Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Se difundió apenas que Ulises Ruiz enviará una iniciativa al Congreso local para crear el Instituto de Lenguas Indígenas que tiene como propósito “impulsar, rescatar y promover el desarrollo de las lenguas maternas en la entidad.”
En su elaboración participaron la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Comisión Especial para la Reforma del Estado; además, cuenta con la aprobación del Instituto Nacional de Lenguas indígenas y hasta el visto bueno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En el discurso se afirma que con dicho Instituto se salda una deuda con los pueblos indígenas, porque el organismo coadyuvará a la conservación del patrimonio lingüístico de los oaxaqueños.
La iniciativa, se dijo, es resultado de las Jornadas para el Fortalecimiento de la Diversidad Lingüística del Estado realizadas el año pasado, de las cuales resultó la necesidad de crear un órgano que impulse y rescate el desarrollo de dichas lenguas.
Como es común en Oaxaca tratar de demostrar que se está trabajando y se crean instituciones supuestamente innovadoras e inéditas, resulta que a los funcionarios se les olvida que desde hace una década funciona aquí el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO), institución- aunque no lleva esta formalidad- encargada de lo mismo que ahora se quiere crear.
Nos lo recuerdan representantes y miembros de comunidades y pueblos indígenas, así como de instituciones y organizaciones relacionadas con la problemática relacionada con las lenguas, las culturas y la educación comunitaria indígena, que acaban de participar en el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca.
En la mesa de análisis que trató estos temas, se elaboró un pronunciamiento, en el que con oportunidad se denuncia el intento de duplicar funciones al CEDELIO, o en su caso desaparecerlo a cambio de un nuevo organismo como sería el llamado Instituto de Lenguas Indígenas.
Al tenor de las discusiones, los asistentes estuvieron de acuerdo en que las culturas y lenguas originarias deben ser respetadas y fomentadas de manera permanente, sistemática e integral, porque dan cuerpo a la diversidad y riqueza lingüística y cultural de Oaxaca.
Consideran que contrario a ello, la educación que imparte el Estado excluye y no fomenta en la práctica una educación acorde a esta diversidad, repitiéndose los viejos esquemas integracionistas y asimilacionistas.
“Nuestras culturas y lenguas son objeto de discriminación y agresión por parte del Estado y terceras partes, mismo que han contribuido en su permanente deterioro, debilitamiento hasta llevarlas a su muerte o desaparición”, subrayan, aún y cuando existen instituciones que están a la búsqueda de modelos alternos para una educación comunitaria.
Esto trae como consecuencia que haya muchos maestros y directivos de la llamada “educación indígena” que siguen reproduciendo modelos y prácticas enajenantes, hegemónicas y etnocidas.
En este marco, advierten que “en un supuesto afán de ‘proteger’ nuestras lenguas y culturas, el Estado sigue imponiendo políticas e instituciones, como está sucediendo con la iniciativa de creación del Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, que es producto de una “ocurrencia”, se infiere, del titular del Ejecutivo.
Ocurrencia- afirman- que es a todas luces arbitraria, porque además de duplicar las funciones del CEDELIO implicaría un doble y mayor gasto de recursos, lo cual no es procedente en una entidad con tantos rezagos y carencias
Exigen por tanto, al Gobierno del Estado de Oaxaca y en especial el Congreso Local, detener la iniciativa de ley para la creación del Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, toda vez que duplicaría las funciones y operación del CEDELIO, organismo creado desde 1998 por el IEEPO y el Gobierno del Estado.
El sentido común nos indica, agregan, que en vez de crear una nueva institución burocrática, se debe fortalecer lo que ya existe, como es el caso del CEDELIO.
Pero en caso de que el Gobierno persista en tal iniciativa, “haremos un llamado al movimiento magisterial y popular para impulsar una serie de jornadas pacíficas para la defensa del CEDELIO y por mayores apoyos para las tareas de preservación y desarrollo de las lenguas y culturas originarias de Oaxaca.”
Los asistentes al Foro realizado el 9 de agosto en el Instituto de Investigación en Humanidades de la UABJO, exigen que las autoridades del Gobierno del Estado y de la Federación, en cumplimiento de la ley, fortalezcan jurídica, técnica y presupuestalmente al Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO), con el fin de que desarrolle en mejores condiciones el trabajo que desde hace una década viene realizando a favor de las lenguas y las culturas de los pueblos originarios de Oaxaca.
Además, durante el foro, y basados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en tanto referente jurídico, político y ético, se pronuncian por reconocer la esencia oral de nuestras lenguas originarias, reafirmando la importancia de impulsar y fortalecer la lectura y la escritura de dichas lenguas, mediante el diseño o, donde corresponda, la revisión de los alfabetos, para su práctica y ejercicio cotidiano tanto en las aulas escolares como en los diversos espacios comunitarios.
“Reconocemos la necesidad de que nuestras organizaciones e instituciones comunitarias sigan impulsando trabajos de estudio e investigación lingüística y antropológica en nuestros pueblos a fin de sistematizar de manera seria y responsable nuestros propios conocimientos, para su defensa y aprovechamiento, así como su trasmisión a las futuras generaciones.
Hacen un llamado especial a todas las instituciones educativas, particularmente las Universidades, sean del ámbito público o privado, para que abran espacios donde se estudien y pongan en práctica las lenguas y las culturas originarias.
Al Estado y a la sociedad en su conjunto les exigen desterra las prácticas discriminatorias en todas sus manifestaciones y propiciar una relación de respeto a la diversidad étnica, cultural y lingüística, como base de la convivencia cotidiana en una sociedad dispuesta a dar y recibir de los demás.
El punto más importante, es el referente al CEDELIO, por el riesgo que implica su inminente desaparición, ya que sin decirlo, el Instituto que propone Ulises y sus asesores indigenistas implica la sustitución o la absorción de estas funciones. Parece estar muy claro.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
sábado, 16 de agosto de 2008
viernes, 15 de agosto de 2008
Reforma “a contentillo”
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
A contentillo del PRI de Ulises Ruiz, en los sótanos de la política oaxaqueña se está fraguando en estos momentos una Reforma Electoral, la cual permitiría, si no hay fuerza ciudadana que lo impida, que por varios años más se mantenga el grupo que ha estado en el poder por más de siete décadas.
Saben muy bien quienes se ufanan de “controlar” a la oposición, por las buenas o por las malas, que si acataran las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, permitiendo para el 2010 la concurrencia de elecciones en una sola fecha, de seguro perderían su hegemonía.
Juntas las tres elecciones, el PRI se desfonda, porque ya está comprobado que ante una gran participación ciudadana, quien gana es la oposición, suponiendo que no exista fraude como en el 2004.
Entonces, a toda costa y con el costo político que sea, pretenden en la sesión camaral de este jueves, que la mayoría apruebe un proyecto que contiene una reforma cosmética, en muchos casos regresiva.
Algunos actores políticos han adelantado que se gesta un “albazo legislativo, el cual implicaba mantener separados en el año 2010, las elecciones de gobernador y las de concejales y diputados. Aceptarían la concurrencia pero hasta el 2016.
Incluso piensan aprobar, si es que los intereses de los ambiciosos se juntan en esta cruzada antidemocrática, una propuesta surgida de la bancada domesticada del PRD, de un miniperiodo gubernamental de 2 años para que Jorge Franco Vargas, alias el Chucky, tome por fin las riendas del gobierno que le heredaría Ulises Ruiz.
No se descarta tampoco que en pago a su genuflexa posición el reintegro de gubernatura tocara a Adolfo Toledo Infanzón, o a algún otro favorito del jefe de todos ellos.
Alguien comentaba ayer, cuando se anticipaba lo que pudiera ocurrir este jueves, que a los políticos no les convenía gobernar en un periodo tan corto, y este columnista contestaba que para un ladrón – como los hay muchos en el PRI, aunque también en la oposición- con sólo media hora que tenga en su poder las arcas públicas, como se infiere sucede actualmente a falta de una efectiva supervisión de los órganos encargados, con esto les basta para hincharse de dinero malhabido.
¿Acaso no todo el pueblo de Oaxaca sabe de la famosa familia gubernamental que con el “sudor” de la frente de varios hermanos se compró un hospital de mil 500 millones de pesos en la ciudad de México?
Bueno, pues los arreglos camarales dictados desde la cúspide, en los que están involucrados muchos legisladores de la llamada oposición amarilla y azul, mas los partidos “morralla” o paraestatales, van a cometer de nuevo una ofensa contra el pueblo oaxaqueño.
