Cuarto Informe

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Este sábado 15 de noviembre, Ulises Ruiz Ortiz enviará por escrito al Congreso del Estado, su IV Informe de Gobierno, en el que supuestamente dará cuenta de la situación que guarda la administración pública estatal.
Como se ha hecho costumbre, el lunes 17 ofrecerá un Mensaje por televisión, según se dice, para proporcionar una información puntual y clara de todos y cada uno de los programas, obras y acciones sociales emprendidas durante su mandato.
Esta es la información que anticipadamente ha difundido el gobierno estatal, misma que va de la mano de un torrente publicitario en las televisoras a nivel nacional – donde cada 20 segundos llegan a costar más de 300 mil pesos en horario estelar-, en las estaciones de radio comerciales, en las repetidoras de la radio estatal, en el canal 9 y en los medios de comunicación escritos y electrónicos, así como en los portales de internet.
Como la nueva ley en la materia permite que un funcionario se anuncie 7 días antes y siete días después de presentar un informe, Ulises está aprovechando al máximo esta oportunidad, sin que por ello repare en los gastos que al erario le causa, supuestamente apoyado en la idea de que la población está urgida de información de las actividades que realiza el Poder Ejecutivo.
Esta es la cuarta ocasión en que URO no acude a comparecer ante la representación popular que descansa en la Cámara de Diputados, y encarga para llevar el documento, al Secretario de Gobierno.
Es notoria la falta de interés de Ulises a dar la cara ante la ciudadanía y todo lo quiere resolver con intensivas campañas de imagen: de su persona y de su gobierno. Pretende acaso saldar la cuenta de estar cerca de la gente, mediante un mensaje televisado, pero nada más.
Muchos se preguntarán ¿de qué va a Informar Ulises?
Es cierto que con recursos de la Federación – pues los fondos locales son precarios por no decir nulos, si comparamos las aportaciones fiscales de Oaxaca con las de Nuevo León, por ejemplo- se han logrado avances en obras de infraestructura carretera, ciertos apoyos para el campo, en salud y educación.
Sin embargo, basta recorrer el estado y saber que un 70 % de los municipios no tienen comunicación por una carretera pavimentada y que hay miles de localidades que sobreviven con caminos maltrechos que constantemente sufren derrumbes mismos que ocasionan tragedias.
Hay casos donde funcionarios municipales reportan caminos acabados, que en realidad no son tales, como el de Santa Lucía Miahuatlán, donde acaban de morir 18 personas al desbarrancarse el vehículo en que viajaban.
Hay decenas de centros de salud que no tienen medicinas ni médicos permanentes; si acaso estudiantes y practicantes. Las escuelas están desastrosas, si no, que lo digan los maestros que constantemente marchan por mejoras físicas para los planteles.
El contraste son las obras de relumbrón en la capital del estado donde hasta pavimentan con cemento las principales arterias y remodelan parques y jardines. Sin embargo, nada más se recorre el libramiento hacia Santa Lucía o el del Río Atoyac por la zona oriente, uno puede constatar el abandono, la improvisación y la falta de interés en cumplirle a la ciudadanía.
Nadie puede sostener que Ulises ha cumplido con sus dos promesas principales: empleo y seguridad, porque los oaxaqueños se siguen yendo al norte para asegurar su supervivencia y la de los suyos, y porque cada vez vivimos en la incertidumbre; huérfanos de todo.
En Oaxaca están asentados los principales grupos de la delincuencia y los ciudadanos sabemos que no hay quien nos proteja de secuestros, levantones y amenazas contra quien apenas tiene un vehículo o un negocio. El sector turismo está devastado desde hace dos años.
Junto a todo esto y más que ensombrece el panorama, están los rezagos en materia de justicia y todos los agravios que siguen sufriendo los opositores al régimen. Esto se manifiesta en la existencia de presos políticos que todavía purgan condenas; asimismo, mediante el encarcelamiento de personas inocentes.
A pesar de que han pasado casi cuatro años de un completo divorcio entre sociedad y gobierno, la administración estatal sigue tan campante como si no pasara nada.
