Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Como producto de la desesperación del gobierno de Felipe Calderón por no poder contener la violencia y porque va perdiendo, lamentablemente, la guerra contra los cárteles, sus asesores le han recomendado hacer más fuertes las penas, especialmente contra secuestradores, construir más cárceles de alta seguridad y analizar la implantación de la pena de muerte.
Por imitación, gobiernos como el de Oaxaca le han seguido la corriente y han promovido reformas legales para alargar condenas. Pero muy poco hacen para prevenir la delincuencia.
La falta de análisis los hace perder de vista los avances que en otros países se están llevando a cabo a través de la llamada justicia alternativa, que no se opone al sistema penal común, sino que busca salidas para que no sea solamente el castigo contra quien delinque donde se cierre el círculo de la justicia.
En el país hay voces de la oposición, incluyendo el PRI, que muestran su desacuerdo con estas medidas. Pero como siempre, tienen que venir de fuera las experiencias para que nos indiquen que acentuar penas no resolverá el problema de la delincuencia, que tiene múltiples aristas, como la desigualdad social.
Un personaje que llamó la atención -en el Primer Congreso Internacional de Justicia Restaurativa que concluye este día en Oaxaca - fue el sheriff, Michael Hennessey, del Condado de San Francisco, California, elegido en ocho ocasiones para este cargo, por lo que ha permanecido al frente de esta oficina durante 29 años.
Hennessey se encarga de 6 cárceles en el condado, y a diario ve cómo entran y salen de prisión alrededor de 150 personas.
Uno de sus apuros principales es que todos estos reos van a salir y regresar a sus comunidades, pero pueden volver nuevamente a delinquir, por lo que sus empeños se han centrado en la aplicación de diversos programas de rehabilitación paralelos a la implantación de la justicia restaurativa.
Pues bien, el sheriff abogó por seguir buscando la llamada justicia alternativa para no imponer cadena perpetua y la pena de muerte que, dijo, no resuelven el problema de la violencia.
Afirmó que se ha comprobado que un 80 % de los internos que se someten a los programas de justicia restaurativa, ya no reinciden al salir de la cárcel.
A lo largo de 8 años, se ha comprobado, dijo el comisionado, que si un hombre sigue dentro de los programas mínimamente 120 días o más, tiene el 80 % menos de probabilidad de regresar a la cárcel por un delito de violencia.
El Programa para Resolver o Parar la Violencia, (por sus siglas en inglés), en el transcurso de un año incorpora a unas 500 personas de los dos mil internos de las cárceles a su cargo.
Para el comisionado no son suficiente las penitenciarías o los centros de reintegración para combatir la delincuencia; la prisión y castigo es sólo una parte, dijo, pero está convencido de que las cárceles pueden hacer más en la prevención de delitos y hacer las comunidades más seguras.
Ante las propuestas que implementa el sistema judicial mexicano, de alargar penas y discutir la aplicación de la pena de muerte, el sheriff Henessey expresó que lo prolongado de una condena refleja qué frustrada está la comunidad con un delito. Sin embargo, advirtió que esta es una decisión política que tiene que tomar el gobierno.
Señaló que en muchos estados de la Unión Americana se aplica la pena de muerte y también penas de vida en prisión sin posibilidad de salir con libertad condicionada, pero esto no ha parado con el homicidio o ha evitado los secuestros.
Para el sheriff californiano el encarcelamiento debe tener el efecto de evitar o parar delitos, para que los demás miembros de la sociedad no los cometan. Pero solo asusta a la gente que ya cumple con la ley, no asusta a los criminales.
Refirió que en varios estados de USA ya están desapareciendo la pena de muerte, porque va contra los derechos fundamentales del hombre, y confió que en México nunca se aplique porque es un fracaso para la humanidad.
Una gran experiencia la del señor Hennessey, que debe tomarse en cuenta. La pena de muerte no resuelve los problemas de delincuencia que padecemos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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viernes, 26 de septiembre de 2008
jueves, 25 de septiembre de 2008
Justicia restaurativa
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Con la participación de ponentes de Canadá, Sudáfrica, Ruanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y México, se realiza aquí en Oaxaca el Primer Congreso Internacional de Justicia Restaurativa, acto inaugurado por el presidente del Poder Judicial en el estado, Héctor Anuar Mafud. La apertura tuvo un detalle, como el de la donación de una pintura, donde el artista iguala en su imaginación a dicho político - y escritor de poemas-, con don Benito Juárez. ¡Hágame, el favor.
Como la publicista de Ulises Ruiz, Gisela Rubach, que lo proclamó el “Juárez del siglo XXI”. No vaya a ser que próximo a su jubilación política, Mafud pretenda ser por enésima ocasión aspirante a la gubernatura.
Salvo esta anécdota, que expresa de manera muy clara el modo personal de ejercer un cargo en Oaxaca, el encuentro se desarrolla con la perspectiva de que se compartan conocimientos y se conozcan los beneficios que para todo sistema de justicia tiene acrecentar este modelo que desde el año 2007 está puesto en práctica en los estados de Chihuahua y Oaxaca.
En este esfuerzo participan el Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), así como el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
Se dio a conocer que en Chihuahua y Oaxaca numerosos casos penales se han atendido por estos medios alternativos y restaurativos en el marco de la reforma en materia de justicia penal que prevé mecanismos alternativos para la solución de conflictos.
Incluso en Oaxaca hay 40 centros de mediación y un centro de Justicia restaurativa que depende de la Procuraduría, que ha atendido más de tres mil casos, la mitad de ellos por conciliación.
En lo que va del 2008, se dijo en el Congreso, aparte de los casos atendidos por mediación y conciliación, 182 casos han sido llevados a cabo aplicando este modelo; 83 de ellos han llegado a feliz término, y 96 casos restantes siguen en el proceso.
Según los expertos, Justicia Restaurativa es un proceso de diálogo entre las personas involucradas en un incidente ( víctima, ofensor, comunidad) y una persona con experiencia quien facilita la comunicación, brindando apoyo a las partes en transcurso del proceso restaurativo.
Contrario al manejo tradicional de enfocarse exclusivamente en culpar al ofensor, este modelo permite que la víctima pueda expresar a su agresor el daño emocional que le pudo causar con sus acciones, que este asuma su responsabilidad pero también que ambos tengan la oportunidad de sanarse.
