Sociedad abierta
ERNESTO REYES
No hay cosa más triste, en este primer aniversario de la desaparición de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, que el olvido en que permanece su caso por el delito de desaparición de persona. Y la impunidad que envuelve a los responsables de este agravio.
Aunque el doble secuestro haya recibido la condena de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, en la justicia oaxaqueña su investigación duerme el sueño de los justos en algún archivero de la procuraduría general de justicia. No ha habido ni eficiencia ni interés verdadero por darle una satisfacción a quienes desde diversos ámbitos han pugnado porque aparezcan vivas y vuelvan a dar alegría y vitalidad a sus hogares.
Este 5 de julio se cumple un año de la desaparición física de las hermanas Virginia y Daniela, pero antes del onomástico queda un sendero de dolor, lagrimas, desesperación y sufrimiento por partes de familiares y amigos, que desde entonces han hecho hasta la imposible por dar con su paradero sin tener éxito.
Ambas fueron raptadas cuando saliendo de su comunidad en la zona triqui, se dirigían a realizar las actividades normales en dos jóvenes que buscan la superación de la barrera de marginación y sufrimiento en que se hallan quienes por alguna razón se ven involucrados en las venganzas que escenifican tres o más organizaciones que en la zona pelean el control del territorio triqui: el MULT, el MULT independiente y la UBISORT.
En este mismo marco cayeron acribilladas, el pasado 7 de abril, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras comunitarias de San Juan Copala, crímenes que permanecen impunes.
Para organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que han juntado sus voces para exigir una actuación eficiente de las autoridades, no hay información ni preocupación gubernamental por encontrarlas, “lo que pone en evidencia la grave situación de discriminación hacia las mujeres y la invisibilidad de la violencia feminicida en el Estado de Oaxaca.”
Eran dos mujeres indígenas que trataban de vivir lo mejor posible, en un contexto de violencia política: Virginia como profesora bilingüe y Daniela como estudiante, quienes el día 4 de Julio del 2007 recogerían las cosas de la comunidad donde trabajaba Virginia, diciéndole a su familia que volverían al día siguiente. Desgraciadamente ya no regresaron a casa, alguien se las llevó y el Estado las ha olvidado.
Su mamá, Doña Antonia Ramírez puso del conocimiento de las autoridades el hecho, confiando en que de verdad éstas harían su labor. Desafortunadamente paso a paso en la búsqueda de sus hijas fueron descubriendo que ese actuar del Gobierno es sólo propaganda y que en nada bueno se ha reflejado para resolver su única petición: 'Buscar y encontrar a sus hijas'.
En cambio, lo único con lo que se toparon fue con lo mismo que muchas mujeres tropiezan al acudir a las instancias 'de procuración de justicia': violencia, discriminación, descalificación y hasta amenazas.
Al respecto, citan como ejemplo al procurador General de Justicia, Evencio Nicolás Ramírez quien las mantuvo en varias ocasiones esperándolo por horas para atenderlas, burlándose; diciéndoles que si iban a otras instancias 'les iba a aplaudir'.
Este es el rostro de la Justicia hacia las mujeres en Oaxaca, afirman. Por si esto no fuera suficiente, el 18 de enero pasado ante un medio de comunicación el funcionario afirmó que la procuraduría había concluido su trabajo' en este caso.
En una carta con motivo de esta fecha, afirman que “es una total aberración y ofensa a las familias que el Procurador, el Gobernador, la Cámara de Diputados, el IM0 entre otras instancias no hayan asumido un papel responsable de procurar la justicia y dar con el paradero de Virginia y Daniela.”
Para sus familiares directos, como Emelia, existen rumores de que pudieran estar vivas a manos de sujetos inhumanos; hay quienes dicen que las tienen una banda de delincuentes o que las tienen personas quienes se autoproponen para secuestrar, violar, emboscar, despojar y robar.
En carta dirigida a la opinión pública señala que “durante un año no las hemos visto; hemos tocado las puertas de las diferentes instituciones responsables de investigaciones. Y a pesar de nuestro sufrimiento sólo hemos recibido promesas que se convierten en mentiras.“El gobierno se hace sordo ante nuestras exigencias. Nosotras pensamosque el gobierno debe cumplir con sus obligaciones: les correspondeinvestigar exhaustivamente, hacer justicia y cuanto antes devolvernoscon vida a Daniela y Virginia. En vez de esto, sólo hemos recibidoindiferencia.“Por poner sólo un ejemplo, en la entrevista que las familiares tuvimoscon el Procurador el señor Evencio Nicolás Martínez Ramírez, expusimosla situación, y su respuesta fue: que lamentaba la situación por la que estaba pasando la familia, y que no se trataba de que ellos no quisieran trabajar, pero que todo iba muy lento porque es muy difícil entrar a la zona triqui por la presencia de los grupos políticos en la región, y que no iba a arriesgar a su gente.
En un tono de burla, agresividad y de falta de sensibilidad, nos dijo 'si quieres, puedes ir a toda la región triqui a buscar a tu familia, hasta voy a aplaudirsi vas a hacer eso'.Emelia refiere que han acudido a la Fiscalía de la Mujer a denunciar éste y otros casos de mujeres triquis violentadas, y su respuesta ha sido positiva: “Nosdicen que la situación es preocupante y que quieren contribuir a que se resuelva. Pero las respuestas del Procurador han sido totalmente negativas, no hay voluntad de estas instancias de gobierno de hacer algo por encontrar a Daniela y Virginia, ni por castigar a nadie por los otros delitos, lo que nos hace pensar que hasta obstaculiza lo que otros quieren hacer.
De hecho, según el señor Evencio, hay liberadas órdenes de aprehensión contra presuntos culpables de delitos de violación y lesiones de mujeres triquis que pueden estar relacionados con los casos de las desaparecidas, pero al momento, ninguna de éstas se ha ejecutado, lo que significa una “eficiente protección a laimpunidad.”
A lo largo de un año, se han acercado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero las recomendaciones de nivel federal no las ha atendido el gobierno del estado.
Junto con Ong’s se han entrevistado con diputados en la ciudad de México, a quienes se les planteó el caso a la comisión de Equidad de género. Estacomisión trabajó y finalmente se emitió un exhorto al titular de laSecretaría de Gobernación para que emitiera la declaratoria de Alertade Violencia de Género para la región Triqui del estado de Oaxaca.
También senadores oaxaqueños han promovido puntos de acuerdo para que se agilicen las indagatorias, y nada: no hay algún avance: no hay ningún informe a la cámara de diputados ni a la Cámara Alta; no hay en suma acciones para evitar la violencia en la región triqui y “nuestros familiares siguen lejos de nosotros, no sabemos en qué condiciones, y cada vez más perdemos la esperanza en que las instituciones gubernamentales hagan algo por encontrarlas.
El olvido en que permanece el caso de Virginia y Daniela es una herida abierta que hay que curar, concluye Emelia. Nosotros estamos de acuerdo en que las jóvenes triquis deben aparecer, porque aún con todas las evidencias que hacen sospechar lo peor, creemos que están vivas.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
sábado, 5 de julio de 2008
jueves, 3 de julio de 2008
Las actas hablan
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Con el segundo aniversario del 2 de julio del 2006, han empezado a surgir evidencias perfectamente verificables que indican al menos una gran omisión de consejeros y magistrados electorales que en aquél proceso no estuvieron a la altura de las circunstancias para asumir que los mexicanos ya estábamos maduros para la democracia.
Un texto presentado este martes 01 de julio en la ciudad de México, es el del politólogo José Antonio Crespo, investigador del CIDE y articulista de Excélsior, titulado: 2006 hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana. Serie debate de R.H. Mondadori.
El libro, que hace tres semanas empezó a circular, sostiene una afirmación del autor verdaderamente lapidaria: acudiendo a las cifras, contenidas en las actas de escrutinio, en el 2006 no se puede saber quién ganó, si Felipe Calderón o López Obrador, porque se desconoce cuál fue la voluntad mayoritaria de los mexicanos.
Tampoco Crespo se anima a considerar que el fraude haya llevado a Calderón a la silla presidencial: simplemente, con la revisión de las actas, una por una, buscando los errores y las inconsistencias, confronta una parte de las verdades que se dijeron por parte de los actores interesados en dicha elección.
Como no hubo certeza, ni equidad en la contienda, Calderón no ganó de manera inobjetable e impecable, como afirmaron consejeros y magistrados y lo repiten sus seguidores; pero tampoco AMLO puede ser reconocido como triunfador porque por las razones que el estudioso explica, no sabemos cuál fue la voluntad del electorado.