Según las denuncias publicadas aquí en Noticias, los arreglos constitucionales y al CIPPEO tenían dos escenarios:
Que a propuesta del PRD, la “mayoría” apruebe un gobierno de “transición que funja en el periodo 2010-2012 para empatar los comicios locales con las elecciones presidenciales, y que por única ocasión el ejercicio constitucional de los ayuntamientos electos, así como de los diputados locales sea también de dos años.
Como con esta propuesta el PRI no estaba muy convencido, se preveía otro escenario:
Como no pueden negarse a que los comicios locales se efectúen el primer domingo del mes de julio del 2010, como lo mandata ya la reforma federal, aprobarían seguir manteniendo separadas las elecciones para concejales y diputados, con las de gobernador; aceptando juntar las dos primeras en el 2013 y hasta el 2016 las concurrentes.
En la reforma que cocina la mayoría, con la complicidad de las otras bancadas, incluyendo algunas que se reclaman de oposición, muy poco se dice de la renovación, por completo, como lo ha demandado la ciudadanía desde el proceso electoral pasado, del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal, incluyendo consejeros y magistrados porque en conjunto no han garantizado certeza e imparcialidad en la competencia.
Aunque la oposición que se resista pudiera acudir a interponer una controversia constitucional para que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación le enmiende la plana a quienes no les importa trasgredir las normas constitucionales, con tal de seguirse burlando de una población que desde hace cuatro años decidió cambiar e inaugurar la alternancia, que si bien no se ha dado de manera formal, en el sentir de la gente es ya un proceso irreversible.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
A contentillo del PRI de Ulises Ruiz, en los sótanos de la política oaxaqueña se está fraguando en estos momentos una Reforma Electoral, la cual permitiría, si no hay fuerza ciudadana que lo impida, que por varios años más se mantenga el grupo que ha estado en el poder por más de siete décadas.
Saben muy bien quienes se ufanan de “controlar” a la oposición, por las buenas o por las malas, que si acataran las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, permitiendo para el 2010 la concurrencia de elecciones en una sola fecha, de seguro perderían su hegemonía.
Juntas las tres elecciones, el PRI se desfonda, porque ya está comprobado que ante una gran participación ciudadana, quien gana es la oposición, suponiendo que no exista fraude como en el 2004.
Entonces, a toda costa y con el costo político que sea, pretenden en la sesión camaral de este jueves, que la mayoría apruebe un proyecto que contiene una reforma cosmética, en muchos casos regresiva.
Algunos actores políticos han adelantado que se gesta un “albazo legislativo, el cual implicaba mantener separados en el año 2010, las elecciones de gobernador y las de concejales y diputados. Aceptarían la concurrencia pero hasta el 2016.
Incluso piensan aprobar, si es que los intereses de los ambiciosos se juntan en esta cruzada antidemocrática, una propuesta surgida de la bancada domesticada del PRD, de un miniperiodo gubernamental de 2 años para que Jorge Franco Vargas, alias el Chucky, tome por fin las riendas del gobierno que le heredaría Ulises Ruiz.
No se descarta tampoco que en pago a su genuflexa posición el reintegro de gubernatura tocara a Adolfo Toledo Infanzón, o a algún otro favorito del jefe de todos ellos.
Alguien comentaba ayer, cuando se anticipaba lo que pudiera ocurrir este jueves, que a los políticos no les convenía gobernar en un periodo tan corto, y este columnista contestaba que para un ladrón – como los hay muchos en el PRI, aunque también en la oposición- con sólo media hora que tenga en su poder las arcas públicas, como se infiere sucede actualmente a falta de una efectiva supervisión de los órganos encargados, con esto les basta para hincharse de dinero malhabido.
¿Acaso no todo el pueblo de Oaxaca sabe de la famosa familia gubernamental que con el “sudor” de la frente de varios hermanos se compró un hospital de mil 500 millones de pesos en la ciudad de México?
Bueno, pues los arreglos camarales dictados desde la cúspide, en los que están involucrados muchos legisladores de la llamada oposición amarilla y azul, mas los partidos “morralla” o paraestatales, van a cometer de nuevo una ofensa contra el pueblo oaxaqueño.
Según las denuncias publicadas aquí en Noticias, los arreglos constitucionales y al CIPPEO tenían dos escenarios:
Que a propuesta del PRD, la “mayoría” apruebe un gobierno de “transición que funja en el periodo 2010-2012 para empatar los comicios locales con las elecciones presidenciales, y que por única ocasión el ejercicio constitucional de los ayuntamientos electos, así como de los diputados locales sea también de dos años.
Como con esta propuesta el PRI no estaba muy convencido, se preveía otro escenario:
Como no pueden negarse a que los comicios locales se efectúen el primer domingo del mes de julio del 2010, como lo mandata ya la reforma federal, aprobarían seguir manteniendo separadas las elecciones para concejales y diputados, con las de gobernador; aceptando juntar las dos primeras en el 2013 y hasta el 2016 las concurrentes.
En la reforma que cocina la mayoría, con la complicidad de las otras bancadas, incluyendo algunas que se reclaman de oposición, muy poco se dice de la renovación, por completo, como lo ha demandado la ciudadanía desde el proceso electoral pasado, del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal, incluyendo consejeros y magistrados porque en conjunto no han garantizado certeza e imparcialidad en la competencia.
Aunque la oposición que se resista pudiera acudir a interponer una controversia constitucional para que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación le enmiende la plana a quienes no les importa trasgredir las normas constitucionales, con tal de seguirse burlando de una población que desde hace cuatro años decidió cambiar e inaugurar la alternancia, que si bien no se ha dado de manera formal, en el sentir de la gente es ya un proceso irreversible.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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miércoles, 13 de agosto de 2008
Riesgos en Ixcatlán
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
El pasado siete de agosto, finalmente el Congreso del Estado fue sensible al sentir de un sector de la población de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco que consideraba que por las atrocidades cometidas por un grupo caciquil en contra de sus ciudadanos, debía iniciarse el procedimiento de desaparición de poderes y declarar la
suspensión provisional de dicho Ayuntamiento.
Lo hicieron más por decisión propia, y por las evidencia de que el vacío de poder era tan grave que ameritaba una decisión inmediata, por la presión que en ese momento ya existía por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que recientemente había emitido medidas cautelares para quienes han fungido como testigos de los hechos en el proceso judicial.
No fue una concesión gratuita haber dictado dichas medidas, sino por la presión internacional de organismos como la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos que con fecha 19 de Mayo solicitó formalmente al Gobierno de México lo siguiente:
1.-Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 60 personas de Santo Domingo Ixcatlán.
2.-Concertar las Medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios, e
3.-Informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares, y remover los factores de riesgo.
Esta decisión la había tomado la CIDH tras enterarse que el pasado 30 de abril, aprovechando que el presidente municipal de Ixcatlán, Omar Morales Arias se había ausentado del cargo para irse a trabajar a los Estados Unidos, su hermano, el asesor jurídico Freddy Eucario de los mismos apellidos, había encabezado a un grupo ( según autos que integran el expediente judicial) el cual incluía al sindico municipal de esta población Artemio Jiménez Martinez y a 50 personas más, entre ellos policías y funcionarios municipales, que habían cometido un múltiple asesinato.
Todos ellos, provistos de armas de alto poder, dieron muerte a Melesio Martínez Robles, Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, a quienes según el expediente penal 130/ 2008, infringieron una muerte atroz que horroriza al recordarlo y ver las fotografías de cómo quedaron los cuerpos.
Lo evidente de este atentado, hizo que se detuviera a uno de los cabecillas, Freddy Eucario Morales Arias quien se encuentra privado de su libertad acusado de los delitos de Homicidio calificado, con alevosía y ventaja, más 12 personas más que tienen orden de aprehensión por el mismo delito.
Ahora nos enteramos que a pesar de las medidas dictadas, según denuncia del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, el grupo que tiene todas las características de una formación paramilitar, sigue causando daños y sigue poniendo en riesgo la vida de los habitantes de Ixcatlán, violando las medidas cautelares impuestas.
De una semana para acá, dicho grupo ha causado daños al edificio de la Agencia Municipal y el Panteón de La Reforma, ha saqueado el curato de la iglesia de Ixcatlán, y ha bloqueado los accesos carreteros a Yucudaá para pedir – imagínense- el retiro de los elementos de la Policía Preventiva Estatal, porque obviamente no conviene a sus intereses.
Este grupo quisiera, se infiere en la denuncia del CEDAHPI, que no hubiera vigilancia para tener a su merced a los ciudadanos que han solicitado justicia por los horrendos crímenes, y además que el Congreso del Estado restablezca al cabildo municipal que ellos reconocen, donde el ex munícipe procesado por los homicidios funge como asesor y sus principales parientes integran el Ayuntamiento.