Marinetta Cannito, del Proyecto de Impacto de Víctimas, del estado norteamericano de Virgina explicó que la justicia restaurativa es una manera diferente de ver el crimen y la justicia ante el sistema judicial y penal corriente que interpela a la sociedad no sólo sobre qué ley ha sido violada, quién cometió el delito y qué castigo se merece por ello.
Sino además, se responde, por las relaciones sociales que han sido violadas, indagando quién y cómo ha sido dañado. Se ocupa además sobre quién se tiene que ocupar de reparar el daño, cuáles son las obligaciones y responsabilidades del infractor y cómo se repara el daño causado a familiares y a la comunidad.
Algunos beneficios que brinda el manejo de estos casos son las necesidades de que las víctimas sean atendidas, que menos casos terminen con personas encarceladas prolongando la incertidumbre y trauma en la familia del recluso, y más aún, sobrepoblando el sistema carcelario.
A lo largo del Congreso expusieron su experiencia en el tema, incluso víctimas de delitos que han entrado a los programas que se ponen en práctica en algunos estados de la Unión Americana, como es el caso de Delia Ginorio.
Sobreviviente de violación, violencia intrafamiliar, incesto y abuso de criatura, ella dijo que a través de la justicia restaurativa se puede mostrar cómo sobrevivientes y víctimas pueden salir adelante. Cada sobreviviente y cada víctima, dijo, llevan un proceso muy distinto para sanarse, pero deben tomar una decisión para tener así el apoyo cuando se necesite, y aceptarlo.
Ya enterados de este sistema tan novedoso, hay que seguirle la pista.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Ernestreyesblogspot.com/
ERNESTO REYES
Con la participación de ponentes de Canadá, Sudáfrica, Ruanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y México, se realiza aquí en Oaxaca el Primer Congreso Internacional de Justicia Restaurativa, acto inaugurado por el presidente del Poder Judicial en el estado, Héctor Anuar Mafud. La apertura tuvo un detalle, como el de la donación de una pintura, donde el artista iguala en su imaginación a dicho político - y escritor de poemas-, con don Benito Juárez. ¡Hágame, el favor.
Como la publicista de Ulises Ruiz, Gisela Rubach, que lo proclamó el “Juárez del siglo XXI”. No vaya a ser que próximo a su jubilación política, Mafud pretenda ser por enésima ocasión aspirante a la gubernatura.
Salvo esta anécdota, que expresa de manera muy clara el modo personal de ejercer un cargo en Oaxaca, el encuentro se desarrolla con la perspectiva de que se compartan conocimientos y se conozcan los beneficios que para todo sistema de justicia tiene acrecentar este modelo que desde el año 2007 está puesto en práctica en los estados de Chihuahua y Oaxaca.
En este esfuerzo participan el Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), así como el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
Se dio a conocer que en Chihuahua y Oaxaca numerosos casos penales se han atendido por estos medios alternativos y restaurativos en el marco de la reforma en materia de justicia penal que prevé mecanismos alternativos para la solución de conflictos.
Incluso en Oaxaca hay 40 centros de mediación y un centro de Justicia restaurativa que depende de la Procuraduría, que ha atendido más de tres mil casos, la mitad de ellos por conciliación.
En lo que va del 2008, se dijo en el Congreso, aparte de los casos atendidos por mediación y conciliación, 182 casos han sido llevados a cabo aplicando este modelo; 83 de ellos han llegado a feliz término, y 96 casos restantes siguen en el proceso.
Según los expertos, Justicia Restaurativa es un proceso de diálogo entre las personas involucradas en un incidente ( víctima, ofensor, comunidad) y una persona con experiencia quien facilita la comunicación, brindando apoyo a las partes en transcurso del proceso restaurativo.
Contrario al manejo tradicional de enfocarse exclusivamente en culpar al ofensor, este modelo permite que la víctima pueda expresar a su agresor el daño emocional que le pudo causar con sus acciones, que este asuma su responsabilidad pero también que ambos tengan la oportunidad de sanarse.
Marinetta Cannito, del Proyecto de Impacto de Víctimas, del estado norteamericano de Virgina explicó que la justicia restaurativa es una manera diferente de ver el crimen y la justicia ante el sistema judicial y penal corriente que interpela a la sociedad no sólo sobre qué ley ha sido violada, quién cometió el delito y qué castigo se merece por ello.
Sino además, se responde, por las relaciones sociales que han sido violadas, indagando quién y cómo ha sido dañado. Se ocupa además sobre quién se tiene que ocupar de reparar el daño, cuáles son las obligaciones y responsabilidades del infractor y cómo se repara el daño causado a familiares y a la comunidad.
Algunos beneficios que brinda el manejo de estos casos son las necesidades de que las víctimas sean atendidas, que menos casos terminen con personas encarceladas prolongando la incertidumbre y trauma en la familia del recluso, y más aún, sobrepoblando el sistema carcelario.
A lo largo del Congreso expusieron su experiencia en el tema, incluso víctimas de delitos que han entrado a los programas que se ponen en práctica en algunos estados de la Unión Americana, como es el caso de Delia Ginorio.
Sobreviviente de violación, violencia intrafamiliar, incesto y abuso de criatura, ella dijo que a través de la justicia restaurativa se puede mostrar cómo sobrevivientes y víctimas pueden salir adelante. Cada sobreviviente y cada víctima, dijo, llevan un proceso muy distinto para sanarse, pero deben tomar una decisión para tener así el apoyo cuando se necesite, y aceptarlo.
Ya enterados de este sistema tan novedoso, hay que seguirle la pista.
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miércoles, 24 de septiembre de 2008
Tercer coloquio
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Con motivo de un aniversario más del ataque guerrillero contra el Cuartel Madera, en Chihuahua, que dio nacimiento a la Liga Comunista 23 de septiembre, la Coordinación Revolucionaria, integrada por cinco organizaciones guerrilleras, emitió su Manifiesto a la Nación Número 8.
En éste señalan que con el pretexto del ataque en contra de la población civil, el 15 de septiembre en Morelia, Felipe Calderón, “valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social”, intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias a fin de inhibir, y en última instancia aplastar, la movilización social que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua”.
Contrario a un acuerdo de sumarse a la tregua que ofreció el EPR hasta que sean presentados sus dos compañeros, al tiempo de seguir avanzando en la construcción de un frente más amplio, estas 5 organizaciones se reservan “el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario.”
