Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Regresar de la región mixteca en la madrugada, después de la ceremonia del Grito, y tras un recorrido lluvioso por accidentada supercarretera, no es cosa anecdótica; pero enterarse a nuestra llegada, por cuestiones profesionales, de que pocos minutos antes en la ciudad de Morelia, Michoacán se habían producido dos atentados sangrientos, a nadie le permite conciliar el sueño.
La idea de alcanzar aunque ya de bajada una “noche mexicana”, se derrumba abruptamente ante el impacto de saber que en aquella entidad, los morelianos estaban impactados por el dolor y la incertidumbre que generan acciones armadas que buscan indudablemente atemorizar a la población y a las autoridades, y por supuesto, generar terror.
Además de que conforme pasaban los minutos – por virtudes de la red- nos enterábamos de los pormenores de la tragedia de nuestros hermanos michoacanos, a ésa hora despertamos a algunos compañeros y autoridades para indagar si Oaxaca no había sido presa de una situación similar, producto de los rumores que en esos momentos se esparcían en algunos medios nacionales.
Para nuestra tranquilidad, Oaxaca no había sido presa del terror; sin embargo, a dos cuadras de palacio de gobierno de Morelia, Michoacán, y en la plaza Melchor Ocampo, manos y mentes asesina hicieron estallar dos granadas de fragmentación, matando a 8 personas y causando heridas a más de un centenar de quienes en ese momento convivían sanamente celebrando el Grito de Independencia.
Casi al mismo tiempo en que el gobernador perredista Leonel Godoy terminaba de encabezar la ceremonia oficial, el rostro de Morelia cambió, pero también el del país en ese momento, porque no sólo el hedor de la violencia se esparció por todos los rincones del país y sus instituciones, sino sobre todo en la conciencia colectiva, que es donde estos actos deleznables buscan anidarse con la intención de paralizar a la sociedad.
Si de por sí el golpe económico que está cimbrando las bolsas de valores de todo el mundo, más los problemas políticos domésticos podían haber influido para que Felipe Calderón mostrara en la ceremonia un rostro compungido; las noticias procedentes de Morelia sin duda acabaron con cualquier noche de festejo; en las esferas federales, al menos.
En Oaxaca había una calma chicha, porque la noche del 15, con un fuerte dispositivo de seguridad en el zócalo de Oaxaca de Juárez, Ulises Ruiz Ortiz, dio el Grito de Independencia, en el edificio del ex palacio de gobierno, donde ya no despacha desde el inicio de su administración. Miembros de diversas corporaciones acordonaron el centro de la ciudad, ocasionando molestias a las familias que tradicionalmente se reúnen para convivir en esta fecha histórica.
Lo anterior, debido a que a unos pasos de ahí, en la Alameda de León, un pequeño grupo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, lanzaron consignas alusivas a este movimiento en una suerte de Grito alterno. Sin embargo, luego de 30 minutos de concentración, abandonaron el lugar sin mayores contratiempos.
Donde hubo algunos problemas fue en San Pablo Coatlán, en San Raymundo Jalpan y en la Villa de Etla, donde existen problema internos.
Salvo estos problemas, Oaxaca durmió en paz la noche del 15, cosa que permitió a funcionarios iniciar tarde el Desfile, casi al mediodía del martes, que acaso fue el más corto de que se tenga memoria. Hubo rechiflas de molestia cuando la comitiva oficial atropelló con sus “guaruras” a quienes en el zócalo ya habían apartado lugar. Pero esto, a ellos les tiene sin cuidado.
En la mente de muchos de quienes acudieron a mirar o acompañar a sus familiares al Desfile, estaba la tragedia de Michoacán de la que mucha gente que se amanece con las noticias de la radio o la televisión ya estaba enterada. La ausencia de periódicos matizaba la incertidumbre.
Tiene razón el arzobispo, don José Luis Chávez Botello: México es un país bañado en sangre, porque las fiestas patria se celebraron “en un país dividido y enfrentado, donde el crimen organizado por años se ha alimentado y fortalecido en la impunidad, la corrupción y en las injusticias.” Lamentablemente resultó profético, y también en el desesperado “Ya basta”, que pronunció en su homilía dominical. Ahora no son gritos de emancipación: son gritos de dolor.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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miércoles, 17 de septiembre de 2008
lunes, 15 de septiembre de 2008
Patria en crisis
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
El historiador, Enrique Florescano, dice que aún y cuando los mexicanos seguimos contando con la Bandera nacional, el Escudo y el Himno Nacional Mexicano, y en el imaginario colectivo prevalece la idea de Nación y Patria, los gobiernos y los actores políticos han ocasionado que dichos símbolos se empiecen a desvanecer y a casi evaporarse.
Esto es grave porque ahora, los gobiernos neoliberales que se han instalado desde Miguel de la Madrid, lejos están de defender conceptos como soberanía o los llamados intereses nacionales cuando se trata de decisiones internas y externas.
Como sucede en el tema del petróleo, o la cuestión alimentaria. El desdibujamiento de estos conceptos no sólo lo causa el abandono de posturas afirmativas en política exterior o de política económica, sino en la santificación de la globalidad, la ampliación de las fronteras y el universalismo vacío de contenido cultural.
En ocasión del 198 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia, y debido a la turbulencia en que vive el país, nunca está por demás remontarse a estos temas que para algunas generaciones resultan atávicos, pero que nos dan luces sobre nuestra situación actual.
Ya pronto vamos a cerrar la primera década del nuevo siglo, y México se encuentra en una encrucijada que no ha podido resolver porque los simientes de la cultura, las costumbres, las fiestas, incluso, están en constante confrontación con impulsos modernizadores que anteponen el interés, el dinero, el desarrollo tecnológico, tendientes a uniformar en el mercado global todas las venas de la sociedad.
A los jóvenes de hoy, ya no les emocionan las remembranzas un tanto idílicas sobre la lucha iniciada en 1810, no tanto por saber que apenas se iniciaba un larguísimo periodo de lucha que tendría un parteaguas, un siglo después, en el cisma de la Revolución Mexicana, sino porque el sistema educativo apela más a la destreza para el engranaje laboral que a forjar buenos ciudadanos, que conozcan y lean historia, que se les estimule la cultura de la lealtad, la moral republicana, la honestidad, la cultura de la democracia, la legalidad y el pluralismo.
Sólo conociendo la historia, como la suma de experiencias y contradicciones, podrán ser mejores ciudadanos y que no se vean avasallados por la imposición de culturas prevenientes de los imperios y la busca de la ganancia en todas sus actividades.
A pesar de que la Revolución de Independencia, dice Luis Villoro, no dejó de ser desdichada y sumió a la naciente nación en una crisis, debido a la lucha de facciones, asechanzas externas, divisionismos y desencanto social, no fue sino hasta el periodo de Reforma con Benito Juárez a la cabeza, para que renaciera la llamada Segunda Independencia, mediante la afirmación de la República.
Juárez como símbolo nacional es desdeñado ahora, al igual que los héroes nacionales como Miguel Hidalgo, quien con su estandarte en mano, la mañana del 16 de septiembre, contribuyó a identificar la imagen de la patria con la Virgen de Guadalupe. Incluso en el gobierno de Fox se le cortó un ala al escudo nacional y se quisieron hacer privados los cultos nacionales.