Poner atención a este problema para que la violencia no sea la forma en que los habitantes de Ixcatlán diriman sus diferencias internas y garantizar condiciones de estabilidad y paz, le corresponde al gobierno estatal y a su área de gobierno.
Asimismo, crear un ambiente de civilidad para que el administrador municipal que debe estar al frente del Municipio, mientras se supera la crisis, esté por encima de estas diferencias y coadyuve a una convivencia armónica entre los ciudadanos de este municipio mixteco.
De lo contrario, y aún cuando la CIDH haya intervenido, será nugatoria cualquier medida cautelar que lo primero que dispone es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que están en riesgo de sufrir mayores represalias por el clima de encono y de impunidad de que sigue gozando el grupo caciquil.
Al gobierno estatal le corresponde el cuidado de la vida de sus ciudadanos, en lugar de ayudar mediáticamente a quien está en la cárcel por los atroces crímenes, promoviendo por debajo de la mesa incluso su liberación. No debe ser cómplice de quienes violan la ley. Los riegos siguen estando latentes en Ixcatlán.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
http://sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
El pasado siete de agosto, finalmente el Congreso del Estado fue sensible al sentir de un sector de la población de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco que consideraba que por las atrocidades cometidas por un grupo caciquil en contra de sus ciudadanos, debía iniciarse el procedimiento de desaparición de poderes y declarar la
suspensión provisional de dicho Ayuntamiento.
Lo hicieron más por decisión propia, y por las evidencia de que el vacío de poder era tan grave que ameritaba una decisión inmediata, por la presión que en ese momento ya existía por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que recientemente había emitido medidas cautelares para quienes han fungido como testigos de los hechos en el proceso judicial.
No fue una concesión gratuita haber dictado dichas medidas, sino por la presión internacional de organismos como la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos que con fecha 19 de Mayo solicitó formalmente al Gobierno de México lo siguiente:
1.-Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 60 personas de Santo Domingo Ixcatlán.
2.-Concertar las Medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios, e
3.-Informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares, y remover los factores de riesgo.
Esta decisión la había tomado la CIDH tras enterarse que el pasado 30 de abril, aprovechando que el presidente municipal de Ixcatlán, Omar Morales Arias se había ausentado del cargo para irse a trabajar a los Estados Unidos, su hermano, el asesor jurídico Freddy Eucario de los mismos apellidos, había encabezado a un grupo ( según autos que integran el expediente judicial) el cual incluía al sindico municipal de esta población Artemio Jiménez Martinez y a 50 personas más, entre ellos policías y funcionarios municipales, que habían cometido un múltiple asesinato.
Todos ellos, provistos de armas de alto poder, dieron muerte a Melesio Martínez Robles, Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, a quienes según el expediente penal 130/ 2008, infringieron una muerte atroz que horroriza al recordarlo y ver las fotografías de cómo quedaron los cuerpos.
Lo evidente de este atentado, hizo que se detuviera a uno de los cabecillas, Freddy Eucario Morales Arias quien se encuentra privado de su libertad acusado de los delitos de Homicidio calificado, con alevosía y ventaja, más 12 personas más que tienen orden de aprehensión por el mismo delito.
Ahora nos enteramos que a pesar de las medidas dictadas, según denuncia del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, el grupo que tiene todas las características de una formación paramilitar, sigue causando daños y sigue poniendo en riesgo la vida de los habitantes de Ixcatlán, violando las medidas cautelares impuestas.
De una semana para acá, dicho grupo ha causado daños al edificio de la Agencia Municipal y el Panteón de La Reforma, ha saqueado el curato de la iglesia de Ixcatlán, y ha bloqueado los accesos carreteros a Yucudaá para pedir – imagínense- el retiro de los elementos de la Policía Preventiva Estatal, porque obviamente no conviene a sus intereses.
Este grupo quisiera, se infiere en la denuncia del CEDAHPI, que no hubiera vigilancia para tener a su merced a los ciudadanos que han solicitado justicia por los horrendos crímenes, y además que el Congreso del Estado restablezca al cabildo municipal que ellos reconocen, donde el ex munícipe procesado por los homicidios funge como asesor y sus principales parientes integran el Ayuntamiento.
Poner atención a este problema para que la violencia no sea la forma en que los habitantes de Ixcatlán diriman sus diferencias internas y garantizar condiciones de estabilidad y paz, le corresponde al gobierno estatal y a su área de gobierno.
Asimismo, crear un ambiente de civilidad para que el administrador municipal que debe estar al frente del Municipio, mientras se supera la crisis, esté por encima de estas diferencias y coadyuve a una convivencia armónica entre los ciudadanos de este municipio mixteco.
De lo contrario, y aún cuando la CIDH haya intervenido, será nugatoria cualquier medida cautelar que lo primero que dispone es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que están en riesgo de sufrir mayores represalias por el clima de encono y de impunidad de que sigue gozando el grupo caciquil.
Al gobierno estatal le corresponde el cuidado de la vida de sus ciudadanos, en lugar de ayudar mediáticamente a quien está en la cárcel por los atroces crímenes, promoviendo por debajo de la mesa incluso su liberación. No debe ser cómplice de quienes violan la ley. Los riegos siguen estando latentes en Ixcatlán.
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martes, 12 de agosto de 2008
Escrutinio judicial
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Terminó con éxito aquí en Oaxaca el Curso Internacional “Derecho y Sociedad en Oaxaca”, organizado por diversas instituciones de educación superior y la Fundación para el Debido Proceso Legal, de la cual la abogada Katya Salazar es directora de programas.
En la entrega pasada ( Sociedad abierta, Noticias 07 de agosto) además de comentar el contenido del libro publicado por la Fundación “Controles y descontroles de la corrupción judicial”. Evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá, abordábamos algunas cuestiones que interesan a los oaxaqueños tan desconfiados en el funcionamiento de su sistema de justicia.
Para Katya Salazar, en entidades federativas como Oaxaca hay un desbalance, porque si bien se puede estar a la vanguardia en algunos temas, como se ha publicitado, en otros estamos notoriamente atrasados.
La Fundación a la que pertenece Katya realizó hace un mes una misión a Oaxaca, en compañía de la Comisión Internacional de Juristas y miembros de la asociación Fundar, para verificar si los principios de la división de poderes se respetan en nuestra entidad. Particularmente recabaron información sobre la administración e impartición de justicia en el estado. ( Sociedad abierta, Noticias, 14 de julio)
No les fue muy difícil comprobar, según su Informe preliminar, que la entidad oaxaqueña sigue destacando por la falta de independencia e imparcialidad en su sistema de administración y aplicación de justicia, debido entre otras cosas a la preeminencia del titular del Poder Ejecutivo para el nombramiento de jueces y magistrados, además de los funcionarios. Esta situación empaña o pone en serias dudas la verdadera aplicación de la justicia.
Sin embargo, paralelamente, la Fundación para el Debido Proceso Legal ha trabajado en Oaxaca con algunas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos – como se hace en toda América Latina –, mismas que lo hacen con grupos vulnerables , sobre todo, con mujeres, indígenas, niños y migrantes.
“Optamos –cuenta en entrevista la abogada- por trabajar con organizaciones pequeñas para darles una voz a estos grupos, y tratamos de que compartan estos temas. Trabajamos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en Cuzco, Perú, en Sucre, en La paz, Bolivia, etcétera.”
Porque al tiempo que la Fundación busca fortalecer la independencia de los sistemas de justicia, del área de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, y aborda temas de la Justicia Internacional verificando si se aplica adecuadamente el Sistema Americano de Derechos Humanos y los protocolos de las Naciones Unidas y el derecho internacional, también tratan de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para que ahonde en su preparación y en su capacidad de propuesta ante los órganos del Estado, y no solamente se quede en los niveles de crítica y de denuncia.
“Falta incidir más en la propuesta y la capacitación de muchos de los organismos que hoy son la voz de muchos sectores, que quedarse en los niveles de denuncia, porque así van a poder incidir en los cambios que se han venido impulsando”, refiere, en una sana reflexión sobre lo que sucede en Oaxaca.
Propone poner especial atención en los mecanismos de elección de jueces y magistrados. Aún cuando ya se dijo en nuestra entrega pasada que hay mecanismos de selección que han sido superados por la historia, en muchos países de América los miembros de un Tribunal o de la Corte, se eligen en procesos transparentes, abiertos a la ciudadanía, y además poco a poco están instalando mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de transparencia en el actuar de los jueces.
Aunque uno de los argumentos que muchos poderes judiciales usan para decir que no pueden combatir la corrupción judicial es porque les faltan fondos, es decir, presupuesto, Katya Salazar afirma que lo que falta ante todo es decisión política de los gobernantes, empujados por una sociedad más vigilante, más exigente.
