Eufrosina Cruz

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Pese a que las constituciones federal y estatal amparan el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votados, en al menos 80 municipios de los 412 cuyas autoridades se eligen por el sistema de usos y costumbres, la mujer está impedida de participar por los resabios machistas y caciquiles que existen.
El año pasado, la indígena zapoteca, Eufrosina Cruz Mendoza, apoyada por un grupo de mujeres, aspiró a ocupar la presidencia municipal de Santa María Quiegolani y con entusiasmo se postuló para competir en la asamblea general, segura de que su propuesta iba a contar con el apoyo de sus paisanos.
Quiegolani es un pueblo zapoteca donde la tradición repetida de generación en generación ha impedido que alguna mujer haya gobernado el municipio, porque persiste la peregrina idea de que una mujer puede ocupar cargos menores en su sistema comunitario, pero nunca el honroso cargo de presidir el Ayuntamiento.
Ya casi lo había logrado la contadora Eufrosina, en la asamblea electoral del 4 de noviembre, que aceptó inscribirla entre los aspirantes; pero cuando su principal competidor, Eloy Mendoza Martínez, iba en desventaja, en contubernio con el munícipe saliente, Saúl Cruz Vásquez, manipularon la mesa de debates para declarar que por su condición femenina no podía seguir recibiendo los votos.
Es decir, los ciudadanos de Quiegolani y la autoridad habían aceptado primero inscribirla como candidata, pero al estilo muy mexicano, cuando se vieron perdidos ante el arrastre de Eufrosina, le cancelaron la posibilidad y la dejaron fuera, anulando los sufragios que había obtenido, mismos que numéricamente eran mayores que los de Eloy Mendoza.
Tras este decepcionante trance, Eufrosina y el grupo de mujeres comenzaron sus protestas ante la dirección de usos y costumbres del Instituto Estatal Electoral y ante el propio consejo general, pero tanto el órgano electoral como después la Cámara de Diputados de mayoría priista, declaró válidos los comicios que supuestamente favorecían a Mendoza Martínez, alegando que “frente a la costumbre nada se podía hacer”.
En consecuencia, quien tomó protesta como primer concejal de Quiegolani, no fue Eufrosina, sino Eloy Mendoza, quien ahora en complicidad con su antecesor, Saúl Cruz Vásquez, se han encargado de confrontar a la ex aspirante y, presuntamente, es de donde provienen amenazas que la contadora ha recibido para que cese su activismo a favor de que se respeten los derechos de las mujeres en su comunidad.
Amenazas que ahora la indígena denuncia ante los medios y ante autoridades y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que se investigue y en su caso, se dicten medidas cautelares a fin de protegerla de cualquier agresión física que pudiera sufrir.
La ex aspirante, dio a conocer que el pasado martes 26 de febrero a las 17:26 horas, recibió una llamada a través del número 044 051 1326444 en la que una voz varonil – muy parecida, dijo, a la del ex munícipe Cruz Vásquez- le advertía que se iba a morir si seguía molestando, pero con palabras altisonantes y soeces.
El munícipe saliente es quien en ocasiones le había advertido que no siguiera exigiendo participación política, y mucho menos que sostuviera una campaña de denuncia por la injusta situación en que viven las personas de su sexo en Quiegolani.
Ante los medios reconoció temer por su vida porque ante las amenazas, ninguna autoridad local o federal la ha tomado en serio. “Ya no puedo salir sola”, refirió Eufrosina, ante el temor de que algo le pudieran hacer los caciques de su pueblo.
Para confirmar estos temores, el abogado Joel Salazar Ramírez dio a conocer que por las nuevas amenazas se amplió la denuncia radicada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y se mantiene otra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pero ninguna de estas instancias parece conmoverse por el caso; igual sucede con el requerimiento del Ministerio Público para que el Instituto Estatal Electoral informe los pormenores de la irregular elección.
Las esperanzas de que haya justicia a nivel local, poco a poco se van esfumando, por lo que la agraviada está pendiente de otra queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que ha solicitado información a diversas instancias locales con el fin de emitir una recomendación si considera que los derechos fundamentales de Eufrosina fueron violados.