Este posicionamiento revive un delicado flanco que no estaba en el panorama y mete de nuevo en estos temas al gobierno federal que ya no ve lo duro sino lo tupido en la concurrencia de problemas que lo mantienen ocupado, mismos que tienen que ver con la economía, el narcotráfico, la crisis de seguridad, los desarreglos en la clase política, etcétera.
Llama la atención también que hasta la guerrilla se refiera a los atentados de Morelia como propios de la ultraderecha y que encuentre el origen de la crisis en el tema de seguridad que enfrenta el gobierno de Calderón, en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado, y por tanto, en la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles ( federal, estatal y municipal), y al interior de los cuerpos policiacos y militares.
Mientras tanto, para fortuna nuestra, se anuncia en esta capital la tercera edición del Coloquio Oaxaca, un espacio de reflexión de temas más cercanos sin dejar de lado el contexto nacional.
TERCER COLOQUIO OAXACA
Con los antecedentes de los coloquios organizados en septiembre del 2005 y 2007, bajo los auspicios del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y de la revista Nexos, para este 2008 el Coloquio abordará el tema “Oaxaca, el legado del pasado, la realidad del presente, la promesa del futuro”.
En la convocatoria se afirma que después de la crisis política que tuvo lugar en el año 2006, es necesario reflexionar sobre los retos y las potencialidades de la entidad, sobre sus perspectivas inmediatas y futuras, y sobre las nuevas posibilidades de aglutinamiento y crecimiento social.
Con sesiones a celebrarse los días 26 y 27 de septiembre, en el teatro Macedonio Alcalá, además de la presencia de Enrique Florescano, José Woldenberg, Carlos Monsiváis y Francisco Toledo, participarán especialistas como Angel Iván Rivera Guzmán, María Isabel Grañén Porrúa, Sebastián van Doesburg, Alejandro de Ávila Blomberg, Michael Swanton y Juan Carlos Reyes Gómez, así como Ricardo Legorreta, Jorge Pech, María de los Ángeles Romero Frizzi, Rolando Cordera, Cornelio Martínez, Aníbal Gutiérrez y David Recondo.
Paralelo al Coloquio se presenta la exposición “Texto e Imagen: Documentos pictográficos de Oaxaca”.
Resalta el hecho de que en el patrocinio del Coloquio Oaxaca no participe ahora la UABJO con la amplitud que se esperaría en una casa de estudios comprometida con la inteligencia, como el año pasado.
¿Será que en lugar del fomento a la cultura ahora se vayan a distraer sus recursos en cuestiones de seguridad para contener los embates del porrismo, financiado por funcionarios embozados atrás de la Secretaría de Gobierno estatal, como se infiere ha sido el lamento recurrente del rector Torres Valdés?
Ha sido como siempre el esfuerzo del maestro Toledo el que salva el Coloquio con el apoyo del Grupo Nexos, de Héctor Aguilar Camín.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Con motivo de un aniversario más del ataque guerrillero contra el Cuartel Madera, en Chihuahua, que dio nacimiento a la Liga Comunista 23 de septiembre, la Coordinación Revolucionaria, integrada por cinco organizaciones guerrilleras, emitió su Manifiesto a la Nación Número 8.
En éste señalan que con el pretexto del ataque en contra de la población civil, el 15 de septiembre en Morelia, Felipe Calderón, “valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social”, intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco, calificando de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias a fin de inhibir, y en última instancia aplastar, la movilización social que se opone a la privatización de la educación, la salud y otros derechos sociales, y a la privatización de nuestros recursos, como son el petróleo, la energía eléctrica y el agua”.
Contrario a un acuerdo de sumarse a la tregua que ofreció el EPR hasta que sean presentados sus dos compañeros, al tiempo de seguir avanzando en la construcción de un frente más amplio, estas 5 organizaciones se reservan “el derecho de activar y desplegar iniciativas armadas contra las estructuras del gobierno neoliberal y del gran capital en el momento que lo consideremos necesario.”
Este posicionamiento revive un delicado flanco que no estaba en el panorama y mete de nuevo en estos temas al gobierno federal que ya no ve lo duro sino lo tupido en la concurrencia de problemas que lo mantienen ocupado, mismos que tienen que ver con la economía, el narcotráfico, la crisis de seguridad, los desarreglos en la clase política, etcétera.
Llama la atención también que hasta la guerrilla se refiera a los atentados de Morelia como propios de la ultraderecha y que encuentre el origen de la crisis en el tema de seguridad que enfrenta el gobierno de Calderón, en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado, y por tanto, en la estructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles ( federal, estatal y municipal), y al interior de los cuerpos policiacos y militares.
Mientras tanto, para fortuna nuestra, se anuncia en esta capital la tercera edición del Coloquio Oaxaca, un espacio de reflexión de temas más cercanos sin dejar de lado el contexto nacional.
TERCER COLOQUIO OAXACA
Con los antecedentes de los coloquios organizados en septiembre del 2005 y 2007, bajo los auspicios del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y de la revista Nexos, para este 2008 el Coloquio abordará el tema “Oaxaca, el legado del pasado, la realidad del presente, la promesa del futuro”.
En la convocatoria se afirma que después de la crisis política que tuvo lugar en el año 2006, es necesario reflexionar sobre los retos y las potencialidades de la entidad, sobre sus perspectivas inmediatas y futuras, y sobre las nuevas posibilidades de aglutinamiento y crecimiento social.
Con sesiones a celebrarse los días 26 y 27 de septiembre, en el teatro Macedonio Alcalá, además de la presencia de Enrique Florescano, José Woldenberg, Carlos Monsiváis y Francisco Toledo, participarán especialistas como Angel Iván Rivera Guzmán, María Isabel Grañén Porrúa, Sebastián van Doesburg, Alejandro de Ávila Blomberg, Michael Swanton y Juan Carlos Reyes Gómez, así como Ricardo Legorreta, Jorge Pech, María de los Ángeles Romero Frizzi, Rolando Cordera, Cornelio Martínez, Aníbal Gutiérrez y David Recondo.
Paralelo al Coloquio se presenta la exposición “Texto e Imagen: Documentos pictográficos de Oaxaca”.
Resalta el hecho de que en el patrocinio del Coloquio Oaxaca no participe ahora la UABJO con la amplitud que se esperaría en una casa de estudios comprometida con la inteligencia, como el año pasado.
¿Será que en lugar del fomento a la cultura ahora se vayan a distraer sus recursos en cuestiones de seguridad para contener los embates del porrismo, financiado por funcionarios embozados atrás de la Secretaría de Gobierno estatal, como se infiere ha sido el lamento recurrente del rector Torres Valdés?