Pero sería hasta la etapa posterior a la Independencia cuando empezó a tomar forma el concepto de Estado Nación, democrática y laica, misma que sería retomada por Juárez en la lucha contra la invasión extranjera. Incluso Porfirio Díaz recrea los símbolos y emblemas históricos nacionalistas, afirma Florescano, quien ve en el proceso educativo impulsado por José Vasconcelos, y luego en los pintores Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, la idea de la patria creciente y valedera para las futuras generaciones.
Será hasta el general Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, quien acabe de identificar la idea de nación independiente que los demás gobiernos que le sucedieron se esmeraron en borrar atendiendo a los reclamos del mercado, pero debido sobre todo a la degradación de la clase política que en la etapa reciente no fue capaz de detener la creación de nuevos grupos de poder fácticos, más que institucionales, los cuales hoy deciden virtualmente el destino de la nación mexicana.
Estas reflexiones pueden ser oportunas ahora que esta noche en los pueblos, comunidades, en las ciudades de todo México, la gente se congrega ante el palacio, símbolo del poder político, a lanzar vivas y arengas a los héroes de la patria.
Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com
ERNESTO REYES
El historiador, Enrique Florescano, dice que aún y cuando los mexicanos seguimos contando con la Bandera nacional, el Escudo y el Himno Nacional Mexicano, y en el imaginario colectivo prevalece la idea de Nación y Patria, los gobiernos y los actores políticos han ocasionado que dichos símbolos se empiecen a desvanecer y a casi evaporarse.
Esto es grave porque ahora, los gobiernos neoliberales que se han instalado desde Miguel de la Madrid, lejos están de defender conceptos como soberanía o los llamados intereses nacionales cuando se trata de decisiones internas y externas.
Como sucede en el tema del petróleo, o la cuestión alimentaria. El desdibujamiento de estos conceptos no sólo lo causa el abandono de posturas afirmativas en política exterior o de política económica, sino en la santificación de la globalidad, la ampliación de las fronteras y el universalismo vacío de contenido cultural.
En ocasión del 198 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia, y debido a la turbulencia en que vive el país, nunca está por demás remontarse a estos temas que para algunas generaciones resultan atávicos, pero que nos dan luces sobre nuestra situación actual.
Ya pronto vamos a cerrar la primera década del nuevo siglo, y México se encuentra en una encrucijada que no ha podido resolver porque los simientes de la cultura, las costumbres, las fiestas, incluso, están en constante confrontación con impulsos modernizadores que anteponen el interés, el dinero, el desarrollo tecnológico, tendientes a uniformar en el mercado global todas las venas de la sociedad.
A los jóvenes de hoy, ya no les emocionan las remembranzas un tanto idílicas sobre la lucha iniciada en 1810, no tanto por saber que apenas se iniciaba un larguísimo periodo de lucha que tendría un parteaguas, un siglo después, en el cisma de la Revolución Mexicana, sino porque el sistema educativo apela más a la destreza para el engranaje laboral que a forjar buenos ciudadanos, que conozcan y lean historia, que se les estimule la cultura de la lealtad, la moral republicana, la honestidad, la cultura de la democracia, la legalidad y el pluralismo.
Sólo conociendo la historia, como la suma de experiencias y contradicciones, podrán ser mejores ciudadanos y que no se vean avasallados por la imposición de culturas prevenientes de los imperios y la busca de la ganancia en todas sus actividades.
A pesar de que la Revolución de Independencia, dice Luis Villoro, no dejó de ser desdichada y sumió a la naciente nación en una crisis, debido a la lucha de facciones, asechanzas externas, divisionismos y desencanto social, no fue sino hasta el periodo de Reforma con Benito Juárez a la cabeza, para que renaciera la llamada Segunda Independencia, mediante la afirmación de la República.
Juárez como símbolo nacional es desdeñado ahora, al igual que los héroes nacionales como Miguel Hidalgo, quien con su estandarte en mano, la mañana del 16 de septiembre, contribuyó a identificar la imagen de la patria con la Virgen de Guadalupe. Incluso en el gobierno de Fox se le cortó un ala al escudo nacional y se quisieron hacer privados los cultos nacionales.
Pero sería hasta la etapa posterior a la Independencia cuando empezó a tomar forma el concepto de Estado Nación, democrática y laica, misma que sería retomada por Juárez en la lucha contra la invasión extranjera. Incluso Porfirio Díaz recrea los símbolos y emblemas históricos nacionalistas, afirma Florescano, quien ve en el proceso educativo impulsado por José Vasconcelos, y luego en los pintores Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, la idea de la patria creciente y valedera para las futuras generaciones.
Será hasta el general Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, quien acabe de identificar la idea de nación independiente que los demás gobiernos que le sucedieron se esmeraron en borrar atendiendo a los reclamos del mercado, pero debido sobre todo a la degradación de la clase política que en la etapa reciente no fue capaz de detener la creación de nuevos grupos de poder fácticos, más que institucionales, los cuales hoy deciden virtualmente el destino de la nación mexicana.
Estas reflexiones pueden ser oportunas ahora que esta noche en los pueblos, comunidades, en las ciudades de todo México, la gente se congrega ante el palacio, símbolo del poder político, a lanzar vivas y arengas a los héroes de la patria.
Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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sábado, 13 de septiembre de 2008
Periodistas: protección de derechos
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Si se pudiera incluir en la currícula académica de las carreras de periodismo y ciencias de la comunicación la especialidad en agresiones, creo que podría generar especialistas en el género.
El sábado seis de septiembre, en el Club de Periodistas se reunieron varios colegas en el Primer Encuentro por la Defensa de los Periodistas.
El Encuentro se convocó bajo la premisa de que tres son los problemas principales que afectan a los profesionales de la comunicación: la inseguridad para el ejercicio periodístico, la autocensura y la impunidad.
Inseguridad creciente debido a que ninguna autoridad de procuración de justicia ha podido frenar las agresiones, ni mucho menos los crímenes y desapariciones. La respuesta, hasta ahora, ha sido la indiferencia traducida en una fiscalía especial achicada al máximo por carecer de un marco jurídico, de recursos para investigación y sin interlocución real con los periodistas.
La autocensura de medios y sus trabajadores, especialmente de los profesionales de la información, ha sido uno de los impactos inmediatos de la violencia.
En ese ambiente sigue creciendo la impunidad para lastimar más el libre flujo de la información, al periodismo y a sus públicos.
En principio, analizaron los pros y contras de la federalización de los delitos contra periodistas, a través de una legislación que no excluya la obligación de autoridades estatales para cumplir su compromiso de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio de esta profesión.
Los informadores denunciaron que hay una creciente inseguridad para el gremio debido a que las autoridades de procuración de justicia no han podido frenar las agresiones ni mucho menos los crímenes y desapariciones, por lo que emplazaron al Congreso a legislar en la materia.
La especialista Perla Gómez, Coordinadora de Libertad de Información-México, A.C., explicó que la Federalización por si sola no basta, porque no sólo se debe adicionar el Código Penal sino reformar la Ley Orgánica de la PGR donde se establezca que todos los ministerios públicos están obligados a investigar y agotar la línea periodística cuando el agraviado es un periodista, situación que hasta la fecha no ocurre.
Por su parte, David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló que "para federalizar los delitos contra periodistas se necesitan fórmulas especiales que les permita estar protegidos por la Federación".
Además de que "el hecho de que la Federación conozca de los delitos contra periodistas no resuelve el asunto porque tiene que ver con la capacidad del funcionario, instituciones a las que se le faculta, cómo se desarrollan las investigaciones, etcétera. Lo que tiene que fortalecerse, dijo, es la investigación".
