Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Un poco tarde -el trabajo al cabo de 365 días fructificó en la Recomendación 11/2008-, pero la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) estableció que en el “Operativo Guelaguetza 2007”, realizado hace un año, cuando fuerzas policiales atacaron a manifestantes que rechazaban la festividad oficial, sí hubo violaciones a los derechos humanos, y que además estuvo mal planificado.
En consecuencia, según se desprende del documento relativo al caso, se señala la probable responsabilidad “ administrativa y penal” de al menos 13 mandos y ex directivos de la policía estatal y municipal por los enfrentamientos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio.
La CDDHO identificó a Pedro Ismael Díaz Laredo, Alejandro Barrita Ortiz, Daniel Camarena Flores y Aristeo López Martínez; quienes hace un año se desempeñaban como director general de Seguridad Pública estatal, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, director de la Policía Ministerial y coordinador de Seguridad Pública Municipal, respectivamente.
Ante la posibilidad de que algún día los alcanzara una Recomendación, y sobre todo por la evidente incapacidad en el desempeño de sus cargos, estas personas fueron despedidas o cesaron de sus funciones en los 12 meses que han corrido hasta la fecha, unos porque concluía su periodo, otros por sugerencia federal, y otros, como el caso de Barrita Ortiz, porque el 30 de enero fue ejecutado por un comando que lo sorprendió en el parque El Tequio.
Además, para otros 9 comandantes y jefes de grupo que también incurrieron en violaciones y excesos en su desempeño, también la Comisión solicita aplicarles responsabilidades por “ acción u omisión” por haber sometido o permitido al menos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a quienes el 16 de julio de 2007 se manifestaron en las inmediaciones del Cerro del Fortin con el fin de boicotear la Guelaguetza oficial.
La CDDHO afirma que 'en atención a que los hechos cometidos por los servidores públicos que se acreditaron en autos, muy probablemente son constitutivos de delito, se dé vista a la Representación Social a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente'.
El documento comprende 18 recomendaciones a las secretarías de Protección Ciudadana, de Salud, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Municipio de la Ciudad de Oaxaca.Destaca que el operativo instalado para resguardar el Auditorio estuvo mal planeado, porque “no hubo la coordinación necesaria entre dichas corporaciones para actuar conforme lo ameritaba la situación a fin de no caer en las situaciones que finalmente acontecieron, en perjuicio tanto de la sociedad como de los grupos que se enfrentaron.”
Son cuatro los expedientes en los que basa la comisión sus investigaciones por presuntas violaciones cometidas en contra de más de 40 personas.
En la recomendación se establece que los policías incurrieron en violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad personal, a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la igualdad y al trato digno, así como a la legalidad y a la seguridad jurídica.Se denuncia que en un lapso de entre dos y cuatro horas y media, los 40 detenidos fueron retenidos de manera ilegal por la autoridad estatal, dentro de la Comandancia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 'Los detenidos fueron víctimas de sufrimientos físicos, consistentes en recibir golpes con los pies, toletes y manos en diversas partes del cuerpo, aunque vale precisar que con mayor frecuencia en la cabeza.'Además de que fueron arrojados al piso por sus captores, mantenidos de rodillas sin distinciones de edad ni condición de salud; así también sufrieron maltrato psicológico, en atención a que los elementos policíacos responsables de su custodia les indicaban constantemente que los llevarían a Nayarit, que los iban a desaparecer, que los tirarían en un campo de fútbol'.
En la Recomendación se toma en cuenta la brutal golpiza que recibió Emeterio Marino Cruz, quien resultó con traumatismo, pero también se exhibe un caso notorio de encubrimiento oficial a favor del ex secretario de Protección Ciudadana Sergio Segreste Ríos, quien aún recibe favores de su protector, como asesor en seguridad del titular del Ejecutivo.
Desafortunadamente, el trabajo de la Comisión para la defensa de los Derechos Humanos no tiene consecuencias vinculatorias; sólo recomienda acciones legales y administrativas que las autoridades respectivas pueden retomar o desdeñar, según sea el caso. Esto sucede con la mayoría de las acciones de los organismos defensores de derechos humanos. Sin embargo, y aún cuando no tiene los alcances que todos quisiéramos, fueron tan evidentes los agravios cometidos contra los inconformes, que ni aún el Ombudsman oaxaqueño los puede callar. Los abusos están confirmados.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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jueves, 17 de julio de 2008
miércoles, 16 de julio de 2008
El 16 de hace un año
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Los hechos violentos vividos hace exactamente un año, el 16 de julio de 2007, en las inmediaciones del Auditorio Guelaguetza y un hotel cercano, le traen recuerdos dolorosos a muchos oaxaqueños, por la confirmación evidente de que mientras Oaxaca no cambie seguirán suscitándose episodios vergonzosos para la convivencia pacífica de la sociedad.
En aquella fecha, estaban frescos los remanentes del movimiento social que hizo eclosión un año antes con las consecuencias políticas, económicas y sociales que padecemos hasta la fecha.
Dicho acto represivo arrojó inicialmente 60 lesionados de ambos bandos ( también se contabilizaron al menos 15 agentes policiacos con golpes), dos de ellos de gravedad como Emeterio Merino Cruz, y 55 detenidos.
La Batalla de la Guelaguetza, en el día en que el calendario religioso celebra a la Virgen del Carmen, se suma a dos fechas significativas de represión e intolerancia; la del 14 de junio y el 25 de noviembre del 2006, que marcaron el inicio del movimiento y la consumación del periodo más intenso de la lucha social.
Sin embargo, como las causas estructurales por las que muchos oaxaqueños se movilizaron no estaban resueltas, el 16 de julio la frustración e incluso la venganza por parte de fuerzas policiales hizo su parte para que la APPO y el magisterio, se confrontaran con la autoridad.
El enfrentamiento de esa fecha, sucedió al acuerdo tomado cuatro días antes por la Asamblea Estatal del Magisterio para analizar su consulta y determinar si levantaban o no el plantón que en ese momento sostenían en el zócalo. Acordaron realizar manifestaciones masivas el 16 de julio en el marco de la “Guelaguetza Popular”, y los siguientes días con el fin de boicotear el festejo oficial.
Al llegar esta fecha, el enojo estaba apoderado de los manifestantes porque habían comprobado cómo el gobierno estatal había facilitado tres días antes, el auditorio Guelaguetza a la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, para la toma de protesta de sus candidatos a diputados.
A partir del mitin priista, diversas corporaciones policíacas constituyeron un cerco en torno al Cerro del Fortín, con el fin de impedir el acceso de cualquier persona bajo el argumento de Sergio Segreste, de que era una instalación estratégica o que podría haber un atentado de la guerrilla.
El movimiento había programado como sede alterna la Plaza de la Danza, donde finalmente se realizaría el espectáculo popular, pero en medio de la tensión que produjo el enfrentamiento.
El estado de revancha que permeaba entre elementos policiacos y sus jefes, entre los que destacaba el ex titular de Protección Ciudadana, Sergio Segreste, se dejó ver en la saña con que se trató a las personas detenidas y golpeadas.
El gobierno quería ofrecer nuevamente un acto de autoridad. Aún a costa de las consecuencias que este hecho trajo para la propia autoridad y para la estabilidad del estado.
Las crónicas periodísticas de hace un año refieren que aproximadamente a las 10:15 horas, comenzaron a avanzar los contingentes de manifestantes, que coreaban: “Al Fortín, al Fortín, vamos todos al Fortín”; “Porque ni Ulises ni nadie nos lo va a impedir”; “Ulises entiende, la Guelaguetza no se vende”.
Los maestros e integrantes de la APPO se dirigieron por la calle de García Vígil, continuaron por Allende, avanzaron por Porfirio Díaz y salieron a la carretera Cristóbal Colón, donde se encontraron con vallas de policías estatales y municipales, que portaban escudos, bazucas y lanzagranadas.
Una hora después, los manifestantes llegaron a la altura del Hotel e inmediaciones del Auditorio, pidiendo el acceso para realizar la fiesta tradicional, pero las corporaciones policíacas, entre ellas la Policía Preventiva del Estado, Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial y la Policía Municipal de Oaxaca, les impidieron la entrada. Para dispersarlos les lanzaron gases lacrimógenos y piedras.
El gas lacrimógeno fue lanzado directamente contra la vanguardia de la marcha, lo que generó el enfrentamiento por espacio de más de dos horas.Como consecuencia, fueron detenidas varias personas, entre ellas quienes viajaban en autobuses del transporte urbano, pero también se llevaron a empleados de negocios cercanos como dos jóvenes de un taller de lavado de autos, por el simple hecho de estarse asomando a ver qué sucedía. Los arrestos se hicieron de manera ilegal y con lujo de violencia.
Para defenderse, los miembros de la APPO secuestraron seis autobuses del servicio urbano y les prendieron fuego, utilizándolos como ariete en contra de la policía, afectando un negocio de materiales en la confluencia entre la calzada Héroes de Chapultepec con la avenida Venus.
La policía agredió, mientras realizaban su trabajo de informar, a los fotógrafos Luis Cruz y Jorge Luis Plata, de los diarios Milenio y Reforma, así como a Carlos Román Velasco del diario Noticias; pero también a Humberto Cruz, conductor de Radio oro y a dos informadores de Canal 9 Roberto Velásquez y Aberlardo García.
