Tortura

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Por los hechos de tortura que sufrieron mujeres y hombres que fueron detenidos arbitrariamente por los distintos cuerpos de seguridad en los acontecimientos sociales que se han vivido en Oaxaca, este jueves, en la explanada de Santo Domingo, se realizó un acto denominado “Erradicando la tortura, una expresión pacífica de inconformidad.”
Esta referencia, tomada por diversos sectores de la sociedad civil oaxaqueña, es porque el 26 de junio corresponde al Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la tortura, proclamado el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dicha declaración fue ratificada en principio por 123 de 189 Estados, con la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.
Convencidos de que la tortura es uno de los más grandes abusos en contra de los Derechos Humanos, los países firmantes habían establecido en el año de 1987, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, convención que trabaja a favor de la abolición de esta práctica.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos que se han realizado a este respecto, más de la mitad de los países del mundo la siguen aplicando.
Con esto contravienen la Declaración de Derechos Humanos que en su artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En países más atrasados que los nuestros, cada año miles y miles de personas huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a torturas.
En América Latina, con el advenimiento de regímenes democráticos, el tema ya no oscurece el panorama de la convivencia social; sin embargo, en México, a pesar de la alternancia, la tortura es una práctica que se sigue empleando por diferentes fuerzas castrenses y de seguridad a niveles nacional y local.
Los abusos policiacos cometidos en San Salvador Atenco y en Oaxaca, han recibido amplia difusión y atención de organismos internacionales porque se ha incurrido en esta práctica.
En Oaxaca, como resultado del conflicto social agravado en el 2006, varias corporaciones aplicaron el uso indebido de la fuerza pública, extralimitándose en sus funciones y trasgrediendo los lineamientos jurídicos establecidos para la debida función de seguridad pública en el Estado.
Ante tales hechos, los sobrevivientes narran haber sido vejados y humillados desde el momento en que fueron privados de su libertad, durante su traslado a las cárceles y su estancia en los distintos penales a los que fueron llevados.
Muchos en un primer momento fueron enviados a Nayarit o a la Palma, y luego devueltos a penales de Oaxaca.
Aún ahora, se sospecha que los dos miembros del EPR desaparecidos el año pasado, si es que están vivos, pudieron haber sido sujetos de tortura, y por las consecuencias de ello, puede ser que no los presenten a la opinión pública.
Contra todo ello, se manifestaron ciudadanos oaxaqueños este jueves, porque si no se siguen denunciando estas prácticas que se aplican en contra de la disidencia, se estará abonando más en la impunidad en que desgraciadamente se amparan políticos y funcionarios que debieran estar en la cárcel y no beneficiándose de la protección de un sistema que premia a quienes atentan contra los derechos y libertades ciudadanas.

FORO: DERECHOS DE LOS PERIODISTAS

La Federación Internacional de l@s Periodistas y el Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional ( AFL- CIO México, llevarán a cabo este sábado 28 de junio en la capital oaxaqueña, el Foro sobre: “Los Derechos Humanos Laborales de Las y Los Periodistas: Perspectivas de México y los Estados Unidos, en un horario de las 9:00 a las 15: horas, en conocido hotel de la calle de Libres.

El objetivo del Foro – nos informa Benjamin Davis, representante en México de la FIP- es hacer un análisis de los derechos laborales y sindicales de los periodistas en México y sentar las bases para llevar a cabo una campaña regional para mejorar las actuales condiciones laborales de los periodistas.

L@s participantes en el foro son periodistas de la prensa escrita y electrónica, sin que necesariamente pertenezcan a un sindicato, sino en su mayoría son los periodistas freelance.

La agenda del evento consiste en una serie de presentaciones breves de periodistas quienes son activistas laborales (de los EEUU y México) y un asesor legal para estimular una conversación después, dónde los periodistas compartirán sus propias experiencias y análisis sobre las condiciones laborales en sus empresas.

Este foro es el segundo que realizan ambos organismos, con la idea de formar un diagnostico del estado de los derechos laborales en México y su conexión con los fenómenos de violencia contra periodistas y la violación de la libertad de expresión.

El Foro sería el primer esfuerzo por ligar los temas de violencia y negación de libertad de expresión a la condición laboral de los periodistas en México, por lo que los interesados pueden comunicarse con Ernestina Patiño al (55) 91-83-20-94 o a tpatino@solidaritycenter.org.

Esperemos que esta convocatoria cuente con la presencia de muchos periodistas y comunicadores.