La abogada peruana habla de efectivas medidas de contrapeso, para que cualquier abogado que pretenda postularse a un cargo en el Poder Judicial sea sujeto de un estricto escrutinio público y de verificación ética por parte del sistema que lo piensa contratar.
Y nos cuenta un ejemplo. En el caso de los Estados Unidos, en la elección de los miembros de la Corte Suprema, el presidente es el que nomina a sus integrantes. Sin embargo, después de la nominación presidencial, en la prensa de este país comienza a aparecer la biografía, los datos, la trayectoria profesional y personal del postulante; incluso se publican sus datos financieros para saber cuánto dinero tiene, cuál es su patrimonio, dónde tiene sus cuentas, etcétera.
“El Congreso y la Comisión de Asuntos Judiciales lo entrevistan, pero no lo hacen de manera privada, sino pública, en audiencia, con gente. Le preguntan sobre temas cruciales, por ejemplo, ¿ y tú que piensas del aborto? Y dime ¿si llegara un caso de aborto a la Corte Suprema tú cómo decidirías? ¿Qué harías en este caso? ¿Qué te parecen los derechos de los homosexuales? Y qué te parece el cambio cilmático?”
Allá quieren saber a quién están eligiendo, y no solamente los miembros de la comisión del Congreso, sino sobre todo los ciudadanos.
Salazar cuenta que una vez el presidente George Bush presentó como candidata a la Corte Suprema a su abogada particular en Texas, y esta no pasó el proceso, porque no resistió el escrutinio público.
Pero así como en los Estados Unidos los mecanismos de contrapeso son tan fuertes y tan altos que difícilmente una persona que tenga algo que esconder, se permitiría que la postulen, si acá en México, en Oaxaca, la ley obligara a que un aspirante a juez, a magistrado, o a presidente del Tribunal Superior de Justicia difundiera su trayectoria ( incluso si como abogado alguna defendió a un narcotraficante), muchos de quienes tienen esta aspiración lo pensarían dos veces.
Por ello, concluye, es necesario que en Oaxaca exista una sociedad civil fuerte, que cuestione, que proponga modificaciones al Poder Judicial para que la justicia no se quede pasiva ante los avances que se están produciendo, cambios impulsados por la sociedad.
Los métodos que existen en diversos sistemas de justicia en el mundo para poner al escrutinio de todos, toda la información de los candidatos, garantizan que no cualquier persona llegue a dictar justicia. Es lo que debiera pasar en Oaxaca, en México, para disminuir y combatir efectivamente la corrupción judicial.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
http://sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Terminó con éxito aquí en Oaxaca el Curso Internacional “Derecho y Sociedad en Oaxaca”, organizado por diversas instituciones de educación superior y la Fundación para el Debido Proceso Legal, de la cual la abogada Katya Salazar es directora de programas.
En la entrega pasada ( Sociedad abierta, Noticias 07 de agosto) además de comentar el contenido del libro publicado por la Fundación “Controles y descontroles de la corrupción judicial”. Evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá, abordábamos algunas cuestiones que interesan a los oaxaqueños tan desconfiados en el funcionamiento de su sistema de justicia.
Para Katya Salazar, en entidades federativas como Oaxaca hay un desbalance, porque si bien se puede estar a la vanguardia en algunos temas, como se ha publicitado, en otros estamos notoriamente atrasados.
La Fundación a la que pertenece Katya realizó hace un mes una misión a Oaxaca, en compañía de la Comisión Internacional de Juristas y miembros de la asociación Fundar, para verificar si los principios de la división de poderes se respetan en nuestra entidad. Particularmente recabaron información sobre la administración e impartición de justicia en el estado. ( Sociedad abierta, Noticias, 14 de julio)
No les fue muy difícil comprobar, según su Informe preliminar, que la entidad oaxaqueña sigue destacando por la falta de independencia e imparcialidad en su sistema de administración y aplicación de justicia, debido entre otras cosas a la preeminencia del titular del Poder Ejecutivo para el nombramiento de jueces y magistrados, además de los funcionarios. Esta situación empaña o pone en serias dudas la verdadera aplicación de la justicia.
Sin embargo, paralelamente, la Fundación para el Debido Proceso Legal ha trabajado en Oaxaca con algunas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos – como se hace en toda América Latina –, mismas que lo hacen con grupos vulnerables , sobre todo, con mujeres, indígenas, niños y migrantes.
“Optamos –cuenta en entrevista la abogada- por trabajar con organizaciones pequeñas para darles una voz a estos grupos, y tratamos de que compartan estos temas. Trabajamos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en Cuzco, Perú, en Sucre, en La paz, Bolivia, etcétera.”
Porque al tiempo que la Fundación busca fortalecer la independencia de los sistemas de justicia, del área de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, y aborda temas de la Justicia Internacional verificando si se aplica adecuadamente el Sistema Americano de Derechos Humanos y los protocolos de las Naciones Unidas y el derecho internacional, también tratan de fortalecer la capacidad de la sociedad civil para que ahonde en su preparación y en su capacidad de propuesta ante los órganos del Estado, y no solamente se quede en los niveles de crítica y de denuncia.
“Falta incidir más en la propuesta y la capacitación de muchos de los organismos que hoy son la voz de muchos sectores, que quedarse en los niveles de denuncia, porque así van a poder incidir en los cambios que se han venido impulsando”, refiere, en una sana reflexión sobre lo que sucede en Oaxaca.
Propone poner especial atención en los mecanismos de elección de jueces y magistrados. Aún cuando ya se dijo en nuestra entrega pasada que hay mecanismos de selección que han sido superados por la historia, en muchos países de América los miembros de un Tribunal o de la Corte, se eligen en procesos transparentes, abiertos a la ciudadanía, y además poco a poco están instalando mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de transparencia en el actuar de los jueces.
Aunque uno de los argumentos que muchos poderes judiciales usan para decir que no pueden combatir la corrupción judicial es porque les faltan fondos, es decir, presupuesto, Katya Salazar afirma que lo que falta ante todo es decisión política de los gobernantes, empujados por una sociedad más vigilante, más exigente.
La abogada peruana habla de efectivas medidas de contrapeso, para que cualquier abogado que pretenda postularse a un cargo en el Poder Judicial sea sujeto de un estricto escrutinio público y de verificación ética por parte del sistema que lo piensa contratar.
Y nos cuenta un ejemplo. En el caso de los Estados Unidos, en la elección de los miembros de la Corte Suprema, el presidente es el que nomina a sus integrantes. Sin embargo, después de la nominación presidencial, en la prensa de este país comienza a aparecer la biografía, los datos, la trayectoria profesional y personal del postulante; incluso se publican sus datos financieros para saber cuánto dinero tiene, cuál es su patrimonio, dónde tiene sus cuentas, etcétera.
“El Congreso y la Comisión de Asuntos Judiciales lo entrevistan, pero no lo hacen de manera privada, sino pública, en audiencia, con gente. Le preguntan sobre temas cruciales, por ejemplo, ¿ y tú que piensas del aborto? Y dime ¿si llegara un caso de aborto a la Corte Suprema tú cómo decidirías? ¿Qué harías en este caso? ¿Qué te parecen los derechos de los homosexuales? Y qué te parece el cambio cilmático?”
Allá quieren saber a quién están eligiendo, y no solamente los miembros de la comisión del Congreso, sino sobre todo los ciudadanos.
Salazar cuenta que una vez el presidente George Bush presentó como candidata a la Corte Suprema a su abogada particular en Texas, y esta no pasó el proceso, porque no resistió el escrutinio público.
Pero así como en los Estados Unidos los mecanismos de contrapeso son tan fuertes y tan altos que difícilmente una persona que tenga algo que esconder, se permitiría que la postulen, si acá en México, en Oaxaca, la ley obligara a que un aspirante a juez, a magistrado, o a presidente del Tribunal Superior de Justicia difundiera su trayectoria ( incluso si como abogado alguna defendió a un narcotraficante), muchos de quienes tienen esta aspiración lo pensarían dos veces.
Por ello, concluye, es necesario que en Oaxaca exista una sociedad civil fuerte, que cuestione, que proponga modificaciones al Poder Judicial para que la justicia no se quede pasiva ante los avances que se están produciendo, cambios impulsados por la sociedad.
Los métodos que existen en diversos sistemas de justicia en el mundo para poner al escrutinio de todos, toda la información de los candidatos, garantizan que no cualquier persona llegue a dictar justicia. Es lo que debiera pasar en Oaxaca, en México, para disminuir y combatir efectivamente la corrupción judicial.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
http://sociedadabiertareyes.blogspot.com/
lunes, 11 de agosto de 2008
Militares en Lachivía
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
El pasado 5 de agosto, la comunidad zapoteca de Santiago Lachivía, Yautepec, fue víctima de un agravio de los muchos que las fuerzas castrenses comenten cotidianamente en contra de civiles, con el pretexto del combate al narcotráfico que encabeza Felipe Calderón.
