sábado, 31 de mayo de 2008

Agravios impunes

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Tiene razón uno de los responsables del programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH, José Juan Alonso Ramírez: en la medida en que los agravios y atentados contra la prensa no se investiguen y no se castigue a los responsables, éstos seguirán ocurriendo.
Según recuento del Ombudsman nacional, del 2000 a la fecha ellos han contabilizado 39 asesinatos y 7 desapariciones en el gremio periodístico. También, de 1991 al 2006 integraron 640 expedientes, más 84 y 29 quejas documentadas en los años 2007 y lo que va del actual, respectivamente.
Esta preocupante numeralia habla del grado de impunidad que prevalece en torno a los asesinatos y agravios de que son víctima los comunicadores.
La información publicada aquí mismo por Pedro Matías destaca los casos más graves en Oaxaca, entre ellos el ataque sufrido por esta editorial en el año 2005, pero también los asesinatos de Brad Will, Raúl Marcial Pérez, tres voceadores de El Imparcial del Istmo y las dos locutoras triquis asesinadas en abril pasado.
Tan sólo de 2006 a la fecha, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han integrado 10 expedientes. De todos ellos, es común concluir, que no tendrán efectos jurídicos como sucede con los demás casos en todo el país, en los cuales prevalece la impunidad.
La impunidad, anima a las fuerzas oscuras y los poderes fácticos que los realizan, a cometer más atentados, porque saben conscientemente que ninguna autoridad dará con ellos. Esto pone en un alto grado de vulnerabilidad a quienes ejercemos esta profesión y redobla los riesgos.
Este sentimiento de preocupación por el presente y el futuro de los periodistas en México invadió gran parte del país con motivo de la conmemoración, este viernes, del 24 aniversario luctuoso del periodista Manuel Buendía Téllezgirón.
Por la frecuencia de Radio Universidad de Oaxaca – que por cierto está teniendo un repunte importante por la restructuración de su carta de tiempo- me permití invitar a los compañeros para que acudieran a rendirle un sencillo pero sentido homenaje al periodista michoacano ante la estatua de Francisco Zarco, prócer de la pluma en el siglo XIX.
Gracias también a las invitaciones que giró el compañero Víctor Zárate de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, logramos reunirnos algunos comunicadores, y sin más preámbulo, cumplimos este compromiso, donde refrendamos la necesidad de seguir luchando por la reivindicación de nuestros derechos, honrando la memoria de todos aquellos que han sido víctimas de la intolerancia.
En el fragor del tráfico por los bloqueos, y mientras enfrente unos policías preventivos estatales con arma en mano detenían al conductor de un mototaxi, reiteramos nuestro deseo de seguir unificándonos porque si no es así podemos ser presa fácil de venganzas de todos aquellos a los que el periodismo crítico molesta.
En la ciudad de México, en sendos actos donde se congregaron comunicadores y representantes de asociaciones de la prensa mexicana, los días 29 y 30, sirvieron para reclamar respeto a la actividad periodística y el cese a las agresiones.
Ante las oficinas de la PGR y ante el monumento a Francisco Zarco, ubicado a la salida del Metro Hidalgo, se reflexionó acerca de los temas que más preocupan en torno a la libertad de expresión, concluyéndose que los sexenios de Vicente Fox y el de Felipe Calderón han sido de los más omisos en torno a la protección del ejercicio periodístico.
Si las fuerzas del Estado no pueden controlar la violencia que ejerce el crimen organizado, menos podrán ocuparse de agresiones muy focalizadas, procedentes de las mismas fuerzas que combaten.
Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo muy grande para quienes en la capital del país o en el interior de la República Mexicana ejercemos esta labor para diseñar estrategias y medidas que impidan que estos hechos se reproduzcan aquí, porque además del temor que provocan, sus efectos se endosan a la sociedad que necesita de profesionales de la información libres de cualquier acechanza.
Lo peor que le puede suceder a un periodista – como ya sucede en el norte del país o en medios donde temas delicados se firman “ por la redacción”, a aparecen sin crédito- es que toda esta cadena de atentados y agravios termine en la derrota de la información que significa la autocensura.
Dicen que pierde un periodista cuando se convierte en noticia- cuando lo asesinan o lo agreden- pero más se pierde cuando él mismo, ante las amenazas o el temor se calla para decirle a la sociedad lo que sucede en su entorno. La autocensura es la lápida que cae pesadamente sobre cualquier informador.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx