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Periodismo, riesgos…

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Acaba junio con un país crispado en temas de seguridad pública, centrados por la enorme repercusión que tiene la ciudad de México, en la tragedia sucedida en un antro- como dicen ahora los jóvenes- en la delegación Gustavo A. Madero.
En una semana, los yerros en el operativo policiaco han hecho sucumbir al delegado político, mientras que Marcelo Ebrard tendrá que decidir hasta qué nivel aguanta las presiones para despedir al jefe de la policía, Joel Ortega.
En Oaxaca, las ambiciones de poder llegan a tal punto que al parecer, la propuesta de reforma constitucional presentada por la bancada del Partido de la Revolución Democrática tiene el objetivo primario de sondear entre las principales fuerzas que se mueven en la Cámara de diputados las posibilidades de dictaminar cambios cosméticos que beneficien a uno de los grupos que aspiran a retener el gobierno del estado.
Sus promotores, que son como el avestruz que entierra en la arena la cabeza pero deja al descubierto la larguísima cola, piensan que los demás son tontos presumiendo una procedencia de la reforma que no es tal; está plenamente identificado su principal promotor y el que se sentiría beneficiario para una eventual gubernatura de dos años. Un minigobernador, ni más ni menos. ¿ ya identificaron?
En el extremo de la sociedad civil, a iniciativa del Movimiento Ciudadano por Oaxaca, se realizó el Segundo Foro medios de comunicación “Cobertura de noticias en zonas de violencia”, con participantes de varios países, entre ellos Alemania, Colombia y México.
Entre ellos pudimos reconocer a Darío Fritz, representante en México de la Fundación Rory Peck y a José Buendía, director en México de la Fundación Prensa y Democracia, con quien el mes pasado coincidimos en otro foro relacionado con la prensa y cómo federalizar los delitos cometidos contra periodistas.
La iniciativa, les decía, animada por Francisco Reyes, busca que reporteros y trabajadores de los medios de comunicación locales asumamos con seriedad que el cubrimiento de información en zonas de conflicto debe tener una metodología, porque esto evita que se sufran represalias, amenazas y diversos tipos de agresión y agravios por parte de las partes que por lo menos en Colombia, tienen tanta beligerancia que se expresa en diversos grupos de control del territorio como son las FARC, los paramilitares y los narcotraficantes, además del Ejército y las diversas policías .
En otras partes del mundo también hay experiencias, que necesitamos no se repitan en México; por ello a nivel nacional en años recientes se han dado seguimiento a múltiples hechos que afectan a la libertad de expresión y al libre ejercicio de esta actividad.
En su mayoría, las comisiones poco ayudan a esclarecer casos; sin embargo, son punto de referencia para radicar quejas o denuncias. Está por ejemplo, la Fiscalía Especializada contra agresiones a periodistas que está tutelada por la PGR y en la cámara de diputados hay una comisión atenta, también de esta situación.
Los periodistas en general poco creemos que comisiones y fiscalías resuelvan los problemas que en cuanto a la inseguridad pende sobre la integridad de los profesionales de los medios; no será así hasta que el Estado mexicano asuma realmente un compromiso de garantizar condiciones de seguridad para todos quienes ejercemos esta actividad convertida en profesión.
En el foro sobre los derechos laborales de los periodistas a realizarse este sábado en un hotel de la calle de libres, veremos la otra cara de la moneda, la que tiene que ver con las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelven cientos y cientos de compañeros que no tienen el más mínimo respaldo de sus empresas para vivir de manera digna.
El segundo foro, concluido ayer por la tarde, contó con la participación además del reportero Jorge Octavio Ochoa del periódico El Universal, y de dos periodistas colombianas: Gloria Castrillón y Yuli García, quienes compartieron sus experiencias en su país y en México, la última es reportera de Denise Maerker y estuvo atenta al conflicto desatado hace dos años en Oaxaca; igual que Jorge Octavio, quien contó sus experiencias como enviado del rotativo capialino.
Perla Gómez Gallardo, especialistas en legislación sobre medios, cerró el ciclo inaugurado por el doctor Frank Priess, periodista alemán y director de la Fundación Konrad Adenauer, fundación que en Latinoamérica apoya diversos proyectos sobre comunicación y democracia como el que abriga medios para la Paz, un grupo de periodistas colombianos que han diseñado estrategias de autoprotección para evitar ser víctimas de la violencia.
Eso precisamente, es lo que hay prevenir: los riesgos que se corren por abrigar una profesión tan poco reconocida por la sociedad, pero que tantas satisfacciones produce.
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Reparación del daño