La Procuraduría consignó a 33 personas, a un juez para internarlos en el penal de Tlacolula y remitió al Consejo Tutelar a 6 menores quienes quedaron en estado de indefensión legal, médica y psicológica.Fue hasta que organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y por el clamor de la opinión pública, empezaron a cuestionar la agresividad con que se había empleado la policía, cuando poco a poco y en un proceso traumático para las víctimas y familiares de los detenidos, empezaron a quedar libres la mayoría de los detenidos al comprobarse que eran sujetos de una gran injusticia.
Entre las víctimas más notorias – porque en tomas fotográficas y de video primero aparecía detenido sin mayores daños y luego con evidentes huellas de una brutal golpiza- fue ubicado Emeterio Merino Cruz, quien fue llevado en estado crítico al hospital. Pasarían varios meses para que recuperara a medias la salud. Un año después, se ha constatado que las secuelas de la represión han sido irreversibles, porque lo dejaron incapacitado para trabajar, comunicarse y para seguir siendo sostén de su familia.
En recuerdo de la represión del 16 de julio del año 2007, este miércoles se realiza una marcha para exigir justicia, entre otras cosas, porque después de 365 días los responsables, en lugar de ser castigados fueron premiados por la impunidad tutelada por las instituciones.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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ERNESTO REYES
Los hechos violentos vividos hace exactamente un año, el 16 de julio de 2007, en las inmediaciones del Auditorio Guelaguetza y un hotel cercano, le traen recuerdos dolorosos a muchos oaxaqueños, por la confirmación evidente de que mientras Oaxaca no cambie seguirán suscitándose episodios vergonzosos para la convivencia pacífica de la sociedad.
En aquella fecha, estaban frescos los remanentes del movimiento social que hizo eclosión un año antes con las consecuencias políticas, económicas y sociales que padecemos hasta la fecha.
Dicho acto represivo arrojó inicialmente 60 lesionados de ambos bandos ( también se contabilizaron al menos 15 agentes policiacos con golpes), dos de ellos de gravedad como Emeterio Merino Cruz, y 55 detenidos.
La Batalla de la Guelaguetza, en el día en que el calendario religioso celebra a la Virgen del Carmen, se suma a dos fechas significativas de represión e intolerancia; la del 14 de junio y el 25 de noviembre del 2006, que marcaron el inicio del movimiento y la consumación del periodo más intenso de la lucha social.
Sin embargo, como las causas estructurales por las que muchos oaxaqueños se movilizaron no estaban resueltas, el 16 de julio la frustración e incluso la venganza por parte de fuerzas policiales hizo su parte para que la APPO y el magisterio, se confrontaran con la autoridad.
El enfrentamiento de esa fecha, sucedió al acuerdo tomado cuatro días antes por la Asamblea Estatal del Magisterio para analizar su consulta y determinar si levantaban o no el plantón que en ese momento sostenían en el zócalo. Acordaron realizar manifestaciones masivas el 16 de julio en el marco de la “Guelaguetza Popular”, y los siguientes días con el fin de boicotear el festejo oficial.
Al llegar esta fecha, el enojo estaba apoderado de los manifestantes porque habían comprobado cómo el gobierno estatal había facilitado tres días antes, el auditorio Guelaguetza a la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, para la toma de protesta de sus candidatos a diputados.
A partir del mitin priista, diversas corporaciones policíacas constituyeron un cerco en torno al Cerro del Fortín, con el fin de impedir el acceso de cualquier persona bajo el argumento de Sergio Segreste, de que era una instalación estratégica o que podría haber un atentado de la guerrilla.
El movimiento había programado como sede alterna la Plaza de la Danza, donde finalmente se realizaría el espectáculo popular, pero en medio de la tensión que produjo el enfrentamiento.
El estado de revancha que permeaba entre elementos policiacos y sus jefes, entre los que destacaba el ex titular de Protección Ciudadana, Sergio Segreste, se dejó ver en la saña con que se trató a las personas detenidas y golpeadas.
El gobierno quería ofrecer nuevamente un acto de autoridad. Aún a costa de las consecuencias que este hecho trajo para la propia autoridad y para la estabilidad del estado.
Las crónicas periodísticas de hace un año refieren que aproximadamente a las 10:15 horas, comenzaron a avanzar los contingentes de manifestantes, que coreaban: “Al Fortín, al Fortín, vamos todos al Fortín”; “Porque ni Ulises ni nadie nos lo va a impedir”; “Ulises entiende, la Guelaguetza no se vende”.
Los maestros e integrantes de la APPO se dirigieron por la calle de García Vígil, continuaron por Allende, avanzaron por Porfirio Díaz y salieron a la carretera Cristóbal Colón, donde se encontraron con vallas de policías estatales y municipales, que portaban escudos, bazucas y lanzagranadas.
Una hora después, los manifestantes llegaron a la altura del Hotel e inmediaciones del Auditorio, pidiendo el acceso para realizar la fiesta tradicional, pero las corporaciones policíacas, entre ellas la Policía Preventiva del Estado, Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial y la Policía Municipal de Oaxaca, les impidieron la entrada. Para dispersarlos les lanzaron gases lacrimógenos y piedras.
El gas lacrimógeno fue lanzado directamente contra la vanguardia de la marcha, lo que generó el enfrentamiento por espacio de más de dos horas.Como consecuencia, fueron detenidas varias personas, entre ellas quienes viajaban en autobuses del transporte urbano, pero también se llevaron a empleados de negocios cercanos como dos jóvenes de un taller de lavado de autos, por el simple hecho de estarse asomando a ver qué sucedía. Los arrestos se hicieron de manera ilegal y con lujo de violencia.
Para defenderse, los miembros de la APPO secuestraron seis autobuses del servicio urbano y les prendieron fuego, utilizándolos como ariete en contra de la policía, afectando un negocio de materiales en la confluencia entre la calzada Héroes de Chapultepec con la avenida Venus.
La policía agredió, mientras realizaban su trabajo de informar, a los fotógrafos Luis Cruz y Jorge Luis Plata, de los diarios Milenio y Reforma, así como a Carlos Román Velasco del diario Noticias; pero también a Humberto Cruz, conductor de Radio oro y a dos informadores de Canal 9 Roberto Velásquez y Aberlardo García.
La Procuraduría consignó a 33 personas, a un juez para internarlos en el penal de Tlacolula y remitió al Consejo Tutelar a 6 menores quienes quedaron en estado de indefensión legal, médica y psicológica.Fue hasta que organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y por el clamor de la opinión pública, empezaron a cuestionar la agresividad con que se había empleado la policía, cuando poco a poco y en un proceso traumático para las víctimas y familiares de los detenidos, empezaron a quedar libres la mayoría de los detenidos al comprobarse que eran sujetos de una gran injusticia.
Entre las víctimas más notorias – porque en tomas fotográficas y de video primero aparecía detenido sin mayores daños y luego con evidentes huellas de una brutal golpiza- fue ubicado Emeterio Merino Cruz, quien fue llevado en estado crítico al hospital. Pasarían varios meses para que recuperara a medias la salud. Un año después, se ha constatado que las secuelas de la represión han sido irreversibles, porque lo dejaron incapacitado para trabajar, comunicarse y para seguir siendo sostén de su familia.
En recuerdo de la represión del 16 de julio del año 2007, este miércoles se realiza una marcha para exigir justicia, entre otras cosas, porque después de 365 días los responsables, en lugar de ser castigados fueron premiados por la impunidad tutelada por las instituciones.
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martes, 15 de julio de 2008
Justicia deficiente
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
La misión de abogados de tres organismos internacionales que vino a Oaxaca la semana pasada para verificar si existía una justicia independiente, imparcial y eficiente, recibió diversos tipos de información que indican que además de la falta de independencia para ejercer la justicia sin condicionamientos de ningún tipo, el Poder Judicial no recibe del Estado los recursos públicos suficientes para desempeñar sus funciones de manera adecuada.
La misión estuvo integrada por miembros de los directorios ejecutivos de la Fundación para el Debido Proceso legal (DPLF, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional de Juristas y el Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR.
Los funcionarios entrevistados por los investigadores, dieron a conocer que la falta de transparencia que rodea la asignación presupuestaria que recibe el Poder Judicial oaxaqueño, así como el control que de dicha asignación mantiene la Secretaría de Finanzas ( a cargo de un hombre de todas las confianzas de Ulises Ruiz, el subrayado es nuestro), redunda, a juicio de la misión, en un mecanismo de presión indebida por parte del Ejecutivo sobre el Judicial.
Para quienes observamos el acontecer local, esta afirmación de los abogados en realidad no nos sorprende porque son cosas que se intuye que suceden dentro de los muros de las instituciones de justicia. Sin embargo, que lo hayan revelado a los visitantes es lo que impresiona, aunque el profesionalismo que caracteriza a los investigadores de los tres organismos, hace que se mantenga la secrecía suficiente como para evitar que por su sinceridad sean reprendidos por quienes, como usted y yo sabemos, manda en realidad en el Poder Judicial: el titular del Poder Ejecutivo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia es un empleado más de quien controla las riendas del poder político.
Sin embargo, la opacidad que denota el manejo interno de los recursos del sistema judicial fue evidente durante la visita, pues durante la misión- afirman los enviados en el Informe preliminar- no pudo establecerse con claridad cómo se integra el salario de magistrados y jueces, ya que diversas fuentes mencionaron la existencia de bonos o estímulos que serían entregados a discreción del Poder Ejecutivo y del propio Héctor Anuar Mafud.