Peña advirtió sin embargo, su preocupación de que al federalizar los delitos, las autoridades locales se laven las manos y dejen todo a la Federación.
El balance negativo en el Encuentro sobre agresiones a periodistas ocurridas en el primer semestre de 2008, no da lugar a dudas: hay un registro preliminar de 95 agresiones durante este periodo, casi el doble de los agravios registrados en el mismo periodo en 2007, entre los que destacan las agresiones físicas amenazas, asesinatos, atentados, detenciones, cateos y "levantones".
Los asistentes convocaron a una nueva reunión para este sábado 13 de septiembre donde continuarán con temas que quedaron pendientes como son: Mecanismos unitarios de observación de agravios a periodistas y formas de protección; formas de acción para superar las circunstancias de fragilidad profesional de las mujeres periodistas; formas unitarias para la profesionalización de los periodistas; y mecanismos unitarios de protección y solidaridad, entre otros.
Crearon un blog: www.encuentroperiodistas.blogspot.com y un correo electrónico para mantener la comunicación con los organizadores: encuentroperiodistas@gmail.com, entre los cuales destacan: Balbina Flores, Rogelio Hernández, Rogaciano Méndez, Marco Lara Klahr, Carlos Padilla, José Reveles y Alberto Witvrun.
Es significativo el interés por el tratamiento de estos temas entre pares, porque sólo así podrá irse afirmando la conciencia en el gremio de que la violencia siguen siendo un asunto que involucra a todos, y nosotros más que nadie debemos ajustar mecanismos de autodefensa y promoción de nuestros derechos como informadores.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Si se pudiera incluir en la currícula académica de las carreras de periodismo y ciencias de la comunicación la especialidad en agresiones, creo que podría generar especialistas en el género.
El sábado seis de septiembre, en el Club de Periodistas se reunieron varios colegas en el Primer Encuentro por la Defensa de los Periodistas.
El Encuentro se convocó bajo la premisa de que tres son los problemas principales que afectan a los profesionales de la comunicación: la inseguridad para el ejercicio periodístico, la autocensura y la impunidad.
Inseguridad creciente debido a que ninguna autoridad de procuración de justicia ha podido frenar las agresiones, ni mucho menos los crímenes y desapariciones. La respuesta, hasta ahora, ha sido la indiferencia traducida en una fiscalía especial achicada al máximo por carecer de un marco jurídico, de recursos para investigación y sin interlocución real con los periodistas.
La autocensura de medios y sus trabajadores, especialmente de los profesionales de la información, ha sido uno de los impactos inmediatos de la violencia.
En ese ambiente sigue creciendo la impunidad para lastimar más el libre flujo de la información, al periodismo y a sus públicos.
En principio, analizaron los pros y contras de la federalización de los delitos contra periodistas, a través de una legislación que no excluya la obligación de autoridades estatales para cumplir su compromiso de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio de esta profesión.
Los informadores denunciaron que hay una creciente inseguridad para el gremio debido a que las autoridades de procuración de justicia no han podido frenar las agresiones ni mucho menos los crímenes y desapariciones, por lo que emplazaron al Congreso a legislar en la materia.
La especialista Perla Gómez, Coordinadora de Libertad de Información-México, A.C., explicó que la Federalización por si sola no basta, porque no sólo se debe adicionar el Código Penal sino reformar la Ley Orgánica de la PGR donde se establezca que todos los ministerios públicos están obligados a investigar y agotar la línea periodística cuando el agraviado es un periodista, situación que hasta la fecha no ocurre.
Por su parte, David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló que "para federalizar los delitos contra periodistas se necesitan fórmulas especiales que les permita estar protegidos por la Federación".
Además de que "el hecho de que la Federación conozca de los delitos contra periodistas no resuelve el asunto porque tiene que ver con la capacidad del funcionario, instituciones a las que se le faculta, cómo se desarrollan las investigaciones, etcétera. Lo que tiene que fortalecerse, dijo, es la investigación".
Peña advirtió sin embargo, su preocupación de que al federalizar los delitos, las autoridades locales se laven las manos y dejen todo a la Federación.
El balance negativo en el Encuentro sobre agresiones a periodistas ocurridas en el primer semestre de 2008, no da lugar a dudas: hay un registro preliminar de 95 agresiones durante este periodo, casi el doble de los agravios registrados en el mismo periodo en 2007, entre los que destacan las agresiones físicas amenazas, asesinatos, atentados, detenciones, cateos y "levantones".
Los asistentes convocaron a una nueva reunión para este sábado 13 de septiembre donde continuarán con temas que quedaron pendientes como son: Mecanismos unitarios de observación de agravios a periodistas y formas de protección; formas de acción para superar las circunstancias de fragilidad profesional de las mujeres periodistas; formas unitarias para la profesionalización de los periodistas; y mecanismos unitarios de protección y solidaridad, entre otros.
Crearon un blog: www.encuentroperiodistas.blogspot.com y un correo electrónico para mantener la comunicación con los organizadores: encuentroperiodistas@gmail.com, entre los cuales destacan: Balbina Flores, Rogelio Hernández, Rogaciano Méndez, Marco Lara Klahr, Carlos Padilla, José Reveles y Alberto Witvrun.
Es significativo el interés por el tratamiento de estos temas entre pares, porque sólo así podrá irse afirmando la conciencia en el gremio de que la violencia siguen siendo un asunto que involucra a todos, y nosotros más que nadie debemos ajustar mecanismos de autodefensa y promoción de nuestros derechos como informadores.
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viernes, 12 de septiembre de 2008
Un año de tregua
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Este jueves 11 de septiembre fue una fecha emblemática para muchos sectores porque al tiempo de recordar el golpe militar contra el presidente Salvador Allende en Chile, en 1973, que frustró por un momento la idea de una vía pacífica al socialismo, se cumplieron 7 años de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, y para tranquilidad de los mexicanos, ya corrieron 365 días sin que el EPR realizara acciones de sabotaje contra instalaciones estratégicas del Estado mexicano.
Como se recordará, hace un año la organización armada hizo estallar varios ductos de Pemex en Veracruz y Tlaxcala, con incalculables pérdidas económicas y el desasosiego generado en la administración felipista.
El objetivo era, como lo sigue siendo por parte de la guerrilla, reclamar la aparición con vida de dos de sus integrantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. También sus familiares, que formaron un comité, acompañado por muchas organizaciones, desean verlos vivos.
Después de varios titubeos y posiciones contradictorias entre sectores del gobierno, finalmente se aceptó el ofrecimiento del grupo armado para que se integrara una Comisión de Mediación para negociar sobre las bases de que era fundamental que aparecieran sus dos militantes que no se hallan desde el 25 de mayo del 2007. Nunca se habló de dejar las armas, ni tampoco que habría una amnistía para quienes optaron por este camino en la búsqueda de transformaciones sociales para el país.
A regañadientes de los sectores duros del gobierno, se creó la Comisión, integrada por personalidades de salta solvencia moral, como el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y otros miembros de Servicios para la Paz.
Carlos Montemayor, en sendos artículos publicados la semana anterior en La Jornada, escribió parte de la historia de esta Comisión y las contradicciones que se han enfrentado por una serie de confusiones que ha tenido el gobierno, debido a su pretensión de negociar directamente con el Ejército Popular Revolucionario, sin conseguirlo.