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ERNESTO REYES
Reino de la pederastia, después de Puebla y Quintana Roo, Oaxaca sigue siendo noticia de índole negativo; lo anterior se expresa en que el titular del Ejecutivo es de los tres gobernadores más conocidos del país. Pero no por sus buenas obras, sino todo lo contrario.
La semana pasada, sus panegiristas echaron las campanas al vuelo ante la difusión de encuestas, elaboradas por empresas serias. Lo que se niegan a reconocer, como dicen las mediciones, es que la mención de su nombre destaca por valores y percepciones negativas.
La noticia de la semana pasada, antes de lo que sucedió en Zaachila, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido una nueva recomendación sobre la omisión de funcionarios para procurar justicia en el caso de cuatro menores de edad, abusados en el Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en la Villa de Etla.
Por este caso, ya están detenidos el propietario del plantel, Domingo Ramírez y sus hijos Alejandro y Erick Ramírez Jiménez, así como la directora Margarita Jiménez ( es decir, casi toda la familia), como presuntos responsables de los delitos de violación agravada y pornografía infantil.
La CNDH expresó su preocupación porque las familias de los menores hallaron obstáculos tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Sexuales, por lo que recomienda a Ulises Ruiz no sólo garantizar la reparación del daño que incluya asistencia médica y psicológica, sino que además se auxilie a las víctimas y testigos, asegurando que no sufrirán represalias.
No deja de sugerir – aunque sabemos que esta buena intención la echarán a la basura- que se investigue a las autoridades ministeriales que incurrieron en actos de omisión que perjudicaron la plena acción de la justicia. Asimismo, que se verifique si existen condiciones de dignidad y seguridad para los menores que acuden a este plantel o de lo contrario que se proceda a su clausura.
Todo esto es lo que se pide en la recomendación, la segunda más reciente en casos de pederastia. Los abogados de los padres de familia ofendidos no creen que la actuación de la CNDH vaya a tener efectividad, como lo asegura incluso el secretario de Gobierno ulisista.
El ejemplo más claro está en que a la familia agraviada por el ataque contra uno de sus miembros, en el Instituto San Felipe, no ha recibido ningún beneficio por la recomendación emitida recientemente. Por el contrario, un juez cita de nuevo al menor a declarar sin considerar la afectación que se le provoque nuevamente. No hay reparación del daño, a pesar de que la Suprema Corte en una decisión histórica, atrajo el caso para generar jurisprudencia. A pesar de las promesas, nadie les cree; yo tampoco.
INICIATIVA MÉRIDA: PROCESO DE APROBACIÓN
Informa David Brooks, corresponsal de La Jornada en Washington, que la Cámara de Representantes aprobó el jueves pasado la asignación de 400 millones de dólares en asistencia antidrogas para México bajo la Iniciativa Mérida, junto con una serie de instrucciones de “consulta” para abordar preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública del país vecino. Es decir, México.
Esta semana, si el Senado estadounidense no le hace modificaciones la mandarán al presidente para su promulgación como ley.
Aunque en los últimos días se ha logrado modificar el “lenguaje” del texto para tratar de superar las expresiones de rechazo –tanto en México como en la Casa Blanca y de algunos legisladores estadunidenses– a cualquier condicionante unilateral en la legislación,
Pero en el llamado “reporte” que acompaña el proyecto de ley –donde el Congreso establece cómo deberían aplicarse y gastarse los fondos aprobados– hay una serie de instrucciones y señalamientos expresados por algunos legisladores, organizaciones de derechos humanos y sindicatos que manifiestan preocupación sobre temas relativos a derechos humanos y la impunidad en México, mismos que los promotores de esta legislación han incorporado para asegurar su aprobación.
El reporte del proyecto de ley – explica el periodista- establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país vecino y las ONG “para promover el respeto a los derechos humanos por la policía y las fuerzas militares mexicanas”.
Asimismo, declara que “la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas militares y de la policía de México son preocupantes”, y señala que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto “han sido ignoradas”, e investigaciones de transgresión a las garantías fundamentales por fuerzas militares y policiacas mexicanas infrecuentemente resultan en condenas penales”.
El reporte expresa preocupación por el fracaso en investigar y fiscalizar a “policías responsables de transgresiones de derechos humanos, incluyendo ultrajes sexuales y violencia sexual contra mujeres en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, y Oaxaca, entre junio y diciembre de 2006”.
Afirman que estos casos han sido ampliamente documentados y requieren una “indagación plena, creíble y transparente por el procurador general de México”.
El reporte que acompaña el proyecto de ley –igual que el proyecto mismo, tiene fuerza de ley al ser aprobado– afirma que la investigación del asesinato del estadunidense Brad Will (27 de octubre de 2006) tiene fallas, y “se instruye a la secretaria de Estado a que, no más de 45 días después de la promulgación de esta ley y 120 posteriores, presente un informe a los Comités de Apropiaciones detallando los avances” en esta indagación. Además, dice que el Departamento de Estado debe trabajar con las autoridades mexicanas y otras agencias relevantes del gobierno estadunidense para asistir en dichas pesquisas.
Hasta aquí el tema de la iniciativa Mérida, donde se acuña el concepto de responsabilidad compartida para combatir el narco. Si finalmente logra pasar en el Senado sin modificaciones, representaría un avance para satisfacer en buena medida las preocupaciones de que se vigilen los asuntos que más han preocupado sobre violaciones a derechos humanos. Entre ellas indagar las transgresiones cometidas en Atenco y Oaxaca
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Martínez Soriano