Ha sido como siempre el esfuerzo del maestro Toledo el que salva el Coloquio con el apoyo del Grupo Nexos, de Héctor Aguilar Camín.
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martes, 23 de septiembre de 2008
Prevención contra la tortura
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Del 28 de agosto al 12 de septiembre pasados, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una visita a nuestro país como parte de su mandato de realizar giras periódicas a diferentes naciones y hacer recomendaciones a fin de proteger, de tortura y malos tratos, a las personas que se encuentran en cualquier lugar de detención.
El Subcomité tiene su origen en el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. Este protocolo fue firmado por México el 23 de Septiembre del año 2003 entrando en vigor el 22 de junio de 2006, razón por la cual es obligatorio para nuestro país.
En 1978, el comité suizo contra la tortura que actualmente es la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y la Comisión Internacional de Juristas, elaboraron un primer borrador sobre el Protocolo Facultativo, instrumento que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2002.
Cabe destacar que México introdujo la novedad de los Mecanismos Nacionales de visita en ese instrumento. Un requisito para que este protocolo entrase en vigor era que 20 estados partes debían de ratificarlo. Es así, que el 23 de mayo del 2006 se completaron estas ratificaciones cuando Honduras y Bolivia depositaron su ratificación en las sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
El Subcomité visitó ahora la Ciudad de México, el estado de México, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León; recibiendo información tanto de autoridades como de organizaciones civiles. Con toda esta información deberá hacer una evaluación de las diferentes problemáticas que propician la tortura en los centros de detención, identificar las causas estructurales que impiden su efectivo combate y formular recomendaciones para lograr la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el Informe se incluye lo observado por el Subcomité en todos los centros de reclusión, lo cual incluye estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos, cárceles, centros de detención de menores, instalaciones de policía, separos, casas de arraigo, etcétera.
Cuando estuvieron aquí los visitantes, faltaban unas horas para que sucedieran los hechos en el penal de Tijuana, donde entre el 13 y 16 de septiembre más de 20 internos fueron asesinados por elementos de la Policía Federal Preventiva sin que se haya acreditado que usaron armas para atacar, salvo algunos objetos para defenderse y reclamar algunos derechos como alimentación y agua, además de abusos contra mujeres y el asesinato de un recluso.
Este caso que no ha sido foco de atención mediático, es apenas un ejemplo de la brutalidad con que actúa la policía mexicana. En episodios como Atenco y Oaxaca, se denunciaron en su oportunidad maltratos que llegaron a niveles calificados como de tortura, frente a los cuales, ha sido insuficiente la denuncia de diversos organismos defensores de derechos humanos.
Ahora que en Oaxaca estuvieron los integrantes de la Subcomisión, resurgen las esperanzas de que el Informe que van a presentar contenga pruebas que repercutan en el castigo contra los autores materiales e intelectuales de estos abusos.
El informe al que hacemos alusión, tiene carácter de confidencial. Sin embargo el Estado visitado tiene la opción de hacer público el informe y sus recomendaciones. Por tanto, y dado que en México la tortura sigue siendo una práctica sistemática, organismos independientes como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todas y todos”, a la que pertenecen entre otros el Centro “Bartolomé Carrasco” de Oaxaca, exigieron al gobierno mexicano hacer pública dicha información.
Esto sería – afirman- una muestra de que existe voluntad por parte del Estado mexicano para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y servirá como un ejercicio de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía identificar las causas estructurales del problema, aportar para encontrar soluciones y poder monitorear el grado de cumplimiento que haga el gobierno federal, los gobiernos de los estados así como los municipios.
Después de la multiplicidad de Informes que organismos internacionales han realizado sobre Oaxaca, cuyos efectos no han sido sancionados lamentablemente por alguna instancia judicial interna, sigue pesando la desconfianza. Sin embargo, como digo líneas arriba, no hay que perder la esperanza.
Contactos. Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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ERNESTO REYES
Del 28 de agosto al 12 de septiembre pasados, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una visita a nuestro país como parte de su mandato de realizar giras periódicas a diferentes naciones y hacer recomendaciones a fin de proteger, de tortura y malos tratos, a las personas que se encuentran en cualquier lugar de detención.
El Subcomité tiene su origen en el Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. Este protocolo fue firmado por México el 23 de Septiembre del año 2003 entrando en vigor el 22 de junio de 2006, razón por la cual es obligatorio para nuestro país.
En 1978, el comité suizo contra la tortura que actualmente es la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) y la Comisión Internacional de Juristas, elaboraron un primer borrador sobre el Protocolo Facultativo, instrumento que fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2002.
Cabe destacar que México introdujo la novedad de los Mecanismos Nacionales de visita en ese instrumento. Un requisito para que este protocolo entrase en vigor era que 20 estados partes debían de ratificarlo. Es así, que el 23 de mayo del 2006 se completaron estas ratificaciones cuando Honduras y Bolivia depositaron su ratificación en las sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
El Subcomité visitó ahora la Ciudad de México, el estado de México, Jalisco, Oaxaca y Nuevo León; recibiendo información tanto de autoridades como de organizaciones civiles. Con toda esta información deberá hacer una evaluación de las diferentes problemáticas que propician la tortura en los centros de detención, identificar las causas estructurales que impiden su efectivo combate y formular recomendaciones para lograr la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el Informe se incluye lo observado por el Subcomité en todos los centros de reclusión, lo cual incluye estaciones migratorias, hospitales psiquiátricos, cárceles, centros de detención de menores, instalaciones de policía, separos, casas de arraigo, etcétera.
Cuando estuvieron aquí los visitantes, faltaban unas horas para que sucedieran los hechos en el penal de Tijuana, donde entre el 13 y 16 de septiembre más de 20 internos fueron asesinados por elementos de la Policía Federal Preventiva sin que se haya acreditado que usaron armas para atacar, salvo algunos objetos para defenderse y reclamar algunos derechos como alimentación y agua, además de abusos contra mujeres y el asesinato de un recluso.
Este caso que no ha sido foco de atención mediático, es apenas un ejemplo de la brutalidad con que actúa la policía mexicana. En episodios como Atenco y Oaxaca, se denunciaron en su oportunidad maltratos que llegaron a niveles calificados como de tortura, frente a los cuales, ha sido insuficiente la denuncia de diversos organismos defensores de derechos humanos.
