sábado, 4 de octubre de 2008

El verdadero disparo

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Como sucedió con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el gobierno de Ulises Ruiz se aferra a la teoría del “segundo disparo”, con el que se afirma “alguien” o “algunos” miembros de la APPO, remataron al periodista estadounidense, Brad Will aquél trágico 27 de octubre del 2006.
Dicha afirmación alimentada por las conclusiones de la ex procuradora Lizbeth caña Cadeza – miembro del equipo político de El Chucky- la retomó a pie juntillas la Procuraduría General de la República, en la indagatoria que realizó; incluso fue motivo para que la Fiscalía Especializada de Delitos en contra de Periodistas abriera una indagatoria a principios de año y hace unos dos meses solicitara una orden de arraigo al Juzgado Quinto de Distrito en materia de procedimientos penales del Distrito Federal en contra de Miguel Cruz Moreno, Edgar Santiago, Hugo Jara y Arturo Villanueva.
A estos simpatizantes, algunos del CIPO, de la APPO y un foto-reportero, se les acusa presuntamente de estar involucrados en el crimen. La razón por perversa no menos peligrosa: ellos fueron quienes auxiliaron al camarógrafo estadounidense cuando fue herido de bala por policías municipales y priistas de Santa Lucía del Camino. No sólo lo cargaron, le trataron de reanimar, sino trasladaron el cuerpo exánime en un miniauto hacia la Cruz Roja y cuando ya era evidente su muerte, lo llevaron a la morgue.
Culpar a los compañeros de la víctima es el mismo recurso empleado para “esclarecer” el caso del asesinato del profesor Serafin García en Huautla de Jiménez, muerto a palos en las horas finales de la campaña electoral del 2004.
A quien metieron a la cárcel fue al dirigente del Frente Único Huautleco -hoy presidente municipal de aquella población, Agustin Sosa -, mientras a quienes apalearon con ferocidad al profesor García, ahora son premiados como encargados de la próxima campaña federal priista, paseando su impunidad en la zona.
Quienes balearon a Will, amparados en la impunidad del fuero municipal y de los grupos paramilitares, si bien fueron detenidos, en pocas horas los soltaron por “falta de pruebas”.
Del análisis de la Recomendación del Ombudsman nacional – emitida hace ocho días- se puede establecer que se exculpa tácitamente a los integrantes de la APPO que auxiliaron a Brad, porque encuentra graves irregularidades y omisiones cometidas por las dos procuradurías, pero especialmente la oaxaqueña.
De ahí que asegura, el gobierno de Ulises Ruiz actuó de manera ilegal, deshonesta, ineficaz y parcial para desviar la atención sobre los responsables del crimen del camarógrafo.
Del análisis de la Recomendación se desprende que todas las instituciones del gobierno se prestaron a justificar la versión oficial de que Will fue asesinado por sus propios compañeros.
Con este trabajo, se cae la versión acuñada en Oaxaca y respaldada por la PGR, en el sentido de que los disparos contra Brad fueron realizados a poca distancia y no a más de 35 metros como finalmente concluyó la CNDH.
El documento que suscribe el Ombudsman, José Luis Soberanes, sugiere al Ejecutivo y Legislativo estatales intervenir para reponer los procedimientos e indagatorias que esclarezcan el crimen.
Asimismo , ejercer “la probable responsabilidad penal” y “administrativa” de los servidores públicos participantes en las indagatorias y durante la averiguación previa con la que el gobierno de Oaxaca intentó encubrir a los presuntos responsables.
La CNDH recomienda entre muchas cosas más al Procurador Medina Mora que el MP “agilice las investigaciones... garantice el análisis de los indicios, evidencias y elementos de prueba... y considere los que han proporcionado peritos pertenecientes a un organismo internacional que permiten determinar la mecánica y dinámica de las lesiones que ocasionaron dicha muerte.”
Hay muchas más cosas que comentar como resultado del exhaustivo y muy completo Informe de la CNDH, que si bien no surte efectos vinculatorios, si es un elemento que debe tomar en cuenta la investigación que actualmente realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación para confirmar que -incluyendo el caso Will- se violaron los derechos fundamentales de los oaxaqueños y de quienes participaron en los días que estremecieron al sistema político mexicano. El verdadero disparo se le revierte al gobierno. ¿No creen?
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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