Hubo según su investigación, inconsistencias, errores de cómputo, irregulares, aunque no se sabe si son dolosas, que nunca fueron subsanadas por las autoridades respectivas. Irregularidades que estaban del lado de uno u otro candidato; y como estos votos irregulares superan a la diferencia de los 234 mil votos con que supuestamente le ganó FCH a AMLO, la pregunta que queda en el aire es: ¿ verdaderamente quién gano?
En el estudio, Crespo se fue a la información que está en las actas, que publicó el IFE en su portal electrónico. Ahí encuentra que hubo varios errores que se podían depurar, pero hay otros que no.
Por tanto, explica, cuando el principio de certeza se afecta de manera determinante, no se puede saber quién gana. Nos recuerda que hay jurisprudencia que indica que si se afecta la certeza en una elección, había una alternativa: anular la elección. Esto por supuesto no estuvo nunca en la mira de magistrados y consejeros.
Hay votos irregulares que opacan la certeza del resultado, por lo que la consecuencia lógica es: como no se pueden acreditar estos votos a cualquier candidato, debe anularse la elección. Se nubla la certeza cuando este fenómeno se repite a nivel nacional.
Crespo revisó 63 mil de las 130 mil actas de casilla en 150 de los 300 distritos electorales del país, es decir, la mitad de casillas y distritos.
Conforme a su investigación, existen 316 mil votos irregulares --es decir, los que no pudieron justificarse ni depurarse, porque no se abrieron los paquetes electorales-- son mayores al número de sufragios de ventaja del supuesto ganador, que oficialmente fue de 233 mil 831, equivalente al.6%.
El libro de Crespo confronta a los magistrados del TEPJF que, en su dictamen, aseguraron, en primer lugar, que los errores de cómputo en las actas eran justificables y en segundo, que los votos irregulares no afectaban el resultado, porque no eran mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección. Nada más falso, según esta investigación aplicando la lógica y la aritmética.
Es cierto que legalmente, la verdad jurídica la estableció el Tribunal con su dictamen dado en momentos de gran crispación política; pero la reconstrucción histórica y el cálculo numérico, objetivo, dice lo contrario de lo que afirmaron los magistrados.
El fraude sin embargo, no se puede inferir de las actas, estas dicen que hubo un comportamiento omiso del IFE y el TRIFE por no abrir y transparentar al máximo posible la elección y darle la certeza a los ciudadanos para saber por quién votó la mayoría.
Quienes defraudaron al pueblo de México, en todo caso son los magistrados por su falta de responsabilidad, profesionalismo y de exhaustividad al hacer su trabajo para que no cupiera ninguna duda de que quien ganó, lo hubiera logrado de a deveras.
El libro 2006: que hablen las actas, cuestiona dos mitos, el del triunfo inobjetable de Calderón y el del fraude sostenido por los seguidores de López Obrador.
Lo más lamentable es que de cara al futuro, esta complicada situación podría repetirse en eventos electorales próximos, porque no se ha resuelto el fondo del asunto, dado que las modificaciones al Cofipe realizadas recientemente, no subsanaron esta situación porque no hay método para prevenir y enfrentar un previsible empate entre dos candidatos punteros.
El recuento del voto por voto sólo se puede autorizar en prácticamente 3 de los 300 distritos, cuando la elección presidencial se evalúa en una sola votación a nivel nacional.
Es evidencia de que o bien no aprendemos de los errores, suponiendo que estos no fueran producto de la mala fe o la confabulación de intereses, o se quiere aplicar la misma dosis a quién en el futuro amenace con conquistar el poder de manera pacífica, mediante una gran participación popular.
El libro de José Antonio Crespo es un aporte interesante al 2 de julio del 2006, caso que no ha sido cerrado por la opinión pública.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
http://sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Con el segundo aniversario del 2 de julio del 2006, han empezado a surgir evidencias perfectamente verificables que indican al menos una gran omisión de consejeros y magistrados electorales que en aquél proceso no estuvieron a la altura de las circunstancias para asumir que los mexicanos ya estábamos maduros para la democracia.
Un texto presentado este martes 01 de julio en la ciudad de México, es el del politólogo José Antonio Crespo, investigador del CIDE y articulista de Excélsior, titulado: 2006 hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana. Serie debate de R.H. Mondadori.
El libro, que hace tres semanas empezó a circular, sostiene una afirmación del autor verdaderamente lapidaria: acudiendo a las cifras, contenidas en las actas de escrutinio, en el 2006 no se puede saber quién ganó, si Felipe Calderón o López Obrador, porque se desconoce cuál fue la voluntad mayoritaria de los mexicanos.
Tampoco Crespo se anima a considerar que el fraude haya llevado a Calderón a la silla presidencial: simplemente, con la revisión de las actas, una por una, buscando los errores y las inconsistencias, confronta una parte de las verdades que se dijeron por parte de los actores interesados en dicha elección.
Como no hubo certeza, ni equidad en la contienda, Calderón no ganó de manera inobjetable e impecable, como afirmaron consejeros y magistrados y lo repiten sus seguidores; pero tampoco AMLO puede ser reconocido como triunfador porque por las razones que el estudioso explica, no sabemos cuál fue la voluntad del electorado.
Hubo según su investigación, inconsistencias, errores de cómputo, irregulares, aunque no se sabe si son dolosas, que nunca fueron subsanadas por las autoridades respectivas. Irregularidades que estaban del lado de uno u otro candidato; y como estos votos irregulares superan a la diferencia de los 234 mil votos con que supuestamente le ganó FCH a AMLO, la pregunta que queda en el aire es: ¿ verdaderamente quién gano?
En el estudio, Crespo se fue a la información que está en las actas, que publicó el IFE en su portal electrónico. Ahí encuentra que hubo varios errores que se podían depurar, pero hay otros que no.
Por tanto, explica, cuando el principio de certeza se afecta de manera determinante, no se puede saber quién gana. Nos recuerda que hay jurisprudencia que indica que si se afecta la certeza en una elección, había una alternativa: anular la elección. Esto por supuesto no estuvo nunca en la mira de magistrados y consejeros.
Hay votos irregulares que opacan la certeza del resultado, por lo que la consecuencia lógica es: como no se pueden acreditar estos votos a cualquier candidato, debe anularse la elección. Se nubla la certeza cuando este fenómeno se repite a nivel nacional.
Crespo revisó 63 mil de las 130 mil actas de casilla en 150 de los 300 distritos electorales del país, es decir, la mitad de casillas y distritos.
Conforme a su investigación, existen 316 mil votos irregulares --es decir, los que no pudieron justificarse ni depurarse, porque no se abrieron los paquetes electorales-- son mayores al número de sufragios de ventaja del supuesto ganador, que oficialmente fue de 233 mil 831, equivalente al.6%.
El libro de Crespo confronta a los magistrados del TEPJF que, en su dictamen, aseguraron, en primer lugar, que los errores de cómputo en las actas eran justificables y en segundo, que los votos irregulares no afectaban el resultado, porque no eran mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección. Nada más falso, según esta investigación aplicando la lógica y la aritmética.
Es cierto que legalmente, la verdad jurídica la estableció el Tribunal con su dictamen dado en momentos de gran crispación política; pero la reconstrucción histórica y el cálculo numérico, objetivo, dice lo contrario de lo que afirmaron los magistrados.
El fraude sin embargo, no se puede inferir de las actas, estas dicen que hubo un comportamiento omiso del IFE y el TRIFE por no abrir y transparentar al máximo posible la elección y darle la certeza a los ciudadanos para saber por quién votó la mayoría.
Quienes defraudaron al pueblo de México, en todo caso son los magistrados por su falta de responsabilidad, profesionalismo y de exhaustividad al hacer su trabajo para que no cupiera ninguna duda de que quien ganó, lo hubiera logrado de a deveras.
El libro 2006: que hablen las actas, cuestiona dos mitos, el del triunfo inobjetable de Calderón y el del fraude sostenido por los seguidores de López Obrador.
Lo más lamentable es que de cara al futuro, esta complicada situación podría repetirse en eventos electorales próximos, porque no se ha resuelto el fondo del asunto, dado que las modificaciones al Cofipe realizadas recientemente, no subsanaron esta situación porque no hay método para prevenir y enfrentar un previsible empate entre dos candidatos punteros.
El recuento del voto por voto sólo se puede autorizar en prácticamente 3 de los 300 distritos, cuando la elección presidencial se evalúa en una sola votación a nivel nacional.
Es evidencia de que o bien no aprendemos de los errores, suponiendo que estos no fueran producto de la mala fe o la confabulación de intereses, o se quiere aplicar la misma dosis a quién en el futuro amenace con conquistar el poder de manera pacífica, mediante una gran participación popular.