Es preciso señalar, como lo comentaremos en este espacio mañana, donde damos cuenta de unas revelaciones hechas por Carlos Montemayor al respecto, que dicha comisión no tiene ningún trato directo con el EPR, pero tampoco el EPR tiene algún acercamiento con el Gobierno federal. Por ninguna vía. La mediación sólo se realiza a través de lo que se publica en los medios de comunicación. No sucede como en su momento en Chiapas, después del levantamiento zapatista en 1994, donde la negociación era visible a través de la CONAI y la COCOPA.
Ante la imposibilidad de acceder a los expedientes de la Procuraduría General de la República y la negativa del gobierno a que los comisionados indaguen directamente su paradero, en la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Información y Seguridad Nacional, las actividades de esta instancia surgida de la sociedad civil está en puntos suspensivos.
En lo único que se ha avanzado, además de que el EPR no realice acciones y tenga mejores espacios en la prensa, es en el reconocimiento del estatus de “desaparición forzada” de que fueron víctimas Edmundo y Gabriel por pate del Estado Mexicano. Pero de los eperristas, no hay ningún indicio relevante de que estén vivos, y nadie se responsabiliza de su desaparición.
Pero imagínense cómo estuviera el país si a lo largo de este año transcurrido, así como sucede con el narcotráfico y la delincuencia organizada, fuéramos testigos de más actos de sabotaje o incluso enfrenamientos con grupos rebeldes. El país estaría en una crispación total.
Desde el principio, ateniéndonos a los comunicados que difunde el EPR, los indicios sobre la desaparición de Edmundo y Gabriel apuntaban hacia el régimen de Ulises Ruiz, quien reiteradamente ha negado que alguna de sus corporaciones policiacas los hayan detenido.
Esto contrasta con las afirmaciones del grupo armado en el sentido de que ya no se les volvió a ver después que ambos realizaran un viaje al estado de Oaxaca. Nadie parece ceder y el gobierno federal se tarda en actuar: está paralizado. Y ya pasó un año.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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ERNESTO REYES
Este jueves 11 de septiembre fue una fecha emblemática para muchos sectores porque al tiempo de recordar el golpe militar contra el presidente Salvador Allende en Chile, en 1973, que frustró por un momento la idea de una vía pacífica al socialismo, se cumplieron 7 años de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, y para tranquilidad de los mexicanos, ya corrieron 365 días sin que el EPR realizara acciones de sabotaje contra instalaciones estratégicas del Estado mexicano.
Como se recordará, hace un año la organización armada hizo estallar varios ductos de Pemex en Veracruz y Tlaxcala, con incalculables pérdidas económicas y el desasosiego generado en la administración felipista.
El objetivo era, como lo sigue siendo por parte de la guerrilla, reclamar la aparición con vida de dos de sus integrantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. También sus familiares, que formaron un comité, acompañado por muchas organizaciones, desean verlos vivos.
Después de varios titubeos y posiciones contradictorias entre sectores del gobierno, finalmente se aceptó el ofrecimiento del grupo armado para que se integrara una Comisión de Mediación para negociar sobre las bases de que era fundamental que aparecieran sus dos militantes que no se hallan desde el 25 de mayo del 2007. Nunca se habló de dejar las armas, ni tampoco que habría una amnistía para quienes optaron por este camino en la búsqueda de transformaciones sociales para el país.
A regañadientes de los sectores duros del gobierno, se creó la Comisión, integrada por personalidades de salta solvencia moral, como el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, el escritor Carlos Montemayor y otros miembros de Servicios para la Paz.
Carlos Montemayor, en sendos artículos publicados la semana anterior en La Jornada, escribió parte de la historia de esta Comisión y las contradicciones que se han enfrentado por una serie de confusiones que ha tenido el gobierno, debido a su pretensión de negociar directamente con el Ejército Popular Revolucionario, sin conseguirlo.
Es preciso señalar, como lo comentaremos en este espacio mañana, donde damos cuenta de unas revelaciones hechas por Carlos Montemayor al respecto, que dicha comisión no tiene ningún trato directo con el EPR, pero tampoco el EPR tiene algún acercamiento con el Gobierno federal. Por ninguna vía. La mediación sólo se realiza a través de lo que se publica en los medios de comunicación. No sucede como en su momento en Chiapas, después del levantamiento zapatista en 1994, donde la negociación era visible a través de la CONAI y la COCOPA.
Ante la imposibilidad de acceder a los expedientes de la Procuraduría General de la República y la negativa del gobierno a que los comisionados indaguen directamente su paradero, en la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Información y Seguridad Nacional, las actividades de esta instancia surgida de la sociedad civil está en puntos suspensivos.
En lo único que se ha avanzado, además de que el EPR no realice acciones y tenga mejores espacios en la prensa, es en el reconocimiento del estatus de “desaparición forzada” de que fueron víctimas Edmundo y Gabriel por pate del Estado Mexicano. Pero de los eperristas, no hay ningún indicio relevante de que estén vivos, y nadie se responsabiliza de su desaparición.
Pero imagínense cómo estuviera el país si a lo largo de este año transcurrido, así como sucede con el narcotráfico y la delincuencia organizada, fuéramos testigos de más actos de sabotaje o incluso enfrenamientos con grupos rebeldes. El país estaría en una crispación total.
Desde el principio, ateniéndonos a los comunicados que difunde el EPR, los indicios sobre la desaparición de Edmundo y Gabriel apuntaban hacia el régimen de Ulises Ruiz, quien reiteradamente ha negado que alguna de sus corporaciones policiacas los hayan detenido.
Esto contrasta con las afirmaciones del grupo armado en el sentido de que ya no se les volvió a ver después que ambos realizaran un viaje al estado de Oaxaca. Nadie parece ceder y el gobierno federal se tarda en actuar: está paralizado. Y ya pasó un año.
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miércoles, 10 de septiembre de 2008
Libres de conciencia
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
No es nuevo, pero con encargados del Poder Judicial que nunca tuvieron carrera judicial, uno puede entender que existan jueces de consigna encargados de aplicar la “venganza” gubernamental contra quienes participaron en las manifestaciones y acciones de protesta en el año 2006, y en los meses siguientes.
Sólo así puede uno entender que después de 20 meses de lucha jurídica, encabezada por abogados y abogadas de la Limeddh, filial Oaxaca, generosamente patrocinados por el maestro Francisco Toledo, se haya logrado demostrar la inocencia de 51 personas que estuvieron sujetos a proceso penal, y que ahora, están en libertad absoluta.
En total fueron 143 detenidos de los cuales 92 resolvieron su situación jurídica antes que este otro grupo.
El Comité de Familiares de Desaparecidos y Presos políticos (COFADAPPO) dio a conocer que finalmente, el Juzgado Tercero de Distrito, otorgó el auto de libertad a estas víctimas restantes de la feroz represión, cristalizada en varios momentos clave del conflicto, pero particularmente después de la acometida para disolver la gran manifestación del 25 de noviembre.
Para llegar a este final feliz, aunque no del todo porque en los cuerpos y mentes de los liberados quedan amargas huellas de torturas en cárceles de máxima seguridad como la del Rincón Nayarit, tuvieron que coincidir diversos esfuerzos, desde quienes en la defensoría legal nunca flaquearon, hasta de quienes por la libertad de sus compañeros y familiares, se siguieron movilizando.
Los ex presos fueron juzgados pero finalmente declarados inocentes, de los delitos de sedición, daños por incendio, asociación delictuosa, ataques peligrosos y delitos cometidos contra funcionarios públicos.
Al agradecer públicamente a todos quienes de diversa manera abogaron por ellos, no dejaron de observar que a pesar de las sentencias emitidas por jueces de amparo, el Estado les inventó delitos que jamás pudo demostrar y mucho menos su responsabilidad penal.