Ahora que en Oaxaca estuvieron los integrantes de la Subcomisión, resurgen las esperanzas de que el Informe que van a presentar contenga pruebas que repercutan en el castigo contra los autores materiales e intelectuales de estos abusos.
El informe al que hacemos alusión, tiene carácter de confidencial. Sin embargo el Estado visitado tiene la opción de hacer público el informe y sus recomendaciones. Por tanto, y dado que en México la tortura sigue siendo una práctica sistemática, organismos independientes como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todas y todos”, a la que pertenecen entre otros el Centro “Bartolomé Carrasco” de Oaxaca, exigieron al gobierno mexicano hacer pública dicha información.
Esto sería – afirman- una muestra de que existe voluntad por parte del Estado mexicano para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y servirá como un ejercicio de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía identificar las causas estructurales del problema, aportar para encontrar soluciones y poder monitorear el grado de cumplimiento que haga el gobierno federal, los gobiernos de los estados así como los municipios.
Después de la multiplicidad de Informes que organismos internacionales han realizado sobre Oaxaca, cuyos efectos no han sido sancionados lamentablemente por alguna instancia judicial interna, sigue pesando la desconfianza. Sin embargo, como digo líneas arriba, no hay que perder la esperanza.
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lunes, 22 de septiembre de 2008
Inhibir inconformidad
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
En el marco del Foro Nacional “Construyendo caminos y articulando proyectos para la transformación política”, realizado aquí este fin de semana, varios de los participantes advirtieron el riesgo de que las campañas emprendidas por el Gobierno federal contra el crimen organizado puedan ser un argumento más para seguir criminalizando la protesta social e inhibir las inconformidades sociales.
Esto presupone un pesado ambiente para quienes actúan en el seno de la sociedad organizada y en los movimientos sociales.
Sobre todo a raíz de los atentados criminales del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que en momentos en que en hay una fuerte lucha por los derechos y la dignidad humana, refrendar políticas represivas en cuestiones de seguridad pública ponen en riesgo a la sociedad.
Lo que es evidente, señaló, es que con los ataques contra la población se inhibe cada día más la posibilidad de los ciudadanos a disfrutar los espacios públicos.
También llamó a observar el alcance del discurso presidencial cuando paralelo a los grupos del crimen organizado, también se refiere a otros grupos y organizaciones que generan inestabilidad social.
Estas señales ya se dieron en casos como en Oaxaca y Atenco, donde ha habido encarcelamientos, y persecución contra ciertos actores que generan “inestabilidad”.
Dolores González, de Servicios y Asesoría para la Paz consideró riesgoso que también se considere a los movimientos sociales, dado que en la definición de los estándares internacionales se establece que terrorista “es quien ejerce acciones de violencia o presión para forzar o presionar al Estado a que tome determinada decisión o a que oriente su acción en determinado sentido”.
Esto puede aplicarse arbitrariamente a las manifestaciones sociales, generando un escenario para la criminalización de la protesta.
Incluso voceros oficiales y comunicadores oficiosos hablan de que la disidencia no debiera expresarse, mucho menos actuar, para no generar mayor inestabilidad.
Cruzvillegas refirió que aún y cuando el gobierno de México ha suscrito 167 acuerdos y protocolos internacionales, pase por alto los llamados Acuerdos de Palermo que establece normas sobre cómo se debe preservar el espacio de lo público y combatir el crimen organizado.
Estos acuerdos señalan que la seguridad pública tiene que preservar el orden social y el Estado de Derecho, pero también la salvaguarda plena de todos nuestros derechos como personas.
Mediante una política económica que implique un desarrollo pleno de la sociedad para evitar la inseguridad; una política de desarrollo social de los sujetos de riesgo potencial como los jóvenes, los indígenas, los campesinos, es decir, personas altamente vulnerables en términos de empobrecimiento, y mediante políticas de derechos humanos para su salvaguarda.
Sin embargo, de cada 10 pesos que ejerce la administración federal, 8 son destinados a gastos de orden militar y de seguridad pública, y solamente un peso a políticas de desarrollo social, rural y económico. Esto contradice abiertamente las metas del Milenio que las Naciones Unidas han establecido para países en desarrollo como México.
“Si tenemos que pensar en cuestiones de salvaguarda en seguridad pública, también tenemos que pensar en cómo quitamos y reducimos la pobreza y cómo generamos modelos de desarrollo, regionales, sustentables, que permitan la plenitud del desarrollo humano”, dijo la activista.
A pregunta del auditorio, Dolores González manifestó su cautela sobre el caso Morelia, porque recordó que quienes han tenido cuidado de no utilizar el término terrorismo como definición para dichos actos son los propios militares, quizás porque estos tienen más claras las implicaciones de orden jurídico y de compromisos internacionales que tiene el Estado Mexicano sobre el tema.
Eréndira tal vez no lo quiso decir con todas sus letras, pero por la experiencia de quienes como ella han trabajado en la defensa de derechos humanos, hay fuerzas que se protegen en una parte no visible del Estado que pueden realizar estos actos deleznables y criminales para amedrentar a la población y justificar la intervención militar.
Otra lectura que poco se ha analizado en estos días, es que pudieran estar actuando grupos fascistas o derechosos para igualar la beligerancia del crimen organizado con las protestas sociales y “matar dos pájaros de un tiro.” Todas estas interrogantes siguen pesando en el ambiente.
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ERNESTO REYES
En el marco del Foro Nacional “Construyendo caminos y articulando proyectos para la transformación política”, realizado aquí este fin de semana, varios de los participantes advirtieron el riesgo de que las campañas emprendidas por el Gobierno federal contra el crimen organizado puedan ser un argumento más para seguir criminalizando la protesta social e inhibir las inconformidades sociales.
Esto presupone un pesado ambiente para quienes actúan en el seno de la sociedad organizada y en los movimientos sociales.
Sobre todo a raíz de los atentados criminales del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que en momentos en que en hay una fuerte lucha por los derechos y la dignidad humana, refrendar políticas represivas en cuestiones de seguridad pública ponen en riesgo a la sociedad.
Lo que es evidente, señaló, es que con los ataques contra la población se inhibe cada día más la posibilidad de los ciudadanos a disfrutar los espacios públicos.
También llamó a observar el alcance del discurso presidencial cuando paralelo a los grupos del crimen organizado, también se refiere a otros grupos y organizaciones que generan inestabilidad social.