El libro de José Antonio Crespo es un aporte interesante al 2 de julio del 2006, caso que no ha sido cerrado por la opinión pública.
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martes, 1 de julio de 2008
Consulta: en manos limpias
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Es un hecho que si no hubiera sido por las movilizaciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador a partir de la toma de las tribunas en las dos cámaras del Congreso de la Unión, el debate petrolero que se lleva a cabo en el Senado no se hubiera realizado.
En la concentración de este domingo, AMLO ha confesado que las movilizaciones dieron tiempo a que se organizara mejor la resistencia civil y se programaran, por ejemplo, las consultas que habrán de llevarse a cabo, en el Distrito Federal el 27 de julio; en los estados del sureste, el 10 de agoto y en los del norte el día 24.
Como vivimos en un régimen dominado por intereses financieros, es muy probable, como lo vislumbra AMLO, que aunque la reforma sea descalificada en los foros de debate y en la consulta ciudadana, el PAN y el PRI buscarán imponer una propuesta energética con fines privatizadores, aunque no sea la que originalmente planteó el gobierno federal.
Así están las cosas hasta el momento. Por los rumbos del PRI, llegan versiones que hablan de que sus bancadas en el Congreso buscarían afinar una reforma, a partir del proyecto calderonista, que permita la creación de empresas filiales con una normatividad de orden mercantil sin las restricciones que impone el régimen de Pemex.
Y que aunque pertenezcan al Estado, dichas empresas sean sociedades anónimas.
Es tanta la prisa por aprobarlas, que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, tan ineficiente como incapaz para manejar el sector, ha adelantado que existe un acuerdo entre los partidos para empezar a dictaminar la reforma, tan luego finalicen los debates hacia el 22 de julio.
Esto haría imposible que los resultados de cualquiera de las consultas programadas por la oposición, sean tomados en cuenta para dictaminar y aprobar la reforma.
Sin embargo, senadores del PRI y el PRD – como Francisco Labastida y Graco Ramírez- han dicho lo contrario: que este proceso llevará más tiempo.
Llama la atención que organismos supuestamente independientes como el IFE se han negado a organizar la consulta por carecer- dicen- facultades para ello; actitud que contrasta con el Instituto Electoral del Distrito Federal que no sólo aportará recursos técnicos y materiales para la organización de dicha consulta, sino que aportará las preguntas que normarán el criterio de la población.
En la concentración del domingo, llamó la atención- aunque en verdad ya va siendo costumbre- que no se pararan en la tribuna legisladores y dirigentes de la corriente Nueva izquierda del PRD, salvo Carlos Navarrete, quien contrario a los humores de Jesús Ortega, no se excluye del movimiento porque además de ser precavido para no confrontarse con López Obrador, sabe que estando fuera del movimiento no tendría cara para defender en el Congreso una postura que no es defendida en la calle o en otros ámbitos.
Otro que no ha abandonado el contacto con la gente es el coordinador de los diputados federales, Javier González Garza, a pesar de la rechifla que se llevó el pasado 24 de febrero.
Sabedores que la directriz del movimiento por la defensa del petróleo la lleva el tabasqueño en su círculo más cercano, los perredistas vergonzantes no tienen hasta el momento ningún esquema definido para incorporarse al movimiento que no sea a través de declaraciones de buenas intenciones en los medios.
Han visto con resignación que frente a la multitud y en todos los recorridos que realiza AMLO por el país, en representación del movimiento quienes aparecen son Porfirio Muñoz Ledo o Manuel Camacho Solís; o bien, legisladores federales y estatales que no han traicionado a su excandidato presidencial.
Sin embargo, la consulta a realizarse en 400 municipios del país, en el marco de las dos fechas anunciadas el domingo- el 10 de agosto para los estados del sur y el 24 para los del norte- permitirá a la estructura formal del PRD, en manos de Nueva Izquierda y de otras expresiones, demostrar que realmente están comprometidos con la defensa del petróleo en manos mexicanas.
Ojalá lo hagan sin regatearle reconocimiento a quienes desde la ciudadanía han aportado quizá mucho más que ellos, mediante la figura de brigadistas, a impulsar este ejercicio a nivel nacional.
Ahora falta que quienes asistieron a la asamblea informativa del zócalo, socialicen la información porque muchos simpatizantes de este movimiento en Oaxaca no han contado con información suficiente sobre la fecha y las modalidades de la consulta ciudadana.
Por parte del PRD, como sus dirigentes locales y mayoría de sus diputados rechazan tajantemente cualquier instrucción que provenga de AMLO o de sus simpatizantes en Oaxaca, tienen cortadas las vías de comunicación que les permitan operar la consulta, a no ser que lo hagan en poco menos de los 45 municipios que supuestamente gobiernan.
Pero en el resto, es decir, en más de quinientos, si es que hay consulta, sus habitantes están completamente ajenos a esta situación, a no ser que otros actores políticos y legisladores federales los pongan al corriente.
Además, si los “chuchos” oaxaqueños tuvieran en sus manos la consulta, ésta resultaría en un cochinero ( “chuchinero”, les adjetivó Alejandro Encinas), con resultados contrarios a un movimiento limpio de gente honesta que en realidad pretende cambios para México.
Con la bazofia perredista, de la que estamos hablando, un movimiento pulcro se ensuciaría, porque lo que menos quiere en este momento la ciudadanía es que políticos rapaces y corruptos pretendan encabezar los genuinos afanes de un pueblo honrado y nacionalista como el mexicano.
Hay un clamor ciudadano: la consulta debe estar en manos limpias.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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ERNESTO REYES
Es un hecho que si no hubiera sido por las movilizaciones encabezadas por Andrés Manuel López Obrador a partir de la toma de las tribunas en las dos cámaras del Congreso de la Unión, el debate petrolero que se lleva a cabo en el Senado no se hubiera realizado.
En la concentración de este domingo, AMLO ha confesado que las movilizaciones dieron tiempo a que se organizara mejor la resistencia civil y se programaran, por ejemplo, las consultas que habrán de llevarse a cabo, en el Distrito Federal el 27 de julio; en los estados del sureste, el 10 de agoto y en los del norte el día 24.
Como vivimos en un régimen dominado por intereses financieros, es muy probable, como lo vislumbra AMLO, que aunque la reforma sea descalificada en los foros de debate y en la consulta ciudadana, el PAN y el PRI buscarán imponer una propuesta energética con fines privatizadores, aunque no sea la que originalmente planteó el gobierno federal.
Así están las cosas hasta el momento. Por los rumbos del PRI, llegan versiones que hablan de que sus bancadas en el Congreso buscarían afinar una reforma, a partir del proyecto calderonista, que permita la creación de empresas filiales con una normatividad de orden mercantil sin las restricciones que impone el régimen de Pemex.
Y que aunque pertenezcan al Estado, dichas empresas sean sociedades anónimas.
Es tanta la prisa por aprobarlas, que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, tan ineficiente como incapaz para manejar el sector, ha adelantado que existe un acuerdo entre los partidos para empezar a dictaminar la reforma, tan luego finalicen los debates hacia el 22 de julio.
Esto haría imposible que los resultados de cualquiera de las consultas programadas por la oposición, sean tomados en cuenta para dictaminar y aprobar la reforma.
Sin embargo, senadores del PRI y el PRD – como Francisco Labastida y Graco Ramírez- han dicho lo contrario: que este proceso llevará más tiempo.
Llama la atención que organismos supuestamente independientes como el IFE se han negado a organizar la consulta por carecer- dicen- facultades para ello; actitud que contrasta con el Instituto Electoral del Distrito Federal que no sólo aportará recursos técnicos y materiales para la organización de dicha consulta, sino que aportará las preguntas que normarán el criterio de la población.
En la concentración del domingo, llamó la atención- aunque en verdad ya va siendo costumbre- que no se pararan en la tribuna legisladores y dirigentes de la corriente Nueva izquierda del PRD, salvo Carlos Navarrete, quien contrario a los humores de Jesús Ortega, no se excluye del movimiento porque además de ser precavido para no confrontarse con López Obrador, sabe que estando fuera del movimiento no tendría cara para defender en el Congreso una postura que no es defendida en la calle o en otros ámbitos.
Otro que no ha abandonado el contacto con la gente es el coordinador de los diputados federales, Javier González Garza, a pesar de la rechifla que se llevó el pasado 24 de febrero.