Por esta situación, en dos ocasiones el Poder Judicial Federal concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. La primera vez mediante sentencia del 10 diez de abril de 2007.
“Sin embargo, la Secretaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula, a consigna del Ejecutivo persistió en el afán gubernamental de mantener como rehenes políticos a dichos procesados y volvió a dictar un segundo auto de formal prisión el 13 de julio de 2007, por otros delitos de sedición, daños por incendio, ataques peligrosos y delitos contra funcionarios públicos, todos por los mismo hechos, razón por la cual se interpuso un segundo juicio de Amparo mismo que protegió a 51 personas, en el que quedaron debidamente establecidas las violaciones a las garantías constitucionales de los detenidos.”
En el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos y garantías individuales que se vivieron en Oaxaca, las 92 personas procesadas por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula, tuvieron que enfrentar la fabricación de pruebas falsas, la coacción a pedir perdón al Gobierno para que los dejaran en libertad y la reclasificación de los delitos que la Jueza de Tlacolula, en dos ocasiones realizó por consigna, a sabiendas de que no existieron tales delitos.
Lo más grave, según relataron el lunes los ex carcelados, es que algunos de ellos, para ser liberados bajo fianza, fueron obligados a firmar cartas denostando la labor de la Limeddh y de su presidente, convirtiendo con esto a los procesados en verdaderos rehenes del Estado, es decir, en presas y presos políticos.
El desenlace jurídico de estas 51 personas, entre hombres y mujeres, confirma que nunca cometieron delito alguno, pero además, que como muchas voces lo han señalado, tanto el gobierno federal como el estatal siguen criminalizando la protesta social, queriendo dejar el mensaje de que con el Estado no se puede.
Que quien lo intente, sepa que si se salva de otros actos represivos, irá a la cárcel, o que por lo menos será procesado por delitos que nunca hubiera cometido.
Este es el grotesco rostro de la justicia y del poder en Oaxaca. Sin embargo, debemos congratularnos de que estén completamente libres y que no se hayan arrepentido de seguir empujando por los cambios que necesita Oaxaca. Pero estamos seguros que a pesar de haber estado presos, nunca tuvieron en cautiverio la conciencia social tan necesaria en estos tiempos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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ERNESTO REYES
No es nuevo, pero con encargados del Poder Judicial que nunca tuvieron carrera judicial, uno puede entender que existan jueces de consigna encargados de aplicar la “venganza” gubernamental contra quienes participaron en las manifestaciones y acciones de protesta en el año 2006, y en los meses siguientes.
Sólo así puede uno entender que después de 20 meses de lucha jurídica, encabezada por abogados y abogadas de la Limeddh, filial Oaxaca, generosamente patrocinados por el maestro Francisco Toledo, se haya logrado demostrar la inocencia de 51 personas que estuvieron sujetos a proceso penal, y que ahora, están en libertad absoluta.
En total fueron 143 detenidos de los cuales 92 resolvieron su situación jurídica antes que este otro grupo.
El Comité de Familiares de Desaparecidos y Presos políticos (COFADAPPO) dio a conocer que finalmente, el Juzgado Tercero de Distrito, otorgó el auto de libertad a estas víctimas restantes de la feroz represión, cristalizada en varios momentos clave del conflicto, pero particularmente después de la acometida para disolver la gran manifestación del 25 de noviembre.
Para llegar a este final feliz, aunque no del todo porque en los cuerpos y mentes de los liberados quedan amargas huellas de torturas en cárceles de máxima seguridad como la del Rincón Nayarit, tuvieron que coincidir diversos esfuerzos, desde quienes en la defensoría legal nunca flaquearon, hasta de quienes por la libertad de sus compañeros y familiares, se siguieron movilizando.
Los ex presos fueron juzgados pero finalmente declarados inocentes, de los delitos de sedición, daños por incendio, asociación delictuosa, ataques peligrosos y delitos cometidos contra funcionarios públicos.
Al agradecer públicamente a todos quienes de diversa manera abogaron por ellos, no dejaron de observar que a pesar de las sentencias emitidas por jueces de amparo, el Estado les inventó delitos que jamás pudo demostrar y mucho menos su responsabilidad penal.
Por esta situación, en dos ocasiones el Poder Judicial Federal concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. La primera vez mediante sentencia del 10 diez de abril de 2007.
“Sin embargo, la Secretaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula, a consigna del Ejecutivo persistió en el afán gubernamental de mantener como rehenes políticos a dichos procesados y volvió a dictar un segundo auto de formal prisión el 13 de julio de 2007, por otros delitos de sedición, daños por incendio, ataques peligrosos y delitos contra funcionarios públicos, todos por los mismo hechos, razón por la cual se interpuso un segundo juicio de Amparo mismo que protegió a 51 personas, en el que quedaron debidamente establecidas las violaciones a las garantías constitucionales de los detenidos.”
En el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos y garantías individuales que se vivieron en Oaxaca, las 92 personas procesadas por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula, tuvieron que enfrentar la fabricación de pruebas falsas, la coacción a pedir perdón al Gobierno para que los dejaran en libertad y la reclasificación de los delitos que la Jueza de Tlacolula, en dos ocasiones realizó por consigna, a sabiendas de que no existieron tales delitos.
Lo más grave, según relataron el lunes los ex carcelados, es que algunos de ellos, para ser liberados bajo fianza, fueron obligados a firmar cartas denostando la labor de la Limeddh y de su presidente, convirtiendo con esto a los procesados en verdaderos rehenes del Estado, es decir, en presas y presos políticos.
El desenlace jurídico de estas 51 personas, entre hombres y mujeres, confirma que nunca cometieron delito alguno, pero además, que como muchas voces lo han señalado, tanto el gobierno federal como el estatal siguen criminalizando la protesta social, queriendo dejar el mensaje de que con el Estado no se puede.
Que quien lo intente, sepa que si se salva de otros actos represivos, irá a la cárcel, o que por lo menos será procesado por delitos que nunca hubiera cometido.
Este es el grotesco rostro de la justicia y del poder en Oaxaca. Sin embargo, debemos congratularnos de que estén completamente libres y que no se hayan arrepentido de seguir empujando por los cambios que necesita Oaxaca. Pero estamos seguros que a pesar de haber estado presos, nunca tuvieron en cautiverio la conciencia social tan necesaria en estos tiempos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
lunes, 8 de septiembre de 2008
Libres de violencia
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Como es posible que en el seno del Congreso local se apruebe próximamente una legislación que esté acorde con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el legislativo federal en diciembre de 2006, varias organizaciones y organismos quieren, a través de este medio, advertir a legisladores de todos los partidos políticos a que no vayan a formular leyes contrarias a las beneficiarias de la misma.
Son organizaciones como el Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C., COPIL, A.C; Servicios del Pueblo Mixe, A.C.; Casa de las Mujeres Indígenas IKOOTS MODY; Comisión de Género de UCIZONI; CAMMI Juchitán, y Grupo 8 de Marzo, Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (MAPPA).
Las ideas que quieren compartir son las siguientes:
A la violencia hacia las mujeres que persiste en la entidad, dicen, se suman otro tipo de problemas que agudizan las formas de violencia o que dificultan que las mujeres sean atendidas.