Estas señales ya se dieron en casos como en Oaxaca y Atenco, donde ha habido encarcelamientos, y persecución contra ciertos actores que generan “inestabilidad”.
Dolores González, de Servicios y Asesoría para la Paz consideró riesgoso que también se considere a los movimientos sociales, dado que en la definición de los estándares internacionales se establece que terrorista “es quien ejerce acciones de violencia o presión para forzar o presionar al Estado a que tome determinada decisión o a que oriente su acción en determinado sentido”.
Esto puede aplicarse arbitrariamente a las manifestaciones sociales, generando un escenario para la criminalización de la protesta.
Incluso voceros oficiales y comunicadores oficiosos hablan de que la disidencia no debiera expresarse, mucho menos actuar, para no generar mayor inestabilidad.
Cruzvillegas refirió que aún y cuando el gobierno de México ha suscrito 167 acuerdos y protocolos internacionales, pase por alto los llamados Acuerdos de Palermo que establece normas sobre cómo se debe preservar el espacio de lo público y combatir el crimen organizado.
Estos acuerdos señalan que la seguridad pública tiene que preservar el orden social y el Estado de Derecho, pero también la salvaguarda plena de todos nuestros derechos como personas.
Mediante una política económica que implique un desarrollo pleno de la sociedad para evitar la inseguridad; una política de desarrollo social de los sujetos de riesgo potencial como los jóvenes, los indígenas, los campesinos, es decir, personas altamente vulnerables en términos de empobrecimiento, y mediante políticas de derechos humanos para su salvaguarda.
Sin embargo, de cada 10 pesos que ejerce la administración federal, 8 son destinados a gastos de orden militar y de seguridad pública, y solamente un peso a políticas de desarrollo social, rural y económico. Esto contradice abiertamente las metas del Milenio que las Naciones Unidas han establecido para países en desarrollo como México.
“Si tenemos que pensar en cuestiones de salvaguarda en seguridad pública, también tenemos que pensar en cómo quitamos y reducimos la pobreza y cómo generamos modelos de desarrollo, regionales, sustentables, que permitan la plenitud del desarrollo humano”, dijo la activista.
A pregunta del auditorio, Dolores González manifestó su cautela sobre el caso Morelia, porque recordó que quienes han tenido cuidado de no utilizar el término terrorismo como definición para dichos actos son los propios militares, quizás porque estos tienen más claras las implicaciones de orden jurídico y de compromisos internacionales que tiene el Estado Mexicano sobre el tema.
Eréndira tal vez no lo quiso decir con todas sus letras, pero por la experiencia de quienes como ella han trabajado en la defensa de derechos humanos, hay fuerzas que se protegen en una parte no visible del Estado que pueden realizar estos actos deleznables y criminales para amedrentar a la población y justificar la intervención militar.
Otra lectura que poco se ha analizado en estos días, es que pudieran estar actuando grupos fascistas o derechosos para igualar la beligerancia del crimen organizado con las protestas sociales y “matar dos pájaros de un tiro.” Todas estas interrogantes siguen pesando en el ambiente.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
sábado, 20 de septiembre de 2008
“Construyendo caminos..”
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Durante los días 19 y 20 de septiembre se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca el Foro Nacional “Construyendo Caminos y Articulando Proyectos para la Transformación Política. Los movimientos sociales en México”, organizado por varias organizaciones sociales y de la sociedad civil que pretenden en este esfuerzo de reflexión y análisis encontrar los elementos comunes que ligan a Oaxaca con los escenarios a nivel nacional y local.
Asimismo, tras la participación de personalidades del más diverso origen pero que coinciden en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos, tratan de hallar consensos sobre los ejes prioritarios de acción que actualmente se impulsan en las agendas sociales de las organizaciones y movimientos.
En la convocatoria establecen como objetivo generar un espacio de articulación de los distintos movimientos sociales que se expresan en el país, y por ende en Oaxaca para no seguir caminando aislados y sin una perspectivas común.
Este evento –afirman los promotores de organismos varios como el Espacio Civil, el Foro de los Pueblos Indígenas, Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, el colectivo Huaxyacac, etcétera- adquiere una enorme importancia no solamente por la situación de resistencia por la que atraviesa el pueblo oaxaqueño, sino por las experiencias de lucha de los diversos movimientos sociales en México.
El Foro que inició ayer, continúa este sábado en el auditorio del Centro de Pastoral, ubicado en la calle de Manuel García Vigil 702, del Centro Histórico. Se combina con un Tianguis de los Movimientos Sociales donde se exhiben y se venden productos elaborados por hombres y mujeres de diversas organizaciones comunitarias.
Este 19 de septiembre, fecha triste para el pueblo de México porque se cumplió un aniversario luctuoso del terremoto de 1985, dieron luz con su participación, Cándida Jiménez y Yolanda Bautista, la senadora Rosario Ibarra y Dolores González, así como Rocío Mejía, Carlos Beas y la maestra Eréndira Cruzvillegas Fuentes, esta última Relatora para Medios de Comunicación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Así también Sara Lovera, Adelfo Regino Montes y activistas de diversos movimientos como los campesinos que se oponen a la construcción de la presa “La Parota”, la sección 22 del SNTE, la APPO, y otros. Buscan ahondar sobre la situación de los diversos movimientos a nivel regional y nacional, así como analizar sus principales tensiones, contradicciones y alternativas.
También expusieron sus puntos de vista representantes de organizaciones como Educa, Enlace, Diversidades, Campo, y autoridades indígenas y organizaciones sociales.
Este sábado se espera la participación de representantes de Diversidades, la Limeddh, Flor y Canto, Ojo de Agua, el Instituto de la Naturaleza de Oaxaca, y otros que cerrarán el Foro con una relatoría y la presentación de una exposición pública donde se muestren las coincidencias encontradas en el rico intercambio de ideas entre múltiples posiciones, que contrario a lo que sucede con los partidos políticos, sí logran acuerdos sustantivos para que los movimientos encuentren los caminos adecuados para seguir generando procesos de cambio y transformación.
Es previsible que se expongan estrategias políticas y metodológicas para avanzar en una agenda común, respetando la diversidad de las organizaciones y organismos participantes.
Este encuentro tiene continuidad con esfuerzos anteriores de discusión política desde la sociedad civil que se promovieron en el año 2006, como el Foro Nacional “Construyendo democracia y gobernabilidad ” y la “Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Democracia, la Paz y la Justicia”.