A pesar de que a nivel nacional se han levantado voces que condenan este tipo de operativos – sin planeación, utilizando a elementos de tropa con muy baja capacitación y sensibilidad para actuar en situaciones de riesgo- la desaforada carrera del gobierno federal para demostrar efectividad en esta lucha, genera este tipo de situaciones.
La noticia estremeció a la opinión pública oaxaqueña porque en el ataque, cometido al mediodía del pasado martes, fue asesinado el agente municipal de Lachivía, Cecilio Vásquez Miguel y el campesino Venancio OIivera Ávila, y dejando herido de gravedad al comunero Aurelio Ortega Pacheco.
Los testimonios narrados ante los medios de comunicación por testigos presenciales, algunos de ellos representantes comunales, no parecen dejar dudas de que aunque la Secretaría de la Defensa pretenda ocultar y negar lo ocurrido, con todos los agravantes que pudieran resultar si se hiciera una investigación seria, los responsables podrían ser integrantes del 6ª Batallón de Infantería con sede en la 44 Zona Militar con sede en Miahuatlán.
Y aunque de manera extraoficial se sepa que existen dos militares arraigados, la exigencia planteada ayer por el abogado de los comuneros, Víctor Ignacio Ramírez, es que la SEDENA reconozca el hecho y permita que a los autores, incluyendo al comandante que los encabezaba, sean sometidos a juicio por juzgadores del fuero común y no por la llamada justicia militar.
Aunado esto, la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec Oaxaca (UPCIYO), Tequio Jurídico A.C. y Transparencia para El Desarrollo Local A.C. han solicitado la intervención urgente de diversas autoridades federales y estatales así como de organismos defensores de derechos humanos para exigir una sanción ejemplar a los soldados que en mala hora dispararon en contra de los campesinos.
Según refieren los comuneros, el día martes 05 de Agosto, siendo aproximadamente las doce horas del día, aproximadamente 120 ciudadanos de esta comunidad se encontraban limpiando su milpa en diversos puntos de la parcela comunal ubicada en el paraje denominado “Tanilovia” cuando fueron rodeados y sorprendidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes disparando al aire manifestaron a los campesinos: “Alto no se muevan”,“somos del Ejército”.
Los campesinos que se encontraban trabajando lejos del lugar de donde incursionaron los militares se alarmaron al escuchar los disparos y corrieron en diversos sentidos para protegerse. Al percatarse de la huída, los soldados dispararon hacia ellos hiriendo de muerte al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel quien falleció mientras era trasladado a su comunidad para ser atendido, matando al comunero Venancio Olivera Ávila y lesionando de gravedad a Aurelio Ortega Pacheco quien se encuentra internado en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” en la ciudad de Oaxaca.
Los comuneros que se quedaron en el lugar donde ingresaron los militares, sin correr y obedeciendo la orden, reconocieron que efectivamente eran elementos del Ejército quienes estaban uniformados de “pinto” camoflage, y uno de ellos llevaba pistola en la cintura, un arma corta en la mano y una etiqueta roja en el hombro. Los demás portaban armas marcadas con número de color blanco. Evaristo Belleza Ávila, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales contó que les revisaron sus morrales, redes y pertenencias buscando armas de fuego sin conseguir nada y que al cerciorarse los militares de la muerte de sus paisanos abandonaron el lugar con rumbo a Miahuatlán de Porfirio Díaz.
El terror que sufrieron los comuneros no paró ahí, pues tras el ataque, horas después regresaron los soldados, estableciendo un retén en el paraje denominado “el borracho”, dentro del territorio comunal de Santiago Lachivía, y muy cerca de la población, ocasionando un clima de tensión en la comunidad, actos de intimidación, hostigamiento y violación a los derechos humanos en la región.
Tenemos información reciente – dicen-. de la presencia de un retén militar más, ubicado a un kilómetro y medio aproximadamente, sobre la carretera que comunica a la comunidad de San Baltazar Chivaguela con Santiago Lachivia.
En rueda de prensa celebrada este domingo y en documentos que ya han girado a diversas instancias, los habitantes y las autoridades de Lachivía piden no sólo la salida inmediata del Ejército de su territorio, y la indemnización a los familiares de los dos muertos y el herido, sino que se les finquen las responsabilidades y sanciones correspondientes al comandante de la 44/a Zona Militar, como responsable del operativo.
Y a la Procuraduría General de Justicia del Estado le piden una investigación real, exhaustiva e imparcial para ubicar, detener, procesar y sancionar penalmente a los militares, además que designe personal suficiente y especializado para que conjuntamente con el Agente de Ministerio Público de San Carlos, Yautepec, se sigan las investigaciones correspondientes en el fuero común y evitar que el caso sea turnado al fuero castrense que los convertiría en juez y parte.
Atender las demandas de los comuneros de Lachivía y castigar de manera ejemplar a quienes cometieron ambos crímenes, es lo menos que le corresponde al Ejército que por hechos sucedidos en otras partes del país, está manchando el buen nombre que ha tenido.
A la sociedad corresponde sumarse a las exigencias de las víctimas de este notorio abuso de autoridad que se trata de justificar o al menos esconder, en el marco de las acciones para combatir la siembra de enervantes. Esperemos que esta exigencia no sea desdeñada para saber si la justicia es pareja, como se afirma en el discurso oficial.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
http:/sociedadabiertareyes.blogspot.com
ERNESTO REYES
El pasado 5 de agosto, la comunidad zapoteca de Santiago Lachivía, Yautepec, fue víctima de un agravio de los muchos que las fuerzas castrenses comenten cotidianamente en contra de civiles, con el pretexto del combate al narcotráfico que encabeza Felipe Calderón.
A pesar de que a nivel nacional se han levantado voces que condenan este tipo de operativos – sin planeación, utilizando a elementos de tropa con muy baja capacitación y sensibilidad para actuar en situaciones de riesgo- la desaforada carrera del gobierno federal para demostrar efectividad en esta lucha, genera este tipo de situaciones.
La noticia estremeció a la opinión pública oaxaqueña porque en el ataque, cometido al mediodía del pasado martes, fue asesinado el agente municipal de Lachivía, Cecilio Vásquez Miguel y el campesino Venancio OIivera Ávila, y dejando herido de gravedad al comunero Aurelio Ortega Pacheco.
Los testimonios narrados ante los medios de comunicación por testigos presenciales, algunos de ellos representantes comunales, no parecen dejar dudas de que aunque la Secretaría de la Defensa pretenda ocultar y negar lo ocurrido, con todos los agravantes que pudieran resultar si se hiciera una investigación seria, los responsables podrían ser integrantes del 6ª Batallón de Infantería con sede en la 44 Zona Militar con sede en Miahuatlán.
Y aunque de manera extraoficial se sepa que existen dos militares arraigados, la exigencia planteada ayer por el abogado de los comuneros, Víctor Ignacio Ramírez, es que la SEDENA reconozca el hecho y permita que a los autores, incluyendo al comandante que los encabezaba, sean sometidos a juicio por juzgadores del fuero común y no por la llamada justicia militar.
Aunado esto, la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec Oaxaca (UPCIYO), Tequio Jurídico A.C. y Transparencia para El Desarrollo Local A.C. han solicitado la intervención urgente de diversas autoridades federales y estatales así como de organismos defensores de derechos humanos para exigir una sanción ejemplar a los soldados que en mala hora dispararon en contra de los campesinos.
Según refieren los comuneros, el día martes 05 de Agosto, siendo aproximadamente las doce horas del día, aproximadamente 120 ciudadanos de esta comunidad se encontraban limpiando su milpa en diversos puntos de la parcela comunal ubicada en el paraje denominado “Tanilovia” cuando fueron rodeados y sorprendidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes disparando al aire manifestaron a los campesinos: “Alto no se muevan”,“somos del Ejército”.
Los campesinos que se encontraban trabajando lejos del lugar de donde incursionaron los militares se alarmaron al escuchar los disparos y corrieron en diversos sentidos para protegerse. Al percatarse de la huída, los soldados dispararon hacia ellos hiriendo de muerte al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel quien falleció mientras era trasladado a su comunidad para ser atendido, matando al comunero Venancio Olivera Ávila y lesionando de gravedad a Aurelio Ortega Pacheco quien se encuentra internado en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” en la ciudad de Oaxaca.