Sabedores que la directriz del movimiento por la defensa del petróleo la lleva el tabasqueño en su círculo más cercano, los perredistas vergonzantes no tienen hasta el momento ningún esquema definido para incorporarse al movimiento que no sea a través de declaraciones de buenas intenciones en los medios.
Han visto con resignación que frente a la multitud y en todos los recorridos que realiza AMLO por el país, en representación del movimiento quienes aparecen son Porfirio Muñoz Ledo o Manuel Camacho Solís; o bien, legisladores federales y estatales que no han traicionado a su excandidato presidencial.
Sin embargo, la consulta a realizarse en 400 municipios del país, en el marco de las dos fechas anunciadas el domingo- el 10 de agosto para los estados del sur y el 24 para los del norte- permitirá a la estructura formal del PRD, en manos de Nueva Izquierda y de otras expresiones, demostrar que realmente están comprometidos con la defensa del petróleo en manos mexicanas.
Ojalá lo hagan sin regatearle reconocimiento a quienes desde la ciudadanía han aportado quizá mucho más que ellos, mediante la figura de brigadistas, a impulsar este ejercicio a nivel nacional.
Ahora falta que quienes asistieron a la asamblea informativa del zócalo, socialicen la información porque muchos simpatizantes de este movimiento en Oaxaca no han contado con información suficiente sobre la fecha y las modalidades de la consulta ciudadana.
Por parte del PRD, como sus dirigentes locales y mayoría de sus diputados rechazan tajantemente cualquier instrucción que provenga de AMLO o de sus simpatizantes en Oaxaca, tienen cortadas las vías de comunicación que les permitan operar la consulta, a no ser que lo hagan en poco menos de los 45 municipios que supuestamente gobiernan.
Pero en el resto, es decir, en más de quinientos, si es que hay consulta, sus habitantes están completamente ajenos a esta situación, a no ser que otros actores políticos y legisladores federales los pongan al corriente.
Además, si los “chuchos” oaxaqueños tuvieran en sus manos la consulta, ésta resultaría en un cochinero ( “chuchinero”, les adjetivó Alejandro Encinas), con resultados contrarios a un movimiento limpio de gente honesta que en realidad pretende cambios para México.
Con la bazofia perredista, de la que estamos hablando, un movimiento pulcro se ensuciaría, porque lo que menos quiere en este momento la ciudadanía es que políticos rapaces y corruptos pretendan encabezar los genuinos afanes de un pueblo honrado y nacionalista como el mexicano.
Hay un clamor ciudadano: la consulta debe estar en manos limpias.
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lunes, 30 de junio de 2008
Atropellos en Huatulco
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Este fin de semana en Oaxaca, hubo dos foros: uno sobre derechos laborales y otro sobre el ejercicio periodístico en zonas de riesgo. En ambos hubo coincidencias sobre males que aquejan al gremio, que con el caso que aquí abordo, confirman que los derechos de los periodistas siguen siendo vulnerados en un país cuyo gobierno muy poco se preocupa por garantizarles condiciones mínimas de seguridad para realizar su trabajo.
Ahora les tocó a dos reporteros de la región de la costa, región que con el Istmo de Tehuantepec desde hace tiempo está penetrada por los cárteles nacionales e internacionales de la droga.
Es común entonces, que se realicen operativos por parte de fuerzas policiacas y militares. A nadie extraña que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada el gobierno haga su trabajo. Está bien.
El problema es que como ya ha sucedido en entidades del norte del país, a la par de esta febril actividad, se vulneren derechos de la ciudadanía. En esto no estamos de acuerdo.
Hace una semana, elementos del Ejército Mexicano efectuaron tres operativos en el descanso turístico de Huatulco con saldo, al parecer, de 5 detenidos y 3 vehículos asegurados. Trascendió, que las fuerzas castrenses iban a detener a miembros de una banda que opera a sus anchas en la zona. Pero como los datos de inteligencia militar hablaban de que pudieran estar escondidos en lujosas residencias de la Crucecita, pues enfilaron a sus elementos hacia dos zonas residenciales: fraccionamiento Conejos y Balcones de Tangolunda.
Por denuncias que al menos dos ciudadanos interpusieron ante el Ministerio Público del fuero común, debido a los atropellos cometidos por los soldados, trascendió que los cateos fueron realizados sin el cuidado de no atropellar derechos de pacíficos ciudadanos.
Al menos eso les consta a dos particulares que se sintieron humillados y perjudicados en su propiedad, e hicieron que en la agencia del ministerio público local se abrieron las averiguaciones previas ( 179 y 180) en contra de los soldados (y policías) que pudieran resultar responsables, pertenecientes a los regimientos de Puerto Escondido, Pinotepa Nacional y Miahuatlán de Porfirio Dìaz.
Según versiones periodísticas, el operativo fue apoyado con tanquetas y camionetas tipo hummer en diversas horas de la noche, causando temor entre pacíficos ciudadanos que ahí viven.
Los particulares presentaron su denuncia por los delitos de allanamiento de morada y otros que pudieran configurarse porque los uniformados causaron destrozos en chapas, cristales, puertas e incluso se llevaron dinero en efectivo y hasta documentos personales. Todo con el temor de hombres, mujeres y niños.
Pero los atropellos también alcanzaron a los periodistas Antonio García y Omar Gasga, de medios locales, quienes al acudir al lugar, fueron interceptados y obligados a bajar de sus vehículos, y ya en el suelo, según denuncia de los afectados, les apuntaron con sus armas exigiéndoles una explicación por su presencia.
Como el actuar de los militares y policías es contrario al respeto que se merecen quienes laboran en un medio informativo, la agencia Quadratin para la que trabajan, envió al presidente, Felipe Calderón Hinojosa, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes y a otras autoridades, una carta pública de protesta por esta situación. Al expresar mi solidaridad con los periodistas agredidos, y advertir que esta protesta no pretende hacerle el juego a nadie para que no se siga combatiendo a la delincuencia organizada, les convido la carta para su conocimiento.
“C. Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa
C. Presidente de la CNDH.
Los días sábado 21 y domingo 22 de junio, el Ejército Mexicano realizó actividades hasta el momento no aclaradas en Santa María Huatulco, cateando algunos domicilios y haciendo presencia en lugares normalmente no ocupados por las fuerzas castrenses.
Los periodistas Omar Gasga y Antonio García, corresponsales de Quadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, acudieron al lugar donde hacían presencia los elementos del Ejército Mexicano, para realizar las actividades propias de recopilación de información.
Sin embargo, durante el mismo fueron objeto de serias violaciones a sus derechos humanos, toda vez que quienes se supone están para resguardar la seguridad nacional, atentaron contra sus derechos más elementales.
Tratados como delincuentes, sin importarle la presentación de sus credenciales de prensa, ambos periodistas fueron bajados violentamente de su vehículo, y tirados al suelo, en donde fueron encañonados, con clara desventaja respecto de sus agresores.
Los periodistas no iban armados, como sí lo iban quien participaban en este operativo. Al compañero Antonio García lo golpearon en el estómago y la tortura psicológica que sobre ambos ejercieron es un acto reprobable, no sólo como periodistas, sino como seres humanos que no merecen un trato indigno como el otorgado por las fuerzas castrenses, quienes iban cubiertos del rostro, con chalecos antibalas y superando en número a quienes se acercaron con la única finalidad de obtener datos para hacerlos llegar a la sociedad, en cumplimiento al compromiso ético de informar.
Señor Presidente de la República:
Como medio de comunicación condenamos enérgicamente el uso de la fuerza y la arbitrariedad de la actuación de los elementos del Ejército bajo el escudo del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Exigimos el castigo a los responsables de estos hechos, atentatorios contra la integridad física de dos comunicadores que únicamente cumplían con su trabajo y pedimos que se otorguen las garantías necesarias para el desarrollo de su actividad periodística, principalmente en esta zona, que ha sido rehén de distintos grupos delictivos.
Creemos que una institución como el Ejército Mexicano no debe hacer reiterativo este actuar, convirtiéndose en una amenaza para la libertad de expresión e incluso, para la vida misma de los comunicadores y de cualquier ciudadano.
El derecho de una sociedad a ser informada no debe ser coartado ni con balas ni por la fuerza, mucho menos cuando esta proviene del Estado Mexicano.
Francisco García Davish,
Director general de Quadratín
Guadalupe Thomas,
Directora de Quadratín en Oaxaca”.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
http://sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Este fin de semana en Oaxaca, hubo dos foros: uno sobre derechos laborales y otro sobre el ejercicio periodístico en zonas de riesgo. En ambos hubo coincidencias sobre males que aquejan al gremio, que con el caso que aquí abordo, confirman que los derechos de los periodistas siguen siendo vulnerados en un país cuyo gobierno muy poco se preocupa por garantizarles condiciones mínimas de seguridad para realizar su trabajo.