¿Entonces de qué va a informar Ulises?
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Presupuesto para Oaxaca

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Seguimos con atención el proceso que ha llevado a la aprobación de un Presupuesto de Egresos para el año próximo por más de 3 billones de pesos, como resultado del impulso que la oposición al PAN y al PRI le dio al sentido social del gasto.
La mayoría de diputados modificó de manera sustancial el proyecto enviado por el Ejecutivo, que no consideraba inversiones tan importantes como las que al final se aprobaron.
Aunque al en el Palacio Legislativo de San Lázaro hubo legisladores afines a Andrés Manuel López Obrador que mostraron su descontento, pues hubieran querido un presupuesto con mayor énfasis en temas como las pensiones, el campo y para apoyar la economía popular, el presupuesto aprobado no fue el deseable, sino el posible.
No debe por tanto desdeñarse la labor de legisladores del Frente Amplio Progresista que fueron imponiendo condiciones para que la mayoría de los aliados al régimen (PRI y PAN), aceptaran un presupuesto orientado a beneficiar a la mayoría de la población, aunque haya zonas donde pudieron avanzar y no pudieron.
Así, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 pretende “combatir la desigualdad y discriminación mediante una orientación del gasto que busca generar empleos a través de inversión productiva y en educación.”
Por lo que a los oaxaqueños concierne, habrá un incremento de 5 mil millones de pesos a los recursos que ejercerá el gobierno federal, quedando en más de 40 mil millones.
En entrevista realizada ayer mismo por Ixtli Martínez – en el 570 de am- al diputado federal Othón Cuevas resaltó que uno de los logros es el relacionado con el apoyo que desde el 2006 se otorga a los adultos mayores.
La novedad es que si antes se otorgaban mil pesos bimestrales a los hombres y mujeres de más de 70 años de localidades que no excedieran los 2, 500 habitantes ( luego se incrementó a las de 10 mil), para el 2009 serán considerados los de la tercera edad que vivan en poblaciones de hasta 30 mil habitantes, según los parámetros del INEGI.
Por tanto, comentó el legislador, podrían entrar poblaciones como Etla, Ocotlán, Zaachila, Ejutla, Tlacolula, Nochixtlán y decenas de localidades que antes no eran consideradas para este beneficio.
La idea de emular a nivel nacional lo que en tiempos del gobierno de López Obrador comenzó a hacerse en la ciudad de México – de apoyar a quienes tienen más de 60 años- la retomaron diputados y senadores del FAP para lograr que el Congreso tomara en cuenta a este sector de mexicanos. El gobierno de Calderón no tuvo otra que aceptar que la oposición tenía razón, aunque se negó abiertamente a que este apoyo se otorgara de manera universal, limitándolo a localidades pequeñas.
Pero poco a poco en el Poder Legislativo han avanzado los esfuerzos para ir ampliando el universo de beneficiarios. Incluso el senador Gabino Cué presentó un proyecto para que el apoyo a los adultos mayores sea considerado un derecho constitucional y resarcir en algo el aporte de estos mexicanos a través de su trabajo y esfuerzo.
El logro de ahora es mérito de los diputados con mayor compromiso social que estuvieron insistiendo en lograr este beneficio. De todos los partidos, pero por lo que toca a Oaxaca, especialmente a los del PRD, PT y Convergencia.
Destaca el fondo para la construcción de carreteras y los incrementos a la seguridad alimentaria que beneficia a entidades muy marginadas como Chiapas, Guerrero y Oaxaca; igual podemos decir de los rubros en salud y educación, cultura, turismo y seguridad pública, a pesar del subejercicio que por más de 100 millones arrastra la administración ulisista y que no tienen cómo justificar.
Los diputados han sido generosos con Oaxaca. Ahora falta , como dice Othón Cuevas – y también lo advierte Gabino Cué-, que el gobierno de Oaxaca responda con un ejercicio honesto, eficaz y transparente de los millonarios recursos, pues cualquier opacidad o desviación debe ser estrictamente castigada por los órganos de supervisión.
