jueves, 13 de noviembre de 2008

Subejercicio en seguridad

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
¿Por qué razón algunos gobernadores exigen que en el Presupuesto 2009 se les asignen mayores recursos para gasto en seguridad, si cuando se les transfieren no los ejercen?
Una nota fechada el 10 de noviembre en el Periódico Reforma indica que en los nueve meses del año los estados del país no han ejercido el monto para seguridad que les entregó el Gobierno Federal. Sin embargo, ahora que se discutió la aprobación del Presupuesto los gobernadores han presionado para que les aumente el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública conocido como FASP.
De acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Hacienda, de enero a septiembre del 2008 las entidades federativas muestran un subejercicio en el FASP del 57 %, pues a los 32 estados se les ha entregado un monto total de 4 mil 672 millones 33 mil 629 pesos, pero sólo han ejercido 2 mil 46 millones 272 mil 93.
En promedio, 26 estados han invertido el 32 por ciento del total de recursos que debían gastar en nueve rubros: Formación y Profesionalización de las Corporaciones, Equipamiento, Programa de Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Combate al Narcomenudeo, Coordinación entre Corporaciones, Sistema Nacional de Atención y Denuncia Anónima, y Evaluación y Seguimiento de Casos.
Pese al subjercicio registrado, para el 2009 los gobernadores pidieron al Congreso aumentar el FASP de 6 mil 900 a 7 mil 500 millones de pesos, casi el 10 por ciento más de los proyectado originalmente por el Gobierno Federal. También exigen que se incremente el subsidio para la Seguridad Municipal en 20 por ciento para superar los 4 mil millones.
El Informe de Hacienda precisa que salvo 5 estados que ya gastaron el 100 por ciento, los demás no han ejercido los recursos.
Según los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que difunde el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, hacia el corte en el mes de junio, el 70 % de estos recursos no se habían ejercido; y en octubre, avanzaba lentamente al 57 %.
Es conveniente saber que el subejercicio en el estado de Oaxaca hasta el mismo mes era el siguiente: De 151 millones 549 mil 23 pesos entregados, sólo se habían ejercido 28 millones 427mil 357 pesos lo que representaba apenas el 19 por ciento.
Alguien tendrá que explicarle a los oaxaqueños por qué razón cuando faltan dos meses para que termine el año, hay más de 100 millones de pesos que no se han aplicado en algo tan fundamental para garantizar nuestra convivencia que es la seguridad pública y el combate a la delincuencia.
A raíz del incremento en la inseguridad, que se manifiesta en secuestro, levantones, crímenes y ataques contra ciudadanos e incluso contra los cuerpos de seguridad, diversos sectores de la sociedad presionaron para que los gobiernos de los tres niveles establecieran mecanismos de coordinación y acciones concretas contra la delincuencia organizada.
Tras el secuestro y muerte del hijo de un empresario, se estableció el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, en cuyo marco todos los involucrados debían aportar ideas, iniciativas y propuestas.
Hubo incluso compromisos de actividades concretas que debían cumplir los gobernadores en materia de iniciativas legales, combate a la impunidad, depuración de las policías, profesionalización de los cuerpos de seguridad, mecanismos de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno y ahondar en la cultura de la prevención y la denuncia.
En una reunión realizada en Cocoyoc, Morelos, en agosto pasado, el fallecido secretario de Gobernación les decía a los gobernadores presentes que la lucha contra el crimen organizado era una batalla que sólo se iba a ganar si a partir de una estrategia integral de largo plazo el gobierno federal, los Poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipales asumían el mismo nivel de compromiso y de coordinación.
En Oaxaca dichos compromisos y acuerdos se fueron a la basura, si nos atenemos a la actitud negligente de la administración estatal para ejercer adecuadamente los recursos del FASP.
¿Habrá alguna sanción para los gobiernos que fallen a sus compromisos?
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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