Los comuneros que se quedaron en el lugar donde ingresaron los militares, sin correr y obedeciendo la orden, reconocieron que efectivamente eran elementos del Ejército quienes estaban uniformados de “pinto” camoflage, y uno de ellos llevaba pistola en la cintura, un arma corta en la mano y una etiqueta roja en el hombro. Los demás portaban armas marcadas con número de color blanco. Evaristo Belleza Ávila, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales contó que les revisaron sus morrales, redes y pertenencias buscando armas de fuego sin conseguir nada y que al cerciorarse los militares de la muerte de sus paisanos abandonaron el lugar con rumbo a Miahuatlán de Porfirio Díaz.
El terror que sufrieron los comuneros no paró ahí, pues tras el ataque, horas después regresaron los soldados, estableciendo un retén en el paraje denominado “el borracho”, dentro del territorio comunal de Santiago Lachivía, y muy cerca de la población, ocasionando un clima de tensión en la comunidad, actos de intimidación, hostigamiento y violación a los derechos humanos en la región.
Tenemos información reciente – dicen-. de la presencia de un retén militar más, ubicado a un kilómetro y medio aproximadamente, sobre la carretera que comunica a la comunidad de San Baltazar Chivaguela con Santiago Lachivia.
En rueda de prensa celebrada este domingo y en documentos que ya han girado a diversas instancias, los habitantes y las autoridades de Lachivía piden no sólo la salida inmediata del Ejército de su territorio, y la indemnización a los familiares de los dos muertos y el herido, sino que se les finquen las responsabilidades y sanciones correspondientes al comandante de la 44/a Zona Militar, como responsable del operativo.
Y a la Procuraduría General de Justicia del Estado le piden una investigación real, exhaustiva e imparcial para ubicar, detener, procesar y sancionar penalmente a los militares, además que designe personal suficiente y especializado para que conjuntamente con el Agente de Ministerio Público de San Carlos, Yautepec, se sigan las investigaciones correspondientes en el fuero común y evitar que el caso sea turnado al fuero castrense que los convertiría en juez y parte.
Atender las demandas de los comuneros de Lachivía y castigar de manera ejemplar a quienes cometieron ambos crímenes, es lo menos que le corresponde al Ejército que por hechos sucedidos en otras partes del país, está manchando el buen nombre que ha tenido.
A la sociedad corresponde sumarse a las exigencias de las víctimas de este notorio abuso de autoridad que se trata de justificar o al menos esconder, en el marco de las acciones para combatir la siembra de enervantes. Esperemos que esta exigencia no sea desdeñada para saber si la justicia es pareja, como se afirma en el discurso oficial.
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sábado, 9 de agosto de 2008
Consulta Petrolera en Oaxaca
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
La falta de una efectiva difusión de la Consulta Petrolera a realizarse en al menos 152 municipios del estado de Oaxaca, y tal vez el clima, pudiera inhibir que este domingo 10 de agosto la gente acuda masivamente a los centros de votación que estarán ubicados en las plazas públicas.
También por la desinformación que es propia de localidades a donde no llegan los periódicos o porque los grupos que promueven la Consulta no tienen capacidad de incidir en la opinión pública.
Funcionaría mejor si los partidos del Frente Amplio Progresista no estuvieran tan desunidos y confrontados. Si miembros del PRD y Convergencia, no se diga el PT, no estuvieran tan penetrados por la permanente campaña – sobre todo económica- en manos del gobierno y de su operador financiero que es el famoso “Chucky”, quien tiene el encargo de aquí al año 2010 (para que pueda fraguar su candidatura al gobierno del estado) de cooptar- por no decir comprar, corromper, amenazar-, a todo aquél actor político o social que se reclame independiente.
Lo puede conseguir con facilidad porque la mayoría de quienes hacen política partidista, antes que principios, tiene intereses y la participación social les sirve como una forma de resolver su situación económica. Es mentira cuando alguien – como afirman en su descargo alcaldes de oposición recientemente cooptados- argumenta que “fue presionado” o explica que finalmente “cedieron” lamerle los pies al Chucky para que a su pueblo no le vaya mal con los recursos. Es falso.
Aunque no lo quisiéramos, este ambiente de miseria política influye en esto de la Consulta, porque en algunos municipios considerados opositores el gobierno, éste se movió con los concejales para que no se involucraran en la organización, so pena de que se les restrinjan los recursos que por ley les corresponden.
Adivinando este panorama, a tiempo, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el magisterio de la sección 22 aceptaron involucrarse en los preparativos de la Consulta. Harán bien en los lugares donde ambos movimientos tienen presencia; en los demás, esperemos que el Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, así como legisladores federales y locales, incluso todas las expresiones partidistas y organizaciones sociales que por primera vez se han unido, logren convocar a la ciudadanía.
Faltó acaso una participación más decidida de la sociedad civil que sin embargo, lo hace a través de personalidades, académicos, profesionales, estudiantes, mujeres organizadas, etcétera. Es lamentable que instituciones públicas como la UABJO se hagan a un lado, y mejor instituciones privadas de educación superior sean más sensibles a un tema que debiera interesar a la comunidad universitaria.
A los medios de comunicación nos corresponde difundir esta práctica de participación que se acostumbra en otros países del mundo con sistemas democráticos avanzados.
La consulta es un ejercicio sano, con el que no está de acuerdo el gobierno del PAN ni tampoco el PRI, pues les da urticaria tomar el pulso a la ciudadanía en temas trascendentales. Aunque en el Congreso finalmente cambiaran la legislación, han sido derrotados moralmente. Ante la opinión pública perdieron la iniciativa, aunque se resisten a reconocerlo.
No quieren saber de referendos, ni de revocación de mandato, ni de consultas. Saben que el tema del petróleo es de los pocos que unifican a todas las clases sociales e ideologías, salvo un puñado de potentados que tienen intereses en el negocio.
Hablamos de la gente que tiene una conciencia de su papel en la sociedad y que está informada.
El pasado 10 de agosto se realizó la primera etapa de la Consulta en el Distrito Federal y en 8 estados de la República, donde participaron cerca de dos millones de personas, lo cual no es nada despreciable pese a que el gobierno y los grandes medios se burlaron, diciendo que esto no valía, que los únicos que tomarán la decisión sobre la Reforma petrolera son los legisladores.
Para los días 10 y 24 de agosto se programaron las otras dos etapas de la Consulta para completar todos los estados del país. Este domingo se hará en siete entidades incluyendo a Oaxaca. Estará abierta, esperemos, en ciudades importantes y municipios, así como en comunidades de usos y costumbres.
Esperemos que el PRI no provoque violencia para desacreditar este ejercicio democrático que a partir de ahora se asentará en los modos de hacer política en México.
Para acudir a los Centros de votación a instalarse en las plazas públicas o en los palacios municipales, sólo se necesita llevar la Credencial de elector. No es válido ningún otro documento.
En Oaxaca realizarán el acopio de actas, urnas y el conteo de papeletas, miembros de la comunidad académica y estudiantil de la Universidad Vasconcelos, a cargo del Maestro Alberto Alonso Criollo, quienes con esta delicada y alta responsabilidad demuestran una gran vocación democrática. Les deseamos éxito.
Hay que tener muy claro lo que se va a contestar en las dos preguntas que se presentan en la papeleta.
1. "La explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos (petróleo y gas) son actividades exclusivas del gobierno, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?".2. "¿En general, usted está de acuerdo o no está de acuerdo en que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?".
La Consulta está abierta a todo aquél que quiera expresar su opinión; obviamente sus promotores mantienen su posición de rechazo, encabezada por Andrés Manuel López Obrador; pero también pueden acudir quienes creen que son benéficas las propuestas de Felipe Calderón y la del PRI.
La Consulta Petrolera de este domingo nos da la oportunidad de expresarnos como ciudadanos adultos para demostrarnos que como mexicanos podemos decidir sobre el futuro de nuestro país que hoy está en riesgo, si no hacemos la parte que nos corresponde. Un acto de civismo y de responsabilidad ciudadana es participar.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
http: //sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
La falta de una efectiva difusión de la Consulta Petrolera a realizarse en al menos 152 municipios del estado de Oaxaca, y tal vez el clima, pudiera inhibir que este domingo 10 de agosto la gente acuda masivamente a los centros de votación que estarán ubicados en las plazas públicas.
También por la desinformación que es propia de localidades a donde no llegan los periódicos o porque los grupos que promueven la Consulta no tienen capacidad de incidir en la opinión pública.
Funcionaría mejor si los partidos del Frente Amplio Progresista no estuvieran tan desunidos y confrontados. Si miembros del PRD y Convergencia, no se diga el PT, no estuvieran tan penetrados por la permanente campaña – sobre todo económica- en manos del gobierno y de su operador financiero que es el famoso “Chucky”, quien tiene el encargo de aquí al año 2010 (para que pueda fraguar su candidatura al gobierno del estado) de cooptar- por no decir comprar, corromper, amenazar-, a todo aquél actor político o social que se reclame independiente.