Se acerca el proceso electoral y hay que estar vigilantes de que los millonarios recursos no vayan a parar a la campaña electoral del PRI para recuperar las 9 diputaciones perdidas.
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Subejercicio en seguridad

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
¿Por qué razón algunos gobernadores exigen que en el Presupuesto 2009 se les asignen mayores recursos para gasto en seguridad, si cuando se les transfieren no los ejercen?
Una nota fechada el 10 de noviembre en el Periódico Reforma indica que en los nueve meses del año los estados del país no han ejercido el monto para seguridad que les entregó el Gobierno Federal. Sin embargo, ahora que se discutió la aprobación del Presupuesto los gobernadores han presionado para que les aumente el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública conocido como FASP.
De acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Hacienda, de enero a septiembre del 2008 las entidades federativas muestran un subejercicio en el FASP del 57 %, pues a los 32 estados se les ha entregado un monto total de 4 mil 672 millones 33 mil 629 pesos, pero sólo han ejercido 2 mil 46 millones 272 mil 93.
En promedio, 26 estados han invertido el 32 por ciento del total de recursos que debían gastar en nueve rubros: Formación y Profesionalización de las Corporaciones, Equipamiento, Programa de Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Combate al Narcomenudeo, Coordinación entre Corporaciones, Sistema Nacional de Atención y Denuncia Anónima, y Evaluación y Seguimiento de Casos.
Pese al subjercicio registrado, para el 2009 los gobernadores pidieron al Congreso aumentar el FASP de 6 mil 900 a 7 mil 500 millones de pesos, casi el 10 por ciento más de los proyectado originalmente por el Gobierno Federal. También exigen que se incremente el subsidio para la Seguridad Municipal en 20 por ciento para superar los 4 mil millones.
El Informe de Hacienda precisa que salvo 5 estados que ya gastaron el 100 por ciento, los demás no han ejercido los recursos.
Según los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que difunde el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, hacia el corte en el mes de junio, el 70 % de estos recursos no se habían ejercido; y en octubre, avanzaba lentamente al 57 %.
Es conveniente saber que el subejercicio en el estado de Oaxaca hasta el mismo mes era el siguiente: De 151 millones 549 mil 23 pesos entregados, sólo se habían ejercido 28 millones 427mil 357 pesos lo que representaba apenas el 19 por ciento.
Alguien tendrá que explicarle a los oaxaqueños por qué razón cuando faltan dos meses para que termine el año, hay más de 100 millones de pesos que no se han aplicado en algo tan fundamental para garantizar nuestra convivencia que es la seguridad pública y el combate a la delincuencia.
A raíz del incremento en la inseguridad, que se manifiesta en secuestro, levantones, crímenes y ataques contra ciudadanos e incluso contra los cuerpos de seguridad, diversos sectores de la sociedad presionaron para que los gobiernos de los tres niveles establecieran mecanismos de coordinación y acciones concretas contra la delincuencia organizada.
Tras el secuestro y muerte del hijo de un empresario, se estableció el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, en cuyo marco todos los involucrados debían aportar ideas, iniciativas y propuestas.
Hubo incluso compromisos de actividades concretas que debían cumplir los gobernadores en materia de iniciativas legales, combate a la impunidad, depuración de las policías, profesionalización de los cuerpos de seguridad, mecanismos de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno y ahondar en la cultura de la prevención y la denuncia.
En una reunión realizada en Cocoyoc, Morelos, en agosto pasado, el fallecido secretario de Gobernación les decía a los gobernadores presentes que la lucha contra el crimen organizado era una batalla que sólo se iba a ganar si a partir de una estrategia integral de largo plazo el gobierno federal, los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales asumían el mismo nivel de compromiso y de coordinación.
En Oaxaca dichos compromisos y acuerdos se fueron a la basura, si nos atenemos a la actitud negligente de la administración estatal para ejercer adecuadamente los recursos del FASP.
¿Habrá alguna sanción para los gobiernos que fallen a sus compromisos?
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El placer de leer

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Este 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro, establecido por decreto presidencial el 31 de octubre de 1979 para conmemorar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, como una forma de recordar a la escritora mexicana y al mismo tiempo, divulgar la importancia del libro a nivel nacional. Sor Juana fue una gran defensora del derecho a leer en tiempos difíciles.