La opacidad en esta materia- continúa el texto suscrito por Eduardo Bertoni, José Zeitune y Jorge Romero, de las tres organizaciones respectivamente- también representa un riesgo para la independencia de jueces y magistrados.
Aunque la misión reconoce que las reformas respecto al sistema de enjuiciamiento penal y sobre acceso a la información representan un avance hacia el respeto del debido proceso y la transparencia de los actos públicos, le preocupa que dichas reformas no puedan alcanzar los objetivos para los que fueron diseñadas.
Entre otras, dicen, se recibió información sobre una falta de otorgamiento de recursos adecuados para la implementación del sistema de enjuiciamiento penal. Por ejemplo- y esto lo constataron apenas se reunieron con integrantes de la llamada defensoría pública- este sistema carece de recursos básicos para su operación. Por tanto, expresan su deseo de que el sistema de justicia sea reformado en cuestiones que trascienden al procedimiento penal.
La DPLF, la CIJ y FUNDAR observaron con preocupación que en Oaxaca persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial. Estas deficiencias obedecen tanto a normativa inadecuada como a ciertas prácticas que impiden la prestación del servicio de justicia.
Le explican a la opinión pública que con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad en la administración de justicia, el derecho internacional dispone de una serie de requisitos mínimos que todo Estado debe poner en práctica.
Entre estos requisitos se encuentran las condiciones y procedimientos aplicables al nombramiento de jueces y magistrados, la existencia de una verdadera carrera judicial basada en criterios objetivos, adecuadas condiciones de servicio, la dotación de suficientes recursos para desempeñar sus funciones, mecanismos adecuados de responsabilidad y una serie de libertades con que deben contar jueces y magistrados.
“Estos requisitos y otros han sido identificados por la comunidad internacional hace décadas y se han plasmado en una serie de instrumentos aprobados por Naciones Unidas, entre los que destacan los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.” Estos instrumentos, que sería bueno los conocieran a profundidad los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial oaxaqueño, brindan líneas generales a los Estados, quienes deben asegurar que sus sistemas judiciales se ajusten a ellos.
Oaxaca por lo consiguiente, se infiere por la lectura de las conclusiones preliminares de la Misión, está muy lejos de aplicar la normatividad internacional en la materia, lo cual permite que haya jueces de consigna y hasta magistrados, sin que esto sea una generalidad en todo el Poder Judicial, que no aplican a cabalidad el derecho, sino que atendiendo a instrucciones e intereses políticos derivados de su sujeción con el régimen, castigan o premian a quienes caen en sus manos.
Contravienen así la idea muy extendida de que el Estado de Derecho, con su idea central de que la justicia escucha y se aplica a todos por igual, es el primer paso hacia la equidad, y que como dice Eduardo Bertoni, director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, para que la justicia cumpla el papel de impulsor del desarrollo, se requiere del compromiso de la clase política, el apoyo necesario para el fortalecimiento de los poderes judiciales, y asegurar el acceso a ellos de toda la población para la solución de sus conflictos y la reivindicación de sus derechos.
La misión de expertos nacionales e internacionales que visitó Oaxaca la semana pasada, concluye haciendo un exhorto al Estado oaxaqueño a reformar aquellas prácticas y regulaciones compatibles con los estándares internacionales mencionados, aunque lamentablemente por las pruebas que se llevan, hayan constatado que muchos de ellos no se están cumpliendo.
Al ver las fotografías donde abogados de no muy buen prestigio y hasta notarios son premiados por su cercanía con el poder, se puede entender diáfanamente que las aseveraciones de la Misión están en lo correcto. Ahora que acaba de pasar la celebración del Día del Abogado, estos argumentos, cargados de verdad, deben tomarse con suma seriedad al menos por el gremio, pero valen para la sociedad entera que sigue estando ávida de justicia.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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ERNESTO REYES
La misión de abogados de tres organismos internacionales que vino a Oaxaca la semana pasada para verificar si existía una justicia independiente, imparcial y eficiente, recibió diversos tipos de información que indican que además de la falta de independencia para ejercer la justicia sin condicionamientos de ningún tipo, el Poder Judicial no recibe del Estado los recursos públicos suficientes para desempeñar sus funciones de manera adecuada.
La misión estuvo integrada por miembros de los directorios ejecutivos de la Fundación para el Debido Proceso legal (DPLF, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional de Juristas y el Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR.
Los funcionarios entrevistados por los investigadores, dieron a conocer que la falta de transparencia que rodea la asignación presupuestaria que recibe el Poder Judicial oaxaqueño, así como el control que de dicha asignación mantiene la Secretaría de Finanzas ( a cargo de un hombre de todas las confianzas de Ulises Ruiz, el subrayado es nuestro), redunda, a juicio de la misión, en un mecanismo de presión indebida por parte del Ejecutivo sobre el Judicial.
Para quienes observamos el acontecer local, esta afirmación de los abogados en realidad no nos sorprende porque son cosas que se intuye que suceden dentro de los muros de las instituciones de justicia. Sin embargo, que lo hayan revelado a los visitantes es lo que impresiona, aunque el profesionalismo que caracteriza a los investigadores de los tres organismos, hace que se mantenga la secrecía suficiente como para evitar que por su sinceridad sean reprendidos por quienes, como usted y yo sabemos, manda en realidad en el Poder Judicial: el titular del Poder Ejecutivo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia es un empleado más de quien controla las riendas del poder político.
Sin embargo, la opacidad que denota el manejo interno de los recursos del sistema judicial fue evidente durante la visita, pues durante la misión- afirman los enviados en el Informe preliminar- no pudo establecerse con claridad cómo se integra el salario de magistrados y jueces, ya que diversas fuentes mencionaron la existencia de bonos o estímulos que serían entregados a discreción del Poder Ejecutivo y del propio Héctor Anuar Mafud.
La opacidad en esta materia- continúa el texto suscrito por Eduardo Bertoni, José Zeitune y Jorge Romero, de las tres organizaciones respectivamente- también representa un riesgo para la independencia de jueces y magistrados.
Aunque la misión reconoce que las reformas respecto al sistema de enjuiciamiento penal y sobre acceso a la información representan un avance hacia el respeto del debido proceso y la transparencia de los actos públicos, le preocupa que dichas reformas no puedan alcanzar los objetivos para los que fueron diseñadas.
Entre otras, dicen, se recibió información sobre una falta de otorgamiento de recursos adecuados para la implementación del sistema de enjuiciamiento penal. Por ejemplo- y esto lo constataron apenas se reunieron con integrantes de la llamada defensoría pública- este sistema carece de recursos básicos para su operación. Por tanto, expresan su deseo de que el sistema de justicia sea reformado en cuestiones que trascienden al procedimiento penal.
La DPLF, la CIJ y FUNDAR observaron con preocupación que en Oaxaca persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial. Estas deficiencias obedecen tanto a normativa inadecuada como a ciertas prácticas que impiden la prestación del servicio de justicia.
Le explican a la opinión pública que con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad en la administración de justicia, el derecho internacional dispone de una serie de requisitos mínimos que todo Estado debe poner en práctica.
Entre estos requisitos se encuentran las condiciones y procedimientos aplicables al nombramiento de jueces y magistrados, la existencia de una verdadera carrera judicial basada en criterios objetivos, adecuadas condiciones de servicio, la dotación de suficientes recursos para desempeñar sus funciones, mecanismos adecuados de responsabilidad y una serie de libertades con que deben contar jueces y magistrados.
“Estos requisitos y otros han sido identificados por la comunidad internacional hace décadas y se han plasmado en una serie de instrumentos aprobados por Naciones Unidas, entre los que destacan los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.” Estos instrumentos, que sería bueno los conocieran a profundidad los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial oaxaqueño, brindan líneas generales a los Estados, quienes deben asegurar que sus sistemas judiciales se ajusten a ellos.
Oaxaca por lo consiguiente, se infiere por la lectura de las conclusiones preliminares de la Misión, está muy lejos de aplicar la normatividad internacional en la materia, lo cual permite que haya jueces de consigna y hasta magistrados, sin que esto sea una generalidad en todo el Poder Judicial, que no aplican a cabalidad el derecho, sino que atendiendo a instrucciones e intereses políticos derivados de su sujeción con el régimen, castigan o premian a quienes caen en sus manos.
Contravienen así la idea muy extendida de que el Estado de Derecho, con su idea central de que la justicia escucha y se aplica a todos por igual, es el primer paso hacia la equidad, y que como dice Eduardo Bertoni, director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, para que la justicia cumpla el papel de impulsor del desarrollo, se requiere del compromiso de la clase política, el apoyo necesario para el fortalecimiento de los poderes judiciales, y asegurar el acceso a ellos de toda la población para la solución de sus conflictos y la reivindicación de sus derechos.
La misión de expertos nacionales e internacionales que visitó Oaxaca la semana pasada, concluye haciendo un exhorto al Estado oaxaqueño a reformar aquellas prácticas y regulaciones compatibles con los estándares internacionales mencionados, aunque lamentablemente por las pruebas que se llevan, hayan constatado que muchos de ellos no se están cumpliendo.
Al ver las fotografías donde abogados de no muy buen prestigio y hasta notarios son premiados por su cercanía con el poder, se puede entender diáfanamente que las aseveraciones de la Misión están en lo correcto. Ahora que acaba de pasar la celebración del Día del Abogado, estos argumentos, cargados de verdad, deben tomarse con suma seriedad al menos por el gremio, pero valen para la sociedad entera que sigue estando ávida de justicia.