Ahora les tocó a dos reporteros de la región de la costa, región que con el Istmo de Tehuantepec desde hace tiempo está penetrada por los cárteles nacionales e internacionales de la droga.
Es común entonces, que se realicen operativos por parte de fuerzas policiacas y militares. A nadie extraña que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada el gobierno haga su trabajo. Está bien.
El problema es que como ya ha sucedido en entidades del norte del país, a la par de esta febril actividad, se vulneren derechos de la ciudadanía. En esto no estamos de acuerdo.
Hace una semana, elementos del Ejército Mexicano efectuaron tres operativos en el descanso turístico de Huatulco con saldo, al parecer, de 5 detenidos y 3 vehículos asegurados. Trascendió, que las fuerzas castrenses iban a detener a miembros de una banda que opera a sus anchas en la zona. Pero como los datos de inteligencia militar hablaban de que pudieran estar escondidos en lujosas residencias de la Crucecita, pues enfilaron a sus elementos hacia dos zonas residenciales: fraccionamiento Conejos y Balcones de Tangolunda.
Por denuncias que al menos dos ciudadanos interpusieron ante el Ministerio Público del fuero común, debido a los atropellos cometidos por los soldados, trascendió que los cateos fueron realizados sin el cuidado de no atropellar derechos de pacíficos ciudadanos.
Al menos eso les consta a dos particulares que se sintieron humillados y perjudicados en su propiedad, e hicieron que en la agencia del ministerio público local se abrieron las averiguaciones previas ( 179 y 180) en contra de los soldados (y policías) que pudieran resultar responsables, pertenecientes a los regimientos de Puerto Escondido, Pinotepa Nacional y Miahuatlán de Porfirio Dìaz.
Según versiones periodísticas, el operativo fue apoyado con tanquetas y camionetas tipo hummer en diversas horas de la noche, causando temor entre pacíficos ciudadanos que ahí viven.
Los particulares presentaron su denuncia por los delitos de allanamiento de morada y otros que pudieran configurarse porque los uniformados causaron destrozos en chapas, cristales, puertas e incluso se llevaron dinero en efectivo y hasta documentos personales. Todo con el temor de hombres, mujeres y niños.
Pero los atropellos también alcanzaron a los periodistas Antonio García y Omar Gasga, de medios locales, quienes al acudir al lugar, fueron interceptados y obligados a bajar de sus vehículos, y ya en el suelo, según denuncia de los afectados, les apuntaron con sus armas exigiéndoles una explicación por su presencia.
Como el actuar de los militares y policías es contrario al respeto que se merecen quienes laboran en un medio informativo, la agencia Quadratin para la que trabajan, envió al presidente, Felipe Calderón Hinojosa, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes y a otras autoridades, una carta pública de protesta por esta situación. Al expresar mi solidaridad con los periodistas agredidos, y advertir que esta protesta no pretende hacerle el juego a nadie para que no se siga combatiendo a la delincuencia organizada, les convido la carta para su conocimiento.
“C. Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa
C. Presidente de la CNDH.
Los días sábado 21 y domingo 22 de junio, el Ejército Mexicano realizó actividades hasta el momento no aclaradas en Santa María Huatulco, cateando algunos domicilios y haciendo presencia en lugares normalmente no ocupados por las fuerzas castrenses.
Los periodistas Omar Gasga y Antonio García, corresponsales de Quadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, acudieron al lugar donde hacían presencia los elementos del Ejército Mexicano, para realizar las actividades propias de recopilación de información.
Sin embargo, durante el mismo fueron objeto de serias violaciones a sus derechos humanos, toda vez que quienes se supone están para resguardar la seguridad nacional, atentaron contra sus derechos más elementales.
Tratados como delincuentes, sin importarle la presentación de sus credenciales de prensa, ambos periodistas fueron bajados violentamente de su vehículo, y tirados al suelo, en donde fueron encañonados, con clara desventaja respecto de sus agresores.
Los periodistas no iban armados, como sí lo iban quien participaban en este operativo. Al compañero Antonio García lo golpearon en el estómago y la tortura psicológica que sobre ambos ejercieron es un acto reprobable, no sólo como periodistas, sino como seres humanos que no merecen un trato indigno como el otorgado por las fuerzas castrenses, quienes iban cubiertos del rostro, con chalecos antibalas y superando en número a quienes se acercaron con la única finalidad de obtener datos para hacerlos llegar a la sociedad, en cumplimiento al compromiso ético de informar.
Señor Presidente de la República:
Como medio de comunicación condenamos enérgicamente el uso de la fuerza y la arbitrariedad de la actuación de los elementos del Ejército bajo el escudo del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Exigimos el castigo a los responsables de estos hechos, atentatorios contra la integridad física de dos comunicadores que únicamente cumplían con su trabajo y pedimos que se otorguen las garantías necesarias para el desarrollo de su actividad periodística, principalmente en esta zona, que ha sido rehén de distintos grupos delictivos.
Creemos que una institución como el Ejército Mexicano no debe hacer reiterativo este actuar, convirtiéndose en una amenaza para la libertad de expresión e incluso, para la vida misma de los comunicadores y de cualquier ciudadano.
El derecho de una sociedad a ser informada no debe ser coartado ni con balas ni por la fuerza, mucho menos cuando esta proviene del Estado Mexicano.
Francisco García Davish,
Director general de Quadratín
Guadalupe Thomas,
Directora de Quadratín en Oaxaca”.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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domingo, 29 de junio de 2008
Tortura
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Por los hechos de tortura que sufrieron mujeres y hombres que fueron detenidos arbitrariamente por los distintos cuerpos de seguridad en los acontecimientos sociales que se han vivido en Oaxaca, este jueves, en la explanada de Santo Domingo, se realizó un acto denominado “Erradicando la tortura, una expresión pacífica de inconformidad.”
Esta referencia, tomada por diversos sectores de la sociedad civil oaxaqueña, es porque el 26 de junio corresponde al Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la tortura, proclamado el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dicha declaración fue ratificada en principio por 123 de 189 Estados, con la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.
Convencidos de que la tortura es uno de los más grandes abusos en contra de los Derechos Humanos, los países firmantes habían establecido en el año de 1987, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, convención que trabaja a favor de la abolición de esta práctica.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos que se han realizado a este respecto, más de la mitad de los países del mundo la siguen aplicando.
Con esto contravienen la Declaración de Derechos Humanos que en su artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En países más atrasados que los nuestros, cada año miles y miles de personas huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a torturas.
En América Latina, con el advenimiento de regímenes democráticos, el tema ya no oscurece el panorama de la convivencia social; sin embargo, en México, a pesar de la alternancia, la tortura es una práctica que se sigue empleando por diferentes fuerzas castrenses y de seguridad a niveles nacional y local.
Los abusos policiacos cometidos en San Salvador Atenco y en Oaxaca, han recibido amplia difusión y atención de organismos internacionales porque se ha incurrido en esta práctica.
En Oaxaca, como resultado del conflicto social agravado en el 2006, varias corporaciones aplicaron el uso indebido de la fuerza pública, extralimitándose en sus funciones y trasgrediendo los lineamientos jurídicos establecidos para la debida función de seguridad pública en el Estado.
Ante tales hechos, los sobrevivientes narran haber sido vejados y humillados desde el momento en que fueron privados de su libertad, durante su traslado a las cárceles y su estancia en los distintos penales a los que fueron llevados.
Muchos en un primer momento fueron enviados a Nayarit o a la Palma, y luego devueltos a penales de Oaxaca.
Aún ahora, se sospecha que los dos miembros del EPR desaparecidos el año pasado, si es que están vivos, pudieron haber sido sujetos de tortura, y por las consecuencias de ello, puede ser que no los presenten a la opinión pública.
Contra todo ello, se manifestaron ciudadanos oaxaqueños este jueves, porque si no se siguen denunciando estas prácticas que se aplican en contra de la disidencia, se estará abonando más en la impunidad en que desgraciadamente se amparan políticos y funcionarios que debieran estar en la cárcel y no beneficiándose de la protección de un sistema que premia a quienes atentan contra los derechos y libertades ciudadanas.
FORO: DERECHOS DE LOS PERIODISTAS
La Federación Internacional de l@s Periodistas y el Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional ( AFL- CIO México, llevarán a cabo este sábado 28 de junio en la capital oaxaqueña, el Foro sobre: “Los Derechos Humanos Laborales de Las y Los Periodistas: Perspectivas de México y los Estados Unidos, en un horario de las 9:00 a las 15: horas, en conocido hotel de la calle de Libres.