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ERNESTO REYES

Este jueves, en el Instituto de Humanidades de la UABJO, tiene lugar la presentación de la segunda edición del libro del doctor Felipe Martínez Soriano, ex rector universitario y un personaje que va a quedar en la historia por los aportes que ha dejado en la lucha por la conquista de las libertades democráticas.
El libro titulado Movimiento Democrático Universitario ( 1975-1978) y Testimonios de la Cárcel, ya va en su segunda edición, y quienes acudan a sus páginas, podrán conocer directamente las vivencias del profesional de la pediatría que las tres cuartas partes de su interesante vida las ha recorrido defendiendo causas justas.
Nunca bien comprendido, sobre todo en tiempos de la lucha por la democratización de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, el doctor Soriano ha seguido desde entonces un camino sin descanso por afirmar entre los jóvenes, sobre todo, las ansias por cambiar las condiciones de vida de ellos y sus semejantes.
Los recuerdos del doctor Soriano se centran en la difícil época en que ser estudiante y universitario era como un crimen. A él le tocó ser protagonista por una serie de circunstancias que se dieron al calor del movimiento, cuando en la cresta de la crisis de gobernabilidad que se vivía, fue electo al frente de la rectoría.
Era el 16 de octubre de 1976, después que en plena sesión del consejo universitario, el movimiento tenía en sus manos el poder de nombrar al sustituto de Manuel de Jesús Ortega Gómez, representante de la derecha, que en un titubeo había aflojado las resistencias conservadoras y aceptaba tomar protesta a quien resultara electo por mayoría simple.
Como consejero universitario suplente a quien esto redacta le tocó estar en la histórica sesión y recuerdo que no podíamos creer que por primera vez elegíamos de manera democrática a una autoridad universitaria.
Su designación había sido fruto de una postura congruente que el galeno había mantenido a lo largo de su vida; desde los tiempos del movimiento reivindicativo de médicos. Pero incluso más allá, cuando se protagonizaron en el estado cismas políticos que dieron como resultado la caída de dos gobernadores: Edmundo Sánchez Cano y Manuel Mayoral Heredia. El tercero, Manuel Zárate Aquino, fue víctima de sus asesores y de su propia necedad de no acoger las ideas nuevas que venían acuñándose en el 68 y 71 mexicanos, que repercutieron en Oaxaca a principios de los años 70 cuando empezaron a fraguarse luchas por la recuperación de tierras, y los estudiantes empezaron a vincularse con obreros y campesinos, surgiendo las primeras organizaciones sociales.
La rectoría de Martínez Soriano fue producto de todas estas circunstancias que hicieron eclosión en el movimiento que maestros estudiantes y trabajadores fraguaron con el fin de que los oaxaqueños tuviéramos una institución que diera cabida a los hijos de los necesitados y no como sucede ahora en que hay restricciones a la matrícula, obedeciendo a los dictados de organismos internacionales que prefieren acabar con las universidades públicas en beneficio de la educación privada.
Muchas de los sueños de la generación de los setenta se reflejan en el texto del casi único rector que es bien recordado y que sigue cruzando con la cara en alto por los pasillos universitarios.
El hombre que acompañado siempre de su esposa, doña Josefina Martínez, ha sufrido cárcel – estuvo seis años preso en cárceles de alta seguridad a partir de 1990- por crímenes que nunca cometió, y ha visto cómo se desintegraba su familia al sufrir el exilio de su hija al cabo de 23 años forzados.
Sin embargo, esta azarosa vida, no ha menguado sus capacidades intelectuales, aunque sí las físicas, pues recientemente fue intervenido quirúrgicamente de un mal que afortunadamente no parece tener consecuencias fatales.
Recientemente, congruente con su profesión, regresó a sus labores en la clínica urbana del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, donde como en sus inicios, atiende a la gente humilde, a los niños.
Al frente del periódico Cantera, y en este diario, me ha tocado compartir espacios editoriales con el doctor Soriano, quien como los buenos escritores, no cambia su línea de pensamiento y acción, a pesar de que el Estado lo siga teniendo en la lista negra de “subversivos” por antonomasia, y como tal, se le vincule siempre que hay oportunidad, con grupos armados o con la gestación de movimientos de este tipo.
No ha sido tal, pues nunca se le ha comprobado nada. Lo persiguen y lo señalan por su discurso y por una ideología en la que con matices, mucha gente de ésa generación y las que le siguen, siguen creyendo.
Quieren, como el doctor Soriano, que Oaxaca sea un espacio democrático donde las ideas se puedan discutir libremente, sin asomos de militarismo o represión como a él mismo le ha tocado vivir en carne propia.
Por ello vale la pena asomarse en sus memorias.
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Zaachila no quiere