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sábado, 12 de julio de 2008
Alianzas
ERNESTO REYES
Lo anticipó Flavio Sosa, que algo sabe de esto: “Esperamos que esta visita no sea para dar un espaldarazo a la impunidad en Oaxaca”, en clara alusión al apoyo implícito que el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño brindó este jueves a Ulises Ruiz.
Las sonrisas, los abrazos, los comentarios en voz baja que sostenían ambos funcionarios durante la gira por la región del Istmo y aquí en la capital del estado con el pretexto de la “evaluación de daños ocasionados por las lluvias”, más un encuentro con representantes de “sectores”, son a vista de todos, la confirmación de que se fortalecen los lazos, las alianzas, las componendas, para enfrentar juntos, aunque cada quien por su ruta, los embates de la oposición de centro izquierda que se multiplica en todos los ámbitos del país.
Mientras hay algunos actores y activistas políticos que todavía tienen esperanzas de que la Federación rompa con el régimen autoritario oaxaqueño, se produce esta visita -en ausencia de Felipe Calderón del país- por parte del encargado de la política interior quien con este hecho mandó un ominoso mensaje a la disidencia, en el sentido de que tendrán que vérselas con Ulises hasta el fin de su periodo.
Es decir, ningún poder superior, trátese de investigación federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Auditoría Superior de la Federación o de cualquier instancia jurídica o judicial, podrá romper dicha alianza en la medida en que el Partido Acción Nacional, y su gobierno, sigan necesitando del apoyo de los priistas- gobernadores, legisladores, etcétera- para mantener la gobernabilidad y la “estabilidad” del país.
Lo anterior, a pesar de que los cuarteles de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento estén prácticamente intervenidos por fuerzas federales para ver si, como se sospecha, estuvieran ahí sepultados, clandestinamente, los dos eperristas desaparecidos.
Pero más allá de las afirmaciones hechas aquí, por Mouriño, en el sentido de que está abierta la indagatoria, y de que se está dando seguimiento al caso, es casi seguro que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no van a ser ubicados porque quienes se los llevaron, que no son otros que agentes del Estado, independientemente de la corporación a la que pertenezcan, sabían muy bien lo que estaban haciendo.
Con la reciente liberación del ex subjefe operativo de la desaparecida Ministerial y de su chofer, que estuvieron arraigados al cabo de dos meses, el caso se enlista en uno más de los que nunca se van a aclarar.
Igual trato tuvo la demanda de la sección 22 y la APPO sobre los crímenes cometidos durante el año 2006, sobre los que Mouriño expresó: “Existen averiguaciones en curso y no hay ningún interés de que quede impune absolutamente nada”.
El otro tema que de trámite tocó Mouriño, con las manos entrelazadas y sus enormes orejas ( ¿ojeras?), fue lo que publicó Milenio y comentamos aquí ayer: el desvío de más de 329 millones de pesos por funcionarios y ex funcionarios del sector salud
Para Mouriño, es simplemente “un proceso normal que se está trabajando de manera conjunta con la Contraloría estatal y que en función de lo que ahí han ido encontrando, se presentó la denuncia ante la autoridad competente, y será la que tenga que investigar y dar a conocer resultados…”
Es decir, para los buenos entendedores, nunca se va a castigar a los responsables porque los encubre la relación “absolutamente respetuosa e institucional con los gobiernos emanados de todos los partidos políticos, y por tanto, aclaró, para que no quedara duda a ninguno de los actores políticos: “no hay persecución contra ninguno”.
Por ello, más allá de que la visita de Mouriño haya servido para seguir insistiendo, ante sectores de la sociedad sobre el tema del petróleo y la reforma energética, las causas de su presencia en Oaxaca fueron expuestas de manera muy clara: “El objetivo es mantener la relación institucional con los ejecutivos estatales para trabajar de manera coordinada y conjunta por la gobernabilidad del país”.
El panorama aquí descrito tampoco es para asustar a nadie, porque no cambia en nada la situación que se ha vivido; sirve sin embargo, para que los análisis de prospectiva que se realicen por analistas y entendedores de la política no sigan siendo tan superficiales.
Hay quienes aseguran, dos años antes, que en el proceso electoral del 2010, los varios grupos del PRI que existen en Oaxaca se van a dividir por los intereses de poner al candidato a la gubernatura. El que va a ser, será escogido por Ulises, de acuerdo con las condiciones políticas que para entonces prevalezcan, y todos los priistas, unos más, otros menos, se van a sumar al tren, porque no les queda otra. Es su sobrevivencia
La que es más fácilmente divisible es la oposición, de por sí fragmentada y confrontada desde ahora, por las ambiciones económicas y las ansias de poder de sus dirigentes.
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ERNESTO REYES
Lo anticipó Flavio Sosa, que algo sabe de esto: “Esperamos que esta visita no sea para dar un espaldarazo a la impunidad en Oaxaca”, en clara alusión al apoyo implícito que el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño brindó este jueves a Ulises Ruiz.
Las sonrisas, los abrazos, los comentarios en voz baja que sostenían ambos funcionarios durante la gira por la región del Istmo y aquí en la capital del estado con el pretexto de la “evaluación de daños ocasionados por las lluvias”, más un encuentro con representantes de “sectores”, son a vista de todos, la confirmación de que se fortalecen los lazos, las alianzas, las componendas, para enfrentar juntos, aunque cada quien por su ruta, los embates de la oposición de centro izquierda que se multiplica en todos los ámbitos del país.
Mientras hay algunos actores y activistas políticos que todavía tienen esperanzas de que la Federación rompa con el régimen autoritario oaxaqueño, se produce esta visita -en ausencia de Felipe Calderón del país- por parte del encargado de la política interior quien con este hecho mandó un ominoso mensaje a la disidencia, en el sentido de que tendrán que vérselas con Ulises hasta el fin de su periodo.
Es decir, ningún poder superior, trátese de investigación federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Auditoría Superior de la Federación o de cualquier instancia jurídica o judicial, podrá romper dicha alianza en la medida en que el Partido Acción Nacional, y su gobierno, sigan necesitando del apoyo de los priistas- gobernadores, legisladores, etcétera- para mantener la gobernabilidad y la “estabilidad” del país.
Lo anterior, a pesar de que los cuarteles de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento estén prácticamente intervenidos por fuerzas federales para ver si, como se sospecha, estuvieran ahí sepultados, clandestinamente, los dos eperristas desaparecidos.
Pero más allá de las afirmaciones hechas aquí, por Mouriño, en el sentido de que está abierta la indagatoria, y de que se está dando seguimiento al caso, es casi seguro que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no van a ser ubicados porque quienes se los llevaron, que no son otros que agentes del Estado, independientemente de la corporación a la que pertenezcan, sabían muy bien lo que estaban haciendo.
Con la reciente liberación del ex subjefe operativo de la desaparecida Ministerial y de su chofer, que estuvieron arraigados al cabo de dos meses, el caso se enlista en uno más de los que nunca se van a aclarar.
Igual trato tuvo la demanda de la sección 22 y la APPO sobre los crímenes cometidos durante el año 2006, sobre los que Mouriño expresó: “Existen averiguaciones en curso y no hay ningún interés de que quede impune absolutamente nada”.
El otro tema que de trámite tocó Mouriño, con las manos entrelazadas y sus enormes orejas ( ¿ojeras?), fue lo que publicó Milenio y comentamos aquí ayer: el desvío de más de 329 millones de pesos por funcionarios y ex funcionarios del sector salud
Para Mouriño, es simplemente “un proceso normal que se está trabajando de manera conjunta con la Contraloría estatal y que en función de lo que ahí han ido encontrando, se presentó la denuncia ante la autoridad competente, y será la que tenga que investigar y dar a conocer resultados…”
Es decir, para los buenos entendedores, nunca se va a castigar a los responsables porque los encubre la relación “absolutamente respetuosa e institucional con los gobiernos emanados de todos los partidos políticos, y por tanto, aclaró, para que no quedara duda a ninguno de los actores políticos: “no hay persecución contra ninguno”.
Por ello, más allá de que la visita de Mouriño haya servido para seguir insistiendo, ante sectores de la sociedad sobre el tema del petróleo y la reforma energética, las causas de su presencia en Oaxaca fueron expuestas de manera muy clara: “El objetivo es mantener la relación institucional con los ejecutivos estatales para trabajar de manera coordinada y conjunta por la gobernabilidad del país”.
El panorama aquí descrito tampoco es para asustar a nadie, porque no cambia en nada la situación que se ha vivido; sirve sin embargo, para que los análisis de prospectiva que se realicen por analistas y entendedores de la política no sigan siendo tan superficiales.
Hay quienes aseguran, dos años antes, que en el proceso electoral del 2010, los varios grupos del PRI que existen en Oaxaca se van a dividir por los intereses de poner al candidato a la gubernatura. El que va a ser, será escogido por Ulises, de acuerdo con las condiciones políticas que para entonces prevalezcan, y todos los priistas, unos más, otros menos, se van a sumar al tren, porque no les queda otra. Es su sobrevivencia
La que es más fácilmente divisible es la oposición, de por sí fragmentada y confrontada desde ahora, por las ambiciones económicas y las ansias de poder de sus dirigentes.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
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viernes, 11 de julio de 2008
Malversación en Salud
Nadie quiere hablar de ello, pero periodísticamente es importante, porque en la información que cotidianamente aparece en las páginas y espacios de los medios de comunicación, pueden encontrarse las claves. Es el caso de la información relacionada con asuntos policiales, de seguridad, justicia y corrupción: lo que comúnmente denominamos nota roja.
