ileso, posteriormente.
Si son policías y ex policías ministeriales quienes chantajeando al gobierno por los hechos del 2006 operan secuestros y ejecuciones, o bien, son delincuentes provenientes de otras partes del país, esto se tendrá que verificar si de verdad se establece plena coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales.
Pero cualquier entendedor de estos menesteres estará de acuerdo en que los cambios no serán nunca completos si el área de procurar justicia sigue en manos de quienes al mando del ratificado procurador, Evencio Nicolás Ramírez y de gente inexperta en el combate a la delincuencia, permanecen firmes en sus puestos.
Es el cuarto cambio que todo mundo espera, para que pueda hablarse de que hay un nuevo perfil en el Gabinete de Seguridad, y el área de Justicia.
Pero –¡oh!- los diputados, incluyendo los de oposición, acaban de ratificar apenas al titular de la Procuraduría, y ahora, en lugar de demandar su salida por que muchas cosas ahí no están funcionando, lo llaman a comparecer y lo peor, que estén dispuestos a escuchar sus disculpas.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
Los cambios en su flamante “Gabinete de seguridad” a que fue orillado Ulises Ruiz antes de culminar el asueto de Semana Santa -- periodo que por la inactividad escolar se prolongó hasta el domingo--, son consecuencia del exhorto que en breve hará el senado de República al Poder Ejecutivo Federal para que ejerza mayor coordinación con las corporaciones locales, vista la crisis de seguridad en que se debate el estado de Oaxaca.
Pero también busca ganar tiempo para que a la entidad oaxaqueña no la alcance la implantación del Programa “México Seguro”, con todo lo que implica en desplazamiento de fuerzas castrenses y de la policía federal preventiva, mecanismo que resta, por no decir nulifica la injerencia local en actividades de combate a la delincuencia organizada.
Con los pros y contras que este programa significa, pues en otras entidades al tiempo de enfrentar a la delincuencia, ha facilitado violaciones a los derechos de ciudadanos pacíficos, la intervención federal no es una idea que sume adeptos en círculos locales; nadie la ha solicitado de esta manera; sin embargo, persiste como una Espada de Damocles si los cambios realizados este fin de semana no resultan efectivos.
Pronto se sabrán si son buenos o malos los antecedentes de los nuevos titulares de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Ministerial, donde fueron ubicados Javier Rueda Velásquez, quien es teniente coronel retirado; Jorge Alberto Quezada Jiménez y Alan Loren Peña Arqueta, respectivamente.
De los tres funcionarios salientes, que para variar fueron nombrados “asesores” del Gobernador en seguridad, Sergio Segreste Ríos, Pedro Díaz Laredo y Daniel Camarena Flores, la sociedad los recordará por el triste papel realizado en su función dada su incapacidad supina para ejercer el mando en sus respectivas corporaciones, además de los pocos y claros deseos por combinar eficiencia y responsabilidad en dicha tarea.
Si los tres no funcionaron, por malos, nadie entiende que como “premio de consolación” todavía los mantengan en la nómina distrayendo recursos que pueden emplearse en otra cosa. Ellos mismos, si conocieran la dignidad, no aceptarían la “aviación” que les ofrecen, aunque la abyección es tal que para eso es para lo único que sí serían capaces.
En términos que recuerdan a las expresiones del diputado Javier González Garza, desde que a finales de enero ejecutaron a Alejandro Barrita y luego al comandante apodado “El Gigio”, Segreste, Díaz Laredo y Camarena ya estaban en el umbral de su despido, sólo que ellos fueron los últimos en enterarse. “ya estaban muertos – administrativamente- sólo que nadie les había dicho”, dice la broma.
Para el anecdotario político quedará si la decisión de removerlos fue acordada o sugerida por Felipe Calderón, durante su pasada gira por Oaxaca; unos dicen que no pudo ser, por el respeto al pacto federal expresado por quien ocupa la presidencia de la República.
Sin embargo, otros sugieren que a raíz de que – a solicitud de Gabino Cué- el Senado aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución ( fast track), sin que el PAN se opusiera y el PRI menos, ya que el “Sancho Panza”, que no escudero, andaba mostrándose en la gira, el gobierno se vio acorralado por esta circunstancia y por las presiones que patrones y comerciantes ejercían públicamente y en privado para que les diera una respuesta efectiva a sus reclamos de atender urgentemente el tema.