El objetivo del Foro – nos informa Benjamin Davis, representante en México de la FIP- es hacer un análisis de los derechos laborales y sindicales de los periodistas en México y sentar las bases para llevar a cabo una campaña regional para mejorar las actuales condiciones laborales de los periodistas.
L@s participantes en el foro son periodistas de la prensa escrita y electrónica, sin que necesariamente pertenezcan a un sindicato, sino en su mayoría son los periodistas freelance.
La agenda del evento consiste en una serie de presentaciones breves de periodistas quienes son activistas laborales (de los EEUU y México) y un asesor legal para estimular una conversación después, dónde los periodistas compartirán sus propias experiencias y análisis sobre las condiciones laborales en sus empresas.
Este foro es el segundo que realizan ambos organismos, con la idea de formar un diagnostico del estado de los derechos laborales en México y su conexión con los fenómenos de violencia contra periodistas y la violación de la libertad de expresión.
El Foro sería el primer esfuerzo por ligar los temas de violencia y negación de libertad de expresión a la condición laboral de los periodistas en México, por lo que los interesados pueden comunicarse con Ernestina Patiño al (55) 91-83-20-94 o a tpatino@solidaritycenter.org.
Esperemos que esta convocatoria cuente con la presencia de muchos periodistas y comunicadores.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
http://sociedadabiertareyes.blogspot.com/
ERNESTO REYES
Por los hechos de tortura que sufrieron mujeres y hombres que fueron detenidos arbitrariamente por los distintos cuerpos de seguridad en los acontecimientos sociales que se han vivido en Oaxaca, este jueves, en la explanada de Santo Domingo, se realizó un acto denominado “Erradicando la tortura, una expresión pacífica de inconformidad.”
Esta referencia, tomada por diversos sectores de la sociedad civil oaxaqueña, es porque el 26 de junio corresponde al Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la tortura, proclamado el 12 de diciembre de 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dicha declaración fue ratificada en principio por 123 de 189 Estados, con la esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.
Convencidos de que la tortura es uno de los más grandes abusos en contra de los Derechos Humanos, los países firmantes habían establecido en el año de 1987, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, convención que trabaja a favor de la abolición de esta práctica.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos que se han realizado a este respecto, más de la mitad de los países del mundo la siguen aplicando.
Con esto contravienen la Declaración de Derechos Humanos que en su artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En países más atrasados que los nuestros, cada año miles y miles de personas huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a torturas.
En América Latina, con el advenimiento de regímenes democráticos, el tema ya no oscurece el panorama de la convivencia social; sin embargo, en México, a pesar de la alternancia, la tortura es una práctica que se sigue empleando por diferentes fuerzas castrenses y de seguridad a niveles nacional y local.
Los abusos policiacos cometidos en San Salvador Atenco y en Oaxaca, han recibido amplia difusión y atención de organismos internacionales porque se ha incurrido en esta práctica.
En Oaxaca, como resultado del conflicto social agravado en el 2006, varias corporaciones aplicaron el uso indebido de la fuerza pública, extralimitándose en sus funciones y trasgrediendo los lineamientos jurídicos establecidos para la debida función de seguridad pública en el Estado.
Ante tales hechos, los sobrevivientes narran haber sido vejados y humillados desde el momento en que fueron privados de su libertad, durante su traslado a las cárceles y su estancia en los distintos penales a los que fueron llevados.
Muchos en un primer momento fueron enviados a Nayarit o a la Palma, y luego devueltos a penales de Oaxaca.
Aún ahora, se sospecha que los dos miembros del EPR desaparecidos el año pasado, si es que están vivos, pudieron haber sido sujetos de tortura, y por las consecuencias de ello, puede ser que no los presenten a la opinión pública.
Contra todo ello, se manifestaron ciudadanos oaxaqueños este jueves, porque si no se siguen denunciando estas prácticas que se aplican en contra de la disidencia, se estará abonando más en la impunidad en que desgraciadamente se amparan políticos y funcionarios que debieran estar en la cárcel y no beneficiándose de la protección de un sistema que premia a quienes atentan contra los derechos y libertades ciudadanas.
FORO: DERECHOS DE LOS PERIODISTAS
La Federación Internacional de l@s Periodistas y el Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional ( AFL- CIO México, llevarán a cabo este sábado 28 de junio en la capital oaxaqueña, el Foro sobre: “Los Derechos Humanos Laborales de Las y Los Periodistas: Perspectivas de México y los Estados Unidos, en un horario de las 9:00 a las 15: horas, en conocido hotel de la calle de Libres.
El objetivo del Foro – nos informa Benjamin Davis, representante en México de la FIP- es hacer un análisis de los derechos laborales y sindicales de los periodistas en México y sentar las bases para llevar a cabo una campaña regional para mejorar las actuales condiciones laborales de los periodistas.
L@s participantes en el foro son periodistas de la prensa escrita y electrónica, sin que necesariamente pertenezcan a un sindicato, sino en su mayoría son los periodistas freelance.
La agenda del evento consiste en una serie de presentaciones breves de periodistas quienes son activistas laborales (de los EEUU y México) y un asesor legal para estimular una conversación después, dónde los periodistas compartirán sus propias experiencias y análisis sobre las condiciones laborales en sus empresas.
Este foro es el segundo que realizan ambos organismos, con la idea de formar un diagnostico del estado de los derechos laborales en México y su conexión con los fenómenos de violencia contra periodistas y la violación de la libertad de expresión.
El Foro sería el primer esfuerzo por ligar los temas de violencia y negación de libertad de expresión a la condición laboral de los periodistas en México, por lo que los interesados pueden comunicarse con Ernestina Patiño al (55) 91-83-20-94 o a tpatino@solidaritycenter.org.
Esperemos que esta convocatoria cuente con la presencia de muchos periodistas y comunicadores.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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sábado, 28 de junio de 2008
Periodismo, riesgos…
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Acaba junio con un país crispado en temas de seguridad pública, centrados por la enorme repercusión que tiene la ciudad de México, en la tragedia sucedida en un antro- como dicen ahora los jóvenes- en la delegación Gustavo A. Madero.
En una semana, los yerros en el operativo policiaco han hecho sucumbir al delegado político, mientras que Marcelo Ebrard tendrá que decidir hasta qué nivel aguanta las presiones para despedir al jefe de la policía, Joel Ortega.
En Oaxaca, las ambiciones de poder llegan a tal punto que al parecer, la propuesta de reforma constitucional presentada por la bancada del Partido de la Revolución Democrática tiene el objetivo primario de sondear entre las principales fuerzas que se mueven en la Cámara de diputados las posibilidades de dictaminar cambios cosméticos que beneficien a uno de los grupos que aspiran a retener el gobierno del estado.
Sus promotores, que son como el avestruz que entierra en la arena la cabeza pero deja al descubierto la larguísima cola, piensan que los demás son tontos presumiendo una procedencia de la reforma que no es tal; está plenamente identificado su principal promotor y el que se sentiría beneficiario para una eventual gubernatura de dos años. Un minigobernador, ni más ni menos. ¿ ya identificaron?
En el extremo de la sociedad civil, a iniciativa del Movimiento Ciudadano por Oaxaca, se realizó el Segundo Foro medios de comunicación “Cobertura de noticias en zonas de violencia”, con participantes de varios países, entre ellos Alemania, Colombia y México.
Entre ellos pudimos reconocer a Darío Fritz, representante en México de la Fundación Rory Peck y a José Buendía, director en México de la Fundación Prensa y Democracia, con quien el mes pasado coincidimos en otro foro relacionado con la prensa y cómo federalizar los delitos cometidos contra periodistas.
La iniciativa, les decía, animada por Francisco Reyes, busca que reporteros y trabajadores de los medios de comunicación locales asumamos con seriedad que el cubrimiento de información en zonas de conflicto debe tener una metodología, porque esto evita que se sufran represalias, amenazas y diversos tipos de agresión y agravios por parte de las partes que por lo menos en Colombia, tienen tanta beligerancia que se expresa en diversos grupos de control del territorio como son las FARC, los paramilitares y los narcotraficantes, además del Ejército y las diversas policías .
En otras partes del mundo también hay experiencias, que necesitamos no se repitan en México; por ello a nivel nacional en años recientes se han dado seguimiento a múltiples hechos que afectan a la libertad de expresión y al libre ejercicio de esta actividad.
En su mayoría, las comisiones poco ayudan a esclarecer casos; sin embargo, son punto de referencia para radicar quejas o denuncias. Está por ejemplo, la Fiscalía Especializada contra agresiones a periodistas que está tutelada por la PGR y en la cámara de diputados hay una comisión atenta, también de esta situación.