Como afirma Monsiváis, en la nota roja no sólo se ven los festivales de balas y la sucesión de muertes, sino un contexto social, predeterminado, que tiene que ver con procesos escondidos, que amenazan con hacer eclosión.
Ahora la nota roja ha pasado a las primeras planas; con el combate al crimen organizado; por las bajas de efectivos de la policía o el ejército o por casos tan escandalosos de corrupción que antes estaban confinados a espacios interiores.
Es el caso de la publicación a ocho columnas, en el periódico Milenio, firmado por Diego Osorno, viejo conocido de muchos oaxaqueños, titulado “Malversaron funcionarios de Ulises 329 mpd”.
Con un “balazo”- se dice en el argot periodístico- que indica que “La Secretaría de la Función Pública denuncia ante la PGR red de corrupción en Oaxaca”, el texto da cuenta de la indagatoria que realiza la Procuraduría entre funcionarios y ex funcionarios por presuntamente malversar recursos federales destinados a prevenir el SIDA, combate a enfermedades infantiles y acondicionar hospitales, entre ellos el infantil oaxaqueño.
El periódico ayer se vendió como pan caliente, salvo que como se acostumbra aquí, lo hayan requisado por órdenes de la oficina de Comunicación Social y la Secretaría Técnica. Es para lo único que sirven.
Sin embargo por las virtudes del Internet, todo mundo se enteró que luego de emprender en enero de 2007 15 auditorías, la dependencia federal encontró irregularidades en el manejo de programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz.
Ante el hallazgo de los desvíos —ascendentes a cerca de 329 millones de pesos—, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia presentó dos denuncias penales en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, por irregularidades en el ejercicio y la comprobación de los recursos, revela un informe oficial.
Diego Osorno ejerciendo este nuevo género periodístico denominado Transparencia y Derecho a la Información, solicitó a través del IFAI los resultados de todas las auditorías practicadas a los recursos federales por el gobierno oaxaqueño y en la respuesta ofrecida por la Dirección General de Operación regional y Contraloría Social se señala que por auditorías a 15 programas ejecutados en Oaxaca durante los años 2006 y 2007 se emitieron observaciones a diversas dependencias y como resultado de éstas se instó a las autoridades competentes para el ejercicio de las acciones procedentes.
“En las otras 14 revisiones especiales a diversas áreas de la administración estatal del PRI, la Función Pública detectó más anomalías, las cuales, en caso de no ser aclaradas, podrían ser procesadas penalmente también. La red de posibles involucrados va desde el ex secretario de Salud estatal, Juan Ramón Díaz Pimentel, al actual, Martín Vásquez Villanueva, así como el subsecretario de Egresos, Joaquín Neyra Skidmore, y la directora de Egresos y Control Presupuestal, Mauricia Lina Luis Ruiz.“Otros de los nombres mencionados en la indagación judicial son los de Arturo Pérez Estrada, director de Desarrollo de la Secretaría de Salud; Miguel Ángel Martínez Santiago, secretario técnico de la dependencia, y Marco Vinicio Palacios Ortiz, secretario particular del secretario Salud. “Ante el avance del proceso legal, algunos de los ex funcionarios involucrados en la red de corrupción han promovido juicios de garantías contra una posible orden de arraigo; sin embargo, sus solicitudes han sido sobreseídas por los tribunales, ante la inexistencia de los actos reclamados. Uno de ellos es Martínez Santiago y el otro es Díaz Pimentel, secretario de Salud al inicio del gobierno de Ruiz. Este último coqueteó con el PRD la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Oaxaca en las elecciones de 2007.”
La información está bien documentada, y al final hay una lista de muchos funcionarios de la pasada y actual administración que presuntamente han lucrado con la salud de los oaxaqueños. Las virtudes de la transparencia arrojan ya resultados, pero a nivel federal; a nivel estatal, nadie cree que alguna vez vaya a tener éxito solicitud alguna para escudriñar en qué se gastan los impuestos de los oaxaqueños.
Recursos para agencias municipales
Autoridades de catorce agencias municipales del Municipio de San Carlos Yautepec y la Agencia de Asunción Tlacolulita, una microrregión de la Sierra Sur donde convergen pueblos chontales, zapotecos y mixes, agrupados en la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, bloquearon el martes desde las 6:30 de la mañana la carretera panamericana, a la altura del Portillo de Nejapa de Madero”.
La tarde anterior, los mismos, habían bloqueado las entradas de la cabecera municipal de San Carlos Yautepec para exigir atención a sus demandas pero la insensibilidad de la Secretaría de Gobierno los obligó a manifestarse obstruyendo el paso sobre la carretera Cristóbal Colón que comunica al istmo de Tehuantepec con esta capital.
Los inconformes demandan de sus presidentes municipales y del gobierno del estado la distribución de los recursos municipales del ramo 28 y 33, para que sean entregadas directamente a sus comunidades.
Las autoridades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, San José Chiltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaría, San Lucas Ixcotepec, San Pablo Topiltepec, San Pedro Tepalcatepec, Santiago Lachivia, San Baltazar Chivaguela, San Pedro Leapi, Santo Tomas Quieri, San Francisco Guichina, San Miguel Nitzaviguiti y San Juan Alotepec, coincidieron en que desde enero del presente año han entablado varias mesas de trabajo con sus ayuntamientos, con la subsecretaría de desarrollo municipal, secretaría general de gobierno, y la cámara de diputados, sin que se tenga respuesta favorable a sus planteamientos.
Las comunidades informan a esta columna que han firmado un acuerdo con relación a los recursos del ramo 28, que se ha venido cumpliendo a fuerzas; no así en el caso de San Juan Alotepec, ya que el presidente municipal de Asunción Tlacolulita, con el respaldo del Subsecretario de Gobierno Joaquín Rodríguez Palacios han desconocido dicho acuerdo a pesar de haber sido firmado en la propia subsecretaria de desarrollo municipal. No dudan en que detrás de esta determinación esté la intervención de la diputada por el distrito de Tehuantepec, Sofía Castro Ríos, quien por cierto pretende repetir como diputada federal en los comicios próximos.
La UPCIYO, exige el cumplimiento de los acuerdos realizados ante el Instituto de la Vivienda de Oaxaca, Seducop, y la entrega de cien mil pesos prometidos por el propio Subsecretario General de Gobierno Joaquín Rodríguez Palacios. De sus Ayuntamientos exigen la entrega de los recursos del ramo 33 de acuerdo con el número de habitantes y el alto rezago social en que se encuentran. Asímismo, el cumplimiento de los convenios firmados en relación al ramo 28.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
http://sociedadabiertareyes.blogspot.com/
Nadie quiere hablar de ello, pero periodísticamente es importante, porque en la información que cotidianamente aparece en las páginas y espacios de los medios de comunicación, pueden encontrarse las claves. Es el caso de la información relacionada con asuntos policiales, de seguridad, justicia y corrupción: lo que comúnmente denominamos nota roja.
Como afirma Monsiváis, en la nota roja no sólo se ven los festivales de balas y la sucesión de muertes, sino un contexto social, predeterminado, que tiene que ver con procesos escondidos, que amenazan con hacer eclosión.
Ahora la nota roja ha pasado a las primeras planas; con el combate al crimen organizado; por las bajas de efectivos de la policía o el ejército o por casos tan escandalosos de corrupción que antes estaban confinados a espacios interiores.
Es el caso de la publicación a ocho columnas, en el periódico Milenio, firmado por Diego Osorno, viejo conocido de muchos oaxaqueños, titulado “Malversaron funcionarios de Ulises 329 mpd”.
Con un “balazo”- se dice en el argot periodístico- que indica que “La Secretaría de la Función Pública denuncia ante la PGR red de corrupción en Oaxaca”, el texto da cuenta de la indagatoria que realiza la Procuraduría entre funcionarios y ex funcionarios por presuntamente malversar recursos federales destinados a prevenir el SIDA, combate a enfermedades infantiles y acondicionar hospitales, entre ellos el infantil oaxaqueño.
El periódico ayer se vendió como pan caliente, salvo que como se acostumbra aquí, lo hayan requisado por órdenes de la oficina de Comunicación Social y la Secretaría Técnica. Es para lo único que sirven.
Sin embargo por las virtudes del Internet, todo mundo se enteró que luego de emprender en enero de 2007 15 auditorías, la dependencia federal encontró irregularidades en el manejo de programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz.
Ante el hallazgo de los desvíos —ascendentes a cerca de 329 millones de pesos—, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia presentó dos denuncias penales en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, por irregularidades en el ejercicio y la comprobación de los recursos, revela un informe oficial.
Diego Osorno ejerciendo este nuevo género periodístico denominado Transparencia y Derecho a la Información, solicitó a través del IFAI los resultados de todas las auditorías practicadas a los recursos federales por el gobierno oaxaqueño y en la respuesta ofrecida por la Dirección General de Operación regional y Contraloría Social se señala que por auditorías a 15 programas ejecutados en Oaxaca durante los años 2006 y 2007 se emitieron observaciones a diversas dependencias y como resultado de éstas se instó a las autoridades competentes para el ejercicio de las acciones procedentes.