viernes, 30 de mayo de 2008

Agravios impunes

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Tiene razón uno de los responsables del programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de la CNDH, José Juan Alonso Ramírez: en la medida en que los agravios y atentados contra la prensa no se investiguen y no se castigue a los responsables, éstos seguirán ocurriendo.
Según recuento del Ombudsman nacional, del 2000 a la fecha ellos han contabilizado 39 asesinatos y 7 desapariciones en el gremio periodístico. También, de 1991 al 2006 integraron 640 expedientes, más 84 y 29 quejas documentadas en los años 2007 y lo que va del actual, respectivamente.
Esta preocupante numeralia habla del grado de impunidad que prevalece en torno a los asesinatos y agravios de que son víctima los comunicadores.
La información publicada aquí mismo por Pedro Matías destaca los casos más graves en Oaxaca, entre ellos el ataque sufrido por esta editorial en el año 2005, pero también los asesinatos de Brad Will, Raúl Marcial Pérez, tres voceadores de El Imparcial del Istmo y las dos locutoras triquis asesinadas en abril pasado.
Tan sólo de 2006 a la fecha, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han integrado 10 expedientes. De todos ellos, es común concluir, que no tendrán efectos jurídicos como sucede con los demás casos en todo el país, en los cuales prevalece la impunidad.
La impunidad, anima a las fuerzas oscuras y los poderes fácticos que los realizan, a cometer más atentados, porque saben conscientemente que ninguna autoridad dará con ellos. Esto pone en un alto grado de vulnerabilidad a quienes ejercemos esta profesión y redobla los riesgos.
Este sentimiento de preocupación por el presente y el futuro de los periodistas en México invadió gran parte del país con motivo de la conmemoración, este viernes, del 24 aniversario luctuoso del periodista Manuel Buendía Téllezgirón.
Por la frecuencia de Radio Universidad de Oaxaca – que por cierto está teniendo un repunte importante por la restructuración de su carta de tiempo- me permití invitar a los compañeros para que acudieran a rendirle un sencillo pero sentido homenaje al periodista michoacano ante la estatua de Francisco Zarco, prócer de la pluma en el siglo XIX.
Gracias también a las invitaciones que giró el compañero Víctor Zárate de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, logramos reunirnos algunos comunicadores, y sin más preámbulo, cumplimos este compromiso, donde refrendamos la necesidad de seguir luchando por la reivindicación de nuestros derechos, honrando la memoria de todos aquellos que han sido víctimas de la intolerancia.
En el fragor del tráfico por los bloqueos, y mientras enfrente unos policías preventivos estatales con arma en mano detenían al conductor de un mototaxi, reiteramos nuestro deseo de seguir unificándonos porque si no es así podemos ser presa fácil de venganzas de todos aquellos a los que el periodismo crítico molesta.
En la ciudad de México, en sendos actos donde se congregaron comunicadores y representantes de asociaciones de la prensa mexicana, los días 29 y 30, sirvieron para reclamar respeto a la actividad periodística y el cese a las agresiones.
Ante las oficinas de la PGR y ante el monumento a Francisco Zarco, ubicado a la salida del Metro Hidalgo, se reflexionó acerca de los temas que más preocupan en torno a la libertad de expresión, concluyéndose que los sexenios de Vicente Fox y el de Felipe Calderón han sido de los más omisos en torno a la protección del ejercicio periodístico.
Si las fuerzas del Estado no pueden controlar la violencia que ejerce el crimen organizado, menos podrán ocuparse de agresiones muy focalizadas, procedentes de las mismas fuerzas que combaten.
Sin embargo, la responsabilidad sigue siendo muy grande para quienes en la capital del país o en el interior de la República Mexicana ejercemos esta labor para diseñar estrategias y medidas que impidan que estos hechos se reproduzcan aquí, porque además del temor que provocan, sus efectos se endosan a la sociedad que necesita de profesionales de la información libres de cualquier acechanza.
Lo peor que le puede suceder a un periodista – como ya sucede en el norte del país o en medios donde temas delicados se firman “ por la redacción”, a aparecen sin crédito- es que toda esta cadena de atentados y agravios termine en la derrota de la información que significa la autocensura.
Dicen que pierde un periodista cuando se convierte en noticia- cuando lo asesinan o lo agreden- pero más se pierde cuando él mismo, ante las amenazas o el temor se calla para decirle a la sociedad lo que sucede en su entorno. La autocensura es la lápida que cae pesadamente sobre cualquier informador.
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Buendía: 24 años