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ERNESTO REYES
El viernes pasado, en la Villa de Zaachila, sucedió un hecho que revela, contra lo que muchos piensan, que el conflicto social no se acabó el 25 de noviembre del 2006 con la gran represión en contra de la APPO.
Nadie puede firmar el acta de defunción de ningún movimiento porque estaría desconociendo la dialéctica de la historia y que los pueblos son dinámicos.
Es cierto, sin embargo, que dos años después, las cosas bajaron de intensidad, y luego de asimilar que Ulises Ruiz terminará su mandato debido a la complicidad y protección de Felipe Calderón, el movimiento que se levantó en su contra y por la transformación de Oaxaca, está sanándose las heridas; se está recomponiendo, aún en el marco de furiosas contradicciones entre dos o tres bandos reconocidos dentro de la APPO.
La acreditación de culpas internas que lamentablemente salen a la luz pública, hacen daño; sin embargo, son inevitables. Así se limpian o se purifican los movimientos.
Pero en lo fundamental, no se ha perdido de vista la demanda principal, y esto es lo que revivió de algún modo en la Villa de Zaachila, el fin de semana pasado.
Resulta que invitado por el presidente municipal, Noé Pérez Martínez, a la inauguración de obras en la comunidad, con antelación se programó la visita de URO acompañado de sus funcionarios. Aunque sus voceros lo hayan negado después para desacreditar la protesta.
Ya estaba listo el templete, las edecanes, los acarreados de Zaachila y de los pueblos vecinos, y hasta las vallas metálicas para controlar a la multitud que supuestamente iba a celebrar el evento.
Pérez Martínez – hijo de un viejo cenecista, cacique y pistolero, por que se le señala de haber disparado su arma cuando los porros priistas arremetían contra los inconformes- se mantiene en el cargo, al que llegó tras una elección fraudulenta, prendido de alfileres y cuenta sólo con el apoyo y financiamiento del PRI, y por su jefe máximo, pues la opinión mayoritaria de quienes dice gobernar es de repudio. No lo quieren y han hasta instalado un ayuntamiento alterno, ciudadano.
Prueba de la impopularidad del munícipe, es que enterados del acontecimiento, varios habitantes de Zaachila se empezaron a concentrar desde las 10 de la mañana en las gradas situadas a un costado de la avenida principal, frente a la iglesia.
Muchos ciudadanos que no han olvidado los agravios del conflicto social, entre ellos colonos, jóvenes, mujeres y maestros que suspendieron clases, e instalaron barricadas en los accesos al centro.
Sin embargo, pretendiendo reventar las protestas – que se hacían acompañar de quema de llantas y lanzamiento de cohetones al aire- el alcalde envió, dos y media horas después, a un grupo de porros conocidos como los “Tecos”, quienes comenzaron a agredir a la gente con piedras, cohetones ( lanzados contra objetivos humanos) y palos. Muchos de ellos se decían miembros de las juventudes priistas, pero su vestimenta y los objetos que portaban, los denunciaban como golpeadores a sueldo. En la UABJO los conocen muy bien.
La agresión que degeneró en enfrentamiento, la iban perdiendo los genízaros, cuando el padre del presidente municipal, Natalio Pérez Tomás apareció con un arma de fuego haciendo disparos en contra de los manifestantes.
Ya habían llegado policías estatales, quienes instalaron retenes en las entradas del pueblo, una de ellas a la altura de San Isidro Monjas; también llegaron camionetas con personal antimotines acercándose apenas unas cuadras del centro de la población.
Como resultado del enfrentamiento que tardó hora y media, dos personas resultaron lastimadas con piedras.
Cancelada la gira de Ulises, éste apareció en la Villa de Etla, declarando que su gobierno no caería en provocaciones, y acusando a los zaachileños de ser una minoría.
Como en muchos medios se manejó que la protesta no era de nativos de Zaachila sino de “fuerzas extrañas” y de la APPO, queriendo nuevamente criminalizar la protesta ciudadana, los directamente involucrados contaron a esta columna como estuvieron las cosas.
Es cierto, estuvieron en solidaridad debido a su experiencia en la llamada autodefensa popular, algunos integrantes de la organización VOCAL que dirige David Venegas, “El alebrije”. Pero los de Zaachila no son menores de edad como para desconocer formas y modos de una protesta que inicialmente ha sido en contra de la autoridad impuesta, pero que ahora, dicha impopularidad se la endosa Noé Pérez Martínez a todo aquél que pretenda asociarse políticamente con él.
Ulises no necesita más malas vibras; tiene suficiente con que en muchas poblaciones la gente esté indignada por su presencia, como apenas sucedió en Zautla, pero la falta de organización y liderazgos ha permitido que se siga ufanando de que los oaxaqueños ya olvidaron esta página negra de su historia.
En Zaachila, donde un pueblo se mantiene en resistencia por las imposiciones, sus habitantes – al menos los más conscientes- se han declarado en alerta, por lo que una visita oficial como la que iba a realizarse el viernes, la consideraban como una provocación.
Este es el sentir de un pueblo que a pesar de haber sido víctima de un atraco electoral en el 2007, tiene memoria y no olvida el dolor, las ofensas.
Herederos de brillantes guerreros, ahora sí que haciendo un parangón como cuenta la leyenda le sucedió a uno de los tres reyes Zaachila que existieron cuando sus huestes lo animaban a la batalla: “Zaachila quiere –decía-, pero caballo no entra”.
El pueblo de Zaachila conoce de dignidad y ahora no quiere que Ulises los visite, y menos de la mano de Noé Pérez y su padre que tiene un arma del tamaño de su miedo.
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No quieren a Concepción