En su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, advierte: “No me han dejado de ayudar a los muchos libros que he leído, así en divinas como en humanas letras”, y “lo que sólo he deseado es estudiar para ignorar menos que, según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras sólo para saber”.
Este día están de fiesta, de algún modo, las bibliotecas públicas de la Red Nacional que promueven con muy pocos recursos que los mexicanos y mexicanas se acerquen a la lectura.
En Oaxaca, este acontecimiento se celebra con una feria impulsada por libreros, empresas editoriales y algunas instituciones educativas y culturales sujetas a un programa en el que participan autores, se hacen presentaciones de libros, debates, lecturas en vivo y hasta obras de teatro.
Por una venturosa coincidencia, este 11 de noviembre se cumplieron 80 años del natalicio del escritor mexicano Carlos Fuentes, por lo que se realiza un Homenaje Nacional alternativamente en la Ciudad de México, Guadalajara y Veracruz. Entre las instituciones participantes figuran: la UNAM, Secretaría de Educación Pública, CNCA, Gobierno del Distrito Federal, el Colegio de México, FCE, la Feria del Libro de Guadalajara y editorial Alfaguara.
Miembro de una generación que tiene en Gabriel García Márquez a su mejor representante, Fuentes es uno de los escritores imprescindibles no sólo de América Latina, sino del mundo, al grado de que junto a importantes premios se le ha considerado merecedor del Premio Nobel de Literatura, galardón que se le ha negado, no así el Cervantes de Literatura, el Príncipe de Asturias, además de doctorados honoris causa entregados en universidades de varios países.
Fuentes alterna su labor editorial con artículos de opinión y ensayos para las principales publicaciones del mundo: lo mismo en “The New York Times” que en “Proceso”, “Reforma”, “El País”, o “The Guardian”. Sus textos, como sucede con Vargas Llosa o Tomás Eloy Martínez, son lectura obligada del mundo intelectual.
Sus seguidores y críticos se dividen entre quienes lo prefieren como escritor inagotable de novelas, cuentos, obras de teatro o guiones para cine, amén de otros textos literarios y periodísticos que como ensayista.
Sin embargo, nadie puede dudar de la maestría con que arma cada una de sus propuestas literarias y de su capacidad de estar produciendo día con día al cabo de por lo menos 60 años.
Les debo confesar que a Fuentes lo conocí literariamente a través del libro de cuentos Cantar de Ciegos, pero como todo adolescente de mi época por Las buenas conciencias, que trata de la vida de un joven de moral cristiana que busca liberarse del mundo familiar que lo aprisiona. Eran los años 70 y ya había leído la primera edición de Cien años de Soledad, de García Márquez, que publicó Editorial Sudamericana.
A lo largo de mi vida he andado cargando varios libros de Fuentes como La Muerte de Artemio Cruz que habla de la agonía de la revolución en el México asomado a la vida industrial, y La región más transparente, que no sé por qué siempre la comparo con la Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, pero que traza otro mundo distinto al que se asomaron los conquistadores. Termina con esta frase célebre que Cristina Pacheco retoma: “Aquí nos tocó vivir, qué le vamos a hacer”, expresión del México que llevamos en la imaginación pero que al mismo tiempo es tan real que varias décadas después sigue estando ahí, en nuestras narices.
No acabaríamos de citar obras señeras de nuestro octogenario Fuentes, pero además de Aura, que la describen como fundamental de la literatura mexicana, he disfrutado Cambio de piel, Gringo Viejo, y la novela policiaca La cabeza de la hidra. Por ello, nunca dejo de recomendar a Fuentes. Mucho más ahora en temporada de ferias. Todo sea por el placer de leer.
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Sin fichas

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Atribulado por la repentina muerte de su amigo, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, Felipe Calderón parece haberse quedado sin fichas en el tablero de la sucesión, pues antes que mirar hacia los leales y su círculo íntimo, prefiere nombrar en la dependencia a un personaje neutro para evitar envidias que lo sigan confrontando con sus propios correligionarios del PAN.