“En las otras 14 revisiones especiales a diversas áreas de la administración estatal del PRI, la Función Pública detectó más anomalías, las cuales, en caso de no ser aclaradas, podrían ser procesadas penalmente también. La red de posibles involucrados va desde el ex secretario de Salud estatal, Juan Ramón Díaz Pimentel, al actual, Martín Vásquez Villanueva, así como el subsecretario de Egresos, Joaquín Neyra Skidmore, y la directora de Egresos y Control Presupuestal, Mauricia Lina Luis Ruiz.“Otros de los nombres mencionados en la indagación judicial son los de Arturo Pérez Estrada, director de Desarrollo de la Secretaría de Salud; Miguel Ángel Martínez Santiago, secretario técnico de la dependencia, y Marco Vinicio Palacios Ortiz, secretario particular del secretario Salud. “Ante el avance del proceso legal, algunos de los ex funcionarios involucrados en la red de corrupción han promovido juicios de garantías contra una posible orden de arraigo; sin embargo, sus solicitudes han sido sobreseídas por los tribunales, ante la inexistencia de los actos reclamados. Uno de ellos es Martínez Santiago y el otro es Díaz Pimentel, secretario de Salud al inicio del gobierno de Ruiz. Este último coqueteó con el PRD la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Oaxaca en las elecciones de 2007.”
La información está bien documentada, y al final hay una lista de muchos funcionarios de la pasada y actual administración que presuntamente han lucrado con la salud de los oaxaqueños. Las virtudes de la transparencia arrojan ya resultados, pero a nivel federal; a nivel estatal, nadie cree que alguna vez vaya a tener éxito solicitud alguna para escudriñar en qué se gastan los impuestos de los oaxaqueños.
Recursos para agencias municipales
Autoridades de catorce agencias municipales del Municipio de San Carlos Yautepec y la Agencia de Asunción Tlacolulita, una microrregión de la Sierra Sur donde convergen pueblos chontales, zapotecos y mixes, agrupados en la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, bloquearon el martes desde las 6:30 de la mañana la carretera panamericana, a la altura del Portillo de Nejapa de Madero”.
La tarde anterior, los mismos, habían bloqueado las entradas de la cabecera municipal de San Carlos Yautepec para exigir atención a sus demandas pero la insensibilidad de la Secretaría de Gobierno los obligó a manifestarse obstruyendo el paso sobre la carretera Cristóbal Colón que comunica al istmo de Tehuantepec con esta capital.
Los inconformes demandan de sus presidentes municipales y del gobierno del estado la distribución de los recursos municipales del ramo 28 y 33, para que sean entregadas directamente a sus comunidades.
Las autoridades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, San José Chiltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaría, San Lucas Ixcotepec, San Pablo Topiltepec, San Pedro Tepalcatepec, Santiago Lachivia, San Baltazar Chivaguela, San Pedro Leapi, Santo Tomas Quieri, San Francisco Guichina, San Miguel Nitzaviguiti y San Juan Alotepec, coincidieron en que desde enero del presente año han entablado varias mesas de trabajo con sus ayuntamientos, con la subsecretaría de desarrollo municipal, secretaría general de gobierno, y la cámara de diputados, sin que se tenga respuesta favorable a sus planteamientos.
Las comunidades informan a esta columna que han firmado un acuerdo con relación a los recursos del ramo 28, que se ha venido cumpliendo a fuerzas; no así en el caso de San Juan Alotepec, ya que el presidente municipal de Asunción Tlacolulita, con el respaldo del Subsecretario de Gobierno Joaquín Rodríguez Palacios han desconocido dicho acuerdo a pesar de haber sido firmado en la propia subsecretaria de desarrollo municipal. No dudan en que detrás de esta determinación esté la intervención de la diputada por el distrito de Tehuantepec, Sofía Castro Ríos, quien por cierto pretende repetir como diputada federal en los comicios próximos.
La UPCIYO, exige el cumplimiento de los acuerdos realizados ante el Instituto de la Vivienda de Oaxaca, Seducop, y la entrega de cien mil pesos prometidos por el propio Subsecretario General de Gobierno Joaquín Rodríguez Palacios. De sus Ayuntamientos exigen la entrega de los recursos del ramo 33 de acuerdo con el número de habitantes y el alto rezago social en que se encuentran. Asímismo, el cumplimiento de los convenios firmados en relación al ramo 28.
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jueves, 10 de julio de 2008
¿Quién son responsables?
ERNESTO REYES
Hay varias cuestiones que es preciso comentar respecto a si ha sido pulcra y desinteresada la actuación del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez para autorizar la obra que pretende edificar un centro comercial en la colonia Reforma, cuya consecuencia inmediata es el derribo de un centenar de árboles en el predio que perteneció a don Luis Sarmiento.
Dicho permiso, otorgado la tarde del lunes, cuando ya no son horas de oficina llevaron, pocas horas después, a que la constructora iniciara esta tarea con la natural molestia de ambientalistas y ciudadanos que vieron con impotencia cómo en seis horas acababan con decenas de años de vida animal y vegetal. Estaban contabilizados 123 árboles; quedó apenas el 20 por ciento, tal como estaba pactado previamente con la autoridad.
La “limpia” estaba programada con antelación porque para este efecto prepararon a 300 trabajadores de la construcción para penetrar en la madrugada, lo que inclina a pensar que había certeza de la fecha en que se iba a otorgar el permiso.
El escándalo que a las cuatro de la madrugada provocaba el incesante uso de motosierras, retroexcavadoras, camiones y 300 hombres, despertaron a los vecinos pero nunca llamaron la atención de la Policía Municipal.
Mucho menos en las oficinas de guardia del Municipio cuando vecinos clamaban su intervención; además, se hicieron urgentes llamados a través de la radio comercial. El silencio de la administración municipal fue evidente.
En una zona tan habitada como la Colonia Reforma es imposible que no haya trascendido el escándalo, porque estamos hablando de trabajos en 12 mil metros cuadrados, en un sitio que ya tenía visos de que había inconformidad vecinal.
Según confesión del presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, el permiso otorgado estaba condicionado a que los responsables “presentaran un estudio de vialidad y otro de la Comisión Nacional del Agua, debido a que vecinos del lugar aseguran que en este sitio existe un venero de agua.”
La constructora, contratada por el centro comercial, no cumplió esta condición expuesta de manera verbal, porque ya tenía autorización ( por escrito) y ejercieron el viejo adagio de que es mejor pedir perdón que pedir permiso.
La potestad de autorizar el uso del suelo es del Municipio, por lo que, según el Ayuntamiento, “la empresa solicitante cumplió con los requisitos que marcan los reglamentos municipales.”
Entonces, un condicionamiento de buenas intenciones le dio argumentos a la empresa para limpiar el terreno porque el permiso ya lo tenía; es decir, nunca se le negó.
Además, según argumentos del munícipe, la empresa- que no el municipio- tenía en la mano una minuta que firmó con los miembros de un Comité de Vida Vecinal, encabezado por Hipólito Soriano Montes en el cual en nombre de “ la ciudadanía” acuerdan “autorizar” la construcción de ese centro comercial, “con algunos compromisos.”
¿De cuándo acá un Comvive autoriza una obra que trastocará la ecología de una zona?
Con todo esto a su favor, dijo el edil, “no podía negársele el permiso, pues los afectados podrían recurrir al amparo de la justicia federal”, que según este razonamiento, iba a perder el Ayuntamiento.
¿ Alguien tiene seguridad de que se va a perder un juicio sin conocer siquiera los argumentos y pruebas de la parte demandante?
El argumento es entonces: Como me van a ganar un juicio y voy a hacer el ridículo, entonces autorizo. ¿Quién es el responsable jurídico del Ayuntamiento que formula este absurdo?
El Ayuntamiento no dice nada del estudio de impacto ambiental que debe realizarse para la autorización respectiva.
Tampoco se explica nada del por qué tanta prisa para autorizar una gran obra si no se contaba con los estudios requeridos, tomando en cuenta que por conocimiento previo del Ayuntamiento este lugar era una reserva natural con grandes árboles, palmeras, animales y un venero de agua, que le daban argumentos a Hernández Fraguas para pensar incluso en construir ahí un parque ecológico, sólo que la propietaria se negó a vender.
Ahora, como si se estuviera siguiendo un plan preconcebido, se suspendió la obra temporalmente – luego que la propia autoridad permitiera el derribo de árboles- para dar tiempo a que la Comisión especial y la de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Tenencia de la Tierra dictaminen que fue lo que ocurrió.
¿ Podrá hacer algo una comisión para revivir los árboles ?
La diferencia con las obras del zócalo en el 2005 es que aún con el abuso de la “transformación paisajística”, allá se arrancaron varios árboles con todo y raíces para trasplantarlos; acá se cortaron con motosierra para aniquilarlos. Allá hubo un estudio sobre la vida útil de las especies que, al menos, avalaron especialistas ¿ Lo hubo acá?
Afirmamos que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez permitió el ecocidio porque desde las primeras horas de la mañana en que se dio la alerta- incluso desde radio Oro, sus reporteras y reporteros insistían en informar de lo que estaba pasando de manera directa-, ningún funcionario se presentó a suspender la obra; fue hacia las 9 de la mañana, cuando ya corrían cuatro horas de trabajos, cuando arribó al lugar el director de ecología municipal, un funcionario menor.