Esto es el creciente empobrecimiento de miles de familias, la migración, los conflictos agrarios y políticos, la corrupción e impunidad en el sistema judicial y penal así como en las corporaciones policíacas, la falta de conocimiento y de respeto por parte de autoridades locales acerca de “nuestros derechos como mujeres indígenas y aún la falta de compromiso por parte de los DIF, el IMO e instituciones de salud”.
Aún cuando estas organizaciones tienen una experiencia de varios años en la dignificación de los pueblos, “somos iniciadoras en la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres y a nuestros espacios acuden mujeres que no tienen a dónde ir ni instituciones a las cuales recurrir.”
“En estos lugares somos la única opción para quienes viven en situación de violencia.” En este camino – argumentan- hemos recordado y practicado los acuerdos, la negociación como formas de resolver conflictos y también formas de aplicación de la justicia que busquen la rehabilitación de las personas que causan daño a las mujeres.
“Hemos analizado también que existen prácticas que no fortalecen la dignidad de las mujeres como la reparación del daño mediante pago o matrimonio con el agresor en caso de violación.
“En cuanto a la justicia que se imparte por las instituciones que aplican el derecho positivo, cuando hemos acudido nos enfrentamos a una visión diferente que: o penaliza sin rehabilitar o nos ofrece a las mujeres agredidas una conciliación que lejos de darnos seguridad, da la razón y mayor poder a los agresores con quienes convivimos.”
Refieren que en el Istmo de Tehuantepec, donde ha implementado el sistema de juicios orales y han cambiado las atribuciones del Ministerio Público, “observamos que la inmediatez con la finalidad de concluir lo más pronto posible un juicio, tiene varios inconvenientes para los casos de violencia hacia las mujeres o incluso en casos en los que las mujeres se ven involucradas como presuntas responsables de delitos.”
Y dado que la violencia familiar es tipificado como delitos no graves, el agresor rápidamente se ve absuelto de su responsabilidad.
También se da el caso de que los juicios no son públicos o se den en horarios en los que es difícil que haya otras personas, más allá de las directamente involucradas, lo que en el caso de las mujeres indígenas las pone en mayor vulnerabilidad.
Por lo anterior, hacen un llamado a quienes legislarán sobre la Ley estatal para que integren estas opiniones y se asegure una respuesta integral a la problemática de la violencia de género que en nuestro estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en homicidios a mujeres, y el tercer lugar en violencia que sufren las mujeres de manos de sus parejas.
En consecuencia, piden capacitar a jueces y agentes del Ministerio Público, para que apliquen la ley sin discriminación étnica ni de género.
Entender que la conciliación no puede ser incluida como mecanismo de atención a la violencia cuando ha habido incidentes que atenten contra la integridad o vida de las mujeres y menores de edad.
Piden aplicar en las clínicas comunitarias y todas las del sistema de salud, la norma 190 de atención a mujeres que viven violencia (o la que la sustituya) y se monitoree su aplicación.
Garantizar que las mujeres indígenas cuenten con traductoras o traductores que además de ser hablantes de su lengua tengan sensibilidad de género.
Se atienda de manera especial a las familias de migrantes que quedan en el desamparo, y que
Se integren en todos los municipios, previa sensibilización y acuerdos, instancias que atiendan la violencia familiar y de género.
En suma, no quisieran que en la Ley Estatal hubiera retrocesos a la legislación nacional, porque aquella se considera una ley de las más avanzadas de Iberoamérica.
La nueva legislación estipula un programa integral que distribuye claramente las competencias y obligaciones para los tres niveles del Estado y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que obliga al Estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
Incluye todos los tipos de violencia de género; psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja que en conjunto constituyen la violencia feminicida.
Obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra ellas, a los Congresos locales a legislar en la materia; a las autoridades a garantizar, mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación.
Incluye mecanismos de reparación del daño y establece claramente el delito de Estado ante omisiones de los servidores públicos, actos que obstaculicen el ejercicio de la libertad de las mujeres. Igualmente asegura y amplía el funcionamiento de los refugios para quienes han sido víctimas de violencia.
Una de las innovaciones que ya se ha puesto en práctica es la llamada Alerta de Violencia de Género que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Los legisladores locales tienen la palabra.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Como es posible que en el seno del Congreso local se apruebe próximamente una legislación que esté acorde con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el legislativo federal en diciembre de 2006, varias organizaciones y organismos quieren, a través de este medio, advertir a legisladores de todos los partidos políticos a que no vayan a formular leyes contrarias a las beneficiarias de la misma.
Son organizaciones como el Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C., COPIL, A.C; Servicios del Pueblo Mixe, A.C.; Casa de las Mujeres Indígenas IKOOTS MODY; Comisión de Género de UCIZONI; CAMMI Juchitán, y Grupo 8 de Marzo, Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (MAPPA).
Las ideas que quieren compartir son las siguientes:
A la violencia hacia las mujeres que persiste en la entidad, dicen, se suman otro tipo de problemas que agudizan las formas de violencia o que dificultan que las mujeres sean atendidas.
Esto es el creciente empobrecimiento de miles de familias, la migración, los conflictos agrarios y políticos, la corrupción e impunidad en el sistema judicial y penal así como en las corporaciones policíacas, la falta de conocimiento y de respeto por parte de autoridades locales acerca de “nuestros derechos como mujeres indígenas y aún la falta de compromiso por parte de los DIF, el IMO e instituciones de salud”.
Aún cuando estas organizaciones tienen una experiencia de varios años en la dignificación de los pueblos, “somos iniciadoras en la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres y a nuestros espacios acuden mujeres que no tienen a dónde ir ni instituciones a las cuales recurrir.”
“En estos lugares somos la única opción para quienes viven en situación de violencia.” En este camino – argumentan- hemos recordado y practicado los acuerdos, la negociación como formas de resolver conflictos y también formas de aplicación de la justicia que busquen la rehabilitación de las personas que causan daño a las mujeres.
“Hemos analizado también que existen prácticas que no fortalecen la dignidad de las mujeres como la reparación del daño mediante pago o matrimonio con el agresor en caso de violación.
“En cuanto a la justicia que se imparte por las instituciones que aplican el derecho positivo, cuando hemos acudido nos enfrentamos a una visión diferente que: o penaliza sin rehabilitar o nos ofrece a las mujeres agredidas una conciliación que lejos de darnos seguridad, da la razón y mayor poder a los agresores con quienes convivimos.”
Refieren que en el Istmo de Tehuantepec, donde ha implementado el sistema de juicios orales y han cambiado las atribuciones del Ministerio Público, “observamos que la inmediatez con la finalidad de concluir lo más pronto posible un juicio, tiene varios inconvenientes para los casos de violencia hacia las mujeres o incluso en casos en los que las mujeres se ven involucradas como presuntas responsables de delitos.”
Y dado que la violencia familiar es tipificado como delitos no graves, el agresor rápidamente se ve absuelto de su responsabilidad.
También se da el caso de que los juicios no son públicos o se den en horarios en los que es difícil que haya otras personas, más allá de las directamente involucradas, lo que en el caso de las mujeres indígenas las pone en mayor vulnerabilidad.
Por lo anterior, hacen un llamado a quienes legislarán sobre la Ley estatal para que integren estas opiniones y se asegure una respuesta integral a la problemática de la violencia de género que en nuestro estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en homicidios a mujeres, y el tercer lugar en violencia que sufren las mujeres de manos de sus parejas.
En consecuencia, piden capacitar a jueces y agentes del Ministerio Público, para que apliquen la ley sin discriminación étnica ni de género.