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ERNESTO REYES
El arribo de la alternancia política en México hacia el año 2000, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República, presuponía el cambio en las prácticas anquilosadas y antidemocráticas que en el ejercicio del gobierno y la administración pública había dejado como herencia el PRI como resultado de 70 años de haber gobernado a México.
Sin embargo, el curso de la administración foxista fue revelando que sólo cambiaron los hombres y las mujeres, más no hubo una transformación profunda en los modos de hacer política. Pese a notables excepciones, hubo más de lo mismo; tráfico de influencias, corrupción, opacidad en el manejo de recursos y designación autoritaria y unilateral de servidores públicos en todos los niveles de gobierno.
Mediante un pacto en el rancho de Fox, los gobernadores de los estados- en su mayoría del PRI- convencieron al ex presidente a nombrar de común acuerdo con ellos a los delegados federales, y así se hizo durante todo el sexenio.
Los delegados, comúnmente, eran políticos que los gobernadores colocaban al frente de las dependencias federales para que a través suyo se canalizaran recursos a municipios, comunidades y organizaciones con fines marcadamente partidistas. Muchos delegados eran sembrados como futuros candidatos a un cargo de elección popular cerrando así la pinza del control político.
Así se estiló con Fox; con Felipe Calderón, cambió esta relación porque ahora la nómina de delegados y titulares de organismos descentralizados está compuesta por militantes panistas o neopanistas.
Es el caso de quienes representan al gobierno de la República en Oaxaca. La mayoría son militantes del Partido Acción Nacional. Hay incluso varios nativos de Matías Romero, a quienes apodan “los romeritos”.
Aparentemente le quitaron al gobierno local este poder; sin embargo, la relación simbiótica que mantiene Ulises Ruiz con Felipe Calderón le ha permitido al primero colocar sus piezas empanizadas en las dependencias que tienen que ver con la política social, con el campo, con la salud y con la educación. Incluso se ha dado el lujo de cooptar por sus particulares ambiciones, al ex delegado de Sedeso, Bernardo Barragán, quien despacha ahora en la Secretaría de la Contraloría del estado. En su descargo, el panismo oaxaqueño vías sus voceros que también exudan ulisismo hasta cuando abren la boca, han dicho que al recibir el encargo Barragán dejó de ser militante de manera automática. Allá ellos si se lo creen.
Pero hay un caso que ha colmado el vaso entre representantes y dirigentes indígenas, así como de organismos y organizaciones ligadas con los pueblos indios.
Se trata de la reciente designación, por parte de Luis H. Álvarez, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la señora Concepción Rueda Gómez, como delegada en Oaxaca de la CDI, en sustitución de Armando Guzmán Alcántara, mediante un proceso vertical y de autoridad, más que de consenso con las comunidades y sus representantes.
Rueda Gómez, reconocida militante panista del Istmo de Tehuantepec le ha servido a Ulises Ruiz como encargada de la promoción de artesanías, pero se desconoce si ha tenido experiencia alguna en el trato con los pueblos, con las comunidades, como es preferible verlo en funcionarios del sector. Hasta donde se sabe, la señora Rueda, por el hecho de pertenecer a un gobierno del PRI no perdió su calidad de militante, pues apenas participó sin éxito en las elecciones internas del candidato del PAN a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.
Además de las ligas que la han unido con José Murat, esta señora no parece estar enterada siquiera cuántas etnias tiene Oaxaca, como para asumir un cargo que requiere conocimiento y sensibilidad en el trato de respeto que requieren los pueblos indígenas. Sobre todo, reconociendo en don Luis H. Álvarez, éste sí un luchador por la democracia, que desde el conflicto chiapaneco se significó por un talante prudente y conciliador con los rebeldes zapatistas, a cuyo encargo como comisionado estuvo al frente en el sexenio pasado.
De don Luis se reconoce su prolongada huelga de hambre cuando en su natal Chihuahua se le impidió el reconocimiento en las elecciones a gobernador; incluso estuvo a punto de la muerte por defender sus convicciones, así como don Salvador Nava Castillo, quien encabezó como don Luis, varias caravanas por la democracia. Fueron de algún modo baluartes de la resistencia civil que el panismo “exquisito” de ahora reniega y condena en las prácticas de la oposición de izquierda.
Por esto sorprende que para manejar la política con los pueblos indígenas hayan decidido, en acuerdo con el gobierno estatal, el nombramiento de esta persona, sin haberlo consensado con el consejo consultivo de la CDI para el periodo 2007-2008 como se hace de manifiesto en un documento fechado el 13 de junio pasado.
En el escrito manifiestan que los pueblos y las comunidades se caracterizan por una cultura de la transparencia y de rendición de cuentas por lo que los indigna que el gobierno federal siga aplicando decisiones verticales mismas que violan el derecho de consulta, discriminando y minimizando su participación.
La imposición de Concepción Rueda debiera ser producto de una consulta informada respecto a las políticas, programas y acciones gubernamentales. Por tanto, propone establecer dicho nombramiento en condición de interina y “abrir un proceso de convocatoria pública con la activa participación de los consejeros en la evaluación de los candidatos que cumplan con el perfil más adecuado para la atención de nuestros pueblos.”
“En el sur no aceptamos más los yugos y la imposición”, afirman al expresar su rechazo a la permanencia de Concepción Rueda al frente de la CDI porque se hizo sin la participación de los sujetos directamente involucrados en las acciones y beneficios de un organismo que debiera respetar primero el derecho de los pueblos a decidir lo que a ellos concierne.
Esta protesta es acompañada de documentos suscritos por consejeros, representantes de organizaciones y pueblos indígenas de Oaxaca.
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Nidos de lengua