Los periodistas en general poco creemos que comisiones y fiscalías resuelvan los problemas que en cuanto a la inseguridad pende sobre la integridad de los profesionales de los medios; no será así hasta que el Estado mexicano asuma realmente un compromiso de garantizar condiciones de seguridad para todos quienes ejercemos esta actividad convertida en profesión.
En el foro sobre los derechos laborales de los periodistas a realizarse este sábado en un hotel de la calle de libres, veremos la otra cara de la moneda, la que tiene que ver con las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelven cientos y cientos de compañeros que no tienen el más mínimo respaldo de sus empresas para vivir de manera digna.
El segundo foro, concluido ayer por la tarde, contó con la participación además del reportero Jorge Octavio Ochoa del periódico El Universal, y de dos periodistas colombianas: Gloria Castrillón y Yuli García, quienes compartieron sus experiencias en su país y en México, la última es reportera de Denise Maerker y estuvo atenta al conflicto desatado hace dos años en Oaxaca; igual que Jorge Octavio, quien contó sus experiencias como enviado del rotativo capialino.
Perla Gómez Gallardo, especialistas en legislación sobre medios, cerró el ciclo inaugurado por el doctor Frank Priess, periodista alemán y director de la Fundación Konrad Adenauer, fundación que en Latinoamérica apoya diversos proyectos sobre comunicación y democracia como el que abriga medios para la Paz, un grupo de periodistas colombianos que han diseñado estrategias de autoprotección para evitar ser víctimas de la violencia.
Eso precisamente, es lo que hay prevenir: los riesgos que se corren por abrigar una profesión tan poco reconocida por la sociedad, pero que tantas satisfacciones produce.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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ERNESTO REYES
Acaba junio con un país crispado en temas de seguridad pública, centrados por la enorme repercusión que tiene la ciudad de México, en la tragedia sucedida en un antro- como dicen ahora los jóvenes- en la delegación Gustavo A. Madero.
En una semana, los yerros en el operativo policiaco han hecho sucumbir al delegado político, mientras que Marcelo Ebrard tendrá que decidir hasta qué nivel aguanta las presiones para despedir al jefe de la policía, Joel Ortega.
En Oaxaca, las ambiciones de poder llegan a tal punto que al parecer, la propuesta de reforma constitucional presentada por la bancada del Partido de la Revolución Democrática tiene el objetivo primario de sondear entre las principales fuerzas que se mueven en la Cámara de diputados las posibilidades de dictaminar cambios cosméticos que beneficien a uno de los grupos que aspiran a retener el gobierno del estado.
Sus promotores, que son como el avestruz que entierra en la arena la cabeza pero deja al descubierto la larguísima cola, piensan que los demás son tontos presumiendo una procedencia de la reforma que no es tal; está plenamente identificado su principal promotor y el que se sentiría beneficiario para una eventual gubernatura de dos años. Un minigobernador, ni más ni menos. ¿ ya identificaron?
En el extremo de la sociedad civil, a iniciativa del Movimiento Ciudadano por Oaxaca, se realizó el Segundo Foro medios de comunicación “Cobertura de noticias en zonas de violencia”, con participantes de varios países, entre ellos Alemania, Colombia y México.
Entre ellos pudimos reconocer a Darío Fritz, representante en México de la Fundación Rory Peck y a José Buendía, director en México de la Fundación Prensa y Democracia, con quien el mes pasado coincidimos en otro foro relacionado con la prensa y cómo federalizar los delitos cometidos contra periodistas.
La iniciativa, les decía, animada por Francisco Reyes, busca que reporteros y trabajadores de los medios de comunicación locales asumamos con seriedad que el cubrimiento de información en zonas de conflicto debe tener una metodología, porque esto evita que se sufran represalias, amenazas y diversos tipos de agresión y agravios por parte de las partes que por lo menos en Colombia, tienen tanta beligerancia que se expresa en diversos grupos de control del territorio como son las FARC, los paramilitares y los narcotraficantes, además del Ejército y las diversas policías .
En otras partes del mundo también hay experiencias, que necesitamos no se repitan en México; por ello a nivel nacional en años recientes se han dado seguimiento a múltiples hechos que afectan a la libertad de expresión y al libre ejercicio de esta actividad.
En su mayoría, las comisiones poco ayudan a esclarecer casos; sin embargo, son punto de referencia para radicar quejas o denuncias. Está por ejemplo, la Fiscalía Especializada contra agresiones a periodistas que está tutelada por la PGR y en la cámara de diputados hay una comisión atenta, también de esta situación.
Los periodistas en general poco creemos que comisiones y fiscalías resuelvan los problemas que en cuanto a la inseguridad pende sobre la integridad de los profesionales de los medios; no será así hasta que el Estado mexicano asuma realmente un compromiso de garantizar condiciones de seguridad para todos quienes ejercemos esta actividad convertida en profesión.
En el foro sobre los derechos laborales de los periodistas a realizarse este sábado en un hotel de la calle de libres, veremos la otra cara de la moneda, la que tiene que ver con las condiciones económicas y sociales en que se desenvuelven cientos y cientos de compañeros que no tienen el más mínimo respaldo de sus empresas para vivir de manera digna.
El segundo foro, concluido ayer por la tarde, contó con la participación además del reportero Jorge Octavio Ochoa del periódico El Universal, y de dos periodistas colombianas: Gloria Castrillón y Yuli García, quienes compartieron sus experiencias en su país y en México, la última es reportera de Denise Maerker y estuvo atenta al conflicto desatado hace dos años en Oaxaca; igual que Jorge Octavio, quien contó sus experiencias como enviado del rotativo capialino.
Perla Gómez Gallardo, especialistas en legislación sobre medios, cerró el ciclo inaugurado por el doctor Frank Priess, periodista alemán y director de la Fundación Konrad Adenauer, fundación que en Latinoamérica apoya diversos proyectos sobre comunicación y democracia como el que abriga medios para la Paz, un grupo de periodistas colombianos que han diseñado estrategias de autoprotección para evitar ser víctimas de la violencia.
Eso precisamente, es lo que hay prevenir: los riesgos que se corren por abrigar una profesión tan poco reconocida por la sociedad, pero que tantas satisfacciones produce.
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miércoles, 25 de junio de 2008
Reparación del daño
Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Reino de la pederastia, después de Puebla y Quintana Roo, Oaxaca sigue siendo noticia de índole negativo; lo anterior se expresa en que el titular del Ejecutivo es de los tres gobernadores más conocidos del país. Pero no por sus buenas obras, sino todo lo contrario.
La semana pasada, sus panegiristas echaron las campanas al vuelo ante la difusión de encuestas, elaboradas por empresas serias. Lo que se niegan a reconocer, como dicen las mediciones, es que la mención de su nombre destaca por valores y percepciones negativas.
La noticia de la semana pasada, antes de lo que sucedió en Zaachila, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido una nueva recomendación sobre la omisión de funcionarios para procurar justicia en el caso de cuatro menores de edad, abusados en el Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en la Villa de Etla.
Por este caso, ya están detenidos el propietario del plantel, Domingo Ramírez y sus hijos Alejandro y Erick Ramírez Jiménez, así como la directora Margarita Jiménez ( es decir, casi toda la familia), como presuntos responsables de los delitos de violación agravada y pornografía infantil.
La CNDH expresó su preocupación porque las familias de los menores hallaron obstáculos tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Sexuales, por lo que recomienda a Ulises Ruiz no sólo garantizar la reparación del daño que incluya asistencia médica y psicológica, sino que además se auxilie a las víctimas y testigos, asegurando que no sufrirán represalias.
No deja de sugerir – aunque sabemos que esta buena intención la echarán a la basura- que se investigue a las autoridades ministeriales que incurrieron en actos de omisión que perjudicaron la plena acción de la justicia. Asimismo, que se verifique si existen condiciones de dignidad y seguridad para los menores que acuden a este plantel o de lo contrario que se proceda a su clausura.
Todo esto es lo que se pide en la recomendación, la segunda más reciente en casos de pederastia. Los abogados de los padres de familia ofendidos no creen que la actuación de la CNDH vaya a tener efectividad, como lo asegura incluso el secretario de Gobierno ulisista.
El ejemplo más claro está en que a la familia agraviada por el ataque contra uno de sus miembros, en el Instituto San Felipe, no ha recibido ningún beneficio por la recomendación emitida recientemente. Por el contrario, un juez cita de nuevo al menor a declarar sin considerar la afectación que se le provoque nuevamente. No hay reparación del daño, a pesar de que la Suprema Corte en una decisión histórica, atrajo el caso para generar jurisprudencia. A pesar de las promesas, nadie les cree; yo tampoco.