Por ello muchos piensan, que con o sin la anuencia presidencial, Ulises halló en el despido de sus flamantes colaboradores, una salida política, que impidiera hasta donde sea posible, que la Federación – léase la presidencia- le reste capacidad de mando y vapulee aún más el orgullo de quien ahora se reclama aliado del panismo presidencial.
Ante el convencimiento de que está rendida la plaza para los cárteles, luego del arresto del principal operador en la materia, sin decirlo en voz alta, pero sí con este gesto, se le ofreció a Los Pinos hacer cambios profundos en materia de seguridad, para lo cual se aceptó la importación de tres funcionarios que como dice la explicación oficial ahora, hacen “química” con los mandos en el Ejército, la PGR y la Policía Federal Preventiva “para reforzar el combate a la delincuencia que encabeza el Presidente Felipe Calderón.”
Completando el suplicio de Ruiz en la reciente gira de Calderón, a pesar de las inversiones anunciadas en materia turística, como principal invitado llegó el ex gobernador y ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, sobrino del empresario David Palacios García, quien hasta el mediodía del martes 25 todavía se hallaba secuestrado.
Por la noche de este día, por esto de las coincidencias, David apareció sano y salvo de regreso con los suyos, sin que se conozca con certeza que su familia y sus amigos que solidarios se habían movilizado, hayan satisfecho la petición económica de sus captores.
Era muy extraño, por no decir sospechoso, que tras el secuestro de Palacios se tuviera casi la certeza de que éste no había abandonado la ciudad, al igual que Rubén Villanueva Platas, quien aparecería igual, ileso, posteriormente.
Si son policías y ex policías ministeriales quienes chantajeando al gobierno por los hechos del 2006 operan secuestros y ejecuciones, o bien, son delincuentes provenientes de otras partes del país, esto se tendrá que verificar si de verdad se establece plena coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales.
Pero cualquier entendedor de estos menesteres estará de acuerdo en que los cambios no serán nunca completos si el área de procurar justicia sigue en manos de quienes al mando del ratificado procurador, Evencio Nicolás Ramírez y de gente inexperta en el combate a la delincuencia, permanecen firmes en sus puestos.
Es el cuarto cambio que todo mundo espera, para que pueda hablarse de que hay un nuevo perfil en el Gabinete de Seguridad, y el área de Justicia.
Pero –¡oh!- los diputados, incluyendo los de oposición, acaban de ratificar apenas al titular de la Procuraduría, y ahora, en lugar de demandar su salida por que muchas cosas ahí no están funcionando, lo llaman a comparecer y lo peor, que estén dispuestos a escuchar sus disculpas.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
viernes, 28 de marzo de 2008
Periodistas: lentitud
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Termina marzo y el país se revuelve en controversias múltiples: políticas interpartidarias, de energéticos, seguridad pública, etcétera, y se pasa por alto lo que sucede en el medio periodístico, altamente vulnerable para ataques, intimidación e impunidad que pone en riesgo su ejercicio.
Por ello no debe pasarse por alto, la lentitud con que en Latinoamérica y el Caribe se investigan casos de asesinatos cometidos el año pasado.
Al finalizar 2007, sólo en 32 de los casos se había producido algún tipo de sentencia condenatoria, de acuerdo al Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas en el Período 1995-2005, por Motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística, publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La mayor cantidad se concentró en Colombia, Brasil y México, según la investigación realizada en este estudio. En Colombia, 75 reporteros fueron asesinados, y apenas en 7 de esos casos ha habido algún tipo de sentencia condenatoria. En cuanto a Brasil, de los 23 asesinatos contra comunicadores sociales, en sólo 9 se han dictado sentencias condenatorias.
De los 20 asesinatos de reporteros ocurridos en México, únicamente en 4 se han producido sentencias condenatorias. A su vez, en Guatemala no se habría producido sentencia condenatoria en ninguno de los 9 casos, mientras que en Haití, en tan solo 2 de los 6 casos se han dictado sentencias condenatorias.
El informe insta a los Estados miembros de la OEA a Otorgar Máxima Prioridad Política a Resolver la Impunidad en los Asesinatos, haciendo el recuento de que entre 1995 y 2005 fueron asesinados 157 comunicadores en 19 países de la región por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de su actividad.
En el estudio, la Relatoría Especial resalta, en general, que las investigaciones de estos asesinatos han sido excesivamente lentas.
La mayoría de las investigaciones –dice el organismo - presentan serias deficiencias en su desarrollo, enfrentan obstáculos y no han permitido el esclarecimiento de los hechos o arribar a sentencias condenatorias.
