jueves, 7 de agosto de 2008

Derecho y sociedad

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Se realiza en un hotel del norte de la ciudad el Curso Internacional “Derecho y Sociedad en Oaxaca”. Termina este sábado 9 de agosto. Lo organizan entre otros, la UABJO, la American University de Washington, D.C., y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés).
Con la participación de abogados, sociólogos, antropólogos, politólogos, comunicólogos, expertos en otras materias, ex funcionarios del sector agrario, magistrados, etcétera, el curso internacional aborda diversos temas donde se cruza el derecho oficial con el derecho indígena. Es un proyecto conjunto que tiene una parte jurídica pero también aportaciones de los científicos sociales.
Los temas que se tocan principalmente son: justicia y derechos humanos; gobernabilidad y las comunidades indígenas, y conflictos agrarios. En Oaxaca estos temas son atractivos porque siempre hay mucho conflicto donde el derecho positivo se cruza con los usos y costumbres, el llamado derecho consuetudinario.
La coordinadora del curso, la abogada peruana Katya Salazar, directora de programas de la DPLF, nos explica que en el curso, por ejemplo, se analiza la violencia producida por la elección de autoridades. Ayer se tocó el tema Género y Derechos Humanos en las comunidades indígenas, al analizar las exclusiones que permiten los usos y costumbres. Se centraron en el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, ex aspirante a la presidencia municipal de Santa María Quiegolani.
En el tema Justicia y Derechos Humanos, se analiza cómo se imparte justicia en las comunidades, pero también la utilización del sistema interamericano de derechos humanos, además del sistema de rendición de cuentas e independencia del Poder Judicial, porque estos temas impactan como a toda la sociedad, especialmente a los indígenas porque forman parte de los llamados grupos vulnerables.
Se han analizado también los temas de Gobernabilidad y Construcción de ciudadanía, la relación entre multiculturalismo y pluralismo; el lugar de los pueblos indios en la legislación; sistema político oaxaqueño y representación indígena, así como cambio y continuidad de usos y costumbres frente a la migración de oaxaqueños en los Estados Unidos. Asimismo, conflicto, negociación y justicia electoral, además de los usos y costumbres ante la política y la ley. Y terminan con el tema de los conflictos agrarios, que causan tantos problemas y divisiones en el territorio y las comunidades oaxaqueñas. Son muchos más los temas que están abiertos al público que desee asistir.
Ex coordinadora adjunta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, entre otras actividades, Katya Salazar participó en la ejecución del proyecto de una investigación que se convirtió en libro publicado por la Fundación, titulado “Controles y descontroles de la corrupción judicial”. Evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá.
En una larga entrevista, nos explica que dicha investigación en países de Centroamérica les permitió encontrar una serie de temas que tienen que ver con problemas estructurales que promueven, facilitan y permiten los actos de corrupción judicial. Por corrupción judicial – afirma- no solamente entendemos la corrupción judicial al estilo tradicional, como el intercambio de un monto de dinero por una decisión judicial. Corrupción judicial es la interferencia de cualquier otro elemento económico, político, etcétera, en una decisión judicial.
En el caso de Centroamérica, los investigadores descubrieron cuáles son los elementos que permiten, facilitan, ayudan y ponen el escenario ideal para que – la ideología, la pertenencia a un partido político o cualquier otra cosa- interfiera en una decisión judicial.
En primer lugar está el tema del excesivo poder de las cortes supremas. En la mayoría de los países centroamericanos las cortes supremas tienen mucho poder, dice, no solamente poder jurisdiccional porque a su ámbito llegan muchos procesos en última instancia, sino mucho poder administrativo.
El otro tema es la falta de procesos de selección, evaluación y permanencia transparentes e imparciales para que los integrantes del Poder Judicial sean funcionarios independientes.
“Si la selección está en manos de algunas personas que lo hacen quién sabe bajo qué criterios obviamente que esto facilita, permite y promueve que sus decisiones no sean muy imparciales.”
En tercer lugar está la debilidad de los órganos disciplinarios . Descubrieron que los órganos encargados de imponer disciplina al interior de los poderes judiciales, casi no funcionan, nadie los conoce, son como para decir que hay un órgano disciplinario pero realmente no hacen un trabajo serio e independiente.
En el libro de 460 páginas se establecen tres razones principales: la falta de procesos de selección, evaluación y destitución, transparentes e imparciales; el excesivo poder de las cúpulas, poder administrativo, poder jurisdiccional, y la falta de órganos disciplinarios fuertes, independientes, que estén atentos a cualquier desviación del Poder Judicial.
Estas son situaciones que facilitan y promueven la corrupción judicial en Centroamérica, y que se repiten en muchos países de la región, afirma quien fue parte del equipo legal de la Coalición contra la Impunidad en Nürenberg, Alemania, mismo que desarrolló la estrategia legal y preparó las denuncias contra militares argentinos.
Junto al libro, publicaron también el Informe Comparativo Regional. Es muy interesante.
El proyecto los ocupó dos años, destinando a un investigador por cada país; otro investigador para hacer el Informe Comparativo Regional y otro consultor para ver la metodología.
Toda esta experiencia, la Fundación la acaba de poner en práctica en el estado de Oaxaca, donde han estado recientemente para investigar si es que estos parámetros hallados en Centroamérica y en otros países, se reproducen en la entidad, en cuanto a la independencia de jueces y magistrados. El producto de su trabajo será expuesto en breve.
En Oaxaca han indagado qué tan atrasados o avanzados estamos en temas de transparencia, de acceso a la información que produce el Poder Judicial; temas como el de la carrera judicial, de la selección de jueces y magistrados incluyendo al presidente del Tribunal Superior de Justicia; verificaron cómo se eligen, como se evalúan, y si es que hay un mecanismo de destitución de un juez que haya prostituido su labor. También indagaron si en Oaxaca existe un órgano disciplinario.
Sin duda les llamó la atención la relación muchas veces conflictiva entre la justicia oficial ( el derecho positivo ),y el derecho indígena.
Verificaron en fin, si es que como se afirma en la Constitución local, el Poder Judicial está al servicio de la ciudadanía y no al revés, y que también es sujeto de rendición de cuentas como se supone debe suceder con el resto de los Poderes del Estado.
Se le dice que se afirma que Oaxaca está a la vanguardia, por la Reforma al Código Procesal Penal. Responde que puede estar a la vanguardia en este tema pero no en los demás.
Refiere que hay leyes y reglamentos que contienen mecanismos de selección de magistrados, muchos de los cuales ya pasaron de moda.
Ahora los jueces, los magistrados, los miembros de un tribunal de la Corte, se eligen, casi en toda América Latina en procesos transparentes, abiertos a la ciudadanía, donde la ciudadanía, opina. Éso es estar a la vanguardia. Muy interesante tema, al que volveremos.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/