Lo que queda claro es que siendo una obra de importancia, que modificará el trazo urbano de la zona, nunca se puso a consideración del cabildo en pleno para autorizarla o rechazarla, ni se dio cuenta a la comisión y a las regidurías respectivas.
Todo se hizo a oscuras, en manos de dos o tres funcionarios y regidores, por lo que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo fue que se otorgaron permisos, quiénes apadrinan a la empresa y quiénes son los políticos y funcionarios involucrados. Dejarlo en abuso o agandalle por parte de la empresa, es ver sólo una cara de la moneda. No sólo hacia este flanco deben voltear los vecinos y la sociedad organizada.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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ERNESTO REYES
Hay varias cuestiones que es preciso comentar respecto a si ha sido pulcra y desinteresada la actuación del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez para autorizar la obra que pretende edificar un centro comercial en la colonia Reforma, cuya consecuencia inmediata es el derribo de un centenar de árboles en el predio que perteneció a don Luis Sarmiento.
Dicho permiso, otorgado la tarde del lunes, cuando ya no son horas de oficina llevaron, pocas horas después, a que la constructora iniciara esta tarea con la natural molestia de ambientalistas y ciudadanos que vieron con impotencia cómo en seis horas acababan con decenas de años de vida animal y vegetal. Estaban contabilizados 123 árboles; quedó apenas el 20 por ciento, tal como estaba pactado previamente con la autoridad.
La “limpia” estaba programada con antelación porque para este efecto prepararon a 300 trabajadores de la construcción para penetrar en la madrugada, lo que inclina a pensar que había certeza de la fecha en que se iba a otorgar el permiso.
El escándalo que a las cuatro de la madrugada provocaba el incesante uso de motosierras, retroexcavadoras, camiones y 300 hombres, despertaron a los vecinos pero nunca llamaron la atención de la Policía Municipal.
Mucho menos en las oficinas de guardia del Municipio cuando vecinos clamaban su intervención; además, se hicieron urgentes llamados a través de la radio comercial. El silencio de la administración municipal fue evidente.
En una zona tan habitada como la Colonia Reforma es imposible que no haya trascendido el escándalo, porque estamos hablando de trabajos en 12 mil metros cuadrados, en un sitio que ya tenía visos de que había inconformidad vecinal.
Según confesión del presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, el permiso otorgado estaba condicionado a que los responsables “presentaran un estudio de vialidad y otro de la Comisión Nacional del Agua, debido a que vecinos del lugar aseguran que en este sitio existe un venero de agua.”
La constructora, contratada por el centro comercial, no cumplió esta condición expuesta de manera verbal, porque ya tenía autorización ( por escrito) y ejercieron el viejo adagio de que es mejor pedir perdón que pedir permiso.
La potestad de autorizar el uso del suelo es del Municipio, por lo que, según el Ayuntamiento, “la empresa solicitante cumplió con los requisitos que marcan los reglamentos municipales.”
Entonces, un condicionamiento de buenas intenciones le dio argumentos a la empresa para limpiar el terreno porque el permiso ya lo tenía; es decir, nunca se le negó.
Además, según argumentos del munícipe, la empresa- que no el municipio- tenía en la mano una minuta que firmó con los miembros de un Comité de Vida Vecinal, encabezado por Hipólito Soriano Montes en el cual en nombre de “ la ciudadanía” acuerdan “autorizar” la construcción de ese centro comercial, “con algunos compromisos.”
¿De cuándo acá un Comvive autoriza una obra que trastocará la ecología de una zona?
Con todo esto a su favor, dijo el edil, “no podía negársele el permiso, pues los afectados podrían recurrir al amparo de la justicia federal”, que según este razonamiento, iba a perder el Ayuntamiento.
¿ Alguien tiene seguridad de que se va a perder un juicio sin conocer siquiera los argumentos y pruebas de la parte demandante?
El argumento es entonces: Como me van a ganar un juicio y voy a hacer el ridículo, entonces autorizo. ¿Quién es el responsable jurídico del Ayuntamiento que formula este absurdo?
El Ayuntamiento no dice nada del estudio de impacto ambiental que debe realizarse para la autorización respectiva.
Tampoco se explica nada del por qué tanta prisa para autorizar una gran obra si no se contaba con los estudios requeridos, tomando en cuenta que por conocimiento previo del Ayuntamiento este lugar era una reserva natural con grandes árboles, palmeras, animales y un venero de agua, que le daban argumentos a Hernández Fraguas para pensar incluso en construir ahí un parque ecológico, sólo que la propietaria se negó a vender.
Ahora, como si se estuviera siguiendo un plan preconcebido, se suspendió la obra temporalmente – luego que la propia autoridad permitiera el derribo de árboles- para dar tiempo a que la Comisión especial y la de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Tenencia de la Tierra dictaminen que fue lo que ocurrió.
¿ Podrá hacer algo una comisión para revivir los árboles ?
La diferencia con las obras del zócalo en el 2005 es que aún con el abuso de la “transformación paisajística”, allá se arrancaron varios árboles con todo y raíces para trasplantarlos; acá se cortaron con motosierra para aniquilarlos. Allá hubo un estudio sobre la vida útil de las especies que, al menos, avalaron especialistas ¿ Lo hubo acá?
Afirmamos que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez permitió el ecocidio porque desde las primeras horas de la mañana en que se dio la alerta- incluso desde radio Oro, sus reporteras y reporteros insistían en informar de lo que estaba pasando de manera directa-, ningún funcionario se presentó a suspender la obra; fue hacia las 9 de la mañana, cuando ya corrían cuatro horas de trabajos, cuando arribó al lugar el director de ecología municipal, un funcionario menor.
Lo que queda claro es que siendo una obra de importancia, que modificará el trazo urbano de la zona, nunca se puso a consideración del cabildo en pleno para autorizarla o rechazarla, ni se dio cuenta a la comisión y a las regidurías respectivas.
Todo se hizo a oscuras, en manos de dos o tres funcionarios y regidores, por lo que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo fue que se otorgaron permisos, quiénes apadrinan a la empresa y quiénes son los políticos y funcionarios involucrados. Dejarlo en abuso o agandalle por parte de la empresa, es ver sólo una cara de la moneda. No sólo hacia este flanco deben voltear los vecinos y la sociedad organizada.
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martes, 8 de julio de 2008
20 años después
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
El 6 de julio de 1988, estudiante ya de la licenciatura en Ciencia Política en la entrañable UAM Iztapalapa, pero colaborador todavía de la revista Proceso, fui comisionado a cubrir el proceso electoral en la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente en el municipio de Juchitán de Zaragoza que en ese entonces tenía fama de ser de las poquísimas localidades de población con tendencia de izquierda.
Actuaba ahí, con gran poder, la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, organización que por las ambiciones de sus líderes más la corrupción prohijada por los diferentes gobiernos, ha venido a menos.
Sin embargo, hace dos décadas, Juchitán era prácticamente un símbolo de la disidencia del sistema. No había sin embargo, un gran trabajo electoral sistematizado para defender un triunfo que se sentía en el ambiente, mismo que, se pensaba, llevaría al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República.
En esta zona y en varias regiones de la entidad como la mixteca, particularmente por el recuerdo de su padre y benefactor de la región, el general Lázaro Cárdenas, había simpatía por la propuesta del Frente Democrático Nacional.
Sorprendentemente en Juchitán, postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hasta se había convertido al cardenismo el famoso “Rojo” Altamirano Robles que tantos dolores de cabeza, actuando como priista incendiario, le había dado a la COCEI que en ese entonces pactaba alianzas con el Partido Mexicano Socialista para postular también candidatos a puestos de elección popular.
Si desde “El Rojo”, priista irredento, al igual que Israel de la Cruz, ex candidato perdedor en el municipio contra Leopoldo de Gyves, y Raúl Enríquez Palomec, ex diputado priista de la LII Legislatura estaban sumados a la propuesta cardenista, nada más en esta zona, podría entenderse la gran simpatía y arrastre que generaba esta campaña en otras partes del estado entre hombres y mujeres que desaprobaban la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, tecnócrata formado en el extranjero, quien encabezó el arribo de otra generación en el poder . Generación con una visión más larga, ambiciosa y planificadora para apoderarse del Estado, al menos en un cuarto de siglo. Ya van 20 años, y en esta corriente se inscriben, aunque no lo quieran reconocer, no sólo Ernesto Zedillo, sino Vicente Fox y Felipe Calderón. Son los mismos intereses estratégicos, la misma política económica y la dependencia con los poderes fácticos y del gobierno estadounidense lo que los une en un gran hilo conductor que son el PAN y el PRI en alianzas temporales.
Pero en este entonces, el proyecto de instalar a un hombre formado en la ideología de la Revolución Mexicana, disidente del tricolor a través de la Corriente Democrática, unificaba muchas voluntades que le apostaban al cambio de régimen y de políticas públicas para favorecer a los sectores más desprotegidos de la población.
A la campaña de Cárdenas se había sumado contra todos los pronósticos, el ingeniero Heberto Castillo, dirigente histórico de la izquierda, desde 1968 cuando defendió a los estudiantes y sufrió dos años de cárcel.
Recuerdo también el mitin multitudinario escenificado en la explanada de rectoría de la UNAM a la que asistimos varios estudiantes de la Autónoma Metropolitana para apoyar a Cárdenas, quien en la apoteosis, salió casi en vilo, sellando una alianza con la juventud.