Según el reporte, en los 32 casos que han registrado algún tipo de sentencia condenatoria, éstas no siempre se han hecho efectivas, ni han necesariamente comprendido a todos los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos.
La Relatoría pide hacer investigaciones imparciales, serias y diligentes que resulten en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores materiales e intelectuales-, su captura, su enjuiciamiento y su sanción efectiva.
La OEA también sugiere fortalecer a las dependencias encargadas de investigar los asesinatos, que se remuevan los obstáculos que impiden el normal desarrollo de las investigaciones, así como que se garantice la seguridad de testigos, familiares de las víctimas, fiscales, jueces, y abogados.
Además, exhorta a los Estados a adoptar medidas para proteger a los reporteros amenazados para evitar que atenten contra sus vidas.
El diagnóstico ubica que hay formas sutiles de afectar la libertad de expresión en la zona, como por ejemplo: los procesos penales contra comunicadores, la asignación de publicidad oficial como premio o castigo según la línea editorial de los medios, la presión oficial a medios de comunicación, la asignación o revocación arbitraria de frecuencias radioeléctricas, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, y las afectaciones al pluralismo derivadas de monopolios , o concentración creciente, de propiedad en los medios de comunicación, ya sea por parte de Estados, de individuos o de empresas.
Lo anterior, manifiesta, “no nos debe hacer perder de vista que en las Américas se sigue matando a los periodistas, y que la gran mayoría de esos asesinatos quedan en la impunidad.”
La Relatoría acepta estar consciente que muchos asesinatos pueden provenir del narcotráfico, de otras formas del crimen organizado, de paramilitares y de grupos armados disidentes. Sin embargo, la investigación y sanción de los casos corresponde a los Estados, a través de sus tribunales y demás órganos competentes. La impunidad es responsabilidad de los Estados.
El estudio especial reconoce que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información.
Lo más grave es que la carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera, pueden tener el grave efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión.
El criterio para registrar los asesinatos que abarca este estudio se basó en crímenes cometidos por motivos que pudieran estar relacionados con esta actividad.
Al respecto, la Relatoría elaboró un cuadro preliminar con el nombre del periodista o comunicador asesinado, la fecha y el país donde ocurrió el crimen y una breve descripción de los hechos, en base a los informes anuales de la Relatoría Especial, al monitoreo diario que realiza a la situación de la libertad de expresión en la región, a los comunicados trimestrales, a la información recibida de los Estados y a la información pública manejada por organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
La Relatoría Especial resalta igualmente que en los años 2006, 2007 y en lo que va de 2008, ocurrieron en varios países de la región nuevos asesinatos de periodistas, por razones que pudieran estar relacionados con su trabajo, en un número que continúa siendo muy elevado.
Para quienes quisieran conocer la tabla con información proveniente del mencionado estudio especial, así como el Estudio completo, puede hacerlo en la siguiente dirección de Internet: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/AsesinatodePeriodistas.pdf
Tener ubicadas a la luz de este Informe las graves amenazas que se ciernen sobre el gremio, importa no sólo para quienes ejercemos esta actividad, sino también a la sociedad destinataria de nuestro trabajo porque la forma en que las instituciones de justicia tratan las agresiones revelan de algún modo la indefensión en que permanecen otros sectores menos visibles.
Si esto pasa con los periodistas, imagínense lo que sucede con los hombres del campo, los indígenas y otros estratos de la población que no tienen Relatoría especial.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
Termina marzo y el país se revuelve en controversias múltiples: políticas interpartidarias, de energéticos, seguridad pública, etcétera, y se pasa por alto lo que sucede en el medio periodístico, altamente vulnerable para ataques, intimidación e impunidad que pone en riesgo su ejercicio.
Por ello no debe pasarse por alto, la lentitud con que en Latinoamérica y el Caribe se investigan casos de asesinatos cometidos el año pasado.
Al finalizar 2007, sólo en 32 de los casos se había producido algún tipo de sentencia condenatoria, de acuerdo al Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas en el Período 1995-2005, por Motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística, publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La mayor cantidad se concentró en Colombia, Brasil y México, según la investigación realizada en este estudio. En Colombia, 75 reporteros fueron asesinados, y apenas en 7 de esos casos ha habido algún tipo de sentencia condenatoria. En cuanto a Brasil, de los 23 asesinatos contra comunicadores sociales, en sólo 9 se han dictado sentencias condenatorias.