Lo puede conseguir con facilidad porque la mayoría de quienes hacen política partidista, antes que principios, tiene intereses y la participación social les sirve como una forma de resolver su situación económica. Es mentira cuando alguien – como afirman en su descargo alcaldes de oposición recientemente cooptados- argumenta que “fue presionado” o explica que finalmente “cedieron” lamerle los pies al Chucky para que a su pueblo no le vaya mal con los recursos. Es falso.
Aunque no lo quisiéramos, este ambiente de miseria política influye en esto de la Consulta, porque en algunos municipios considerados opositores el gobierno, éste se movió con los concejales para que no se involucraran en la organización, so pena de que se les restrinjan los recursos que por ley les corresponden.
Adivinando este panorama, a tiempo, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el magisterio de la sección 22 aceptaron involucrarse en los preparativos de la Consulta. Harán bien en los lugares donde ambos movimientos tienen presencia; en los demás, esperemos que el Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo, así como legisladores federales y locales, incluso todas las expresiones partidistas y organizaciones sociales que por primera vez se han unido, logren convocar a la ciudadanía.
Faltó acaso una participación más decidida de la sociedad civil que sin embargo, lo hace a través de personalidades, académicos, profesionales, estudiantes, mujeres organizadas, etcétera. Es lamentable que instituciones públicas como la UABJO se hagan a un lado, y mejor instituciones privadas de educación superior sean más sensibles a un tema que debiera interesar a la comunidad universitaria.
A los medios de comunicación nos corresponde difundir esta práctica de participación que se acostumbra en otros países del mundo con sistemas democráticos avanzados.
La consulta es un ejercicio sano, con el que no está de acuerdo el gobierno del PAN ni tampoco el PRI, pues les da urticaria tomar el pulso a la ciudadanía en temas trascendentales. Aunque en el Congreso finalmente cambiaran la legislación, han sido derrotados moralmente. Ante la opinión pública perdieron la iniciativa, aunque se resisten a reconocerlo.
No quieren saber de referendos, ni de revocación de mandato, ni de consultas. Saben que el tema del petróleo es de los pocos que unifican a todas las clases sociales e ideologías, salvo un puñado de potentados que tienen intereses en el negocio.
Hablamos de la gente que tiene una conciencia de su papel en la sociedad y que está informada.
El pasado 10 de agosto se realizó la primera etapa de la Consulta en el Distrito Federal y en 8 estados de la República, donde participaron cerca de dos millones de personas, lo cual no es nada despreciable pese a que el gobierno y los grandes medios se burlaron, diciendo que esto no valía, que los únicos que tomarán la decisión sobre la Reforma petrolera son los legisladores.
Para los días 10 y 24 de agosto se programaron las otras dos etapas de la Consulta para completar todos los estados del país. Este domingo se hará en siete entidades incluyendo a Oaxaca. Estará abierta, esperemos, en ciudades importantes y municipios, así como en comunidades de usos y costumbres.
Esperemos que el PRI no provoque violencia para desacreditar este ejercicio democrático que a partir de ahora se asentará en los modos de hacer política en México.
Para acudir a los Centros de votación a instalarse en las plazas públicas o en los palacios municipales, sólo se necesita llevar la Credencial de elector. No es válido ningún otro documento.
En Oaxaca realizarán el acopio de actas, urnas y el conteo de papeletas, miembros de la comunidad académica y estudiantil de la Universidad Vasconcelos, a cargo del Maestro Alberto Alonso Criollo, quienes con esta delicada y alta responsabilidad demuestran una gran vocación democrática. Les deseamos éxito.
Hay que tener muy claro lo que se va a contestar en las dos preguntas que se presentan en la papeleta.
1. "La explotación, transporte, distribución, almacenamiento y refinación de los hidrocarburos (petróleo y gas) son actividades exclusivas del gobierno, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo que en esas actividades puedan ahora participar empresas privadas?".2. "¿En general, usted está de acuerdo o no está de acuerdo en que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión?".
La Consulta está abierta a todo aquél que quiera expresar su opinión; obviamente sus promotores mantienen su posición de rechazo, encabezada por Andrés Manuel López Obrador; pero también pueden acudir quienes creen que son benéficas las propuestas de Felipe Calderón y la del PRI.
La Consulta Petrolera de este domingo nos da la oportunidad de expresarnos como ciudadanos adultos para demostrarnos que como mexicanos podemos decidir sobre el futuro de nuestro país que hoy está en riesgo, si no hacemos la parte que nos corresponde. Un acto de civismo y de responsabilidad ciudadana es participar.
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viernes, 8 de agosto de 2008
Radio Jënpoj: 7 años
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Se ve el orgullo en los ojos de los hombres y mujeres que con el apoyo de autoridades, de su comunidad y de muchos mexicanos más, sostienen desde hace 7 años a Radio Jën Poj, la radio comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec.
Surgida en agosto de 2001 en el seno de esta comunidad mixe (ayuujk en lengua original), la emisora- dice su ex director José Guadalupe Díaz- es un espacio radiofónico donde el pensamiento colectivo se transforma en vientos de palabra que mucho tiempo se ha guardado y restringido, y que hoy puede ser escuchada por hombres y mujeres de la región.
No es mucho pero tampoco es menos lo que ambicionaba un puñado de jóvenes estudiantes, profesionistas y comuneros mixes que hace siete años empezaron a dar vida a un proyecto que hoy se ocupa de estimular el desarrollo de la cultura mixe, de estos pueblos tan olvidados por el progreso en nuestro territorio.
Una radio – afirma el comunicador en un esbozo de historia sobre este medio de comunicación - contribuye de manera contundente al fortalecimiento de la cultura. “Así, el objetivo de Jën Poj es revitalizar nuestra vida cotidiana a través de la radio, con la comunicación en donde todos participemos con nuestras diversidades. Buscamos hacer de ella un espacio para encontrarnos y donde plasmemos nuestros sentimientos, pensamientos, inconformidades y necesidades.”
Bajo esta premisa, en el trayecto por llevar la comunicación a las localidades mixes, en agrestes serranías, donde sólo se escuchan emisoras comerciales del estado de Veracruz, se encontraron con numerosas dificultades como por ejemplo el hostigamiento por parte de las autoridades, inclusive del Ejército, sufrido en el 2002, que concluyó con el cierre temporal de la emisora por parte de la SCT, debido además a la confiscación de sus equipos de transmisión.
Indomables como siempre, los mixes lucharon por la obtención del permiso, hasta que en diciembre de 2004 se convirtieron, junto con Radio Uandari, en la segunda radio comunitaria que en todo el país contaba con un reconocimiento legal.
Pero este 7, 8 y 9 de agosto la radio comunitaria Jënpoj está de fiesta, nos dicen nuestros amigos mixes, quienes han organizado un intercambio de experiencias sobre los procesos de comunicación en las comunidades y colectivos, para lo cual hacia este pueblo han viajado diversos invitados que compartirán con ellos sus experiencias.
Parten de la idea de que los medios de comunicación son generadores de conciencia e identidad, le dan un sentido de pertenencia a un grupo y por lo tanto cohesión comunitaria. “Nos permite- dicen- fortalecer lo que aún permanece y desarrollar nuestra cultura en una nueva perspectiva: contribuye también a romper el aislamiento de las comunidades y el desarrollo integral de nuestras culturas.”
La convocatoria lanzada desde las faldas del Ii'pxyukp a los pueblos y comunidades indígenas, busca poner en la mesa de discusión el papel de los medios de comunicación en el contexto indígena, para evaluar su importancia y trascendencia, así como el sostenimiento de proyectos de comunicación como éste en las poblaciones marginadas. También se ocupan de analizar las consecuencias que tiene la legislación existente, la cual limita la vida de las radios comunitarias.
Hoy mas que nunca – se afirma en la convocatoria - es necesario unir voces y pensamientos, cuándo a nivel nacional se empieza a dar los embates a los medios comunitarios o medios que tienen cierta crítica al Estado, que es una violación a la libertad de expresión, y aunado a esto que la Reforma de la Ley de Radio y Televisión sigue atorada en el Senado y en la Cámara de Diputados por los grandes intereses económicos y políticos en los que están inmiscuidos los “representantes populares”.
Saben que hoy en día, los pueblos indígenas y las organizaciones sociales no tienen las mismas oportunidades de acceso a los medios, debido a que en el país existe un monopolio de particulares; además, obtener una concesión o permiso implica trámites burocráticos de mucho tiempo y un excesivo costo.
