lunes, 22 de septiembre de 2008

Inhibir inconformidad

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
En el marco del Foro Nacional “Construyendo caminos y articulando proyectos para la transformación política”, realizado aquí este fin de semana, varios de los participantes advirtieron el riesgo de que las campañas emprendidas por el Gobierno federal contra el crimen organizado puedan ser un argumento más para seguir criminalizando la protesta social e inhibir las inconformidades sociales.
Esto presupone un pesado ambiente para quienes actúan en el seno de la sociedad organizada y en los movimientos sociales.
Sobre todo a raíz de los atentados criminales del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que en momentos en que en hay una fuerte lucha por los derechos y la dignidad humana, refrendar políticas represivas en cuestiones de seguridad pública ponen en riesgo a la sociedad.
Lo que es evidente, señaló, es que con los ataques contra la población se inhibe cada día más la posibilidad de los ciudadanos a disfrutar los espacios públicos.
También llamó a observar el alcance del discurso presidencial cuando paralelo a los grupos del crimen organizado, también se refiere a otros grupos y organizaciones que generan inestabilidad social.
Estas señales ya se dieron en casos como en Oaxaca y Atenco, donde ha habido encarcelamientos, y persecución contra ciertos actores que generan “inestabilidad”.
Dolores González, de Servicios y Asesoría para la Paz consideró riesgoso que también se considere a los movimientos sociales, dado que en la definición de los estándares internacionales se establece que terrorista “es quien ejerce acciones de violencia o presión para forzar o presionar al Estado a que tome determinada decisión o a que oriente su acción en determinado sentido”.
Esto puede aplicarse arbitrariamente a las manifestaciones sociales, generando un escenario para la criminalización de la protesta.
Incluso voceros oficiales y comunicadores oficiosos hablan de que la disidencia no debiera expresarse, mucho menos actuar, para no generar mayor inestabilidad.
Cruzvillegas refirió que aún y cuando el gobierno de México ha suscrito 167 acuerdos y protocolos internacionales, pase por alto los llamados Acuerdos de Palermo que establece normas sobre cómo se debe preservar el espacio de lo público y combatir el crimen organizado.
Estos acuerdos señalan que la seguridad pública tiene que preservar el orden social y el Estado de Derecho, pero también la salvaguarda plena de todos nuestros derechos como personas.
Mediante una política económica que implique un desarrollo pleno de la sociedad para evitar la inseguridad; una política de desarrollo social de los sujetos de riesgo potencial como los jóvenes, los indígenas, los campesinos, es decir, personas altamente vulnerables en términos de empobrecimiento, y mediante políticas de derechos humanos para su salvaguarda.
Sin embargo, de cada 10 pesos que ejerce la administración federal, 8 son destinados a gastos de orden militar y de seguridad pública, y solamente un peso a políticas de desarrollo social, rural y económico. Esto contradice abiertamente las metas del Milenio que las Naciones Unidas han establecido para países en desarrollo como México.
“Si tenemos que pensar en cuestiones de salvaguarda en seguridad pública, también tenemos que pensar en cómo quitamos y reducimos la pobreza y cómo generamos modelos de desarrollo, regionales, sustentables, que permitan la plenitud del desarrollo humano”, dijo la activista.
A pregunta del auditorio, Dolores González manifestó su cautela sobre el caso Morelia, porque recordó que quienes han tenido cuidado de no utilizar el término terrorismo como definición para dichos actos son los propios militares, quizás porque estos tienen más claras las implicaciones de orden jurídico y de compromisos internacionales que tiene el Estado Mexicano sobre el tema.
Eréndira tal vez no lo quiso decir con todas sus letras, pero por la experiencia de quienes como ella han trabajado en la defensa de derechos humanos, hay fuerzas que se protegen en una parte no visible del Estado que pueden realizar estos actos deleznables y criminales para amedrentar a la población y justificar la intervención militar.
Otra lectura que poco se ha analizado en estos días, es que pudieran estar actuando grupos fascistas o derechosos para igualar la beligerancia del crimen organizado con las protestas sociales y “matar dos pájaros de un tiro.” Todas estas interrogantes siguen pesando en el ambiente.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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