Entender que la conciliación no puede ser incluida como mecanismo de atención a la violencia cuando ha habido incidentes que atenten contra la integridad o vida de las mujeres y menores de edad.
Piden aplicar en las clínicas comunitarias y todas las del sistema de salud, la norma 190 de atención a mujeres que viven violencia (o la que la sustituya) y se monitoree su aplicación.
Garantizar que las mujeres indígenas cuenten con traductoras o traductores que además de ser hablantes de su lengua tengan sensibilidad de género.
Se atienda de manera especial a las familias de migrantes que quedan en el desamparo, y que
Se integren en todos los municipios, previa sensibilización y acuerdos, instancias que atiendan la violencia familiar y de género.
En suma, no quisieran que en la Ley Estatal hubiera retrocesos a la legislación nacional, porque aquella se considera una ley de las más avanzadas de Iberoamérica.
La nueva legislación estipula un programa integral que distribuye claramente las competencias y obligaciones para los tres niveles del Estado y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que obliga al Estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
Incluye todos los tipos de violencia de género; psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja que en conjunto constituyen la violencia feminicida.
Obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra ellas, a los Congresos locales a legislar en la materia; a las autoridades a garantizar, mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación.
Incluye mecanismos de reparación del daño y establece claramente el delito de Estado ante omisiones de los servidores públicos, actos que obstaculicen el ejercicio de la libertad de las mujeres. Igualmente asegura y amplía el funcionamiento de los refugios para quienes han sido víctimas de violencia.
Una de las innovaciones que ya se ha puesto en práctica es la llamada Alerta de Violencia de Género que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Los legisladores locales tienen la palabra.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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sábado, 6 de septiembre de 2008
Revocación de mandato
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
El 21 de agosto pasado, Georgina Morett de Milenio Diario, entrevistó al siempre controvertido y polémico Porfirio Muñoz Ledo, actual coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), instancia organizativa que incluye a representantes del PRD, PT y Convergencia para efectos de alianzas políticas y trabajo parlamentario.
Aunque a varios perredistas les provoca comezón, el liderazgo del FAP, desde su creación, recae en la figura de Andrés Manuel López Obrador.Éste primero propuso a Jesús Ortega y ahora a Muñoz Ledo para que coordine al FAP.
Todos los lunes, en la ciudad de México, hay reunión del Frente y a él acuden los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, los miembros del equipo cercano a López Obrador y varios políticos que son considerados para la toma de decisiones, en diversos temas. Van senadores y diputados cercanos a este círculo, especialmente escogidos por la relevancia que tienen en sus entidades federativas. Los que no asisten porque así se estableció desde el inicio, son los dirigentes de los partidos.
Pues bien, en la famosa entrevista, Muñoz Ledo declaró que el proyecto que plantea es que “primero, se tiene que acabar con el gobierno de Calderón” y que “lo urgente es la suspensión constitucional del mandato de Calderón, si no, el país se hunde”.
A raíz de esta declaración de alto impacto político, varios actores de la oposición, más que del gobierno, sobre el que iban dirigidas las palabras de Muñoz Ledo, comenzaron a reaccionar de manera virulenta, señalando al declarante que prácticamente estaba llamando a una insurrección violenta para derrocar al gobierno. Quienes más se han destacado en descalificar a Muñoz Ledo son Manlio Fabio Beltrones, aspirante del PRI a la presidencia en el 2012 y Guadalupe Acosta Naranjo, reconocido legal aunque no legítimamente, como presidente sustituto del PRD.
Le han dicho de todo: desde irresponsable por atentar así contra el Estado, hasta filibustero, porque en su agenda personal Muñoz Ledo incluye la salida de Calderón cuando los partidos – incluyendo al PRD- no se plantean esta medida.
Señalaron que Muñoz Ledo no es nadie para vaticinar que Felipe Calderón no va a terminar su gobierno y proponer su sustitución por cualquier medio.
Sin embargo, en sendas declaraciones periodísticas, Porfirio Muñoz Ledo ha dejado claro que en ningún momento planteó que ese relevo se diera por un derrocamiento que implicaría una subversión en México – derrocamiento que tendría que ser por la vía militar o popular, lo que sería “impensable, imposible e indeseable”-, sino por sustitución constitucional. Es decir, si existiera, propone la revocación de mandato, una figura jurídica, anhelo de diversos sectores sociales y políticos que no ha sido tomada en cuenta en las reformas constitucionales recientes. El plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, son mecanismos modernos que existen en otras democracias del mundo, incluso en algunas constituciones estatales, para refrendar o quitar el apoyo a un gobernante.
“Nadie ha hablado de insurrección, nadie ha hablado de motín ni de sublevación. Estamos hablando, que me perdone Felipe –Calderón–, de los mecanismos constitucionales para suspender el mandato, como la renuncia y se vale –renunció Pascual Ortiz Rubio, muy digno–. Mucha gente lo está pidiendo”, declaró el coordinador del FAP a Ciro Gómez Leyva, en su noticiario, declaraciones que reprodujo Milenio Diario.
Puesto el tema a debate, más por iniciativa de los medios que por los propios actores, Muñoz Ledo y Acosta Naranjo se han lanzado puyas verbales, lo que indica el grado de polarización que existe en la izquierda electoral, alimentada por la sempiterna disputa por la dirección partidista, pero sobre todo por la agenda particular de Nueva izquierda que no halla la forma de congraciarse con el panismo, pues de otro modo no se entendería la virulencia con que se comporta una de las piezas chuchistas apenas se menciona el término conclusión del mandato de Felipe Calderón.
Supuestamente la adscripción del PRD a una izquierda moderada, es una apuesta de Nueva Izquierda para recuperar los votos que el perredismo ha perdido; sin embargo, en el fondo se expresan los acomodos que este sector del perredismo pretende hacer primero para desmarcarse de la actitud beligerante de López Obrador en contra de las instituciones – pues los partidos políticos figuran entre ellas- con miras al proceso electoral en puerta, pero también se infiere, porque hay desesperación por correrse al centro del espectro político una vez que el mismo PRI se ha declarado socialdemócrata y el mismo PAN se pretende menos ortodoxo dentro de la derecha.
Lo que más ha molestado a la clase política a la que pertenece Acosta- quien por cierto es el “líder moral” de los “chuchos” oaxaqueños- es que se diga que “Calderón no tiene capacidad para cumplir con su mandato, porque es absolutamente incompetente”.
Para los críticos de Muñoz Ledo, es una exageración, incluso una provocación, que cuando están por cumplirse dos años del titubeante régimen, en el imaginario colectivo se empiece a sembrar la especie de que por las torpezas de su administración o los magros resultados en la lucha contra la delincuencia, se esté pensando en que Calderón no termine su sexenio.
Siempre polémico, sobrado en su esgrima verbal, puntilloso, Muñoz Ledo actuó así porque hay un grupo de reconocidos juristas que están por interponer un juicio penal contra el Ejecutivo Federal “por traición a la patria” a causa de las iniciativas de reforma petrolera que envió en abril pasado a la Cámara de Senadores y que se consideran violatorias a la Constitución. En ese grupo de abogados figuran el ex consejero electoral, Jaime Cárdenas Gracia, el ex diputado federal de Convergencia, Jesús González Schmall, quien fuera oficial mayor en el GDF en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas y Javier Patiño, ex funcionario de la PGR. Aparecen también ciudadanos como el comunicador Virgilio Caballero, entre otros.