Es evidente que los derechos ciudadanos de Eufrosina fueron violados al impedirle participar en la asamblea comunitaria y que ahora está en la circunstancia de seguir librando una lucha no sólo por recuperar sus derechos políticos, sino por proteger su integridad física que es puesta en riesgo presumiblemente por quienes en Quiegolani se reparten el poder y que dado el encubrimiento de las autoridades mencionadas para que no tengan éxito las promociones de Eufrosina, en cualquier momento pueden hacerse realidad.
Hay grupos de mujeres que han salido en defensa de Eufrosina, incluso varios medios de la capital del país y locales que están pendientes de la situación de una mujer que alzando la voz para defender sus derechos está contribuyendo a cambiar la historia, como en su momento la hicieron varias luchadoras en Francia, en Estados Unidos y en México, para conquistar derechos que no han sido otorgados gratuitamente. No hay que dejarla sola.
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Municipal abusiva

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), al frente de varias organizaciones y asociaciones humanitarias, ha solicitado la intervención urgente de varias autoridades federales, de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de los poderes de la Unión, por el caso de Isaac Torres Carmona, abogado de esta organización, quien fue objeto de una agresión y humillación por parte de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, cuyos mandos políticos están más ocupados en cuidar su propia posición, que estar vigilantes de la seguridad de la población que dicen representar.
Este caso cristaliza la actuación de los cuerpos policiacos en la entidad oaxaqueña, ya que en los años recientes se han registrado públicamente diversas agresiones, que van desde levantones, detenciones ilegales, agresiones contra manifestantes y actos omisos en su responsabilidad de servicio.
Todo esto, afirman las organizaciones demandantes, sin que a la fecha haya procedimientos, sanciones o destituciones por dichos hechos.
Eso que le sucedió al abogado Isaac Torres Carmona, quien es miembro del área jurídica de la Limeddh, deja clara constancia del abuso de autoridad e impunidad con la que han venido actuando y actúan los cuerpos policiacos de esta capital.
Según su propio relato, el pasado 19 diecinueve de febrero, siendo aproximadamente las 18:00 horas, el abogado iba caminando sobre la calle de Alcalá, rumbo a su centro de trabajo el cual se encuentra ubicado sobre la calle de Margarita Maza de Juárez.
Cuando estaba por llegar, después de haber cruzado la calle de Humboldt, que hace esquina con la Calle de Alcalá, dos oficiales de la Policía Municipal, con su motocicleta, tenían sometidos a dos jóvenes y les estaban auscultando sus pertenencias. Mientras uno de ellos registraba sus cosas personales, el otro policía les gritaba órdenes verbales de que no se movieran, que se quedaran quietos.
Al percatarse de ello, el abogado Torres Carmona se dirigió a los genízaros de uniforme preguntándoles por qué del abuso, a lo que uno de los elementos le respondió que habían sido sorprendidos orinándose en la vía pública, hecho que ninguna de las dos personas sometidas negó.
El abogado les pidió a los agentes que pararan el maltrato y en su caso los remitieran inmediatamente ante la autoridad competente, pero que no abusaran, ya que solamente se trataba de una falta administrativa y no de un delito. Les solicitó que se dirigieran hacia su persona con respeto, pues él así lo estaba haciendo.
Enojados porque se les hizo ver el abuso que estaban cometiendo, identificándose el de la voz incluso con un pasaporte, el gendarme le apercibió que no se metiera o de lo contrario también cargarían con él.
A grito tendido le exigía que no se metiera; que quien era él para meterse en lo que no le importaba, y si creía que su uniforme era de a mentiras.
Al calor de la discusión, la paciencia era poca del policía por lo que inmediatamente exclamó que lo remitiría a la comisaría por “ meterse en lo que no le importaba”, junto con los jóvenes.
Acto seguido, se apareció la patrulla número 749, de la Policía Municipal de esta Ciudad, con tres elementos más, procediendo a levantar a los tres para “ ver si así se le quitaba lo pendejo”.
Aproximadamente quince minutos después, fueron conducidos y remitidos a las instalaciones de la Policía Municipal ubicadas en la Calle de Morelos, de esta Ciudad, donde al abogado lo mantuvieron retenido aproximadamente por treinta minutos, durante los cuales fue interrogado por quien se ostentó como director de la Policía Municipal, en compañía de quien dijo ser abogado de la corporación.