De los 20 asesinatos de reporteros ocurridos en México, únicamente en 4 se han producido sentencias condenatorias. A su vez, en Guatemala no se habría producido sentencia condenatoria en ninguno de los 9 casos, mientras que en Haití, en tan solo 2 de los 6 casos se han dictado sentencias condenatorias.
El informe insta a los Estados miembros de la OEA a Otorgar Máxima Prioridad Política a Resolver la Impunidad en los Asesinatos, haciendo el recuento de que entre 1995 y 2005 fueron asesinados 157 comunicadores en 19 países de la región por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de su actividad.
En el estudio, la Relatoría Especial resalta, en general, que las investigaciones de estos asesinatos han sido excesivamente lentas.
La mayoría de las investigaciones –dice el organismo - presentan serias deficiencias en su desarrollo, enfrentan obstáculos y no han permitido el esclarecimiento de los hechos o arribar a sentencias condenatorias.
Según el reporte, en los 32 casos que han registrado algún tipo de sentencia condenatoria, éstas no siempre se han hecho efectivas, ni han necesariamente comprendido a todos los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos.
La Relatoría pide hacer investigaciones imparciales, serias y diligentes que resulten en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores materiales e intelectuales-, su captura, su enjuiciamiento y su sanción efectiva.
La OEA también sugiere fortalecer a las dependencias encargadas de investigar los asesinatos, que se remuevan los obstáculos que impiden el normal desarrollo de las investigaciones, así como que se garantice la seguridad de testigos, familiares de las víctimas, fiscales, jueces, y abogados.
Además, exhorta a los Estados a adoptar medidas para proteger a los reporteros amenazados para evitar que atenten contra sus vidas.
El diagnóstico ubica que hay formas sutiles de afectar la libertad de expresión en la zona, como por ejemplo: los procesos penales contra comunicadores, la asignación de publicidad oficial como premio o castigo según la línea editorial de los medios, la presión oficial a medios de comunicación, la asignación o revocación arbitraria de frecuencias radioeléctricas, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, y las afectaciones al pluralismo derivadas de monopolios , o concentración creciente, de propiedad en los medios de comunicación, ya sea por parte de Estados, de individuos o de empresas.
Lo anterior, manifiesta, “no nos debe hacer perder de vista que en las Américas se sigue matando a los periodistas, y que la gran mayoría de esos asesinatos quedan en la impunidad.”
La Relatoría acepta estar consciente que muchos asesinatos pueden provenir del narcotráfico, de otras formas del crimen organizado, de paramilitares y de grupos armados disidentes. Sin embargo, la investigación y sanción de los casos corresponde a los Estados, a través de sus tribunales y demás órganos competentes. La impunidad es responsabilidad de los Estados.
El estudio especial reconoce que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información.
Lo más grave es que la carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera, pueden tener el grave efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión.
El criterio para registrar los asesinatos que abarca este estudio se basó en crímenes cometidos por motivos que pudieran estar relacionados con esta actividad.
Al respecto, la Relatoría elaboró un cuadro preliminar con el nombre del periodista o comunicador asesinado, la fecha y el país donde ocurrió el crimen y una breve descripción de los hechos, en base a los informes anuales de la Relatoría Especial, al monitoreo diario que realiza a la situación de la libertad de expresión en la región, a los comunicados trimestrales, a la información recibida de los Estados y a la información pública manejada por organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
La Relatoría Especial resalta igualmente que en los años 2006, 2007 y en lo que va de 2008, ocurrieron en varios países de la región nuevos asesinatos de periodistas, por razones que pudieran estar relacionados con su trabajo, en un número que continúa siendo muy elevado.
Para quienes quisieran conocer la tabla con información proveniente del mencionado estudio especial, así como el Estudio completo, puede hacerlo en la siguiente dirección de Internet: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/AsesinatodePeriodistas.pdf
Tener ubicadas a la luz de este Informe las graves amenazas que se ciernen sobre el gremio, importa no sólo para quienes ejercemos esta actividad, sino también a la sociedad destinataria de nuestro trabajo porque la forma en que las instituciones de justicia tratan las agresiones revelan de algún modo la indefensión en que permanecen otros sectores menos visibles.
Si esto pasa con los periodistas, imagínense lo que sucede con los hombres del campo, los indígenas y otros estratos de la población que no tienen Relatoría especial.
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