Aunado a esto, existen condiciones estructurales impuestas a los indígenas, que han limitado e impedido que éstos posean medios de comunicación propios, lo cual repercute en una presencia casi nula de los indígenas en la opinión pública nacional. Éstos aparecen cuando se ven inmiscuidos en cuestiones de desastres naturales o conflictos agrarios y religiosos.
Saben que el monopolio de los medios de comunicación permite la distorsión de la información nacional y la forma de ser de los indígenas, así como una falta de respeto a la identidad cultural de los pueblos originarios. Tergiversan el sentido y tradición de los pueblos, imponiendo esquemas culturales ajenos a la comunidad.
Por parte de los medios dominantes – argumentan- ha existido un fuerte racismo hacia los pueblos indígenas, haciendo burla las condiciones de vida de los indígenas, en la forma en que se presenta la información y a través de programas peyorativos y anuncios que destacan el atraso y la ignorancia como característica de los pueblos.
Junto a ello, los locutores actuales de los medios de comunicación privados no están capacitados para fortalecer y desarrollar la cultura indígena. “Actualmente y desde hace tiempo se explota nuestra herencia cultural con fines de lucro, sin ningún control y menos con un beneficio para los propios pueblos.”
De lo que sí están seguros, es que la posesión de medios en mano de los pueblos y sus organizaciones garantizará la comunicación al interior de la comunidad, pero también hacia fuera, y entre los pueblos, para que de esta forma se pueda atender con plenitud consciente la riqueza de la diversidad.
En el marco del Encuentro por el séptimo aniversario, se reunirán representantes de diferentes radios comunitarias de la región, del país y de países latinoamericanos, combinándolas con actividades de: canto, bailes, obras de teatro, poesía, pintura, etcétera, todo ello en coordinación con las autoridades municipales y agrarias de Tlahuitoltepec.
Quienes tengan la oportunidad de ir a Tlahui, no dejen de hacerlo; van a ver que llegando empiezan a sintonizar el 107. 9 de FM, (WWW.radiojenpoj.org y Tel. 012223790052 ), cuya programación llega a lo más hondo porque trata de problemas cotidianos, comunes, que viven los mixes, allá en las alturas donde, como dice José Guadalupe, se siente la energía del viento, que esto y no otra cosa significa Jën Poj, un proyecto que debe tener larga vida, como la de los mixes, para que sigan defendiendo su palabra. ¡Felicidades!
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Se ve el orgullo en los ojos de los hombres y mujeres que con el apoyo de autoridades, de su comunidad y de muchos mexicanos más, sostienen desde hace 7 años a Radio Jën Poj, la radio comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec.
Surgida en agosto de 2001 en el seno de esta comunidad mixe (ayuujk en lengua original), la emisora- dice su ex director José Guadalupe Díaz- es un espacio radiofónico donde el pensamiento colectivo se transforma en vientos de palabra que mucho tiempo se ha guardado y restringido, y que hoy puede ser escuchada por hombres y mujeres de la región.
No es mucho pero tampoco es menos lo que ambicionaba un puñado de jóvenes estudiantes, profesionistas y comuneros mixes que hace siete años empezaron a dar vida a un proyecto que hoy se ocupa de estimular el desarrollo de la cultura mixe, de estos pueblos tan olvidados por el progreso en nuestro territorio.
Una radio – afirma el comunicador en un esbozo de historia sobre este medio de comunicación - contribuye de manera contundente al fortalecimiento de la cultura. “Así, el objetivo de Jën Poj es revitalizar nuestra vida cotidiana a través de la radio, con la comunicación en donde todos participemos con nuestras diversidades. Buscamos hacer de ella un espacio para encontrarnos y donde plasmemos nuestros sentimientos, pensamientos, inconformidades y necesidades.”
Bajo esta premisa, en el trayecto por llevar la comunicación a las localidades mixes, en agrestes serranías, donde sólo se escuchan emisoras comerciales del estado de Veracruz, se encontraron con numerosas dificultades como por ejemplo el hostigamiento por parte de las autoridades, inclusive del Ejército, sufrido en el 2002, que concluyó con el cierre temporal de la emisora por parte de la SCT, debido además a la confiscación de sus equipos de transmisión.
Indomables como siempre, los mixes lucharon por la obtención del permiso, hasta que en diciembre de 2004 se convirtieron, junto con Radio Uandari, en la segunda radio comunitaria que en todo el país contaba con un reconocimiento legal.
Pero este 7, 8 y 9 de agosto la radio comunitaria Jënpoj está de fiesta, nos dicen nuestros amigos mixes, quienes han organizado un intercambio de experiencias sobre los procesos de comunicación en las comunidades y colectivos, para lo cual hacia este pueblo han viajado diversos invitados que compartirán con ellos sus experiencias.
Parten de la idea de que los medios de comunicación son generadores de conciencia e identidad, le dan un sentido de pertenencia a un grupo y por lo tanto cohesión comunitaria. “Nos permite- dicen- fortalecer lo que aún permanece y desarrollar nuestra cultura en una nueva perspectiva: contribuye también a romper el aislamiento de las comunidades y el desarrollo integral de nuestras culturas.”
La convocatoria lanzada desde las faldas del Ii'pxyukp a los pueblos y comunidades indígenas, busca poner en la mesa de discusión el papel de los medios de comunicación en el contexto indígena, para evaluar su importancia y trascendencia, así como el sostenimiento de proyectos de comunicación como éste en las poblaciones marginadas. También se ocupan de analizar las consecuencias que tiene la legislación existente, la cual limita la vida de las radios comunitarias.
Hoy mas que nunca – se afirma en la convocatoria - es necesario unir voces y pensamientos, cuándo a nivel nacional se empieza a dar los embates a los medios comunitarios o medios que tienen cierta crítica al Estado, que es una violación a la libertad de expresión, y aunado a esto que la Reforma de la Ley de Radio y Televisión sigue atorada en el Senado y en la Cámara de Diputados por los grandes intereses económicos y políticos en los que están inmiscuidos los “representantes populares”.
Saben que hoy en día, los pueblos indígenas y las organizaciones sociales no tienen las mismas oportunidades de acceso a los medios, debido a que en el país existe un monopolio de particulares; además, obtener una concesión o permiso implica trámites burocráticos de mucho tiempo y un excesivo costo.
Aunado a esto, existen condiciones estructurales impuestas a los indígenas, que han limitado e impedido que éstos posean medios de comunicación propios, lo cual repercute en una presencia casi nula de los indígenas en la opinión pública nacional. Éstos aparecen cuando se ven inmiscuidos en cuestiones de desastres naturales o conflictos agrarios y religiosos.
Saben que el monopolio de los medios de comunicación permite la distorsión de la información nacional y la forma de ser de los indígenas, así como una falta de respeto a la identidad cultural de los pueblos originarios. Tergiversan el sentido y tradición de los pueblos, imponiendo esquemas culturales ajenos a la comunidad.
Por parte de los medios dominantes – argumentan- ha existido un fuerte racismo hacia los pueblos indígenas, haciendo burla las condiciones de vida de los indígenas, en la forma en que se presenta la información y a través de programas peyorativos y anuncios que destacan el atraso y la ignorancia como característica de los pueblos.
Junto a ello, los locutores actuales de los medios de comunicación privados no están capacitados para fortalecer y desarrollar la cultura indígena. “Actualmente y desde hace tiempo se explota nuestra herencia cultural con fines de lucro, sin ningún control y menos con un beneficio para los propios pueblos.”
De lo que sí están seguros, es que la posesión de medios en mano de los pueblos y sus organizaciones garantizará la comunicación al interior de la comunidad, pero también hacia fuera, y entre los pueblos, para que de esta forma se pueda atender con plenitud consciente la riqueza de la diversidad.
En el marco del Encuentro por el séptimo aniversario, se reunirán representantes de diferentes radios comunitarias de la región, del país y de países latinoamericanos, combinándolas con actividades de: canto, bailes, obras de teatro, poesía, pintura, etcétera, todo ello en coordinación con las autoridades municipales y agrarias de Tlahuitoltepec.
Quienes tengan la oportunidad de ir a Tlahui, no dejen de hacerlo; van a ver que llegando empiezan a sintonizar el 107. 9 de FM, (WWW.radiojenpoj.org y Tel. 012223790052 ), cuya programación llega a lo más hondo porque trata de problemas cotidianos, comunes, que viven los mixes, allá en las alturas donde, como dice José Guadalupe, se siente la energía del viento, que esto y no otra cosa significa Jën Poj, un proyecto que debe tener larga vida, como la de los mixes, para que sigan defendiendo su palabra. ¡Felicidades!
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/
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