Ambos funcionarios le increparon el por qué entorpecía las labores de la policía, señalando que esto constituía un grave delito.
Después que Torres Carmona se identificó como colaborador de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos, señalando que además del abuso contra los jóvenes a él también le afectaban sus derechos fundamentales, el supuesto director le respondió: "Esos pendejos de derechos humanos los mandamos a la chingada, qué derechos humanos ni que la chingada", y continuó pidiendo que se largara, “porque lo estaba haciendo encabronar”, ordenando a elementos de la misma corporación, que lo sacaran del lugar.
Y así lo hicieron, pues, acto seguido otro elemento más de la Policía Municipal lo empujó por la espalda diciéndole que se largara “por que si no le iba a partir la madre, y que le iba a meter un susto para que se le quitara lo metiche”.
Casi en vilo, dos elementos más lo condujeron hacia el exterior del cuartel de la Municipal, con lo que culminaron varios minutos de calvario, por el simple hecho de buscar que se respeten los derechos de los ciudadanos como es la labor de Torres Carmona en la Limedddh.
Para exigir castigo a los responsables y evidenciar la forma en que los cuerpos policíacos tratan a cualquier ciudadano, las organizaciones expresan su preocupación porque actuaciones como ésta, de jefes y elementos de tropa, sea parte de una política tolerada e impulsada desde el Ayuntamiento encabezado por José Antonio Hernández Fraguas.
Recuerdan que la ley establece que la policía tiene como obligación preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad; sin embargo, la actuación de los cuerpos policiacos municipales contravienen esta disposición, con que se está violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana de los derechos Humanos, entre otros tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano.

Por lo anterior solicitan a las diversas instancias, según sus competencias, iniciar procedimientos de investigación y sanción en contra de los policías municipales, así como mandos medios y superiores responsables e involucrados en los hechos que se denuncian.
Asimismo, se tomen medias y se ofrezcan garantías al pueblo de Oaxaca frente a los abusos e irregularidades cometidos por las fuerzas de seguridad pública.
El llamamiento fue enviado a diversas oficinas, desde la presidencia de la República, hasta el procurador general de la República, el de justicia del estado, la CNDH, y organismos como la Alta Comisionada de Naciones Unidas, el presidente de la CIDH, y Aministía Internacional.
El caso de Isaac Torres Carmona, es un botón de muestra de la indefensión en que se encuentra la ciudadanía oaxaqueña que si no fuera por las instancias nacionales e internacionales que vigilan constantemente la situación de los derechos humanos en esta tierra, estaríamos cada vez más huérfanos.
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De “fraudes” y “cachiporras”

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
El espectáculo del que dan cuenta los medios, sucedido ayer en inmediaciones de la sala de cabildos del Ayuntamiento local, es una prueba más de la ingobernabilidad propiciada no por el regidor convergente Geovanny Vásquez Sagrero, sino por el mismísimo presidente municipal a quien sus detractores lo llaman en tono de sorna José Antonio Hernández “Fraudes”, haciendo referencia a que no llegó al cargo con la legitimidad suficiente en el pasado proceso electoral.
Sea como haya sido su arribo, pues tampoco se pudo demostrar el ilícito, lo cierto es que alguien – que no falta en el paisaje oaxaqueño- le está calentando la cabeza a Fraguas de que sólo quitándose los obstáculos que hay en su camino, puede llegar más lejos en sus aspiraciones políticas. ¿Acaso la gubernatura?
No parece ser tanto, pues para estar en condiciones de competir, el alcalde oaxaqueño necesita contar con la anuencia de Ulises Ruiz, y parece que por el momento no cuenta con ella, salvo que en los poquísimos meses que le toca administrar esta capital, hasta en tanto se inicie el proceso electoral, tenga un desempeño superior al excelente, cosa que dos meses después de iniciada su gestión no se vislumbra.
Sin embargo, la enfermedad del poder es bastante contagiosa, pero también aturde a los tontos: hace ver enemigos donde no existen y lo peor, gobernar con un ánimo rencilloso distrae de las responsabilidades inherentes al cargo, y hasta le pueden hacer perder la cabeza.