En su discurso del domingo, Calderón adelantó acaso lo que iba a anunciar a temprana hora del lunes, antes que abrieran los mercados.
Molesto porque el foxismo no se hizo presente en el homenaje a su amigo, en la sede nacional del PAN, Calderón fustigó hasta a los panistas por oponerse – algunos miembros destacados como Manuel Espino, por ejemplo- a las decisiones presidenciales.
El caso concreto: la forma en que el fallecido secretario operó el arribo sin contrincante de Germán Martínez a la presidencia nacional del PAN, haciendo uso de presiones a la burocracia política en forma de aplanadora, al viejo estilo priista. Quienes se opusieron a esta forma de hacer política, fueron prácticamente borrados del mapa. Algo similar operó Mouriño para despedir de manera humillante a Santiago Creel de la conducción del Senado.
Mucho habrá de decirse sobre el perfil que tiene el nuevo titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, egresado de la misma escuela que Calderón: la Libre de Derecho. En primer lugar, forma parte de un despacho de abogados que lo mismo defiende a inocentes que a quienes infringen la ley. Del profesionalismo de él y de sus socios nadie duda.
Muchos dirán que esta es la condición de los profesionales del derecho; sin embargo, al hombre público se le juzga hasta por sus antecedentes profesionales: nunca será lo mismo defender legalmente a víctimas de abusos o vulnerados de sus derechos humanos, que a criminales, aunque haya miles de justificaciones.
Hay sin embargo, en el PAN, profesionales del derecho que han sido brillantes tribunos y líderes parlamentarios que cuando Acción Nacional era oposición destacaron en la lucha por la democracia.
Hoy sin embargo, el grupo de Diego Fernández de Cevallos, gozne de negociación con el PRI, revive como el ave fénix, ya que igual como sucedió con Antonio Lozano Gracia, quien del despacho de Diego fue a parar a la Procuraduría General de la República, en tiempos de Ernesto Zedillo, otro cercano al “Jefe” es solicitado para dirigir la política interior del país.
Como parte del despacho de abogados penalistas donde figura Alonso Aguilar Zínzer, Julio Esponda – hijo del político oaxaqueño Julio Esponda Solana- Gómez Mont ha colaborado en casos polémicos como el de Raúl Salinas, Canal 40, Rogelio Montemayor, y otros, sobre los cuales hubo mucha controversia, ya que nunca se pudo disociar el entorno de corrupción y de tráfico de influencias que tenían estos personajes.
En descargo del nuevo habitante de la casona de Bucareli, se podría decir que se le debe juzgar a partir de su desempeño en su nueva responsabilidad, pero no debe olvidarse que la trayectoria de Gómez Mont, le ha permitido alternar – como su mentor, el “Jefe” Diego- su trabajo profesional con cargos públicos y políticos, sin que exista rubor alguno del propio PAN.
Fueron tantos los excesos del Jefe Diego, que se emitió una Ley que castiga el tráfico de influencias. Habrá que aplicarla, ya que por alguna extraña razón, en lugar de buscar a personajes con expediente limpio, Calderón se ha visto envuelto en sus propias decisiones.
Así sucedió con Mouriño y ha pasado con algunos otros, por lo que no puede ser diferente con Gómez Mont, ex diputado federal, miembro destacado del PAN e integrante de una familia de abolengo azul.
Una de las primeras tareas que enfrenta el nuevo encargado de la política interior, más allá de la interlocución que logre con los actores políticos y de las prendas personales que lo acompañen en temas como las reformas legales o la cuestión electoral, será deslindarse de cualquier asunto turbio al que esté ligado.
Parece que en dos años Calderón se cansó de jugarle a la sucesión adelantada, y ahora pone a un panista puro, que aparentemente no viene a mover las aguas sucesorias, porque el impacto del avionazo lo dejó sin fichas.
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“Razones de Estado”

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
La desigualdad económica y social que vivimos en México se refleja en el hecho que frente a los Funerales de Estado tributados a los miembros del gabinete fallecidos en sospechoso percance aéreo- lista encabezada por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación - en modestas funerarias se velaban también los restos mortales de las otras cinco víctimas que fallecieron en tierra.