INICIATIVA MÉRIDA: PROCESO DE APROBACIÓN
Informa David Brooks, corresponsal de La Jornada en Washington, que la Cámara de Representantes aprobó el jueves pasado la asignación de 400 millones de dólares en asistencia antidrogas para México bajo la Iniciativa Mérida, junto con una serie de instrucciones de “consulta” para abordar preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública del país vecino. Es decir, México.
Esta semana, si el Senado estadounidense no le hace modificaciones la mandarán al presidente para su promulgación como ley.
Aunque en los últimos días se ha logrado modificar el “lenguaje” del texto para tratar de superar las expresiones de rechazo –tanto en México como en la Casa Blanca y de algunos legisladores estadunidenses– a cualquier condicionante unilateral en la legislación,
Pero en el llamado “reporte” que acompaña el proyecto de ley –donde el Congreso establece cómo deberían aplicarse y gastarse los fondos aprobados– hay una serie de instrucciones y señalamientos expresados por algunos legisladores, organizaciones de derechos humanos y sindicatos que manifiestan preocupación sobre temas relativos a derechos humanos y la impunidad en México, mismos que los promotores de esta legislación han incorporado para asegurar su aprobación.
El reporte del proyecto de ley – explica el periodista- establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país vecino y las ONG “para promover el respeto a los derechos humanos por la policía y las fuerzas militares mexicanas”.
Asimismo, declara que “la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas militares y de la policía de México son preocupantes”, y señala que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto “han sido ignoradas”, e investigaciones de transgresión a las garantías fundamentales por fuerzas militares y policiacas mexicanas infrecuentemente resultan en condenas penales”.
El reporte expresa preocupación por el fracaso en investigar y fiscalizar a “policías responsables de transgresiones de derechos humanos, incluyendo ultrajes sexuales y violencia sexual contra mujeres en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, y Oaxaca, entre junio y diciembre de 2006”.
Afirman que estos casos han sido ampliamente documentados y requieren una “indagación plena, creíble y transparente por el procurador general de México”.
El reporte que acompaña el proyecto de ley –igual que el proyecto mismo, tiene fuerza de ley al ser aprobado– afirma que la investigación del asesinato del estadunidense Brad Will (27 de octubre de 2006) tiene fallas, y “se instruye a la secretaria de Estado a que, no más de 45 días después de la promulgación de esta ley y 120 posteriores, presente un informe a los Comités de Apropiaciones detallando los avances” en esta indagación. Además, dice que el Departamento de Estado debe trabajar con las autoridades mexicanas y otras agencias relevantes del gobierno estadunidense para asistir en dichas pesquisas.
Hasta aquí el tema de la iniciativa Mérida, donde se acuña el concepto de responsabilidad compartida para combatir el narco. Si finalmente logra pasar en el Senado sin modificaciones, representaría un avance para satisfacer en buena medida las preocupaciones de que se vigilen los asuntos que más han preocupado sobre violaciones a derechos humanos. Entre ellas indagar las transgresiones cometidas en Atenco y Oaxaca
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx
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ERNESTO REYES
Reino de la pederastia, después de Puebla y Quintana Roo, Oaxaca sigue siendo noticia de índole negativo; lo anterior se expresa en que el titular del Ejecutivo es de los tres gobernadores más conocidos del país. Pero no por sus buenas obras, sino todo lo contrario.
La semana pasada, sus panegiristas echaron las campanas al vuelo ante la difusión de encuestas, elaboradas por empresas serias. Lo que se niegan a reconocer, como dicen las mediciones, es que la mención de su nombre destaca por valores y percepciones negativas.
La noticia de la semana pasada, antes de lo que sucedió en Zaachila, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido una nueva recomendación sobre la omisión de funcionarios para procurar justicia en el caso de cuatro menores de edad, abusados en el Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en la Villa de Etla.
Por este caso, ya están detenidos el propietario del plantel, Domingo Ramírez y sus hijos Alejandro y Erick Ramírez Jiménez, así como la directora Margarita Jiménez ( es decir, casi toda la familia), como presuntos responsables de los delitos de violación agravada y pornografía infantil.
La CNDH expresó su preocupación porque las familias de los menores hallaron obstáculos tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Sexuales, por lo que recomienda a Ulises Ruiz no sólo garantizar la reparación del daño que incluya asistencia médica y psicológica, sino que además se auxilie a las víctimas y testigos, asegurando que no sufrirán represalias.
No deja de sugerir – aunque sabemos que esta buena intención la echarán a la basura- que se investigue a las autoridades ministeriales que incurrieron en actos de omisión que perjudicaron la plena acción de la justicia. Asimismo, que se verifique si existen condiciones de dignidad y seguridad para los menores que acuden a este plantel o de lo contrario que se proceda a su clausura.
Todo esto es lo que se pide en la recomendación, la segunda más reciente en casos de pederastia. Los abogados de los padres de familia ofendidos no creen que la actuación de la CNDH vaya a tener efectividad, como lo asegura incluso el secretario de Gobierno ulisista.
El ejemplo más claro está en que a la familia agraviada por el ataque contra uno de sus miembros, en el Instituto San Felipe, no ha recibido ningún beneficio por la recomendación emitida recientemente. Por el contrario, un juez cita de nuevo al menor a declarar sin considerar la afectación que se le provoque nuevamente. No hay reparación del daño, a pesar de que la Suprema Corte en una decisión histórica, atrajo el caso para generar jurisprudencia. A pesar de las promesas, nadie les cree; yo tampoco.
INICIATIVA MÉRIDA: PROCESO DE APROBACIÓN
Informa David Brooks, corresponsal de La Jornada en Washington, que la Cámara de Representantes aprobó el jueves pasado la asignación de 400 millones de dólares en asistencia antidrogas para México bajo la Iniciativa Mérida, junto con una serie de instrucciones de “consulta” para abordar preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública del país vecino. Es decir, México.
Esta semana, si el Senado estadounidense no le hace modificaciones la mandarán al presidente para su promulgación como ley.
Aunque en los últimos días se ha logrado modificar el “lenguaje” del texto para tratar de superar las expresiones de rechazo –tanto en México como en la Casa Blanca y de algunos legisladores estadunidenses– a cualquier condicionante unilateral en la legislación,
Pero en el llamado “reporte” que acompaña el proyecto de ley –donde el Congreso establece cómo deberían aplicarse y gastarse los fondos aprobados– hay una serie de instrucciones y señalamientos expresados por algunos legisladores, organizaciones de derechos humanos y sindicatos que manifiestan preocupación sobre temas relativos a derechos humanos y la impunidad en México, mismos que los promotores de esta legislación han incorporado para asegurar su aprobación.
El reporte del proyecto de ley – explica el periodista- establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país vecino y las ONG “para promover el respeto a los derechos humanos por la policía y las fuerzas militares mexicanas”.
Asimismo, declara que “la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas militares y de la policía de México son preocupantes”, y señala que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto “han sido ignoradas”, e investigaciones de transgresión a las garantías fundamentales por fuerzas militares y policiacas mexicanas infrecuentemente resultan en condenas penales”.
El reporte expresa preocupación por el fracaso en investigar y fiscalizar a “policías responsables de transgresiones de derechos humanos, incluyendo ultrajes sexuales y violencia sexual contra mujeres en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, y Oaxaca, entre junio y diciembre de 2006”.
Afirman que estos casos han sido ampliamente documentados y requieren una “indagación plena, creíble y transparente por el procurador general de México”.
El reporte que acompaña el proyecto de ley –igual que el proyecto mismo, tiene fuerza de ley al ser aprobado– afirma que la investigación del asesinato del estadunidense Brad Will (27 de octubre de 2006) tiene fallas, y “se instruye a la secretaria de Estado a que, no más de 45 días después de la promulgación de esta ley y 120 posteriores, presente un informe a los Comités de Apropiaciones detallando los avances” en esta indagación. Además, dice que el Departamento de Estado debe trabajar con las autoridades mexicanas y otras agencias relevantes del gobierno estadunidense para asistir en dichas pesquisas.
Hasta aquí el tema de la iniciativa Mérida, donde se acuña el concepto de responsabilidad compartida para combatir el narco. Si finalmente logra pasar en el Senado sin modificaciones, representaría un avance para satisfacer en buena medida las preocupaciones de que se vigilen los asuntos que más han preocupado sobre violaciones a derechos humanos. Entre ellas indagar las transgresiones cometidas en Atenco y Oaxaca
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
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