Y otro recurso a presentarse en breve, es un proceso de juicio político para que se dé curso en la Cámara de Diputados por ataques a las instituciones constitucionales y también por despacho de los asuntos públicos, a partir del ánimo, en el caso de la propuesta petrolera, de violentar el régimen constitucional.
La denuncia formal ante la PGR estaría por que se inicie un procedimiento de investigación porque al estar violando el artículo 27 de la Constitución, se compromete la soberanía nacional o promueve su violación para alterar el patrimonio original de la nación y enajenarlo a favor de terceros extraños.
No sabemos en qué va a concluir el tema, y la suerte que corran, de presentarse, los recursos jurídicos contra Calderón. Pero por lo pronto, parece ponerse en el centro del debate la necesidad de que existan leyes que garanticen que si un gobernante es incompetente, haya forma de manifestarlo y que haya una consecuencia jurídica. Apenas se puso en cuestión el tema en Bolivia.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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ERNESTO REYES
El 21 de agosto pasado, Georgina Morett de Milenio Diario, entrevistó al siempre controvertido y polémico Porfirio Muñoz Ledo, actual coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), instancia organizativa que incluye a representantes del PRD, PT y Convergencia para efectos de alianzas políticas y trabajo parlamentario.
Aunque a varios perredistas les provoca comezón, el liderazgo del FAP, desde su creación, recae en la figura de Andrés Manuel López Obrador.Éste primero propuso a Jesús Ortega y ahora a Muñoz Ledo para que coordine al FAP.
Todos los lunes, en la ciudad de México, hay reunión del Frente y a él acuden los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, los miembros del equipo cercano a López Obrador y varios políticos que son considerados para la toma de decisiones, en diversos temas. Van senadores y diputados cercanos a este círculo, especialmente escogidos por la relevancia que tienen en sus entidades federativas. Los que no asisten porque así se estableció desde el inicio, son los dirigentes de los partidos.
Pues bien, en la famosa entrevista, Muñoz Ledo declaró que el proyecto que plantea es que “primero, se tiene que acabar con el gobierno de Calderón” y que “lo urgente es la suspensión constitucional del mandato de Calderón, si no, el país se hunde”.
A raíz de esta declaración de alto impacto político, varios actores de la oposición, más que del gobierno, sobre el que iban dirigidas las palabras de Muñoz Ledo, comenzaron a reaccionar de manera virulenta, señalando al declarante que prácticamente estaba llamando a una insurrección violenta para derrocar al gobierno. Quienes más se han destacado en descalificar a Muñoz Ledo son Manlio Fabio Beltrones, aspirante del PRI a la presidencia en el 2012 y Guadalupe Acosta Naranjo, reconocido legal aunque no legítimamente, como presidente sustituto del PRD.
Le han dicho de todo: desde irresponsable por atentar así contra el Estado, hasta filibustero, porque en su agenda personal Muñoz Ledo incluye la salida de Calderón cuando los partidos – incluyendo al PRD- no se plantean esta medida.
Señalaron que Muñoz Ledo no es nadie para vaticinar que Felipe Calderón no va a terminar su gobierno y proponer su sustitución por cualquier medio.
Sin embargo, en sendas declaraciones periodísticas, Porfirio Muñoz Ledo ha dejado claro que en ningún momento planteó que ese relevo se diera por un derrocamiento que implicaría una subversión en México – derrocamiento que tendría que ser por la vía militar o popular, lo que sería “impensable, imposible e indeseable”-, sino por sustitución constitucional. Es decir, si existiera, propone la revocación de mandato, una figura jurídica, anhelo de diversos sectores sociales y políticos que no ha sido tomada en cuenta en las reformas constitucionales recientes. El plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, son mecanismos modernos que existen en otras democracias del mundo, incluso en algunas constituciones estatales, para refrendar o quitar el apoyo a un gobernante.
“Nadie ha hablado de insurrección, nadie ha hablado de motín ni de sublevación. Estamos hablando, que me perdone Felipe –Calderón–, de los mecanismos constitucionales para suspender el mandato, como la renuncia y se vale –renunció Pascual Ortiz Rubio, muy digno–. Mucha gente lo está pidiendo”, declaró el coordinador del FAP a Ciro Gómez Leyva, en su noticiario, declaraciones que reprodujo Milenio Diario.
Puesto el tema a debate, más por iniciativa de los medios que por los propios actores, Muñoz Ledo y Acosta Naranjo se han lanzado puyas verbales, lo que indica el grado de polarización que existe en la izquierda electoral, alimentada por la sempiterna disputa por la dirección partidista, pero sobre todo por la agenda particular de Nueva izquierda que no halla la forma de congraciarse con el panismo, pues de otro modo no se entendería la virulencia con que se comporta una de las piezas chuchistas apenas se menciona el término conclusión del mandato de Felipe Calderón.
Supuestamente la adscripción del PRD a una izquierda moderada, es una apuesta de Nueva Izquierda para recuperar los votos que el perredismo ha perdido; sin embargo, en el fondo se expresan los acomodos que este sector del perredismo pretende hacer primero para desmarcarse de la actitud beligerante de López Obrador en contra de las instituciones – pues los partidos políticos figuran entre ellas- con miras al proceso electoral en puerta, pero también se infiere, porque hay desesperación por correrse al centro del espectro político una vez que el mismo PRI se ha declarado socialdemócrata y el mismo PAN se pretende menos ortodoxo dentro de la derecha.
Lo que más ha molestado a la clase política a la que pertenece Acosta- quien por cierto es el “líder moral” de los “chuchos” oaxaqueños- es que se diga que “Calderón no tiene capacidad para cumplir con su mandato, porque es absolutamente incompetente”.
Para los críticos de Muñoz Ledo, es una exageración, incluso una provocación, que cuando están por cumplirse dos años del titubeante régimen, en el imaginario colectivo se empiece a sembrar la especie de que por las torpezas de su administración o los magros resultados en la lucha contra la delincuencia, se esté pensando en que Calderón no termine su sexenio.
Siempre polémico, sobrado en su esgrima verbal, puntilloso, Muñoz Ledo actuó así porque hay un grupo de reconocidos juristas que están por interponer un juicio penal contra el Ejecutivo Federal “por traición a la patria” a causa de las iniciativas de reforma petrolera que envió en abril pasado a la Cámara de Senadores y que se consideran violatorias a la Constitución. En ese grupo de abogados figuran el ex consejero electoral, Jaime Cárdenas Gracia, el ex diputado federal de Convergencia, Jesús González Schmall, quien fuera oficial mayor en el GDF en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas y Javier Patiño, ex funcionario de la PGR. Aparecen también ciudadanos como el comunicador Virgilio Caballero, entre otros.
Y otro recurso a presentarse en breve, es un proceso de juicio político para que se dé curso en la Cámara de Diputados por ataques a las instituciones constitucionales y también por despacho de los asuntos públicos, a partir del ánimo, en el caso de la propuesta petrolera, de violentar el régimen constitucional.
La denuncia formal ante la PGR estaría por que se inicie un procedimiento de investigación porque al estar violando el artículo 27 de la Constitución, se compromete la soberanía nacional o promueve su violación para alterar el patrimonio original de la nación y enajenarlo a favor de terceros extraños.
No sabemos en qué va a concluir el tema, y la suerte que corran, de presentarse, los recursos jurídicos contra Calderón. Pero por lo pronto, parece ponerse en el centro del debate la necesidad de que existan leyes que garanticen que si un gobernante es incompetente, haya forma de manifestarlo y que haya una consecuencia jurídica. Apenas se puso en cuestión el tema en Bolivia.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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