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ERNESTO REYES
Hay temas que a veces por la velocidad de los acontecimientos y el día a día que significa el periodismo, le restamos importancia.
El 2 de mayo pasado en las instalaciones de la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO) se habló sobre una experiencia que se puso en práctica en Nueva Zelanda, y ahora, con el apoyo de los indios maoríes, se está realizando en Oaxaca.
El objetivo es que las lenguas nativas de Oaxaca no se pierdan.
El método es una propuesta novedosa: se le llama Nidos de lengua.
Es una estrategia para recuperar la lengua y la cultura de varios pueblos en peligro en extinción, de ahí el valor y su importancia.
En varias localidades oaxaqueñas ha empezado a instalarse este proceso, después de que la Jefatura de Zonas de Supervisión del Plan Piloto y la CMPIO empezaron a promoverlo como parte del Movimiento Pedagógico y de los acuerdos del Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural celebrado en esta capital este mismo año.
El doctor AG Sandy Stewart, investigador becado del programa Fulbright de aquella nación, explicó:
“Los Nidos de Lengua (Te Köhanga Reo en la lengua mäori) se iniciaron en 1981 en el país de Nueva Zelanda como respuesta a la preocupación por asegurar que su lengua continuara. Los mäori se confiaban en que sus hijos tendrían mejor aprovechamiento académico si tuvieran una conexión más estrecha con su lengua y cultura originaria. Las grandes migraciones de los mäori desde las comunidades rurales hacia las ciudades en búsqueda de mejores trabajos acentuaban los problemas de la pérdida de la lengua originaria y la desligación de los jóvenes migrantes de su cultura propia.
“El primer Nido de Lengua se inició en la ciudad capital del país, Wellington, en 1982. Para el año1994, hubo 800 Köhanga Reo con una inscripción total de 14,000 niños entre las edades de un año y cinco años. Los Köhanga Reo se estaban abriendo por todo el país, con mínimo apoyo financiero del gobierno.
“Entonces, en 1990, el Ministerio de Educación decidió iniciar una política distinta para mejorar el nivel de calidad y profesionalismo de los Köhanga Reo. El gobierno decidió darle apoyo financiero total a cada Köhanga Reo que cumpliera con todos los requisitos y responsabilidades gubernamentales para las escuelas preescolares nacionales.”
Pese a algunos problemas en los inicios, hoy día la lengua mäori sigue teniendo una presencia tenue en la totalidad de la sociedad mäori, pero cada año miles de pequeños egresados de los Nidos de Lengua entran al sistema escolar nacional, ya competentes en la lengua y las costumbres de los ancianos.
Muchas escuelas gubernamentales ya se han extendido el programa de revitalización de la lengua mäori, que consiste en clases desde el preescolar hacia la preparatoria. Y se ha documentado por exámenes académicos que los estudiantes que son fuertes en su lengua originaria suelen ser los estudiantes exitosos en todas sus materias en sus estudios académicos al nivel de la preparatoria.