El Foro se realiza en el marco de un escenario difícil porque Oaxaca es para muchos esa gran caja de resonancia nacional que exhibe el autoritarismo de Estado que se ejerce para acallar, principalmente por la fuerza, cualquier asomo organizativo independiente.
Sin embargo, junto a la conflictividad latente, misma que se expresó en el torrente del año 2006, permanece vigente una gran vitalidad de la sociedad que no ha sido derrotada, y esa es la gran enseñanza de este intenso periodo que ha vivido Oaxaca.
El Foro Nacional “Construyendo caminos y articulando proyectos para la transformación política”, es el mejor ejemplo de que Oaxaca está de pie. Como dice Serrat: “Al andar se hace camino… “
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Durante los días 19 y 20 de septiembre se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca el Foro Nacional “Construyendo Caminos y Articulando Proyectos para la Transformación Política. Los movimientos sociales en México”, organizado por varias organizaciones sociales y de la sociedad civil que pretenden en este esfuerzo de reflexión y análisis encontrar los elementos comunes que ligan a Oaxaca con los escenarios a nivel nacional y local.
Asimismo, tras la participación de personalidades del más diverso origen pero que coinciden en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos, tratan de hallar consensos sobre los ejes prioritarios de acción que actualmente se impulsan en las agendas sociales de las organizaciones y movimientos.
En la convocatoria establecen como objetivo generar un espacio de articulación de los distintos movimientos sociales que se expresan en el país, y por ende en Oaxaca para no seguir caminando aislados y sin una perspectivas común.
Este evento –afirman los promotores de organismos varios como el Espacio Civil, el Foro de los Pueblos Indígenas, Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”, el colectivo Huaxyacac, etcétera- adquiere una enorme importancia no solamente por la situación de resistencia por la que atraviesa el pueblo oaxaqueño, sino por las experiencias de lucha de los diversos movimientos sociales en México.
El Foro que inició ayer, continúa este sábado en el auditorio del Centro de Pastoral, ubicado en la calle de Manuel García Vigil 702, del Centro Histórico. Se combina con un Tianguis de los Movimientos Sociales donde se exhiben y se venden productos elaborados por hombres y mujeres de diversas organizaciones comunitarias.
Este 19 de septiembre, fecha triste para el pueblo de México porque se cumplió un aniversario luctuoso del terremoto de 1985, dieron luz con su participación, Cándida Jiménez y Yolanda Bautista, la senadora Rosario Ibarra y Dolores González, así como Rocío Mejía, Carlos Beas y la maestra Eréndira Cruzvillegas Fuentes, esta última Relatora para Medios de Comunicación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Así también Sara Lovera, Adelfo Regino Montes y activistas de diversos movimientos como los campesinos que se oponen a la construcción de la presa “La Parota”, la sección 22 del SNTE, la APPO, y otros. Buscan ahondar sobre la situación de los diversos movimientos a nivel regional y nacional, así como analizar sus principales tensiones, contradicciones y alternativas.
También expusieron sus puntos de vista representantes de organizaciones como Educa, Enlace, Diversidades, Campo, y autoridades indígenas y organizaciones sociales.
Este sábado se espera la participación de representantes de Diversidades, la Limeddh, Flor y Canto, Ojo de Agua, el Instituto de la Naturaleza de Oaxaca, y otros que cerrarán el Foro con una relatoría y la presentación de una exposición pública donde se muestren las coincidencias encontradas en el rico intercambio de ideas entre múltiples posiciones, que contrario a lo que sucede con los partidos políticos, sí logran acuerdos sustantivos para que los movimientos encuentren los caminos adecuados para seguir generando procesos de cambio y transformación.
Es previsible que se expongan estrategias políticas y metodológicas para avanzar en una agenda común, respetando la diversidad de las organizaciones y organismos participantes.
Este encuentro tiene continuidad con esfuerzos anteriores de discusión política desde la sociedad civil que se promovieron en el año 2006, como el Foro Nacional “Construyendo democracia y gobernabilidad ” y la “Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Democracia, la Paz y la Justicia”.
El Foro se realiza en el marco de un escenario difícil porque Oaxaca es para muchos esa gran caja de resonancia nacional que exhibe el autoritarismo de Estado que se ejerce para acallar, principalmente por la fuerza, cualquier asomo organizativo independiente.
Sin embargo, junto a la conflictividad latente, misma que se expresó en el torrente del año 2006, permanece vigente una gran vitalidad de la sociedad que no ha sido derrotada, y esa es la gran enseñanza de este intenso periodo que ha vivido Oaxaca.
El Foro Nacional “Construyendo caminos y articulando proyectos para la transformación política”, es el mejor ejemplo de que Oaxaca está de pie. Como dice Serrat: “Al andar se hace camino… “
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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viernes, 19 de septiembre de 2008
¿Unidad acrítica?
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
A lo mejor va a pasar mucho tiempo para que se digieran las causas del atentado con granadas de fragmentación – como las utilizadas en la guerra- en la ciudad de Morelia, causando dolor a los hermanos michoacanos. Igual será difícil determinar quién o quiénes fueron los autores y los motivos. Nadie que esté cuerdo podría reivindicar su autoría aún y cuando se infiere que fue la delincuencia organizada; por tanto, ningún grupo armado que busque reivindicaciones sociales.
Más allá de determinar si cae en la definición de terrorismo, o peor aún, narcoterrorismo, por los datos que están saliendo en las indagatorias, se pudiera advertir que un grupo, con esta condenable carnicería busca llamar la atención de las fuerzas del estado hacia Michoacán con el fin de perjudicar a sus contrarios.
Y al parecer lo han conseguido, porque Morelia y sus alrededores está copada por las fuerzas militares, y se ha iniciado una batida para dar con los responsables y castigarlos. Hasta ayer había algunos detenidos.
Lo lamentable del caso es que los atentados contra población civil inerme, ya nos alcanzaron en México, en una vorágine que no sabemos cuándo va a parar.
Para quienes a principios de año pronosticábamos que el 2008 se iba a significar por una extrema violencia como consecuencia de la campaña gubernamental contra los cárteles, y su añadido incremento de secuestros y ejecuciones, nos quedamos cortos.
Por otro lado, la reacción de Felipe Calderón apelando a la “unidad nacional” choca con la falta de legitimidad de su gobierno y la desconfianza de diversos actores políticos sobre el centro y beneficiario de dicho llamado.