Algo de esto está sucediendo porque sus “ asesores” le recomendaron combatir las agrias y a veces exageradas intervenciones del regidor convergente -- lo cual no implica que no tenga razón en muchas de ellas--, con un remedio que puede resultar peor que la enfermedad.
El temor del munícipe porque haya voces divergentes y contrarias a la mayoría del PRI asentada en el cabildo – donde hasta robacoches han sido elevados a regidores- lo hace perder los estribos.
Todo es a causa de las críticas abiertas que en el noticiario de la empresa propiedad de Humberto López Lena, adversario de Fraguas en la pasada contienda y diputado federal, lanza el regidor Geovanny, haciendo uso del derecho a la libre expresión que le corresponde como conductor.
Conociendo la inexperiencia supina que se exhibe en la conducción de las sesiones de Cabildo, no pocas veces Vásquez Sagrero ha exhibido los desaciertos jurídicos que se cometen en el afán de imponer decisiones de mayoría o por consigna que no cuentan con la legalidad requerida. Y esta actitud del regidor opositor, ha colmado la paciencia del aparato priista que por todos los medios buscan ahora acallarlo.
Se ha difundido la especie de que un grupo de ciudadanos de la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola ha iniciado un proceso de revocación de mandato para que Geovanny no siga con su trabajo opositor, como si fuera tan fácil pues requiere de la intervención del poder legislativo que deberá a su vez analizar la legalidad y las pruebas de dicho proceso.
Para la mala suerte de la mayoría, no hay razones de peso que justifiquen la “ destitución” aunque tratándose de la oposición bien pudieran lograr consenso – incluyendo a legisladores de los otros partidos a los que Geovanny critica cotidianamente- para cometer esta barbaridad que pudiera combatirse con una buena defensa jurídica porque los cargos edilicios además de ser irrenunciables porque son producto de la voluntad popular, no pueden ponerse a cuestión de los humores del presidente municipal que sería el primer beneficiado si este lance tiene éxito.
Es cierto que según la ley, en cualquier municipio los mismos regidores pueden destituir a quien consideran actúa mal en el Ayuntamiento, por ostensibles cargos de malversación de fondos o por hechos delictuosos comprobados y sancionados por la justicia; pero este no es el caso.
No se puede llevar a la picota, y menos en Oaxaca, donde la sociedad está más viva que nunca, además de agraviada por el autoritarismo, a un regidor por el simple hecho de disentir, aún y cuando no fuera con la tersura que los priistas quisieran hallar en sus críticos.
La lucha política es afrentosa muchas veces, pues todo cabe y puede ser posible si no contraviene la civilidad requerida en un colectivo de pares, que en teoría y además en la práctica, representan a la ciudadanía.
Pero esta no es la manera, como el espectáculo montado ayer por comerciantes del mercado de abasto con su grupo de élite, denominado “ las pájaras” , con el fin de reventar la sesión de cabildo y agredir a los simpatizantes del Movimiento Ciudadano por el Bien Común, que en un buen número fueron a respaldar a quien consideran su voz en el cabildo.
Una mujer lesionada con una cachiporra que ex profeso llevaba la gente que al final lanzó porras a favor de Hernández Fraguas, con Roberto Mendoza a la cabeza, es la evidencia más clara de la parte de la cual provino la violencia, como un peligroso anuncio de lo que pudiera sucederle a todo aquél que se atreva a alzar la voz en el cabildo. Echarle los porros a la crítica es el reconocimiento más claro de que Fraguas en apenas dos meses ha perdido no sólo la cabeza, sino la batalla de las ideas, que se requieren en política para trascender.
De lo contrario, y a pesar de estar al frente de la capital del estado, la que por sus condiciones fabrica políticos que tienden a volar a veces muy alto, el presidente municipal se quedará anclado en la mediocridad y en las reyertas de montonero, contra un regidor -- por los demás convergentes pocos meten las manos- que hace valer sus principios con argumentos fuertes y con todo lo demás, como se necesita en los hombres y mujeres libres que a tropezones está creando esta sociedad. Cuidado con los “fraudes” y las “cachiporras”.
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