El ambiente de estar muy cerca de alcanzar el poder por la vía pacífica se sentía en Juchitán, presente también el que esto redacta, en uno de los últimos mítines de la campaña de Cuauhtémoc, antes del gran cierre realizado en el zócalo de la ciudad de México, en los primeros días de julio.
Durante la elección, en el Istmo, se conocieron los clásicos intentos del PRI por agenciarse votos, con las trampas de siempre, pero era tanta la afluencia que en los hechos fueron rebasados, aunque la “caída” del sistema la noche del domingo 6 de julio, trajo consigo el desencanto y el dolor, porque de pronto aparecieron muchos menos votos de los que había obtenido la oposición para darle el cuestionado triunfo al primer presidente ilegítimo de la historia de México. A Cárdenas desde entonces se le empezó a denominar triunfador moral de las elecciones, reconocimiento que lamentablemente ahora él mismo regatea para Andrés Manuel López Obrador.
Compartí el trabajo periodístico en aquella fecha histórica, con Adriana Luna Parra, amiga de Carlos Payán, simpatizante de la candidatura de Cárdenas, quien la envió a cubrir los comicios por parte de La Jornada; con ella, al igual que con Ana Luisa Anza, fotógrafa de la agencia Cuarto Oscuro, reportamos todas las incidencias, y cuando después de las 7 de la noche se conoció que había empezado el fraude cibernético para cambiar los números, también sentimos el coletazo de la indignación, porque aún siendo periodistas, no podíamos hacernos los indiferentes. En el fondo todos queríamos que empezara en ese momento lo que los analistas llaman la transición, que duraría mucho tiempo para que llegara.
Hacia las once de la noche, cuando se adelantó el triunfo de Salinas, con las compañeras y algunos de los líderes históricos de la COCEI, como el fallecido Daniel López Nelio, Leopoldo De Gyves, etcétera, nos sentamos a comentar nuestra indignación a un costado de la vieja oficina de la COCEI, casa del ingeniero Desiderio De Gyves. Se sentía la rabia por el despojo; rodaron algunas lágrimas y se hicieron promesas de que en el ámbito de cada quien – como estudiantes, periodistas, dirigentes, etcétera- íbamos a seguir promoviendo los cambios democráticos en México.
Luna Parra se volvió tiempo después, colaboradora del ingeniero y le entró de lleno a la política, al grado de que después de ser diputada federal por el PRD, ahora despacha como directora del zoológico de Chapultepec. De Ana Luisa supe que se convirtió en pareja de Pedro Valtierra, un gran fotógrafo mexicano.
Pero en el camino de regreso hacia Oaxaca el martes 8 de julio, 20 años hace exactamente, en el samurai azul que todavía conservo, platicamos de sueños, profesionales y personales que muchos de los que ya cubríamos desde entonces aconteceres electorales, hemos venido realizando cada quién en nuestro ámbito.
El país desde entonces, cambió a pesar del robo contra Cuauhtémoc, dejando enseñanzas para una generación que está activa y actuante todavía y que sigue luchando por otros medios, casi por las mismas causas. A ellos dedico estos recuerdos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
ERNESTO REYES
El 6 de julio de 1988, estudiante ya de la licenciatura en Ciencia Política en la entrañable UAM Iztapalapa, pero colaborador todavía de la revista Proceso, fui comisionado a cubrir el proceso electoral en la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente en el municipio de Juchitán de Zaragoza que en ese entonces tenía fama de ser de las poquísimas localidades de población con tendencia de izquierda.
Actuaba ahí, con gran poder, la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, organización que por las ambiciones de sus líderes más la corrupción prohijada por los diferentes gobiernos, ha venido a menos.
Sin embargo, hace dos décadas, Juchitán era prácticamente un símbolo de la disidencia del sistema. No había sin embargo, un gran trabajo electoral sistematizado para defender un triunfo que se sentía en el ambiente, mismo que, se pensaba, llevaría al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República.
En esta zona y en varias regiones de la entidad como la mixteca, particularmente por el recuerdo de su padre y benefactor de la región, el general Lázaro Cárdenas, había simpatía por la propuesta del Frente Democrático Nacional.
Sorprendentemente en Juchitán, postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hasta se había convertido al cardenismo el famoso “Rojo” Altamirano Robles que tantos dolores de cabeza, actuando como priista incendiario, le había dado a la COCEI que en ese entonces pactaba alianzas con el Partido Mexicano Socialista para postular también candidatos a puestos de elección popular.
Si desde “El Rojo”, priista irredento, al igual que Israel de la Cruz, ex candidato perdedor en el municipio contra Leopoldo de Gyves, y Raúl Enríquez Palomec, ex diputado priista de la LII Legislatura estaban sumados a la propuesta cardenista, nada más en esta zona, podría entenderse la gran simpatía y arrastre que generaba esta campaña en otras partes del estado entre hombres y mujeres que desaprobaban la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, tecnócrata formado en el extranjero, quien encabezó el arribo de otra generación en el poder . Generación con una visión más larga, ambiciosa y planificadora para apoderarse del Estado, al menos en un cuarto de siglo. Ya van 20 años, y en esta corriente se inscriben, aunque no lo quieran reconocer, no sólo Ernesto Zedillo, sino Vicente Fox y Felipe Calderón. Son los mismos intereses estratégicos, la misma política económica y la dependencia con los poderes fácticos y del gobierno estadounidense lo que los une en un gran hilo conductor que son el PAN y el PRI en alianzas temporales.
Pero en este entonces, el proyecto de instalar a un hombre formado en la ideología de la Revolución Mexicana, disidente del tricolor a través de la Corriente Democrática, unificaba muchas voluntades que le apostaban al cambio de régimen y de políticas públicas para favorecer a los sectores más desprotegidos de la población.
A la campaña de Cárdenas se había sumado contra todos los pronósticos, el ingeniero Heberto Castillo, dirigente histórico de la izquierda, desde 1968 cuando defendió a los estudiantes y sufrió dos años de cárcel.
Recuerdo también el mitin multitudinario escenificado en la explanada de rectoría de la UNAM a la que asistimos varios estudiantes de la Autónoma Metropolitana para apoyar a Cárdenas, quien en la apoteosis, salió casi en vilo, sellando una alianza con la juventud.
El ambiente de estar muy cerca de alcanzar el poder por la vía pacífica se sentía en Juchitán, presente también el que esto redacta, en uno de los últimos mítines de la campaña de Cuauhtémoc, antes del gran cierre realizado en el zócalo de la ciudad de México, en los primeros días de julio.
Durante la elección, en el Istmo, se conocieron los clásicos intentos del PRI por agenciarse votos, con las trampas de siempre, pero era tanta la afluencia que en los hechos fueron rebasados, aunque la “caída” del sistema la noche del domingo 6 de julio, trajo consigo el desencanto y el dolor, porque de pronto aparecieron muchos menos votos de los que había obtenido la oposición para darle el cuestionado triunfo al primer presidente ilegítimo de la historia de México. A Cárdenas desde entonces se le empezó a denominar triunfador moral de las elecciones, reconocimiento que lamentablemente ahora él mismo regatea para Andrés Manuel López Obrador.
Compartí el trabajo periodístico en aquella fecha histórica, con Adriana Luna Parra, amiga de Carlos Payán, simpatizante de la candidatura de Cárdenas, quien la envió a cubrir los comicios por parte de La Jornada; con ella, al igual que con Ana Luisa Anza, fotógrafa de la agencia Cuarto Oscuro, reportamos todas las incidencias, y cuando después de las 7 de la noche se conoció que había empezado el fraude cibernético para cambiar los números, también sentimos el coletazo de la indignación, porque aún siendo periodistas, no podíamos hacernos los indiferentes. En el fondo todos queríamos que empezara en ese momento lo que los analistas llaman la transición, que duraría mucho tiempo para que llegara.
Hacia las once de la noche, cuando se adelantó el triunfo de Salinas, con las compañeras y algunos de los líderes históricos de la COCEI, como el fallecido Daniel López Nelio, Leopoldo De Gyves, etcétera, nos sentamos a comentar nuestra indignación a un costado de la vieja oficina de la COCEI, casa del ingeniero Desiderio De Gyves. Se sentía la rabia por el despojo; rodaron algunas lágrimas y se hicieron promesas de que en el ámbito de cada quien – como estudiantes, periodistas, dirigentes, etcétera- íbamos a seguir promoviendo los cambios democráticos en México.
Luna Parra se volvió tiempo después, colaboradora del ingeniero y le entró de lleno a la política, al grado de que después de ser diputada federal por el PRD, ahora despacha como directora del zoológico de Chapultepec. De Ana Luisa supe que se convirtió en pareja de Pedro Valtierra, un gran fotógrafo mexicano.
Pero en el camino de regreso hacia Oaxaca el martes 8 de julio, 20 años hace exactamente, en el samurai azul que todavía conservo, platicamos de sueños, profesionales y personales que muchos de los que ya cubríamos desde entonces aconteceres electorales, hemos venido realizando cada quién en nuestro ámbito.
El país desde entonces, cambió a pesar del robo contra Cuauhtémoc, dejando enseñanzas para una generación que está activa y actuante todavía y que sigue luchando por otros medios, casi por las mismas causas. A ellos dedico estos recuerdos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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