De entrada descartan que la suma así, incondicional, sea con el Poder Ejecutivo Federal como centro neurálgico debilitado; porque este apoyo acrítico no es posible si precisamente Calderón no se ha distinguido para conciliar ni siquiera con sus adversarios políticos. El sector más agraviado es el que sigue a Andrés Manuel López Obrador, mismo que se expresa en varios gobiernos estatales- cerca está incluso Leonel Godoy, el gobernante michoacano- y en diputados y senadores.
El viejo discurso de unidad con reminiscencias priistas, no será la clave para conseguirlo, si a cambio no existe una efectividad en la estrategia de lucha contra la delincuencia, y si esta no ha sido consensada con las fuerzas que ahora se pretende que se sumen, así, a lo ciego.
PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN CHATINA
En la región Chatina en particular, los pueblos indígenas enfrentan abusos y graves violaciones de derechos humanos. Tienen una infinidad de problemas donde resaltan los vinculados a la propiedad y tenencia de la tierra, a la extracción y explotación de sus recursos naturales y a sus derechos democráticos de “usos y costumbres”.
Frecuentemente son sujetos de discriminación debido a su tradición, a su posición económica y en muchos casos, al desconocimiento del idioma español. Esto es visible en el marco de la procuración y administración de justicia y en el de la ejecución de la pena.
Por tal motivo, el Centro de Derechos Humanos y Asesoria a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) inaugurará este domingo 21 de septiembre, en Puerto Escondido, la Red de Protectores Pro-Derechos Humanos en Comunidades Indígenas.
Su finalidad es disminuir la violación a estos derechos en las comunidades indígenas más marginadas.
Cabe recordar que el 8 de marzo del 2005, 20 comuneros de diferentes pueblos de esta región fueron detenidos arbitrariamente en una manifestación pública en Puerto Escondido, siendo acusados del delito de rebelión. Así mismo, se tienen documentados diferentes casos de tortura, incursión del Ejército y diferentes cuerpos policíacos en comunidades indígenas chatinas quienes intimidan y detienen arbitrariamente a los habitantes de dicha región. Así como la desaparición forzada de Lauro Juárez, al finalizar el año 2007.
La Red de Protectores de Derechos Humanos de la región chatina contará con 20 defensores y defensoras de las comunidades de la región.
El día de la apertura de la Red, se espera la presencia de los titulares de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, del Procurador General de Justicia, de la Maestra Mariclaire Acosta, y Leonardo Alvarado, abogado de la Relatoria de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
A lo mejor va a pasar mucho tiempo para que se digieran las causas del atentado con granadas de fragmentación – como las utilizadas en la guerra- en la ciudad de Morelia, causando dolor a los hermanos michoacanos. Igual será difícil determinar quién o quiénes fueron los autores y los motivos. Nadie que esté cuerdo podría reivindicar su autoría aún y cuando se infiere que fue la delincuencia organizada; por tanto, ningún grupo armado que busque reivindicaciones sociales.
Más allá de determinar si cae en la definición de terrorismo, o peor aún, narcoterrorismo, por los datos que están saliendo en las indagatorias, se pudiera advertir que un grupo, con esta condenable carnicería busca llamar la atención de las fuerzas del estado hacia Michoacán con el fin de perjudicar a sus contrarios.
Y al parecer lo han conseguido, porque Morelia y sus alrededores está copada por las fuerzas militares, y se ha iniciado una batida para dar con los responsables y castigarlos. Hasta ayer había algunos detenidos.
Lo lamentable del caso es que los atentados contra población civil inerme, ya nos alcanzaron en México, en una vorágine que no sabemos cuándo va a parar.
Para quienes a principios de año pronosticábamos que el 2008 se iba a significar por una extrema violencia como consecuencia de la campaña gubernamental contra los cárteles, y su añadido incremento de secuestros y ejecuciones, nos quedamos cortos.
Por otro lado, la reacción de Felipe Calderón apelando a la “unidad nacional” choca con la falta de legitimidad de su gobierno y la desconfianza de diversos actores políticos sobre el centro y beneficiario de dicho llamado.
De entrada descartan que la suma así, incondicional, sea con el Poder Ejecutivo Federal como centro neurálgico debilitado; porque este apoyo acrítico no es posible si precisamente Calderón no se ha distinguido para conciliar ni siquiera con sus adversarios políticos. El sector más agraviado es el que sigue a Andrés Manuel López Obrador, mismo que se expresa en varios gobiernos estatales- cerca está incluso Leonel Godoy, el gobernante michoacano- y en diputados y senadores.
El viejo discurso de unidad con reminiscencias priistas, no será la clave para conseguirlo, si a cambio no existe una efectividad en la estrategia de lucha contra la delincuencia, y si esta no ha sido consensada con las fuerzas que ahora se pretende que se sumen, así, a lo ciego.
PROTECTORES DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN CHATINA
En la región Chatina en particular, los pueblos indígenas enfrentan abusos y graves violaciones de derechos humanos. Tienen una infinidad de problemas donde resaltan los vinculados a la propiedad y tenencia de la tierra, a la extracción y explotación de sus recursos naturales y a sus derechos democráticos de “usos y costumbres”.
Frecuentemente son sujetos de discriminación debido a su tradición, a su posición económica y en muchos casos, al desconocimiento del idioma español. Esto es visible en el marco de la procuración y administración de justicia y en el de la ejecución de la pena.
Por tal motivo, el Centro de Derechos Humanos y Asesoria a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) inaugurará este domingo 21 de septiembre, en Puerto Escondido, la Red de Protectores Pro-Derechos Humanos en Comunidades Indígenas.
Su finalidad es disminuir la violación a estos derechos en las comunidades indígenas más marginadas.
Cabe recordar que el 8 de marzo del 2005, 20 comuneros de diferentes pueblos de esta región fueron detenidos arbitrariamente en una manifestación pública en Puerto Escondido, siendo acusados del delito de rebelión. Así mismo, se tienen documentados diferentes casos de tortura, incursión del Ejército y diferentes cuerpos policíacos en comunidades indígenas chatinas quienes intimidan y detienen arbitrariamente a los habitantes de dicha región. Así como la desaparición forzada de Lauro Juárez, al finalizar el año 2007.
La Red de Protectores de Derechos Humanos de la región chatina contará con 20 defensores y defensoras de las comunidades de la región.
El día de la apertura de la Red, se espera la presencia de los titulares de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, del Procurador General de Justicia, de la Maestra Mariclaire Acosta, y Leonardo Alvarado, abogado de la Relatoria de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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