Para ellos no hubo las palabras de reconocimiento y admiración pronunciadas por Felipe Calderón ante todo el gabinete, los tres poderes, el Ejército y la burocracia política.
En la revista Proceso de esta semana, como corresponde a un periodismo crítico e inteligente, se toca un flanco interesante sobre dicho accidente, destacando la hipótesis de que el desplome del avión pudiera ser consecuencia de un sabotaje. Recuérdese que viajaba José Luis Santiago Vasconcelos, funcionario de primer orden en la lucha contra el narco.
¿ De quién o de quiénes? ¿ O contra quién o quiénes? Esta incógnita jamás podría ser revelada ya que aunque las indagatorias conduzcan hacia estas sospechas, por “razones de Estado”, la muerte de 9 servidores públicos y de 5 ciudadanos pudiera quedar, como en otros hechos prominentes, en un caso cerrado. Si mucho, aceptarán errores técnicos, incluso humanos, pero jamás reconocerán que alguien atentó contra la vida de estas personas.
La falta de atención a víctimas que nunca en su vida hubieran imaginado que les iba a caer un avión encima, se refleja en la actitud discriminatoria otorgada a sus deudos a pesar de las menciones oratorias: como eran personas de a pie, no fueron incluidas en las pompas fúnebres.
Pero igual y no las necesitaban; en lo que la opinión pública está pendiente es que se les brinde toda la ayuda médica necesaria y que se les indemnice conforme a la ley, ya que ellos no asumieron el riesgo de subirse a un avión, sino que fueron víctimas circunstanciales.
La discriminación existente en México se revela en otros casos.
Por ejemplo, ante el secuestro del joven Fernando Martí, y su posterior muerte, hubo un gran despliegue informativo y resonancia en poderosos medios de comunicación. Como la víctima pertenecía a un círculo de personajes muy elevados a nivel económico, mucha gente se solidarizó y mostró su enojo, incluso con una megamarcha para exigir compromisos contundentes en la materia. Pero de muchos otros secuestrados que se suceden a lo largo y ancho del país, pocos ponen su atención.
Ahora, en este caso, poderosas razones tratan de disolver las dudas, a pesar de que la sociedad espera conclusiones veraces. Si como en materia de aeropuertos está comprobada la existencia de poderosos cárteles que incluso eliminaron a un alto mando de la SSP, todo es posible, incluso que hayan atentado contra la vida de Santiago Vasconcelos, sin importarles que con él viajara Mouriño.
Que haya sido una monstruosa reacción a la detención de importantes capos e incluso por el arresto de ex miembros de la SIEDO en cargos estratégicos en la lucha contra la delincuencia organizada, lo prefigura la angustia del propio Calderón y sus llamados a unificar a la clase política y a todos los sectores, porque sabe que esta es una lucha sin cuartel, donde pueden sobrevenir reacciones de toda índole. Darle a la sociedad seguridad de que no fue el narco, ni nada por el estilo, sino un lamentable accidente, es una cuestión urgente.
La desigualdad en el trato se aprecia en recurrentes accidentes carreteros donde decenas de personas han perdido la vida. Por ejemplo, en la muerte de 18 y 5 más que resultaron heridas en inmediaciones del Municipio de Santa Lucía Miahuatlán, el viernes pasado. Como son pobres, salvo las condolencias oficiales, muy pocos perciben que el mal estado de caminos, la falta de transporte adecuado y control de conductores irresponsables, son el origen de las tragedias.
Sorprende que algunos funcionarios se asombren del por qué viajaban tantos y en estas condiciones para realizar algunas compras, arriesgando incluso su vida. Pero así se vive en las comunidades, donde políticos y funcionarios sólo llegan en campaña. Pero muy poca atención les merecen para mejorar sus condiciones de existencia.