Contrario a aquél país lejano, en Oaxaca hay varias lenguas y culturas en peligro de extinción. Entre los casos más notorios – precisaron en esta ocasión- se encuentran el Ixcateco, (solo tienen 5 hablantes mayores de 70 años), el Chocholteco, el chontal y el zoque. Pero aún entre las lenguas más fuertes como el zapoteco o el mixteco, hay comunidades donde los niños, los jóvenes y adultos menores de 40 o 50 años ya no hablan su lengua originaria, y aún peor, hay comunidades que ya no tienen ningún hablante de zapoteco o mixteco.
La discriminación social e institucional hacia los pueblos originarios (SEP, SSA, etc.), ha llevado a que la gente oculte su lengua no hablándola. Ese es el primer paso para su desaparición. La fuerte influencia de las escuelas y los maestros como portadores de una política educativa equivocada también llevó a muchos pueblos a perder su lengua.
“Hoy – aseguran los maestros y promotores indígenas- estamos en nuevas condiciones, hay una protección jurídica hacia las lengua y culturas de los pueblos originarios a nivel nacional e internacional; hay más conciencia de los pueblos de la necesidad de no perder esa herencia de nuestros antepasados: la lengua y la cultura.
Por ello es importante conocer que en Oaxaca, se están instalando los primeros Nidos de lengua de México en comunidades: mixtecos, cuicatecos, mazatecos y huaves, por acuerdo y esfuerzo de las comunidades.
Entre ellas Guadalupe (Llano de Avispa) Tilantongo, Coapan de Guerrero, Concepción Pápalo, Cuicatlán, Tlalixtac Viejo, Santa María Tlalixtac, Cuicatlán; Plan del Carril, Huautla de Jiménez, Teotitlán; Analco, Ixtlán; San Andrés Yatuni, Ixtlán; Lachatao, Ixtlán; Huazantlan, Tehuantepec; Huilotepec, Tehuantepec; Santa María del Mar, Juchitán.
“Desde su inicio, el movimiento Köhanga Reo se ha conocido como una de las iniciativas nacionales más impactantes y poderosas del Pueblo Mäori. Su impacto se siente en todo el país de Nueva Zelanda, en los altos niveles del gobierno, y de hecho en todo el mundo. Este éxito internacional se debe a la fe inalterable del Pueblo Mäori en la filosofía y la metodología de los Köhanga Reo, y al compromiso firme en que los niños chiquitos nos mostrarán el camino”, dijo en aquella ocasión el doctor Stewart.
Esperemos que los esfuerzos de la CMPIO y las instituciones y organismos que están involucradas en los Nidos de lengua oaxaqueños tengan el éxito esperado.
Se estará contribuyendo a una mentalidad que afirme los valores y riquezas de los pueblos indios y se haga valedero el derecho constitucional de que sus lenguas, su cultura e identidad sean preservadas y desarrolladas, aún a pesar de la educación occidental, globalizante y homogeneizante que arranca a los pueblos de sus raíces.

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