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Comité 25 de noviembre

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Ante situaciones de agresión y criminalización de la protesta social, intimidación contra defensores de derechos humanos y participantes del movimiento social oaxaqueño, a iniciativa del maestro Francisco Toledo, y con el apoyo de un gran número de intelectuales, artistas y mexicanos de buena fe, el 4 de diciembre de 2006 nació el Comité de Liberación 25 de noviembre.
Este comité ahora está integrado por abogados y abogadas, pero también por psicólogos (as) comunicólogos (as), antropólogos (as), historiadores (as), y sobre todo activistas y defensores de derechos humanos, quienes desde un principio asumieron la defensa jurídica de los que hasta ese momento habían sufrido detención arbitraria. Posteriormente, esta iniciativa independiente articuló esfuerzos a favor de otras personas procesadas a partir del conflicto y eventos que se dieron en el año siguiente.
La razón de esta acción que a lo largo de dos años ha rendido enormes frutos, es que los familiares de los detenidos no contaban con recursos económicos para cubrir los gastos de un abogado. Y los detenidos eran muchos, sobre todo las 139 personas que como consecuencia de la gran represión del 25 de noviembre, habían sido remitidas a penales de Tlacolula y Miahuatlán de Porfirio Díaz, pero que en un acto ilegal, fueron trasladados a un penal del estado de Nayarit, vulnerando aún más sus derechos a un debido proceso y violentándose sus derechos humanos.
Gracias al apoyo solidario de decenas de personas y organizaciones civiles solidarias, nacionales e internacionales, decenas de las víctimas de actos represivos han sido beneficiadas con el trabajo de acompañamiento y asesoría del comité, que este miércoles acaba de rendir su segundo informe de labores.
Siendo un actor clave en las denuncias sobre violaciones a los derechos fundamentales de los oaxaqueños y oaxaqueñas, el Comité ha sabido documentar con gran profesionalismo graves casos que se han denunciado ante organismos nacionales e internacionales, cosechando con ello una enorme credibilidad que es preciso reconocer, pues si no hubiera sido por esta labor muchos de los detenidos, procesados, víctimas de tortura y desaparición, estarían ahora en quién sabe qué situación.
El trabajo del Comité ha fructificado a través de la asesoría y defensa legal de otros casos como 5 personas detenidas el 20 de noviembre de 2006; la defensa de 14 detenidos en el crucero de Cinco Señores y de otra detenida el 26 de noviembre del mismo año. Asimismo, se asumió la defensa de 10 detenidos por un desalojo de familiares de presos ante el penal de Miahuatlán. De igual forma, se defendió a 18 de las 40 personas detenidas el día 16 de julio del 2007, así como se asesoran los casos de Lorenzo San Pablo, Pánfilo Hernández y Emilio Alonso Fabián, muertos en el marco del conflicto.
Hasta mayo pasado se acompañó el caso de Emeterio Marino Cruz, uno de los lesionados más graves que hasta la fecha sigue clamando justicia.
Entre las labores más importantes destacan la labor de interlocución de diversas instancias internacionales, ofreciendo pruebas y testimonios importantes, para promover acciones de justicia para las víctimas y que las agresiones no queden impunes.
Debido a actos de hostigamiento en contra de integrantes del comité, desde el 19 de junio del 2007 tienen a su favor medidas cautelares solicitadas por la CIDH para que se proteja su actividad, pero el gobierno mexicano no las ha implementado.
Importante ha sido sin duda la labor de apoyo directo a víctimas a través de asesoría médica y psicológica integral a varios de los detenidos, así como las funciones de comunicación que hacia la opinión pública ha desarrollado el comité para hacer visible esta problemática.
Ahora se anuncia una nueva etapa de trabajo jurídico, de apoyo a víctimas y de denuncia que se hará través de una denuncia colectiva de personas liberadas en contra de los cuerpos policiacos estatales y federales para que el Estado en su conjunto responda y asuma la responsabilidad que le corresponde por tanto agravio.
La campaña se llama “ Justicia para Oaxaca”, misma que esperamos cumpla las expectativas que sus promotores ( as) buscan, con el fin de atraer la solidaridad nacional e internacional de personas y organizaciones interesadas en sumarse a estas demandas en beneficio de viudas y familiares de las víctimas.
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