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
En el marco del 24 aniversario del asesinato del periodista Manuel Buendía Téllezgirón uno de los casos más emblemáticos para la libertad de expresión en México, pues su homicidio resultó un agravio en la historia del periodismo mexicano, el gremio debe exigir un cese a la impunidad en los asesinatos y desaparición de informadores.
Ante la gravedad de la situación, este jueves periodistas y organizaciones de la ciudad de México realizaron un acto de protesta ante las instalaciones de la Procuraduría General de la República para decir ¡ya basta! de agresiones contra periodistas, que sólo de abril a mayo de este año se incrementaron en 20 casos más entre asesinatos, amenazas, detenciones y hostigamientos.
Sería bueno que los periodistas de Oaxaca y de las regiones no pasaran inadvertido el 30 de mayo, fecha que es símbolo de la lucha por la libertad de expresión, incluso mucho más que los días designados por organismos internacionales como la Unesco ( el 3 de mayo), o el 7 de junio, como se acostumbrada celebrar – y todavía se hace en algunas partes- entre autoridades y comunicadores, haciendo eco a la antigua celebración que inventaron los editores y el gobierno de la República.
Nadie más atinado que Miguel Sánchez de Armas, quien a la muerte de Buendía creó la Fundación que lleva su nombre, para recordar con especial reconocimiento al michoacano que la tarde del 30 de mayo de 1984 fuera asesinado cobardemente por la espalda al salir de su oficina en la zona rosa de la ciudad de México.
Sánchez de Armas trabajó con Buendía, como Luis Soto también. Con la inspiración de esta tragedia pero al servicio de las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores nació la Revista Mexicana de la Comunicación que sigue siendo un referente de lectura sobre el tema, a cargo ahora de Omar Raúl Martínez.
Con Sánchez de Armas coincidí cuando trabajaba en Notimex, cuando lo dirigía Raymundo Rivapalacio y con Omar me une una larga relación desde los tiempos de la Unión de Periodistas Democráticos, organización donde convergían figuras como Miguel Ángel Granados Chapa, Luis Suárez ( a cargo entonces de la Federación Latinoamericana de Periodistas ), Magú, Héctor García, Eduardo Deschamps, Jorge Meléndez, Eduardo Valle, Francisco Huerta, Óscar Hinojosa, Rogelio Hernández y tantos otros que al final terminaron siendo amigos muy entrañables como José Reveles y Blanche Petrich, con quienes el mes pasado me reuní a comer un espagueti y tomar vino después de participar un foro sobre Federalización de Delitos contra Periodistas efectuado en el Club de Periodistas.
Ahí estaba de nuevo Omar Raúl y José Buendía con quienes hicimos planes a futuro. Pero resaltaba la presencia en la organización del foro, de Carlos Padilla Ríos, quien dirige la revista Zócalo, publicación mensual que ya se está ubicando como la única – o casi, pues existe la revista Etcétera, y varias que tienen circulación restringida en escuelas, facultades y carreras de comunicación- donde se tocan fundamentalmente temas que interesan a comunicadores y a periodistas.
En el otro extremo de la ciudad tuve oportunidad de saludar a Carmen Aristegui quien sigue siendo un imán donde quiera que se presente y a Lydia Cacho, un tanto cansada de la batalla legal que sigue librando contra el Gober Precioso, que le representa inversión de tiempo y dinero que los periodistas honestos nunca tienen como para seguir un juicio. La animamos a que litigara su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Platicamos y conocimos el caso de Sanjuana Martínez, periodista regiomontana, actualmente sin trabajo o en condición de freelancer ( la tercera parte de quienes ejercen el periodismo en México según resultados del Programa Buenas Prácticas México), quien nos contó la forma en que la despidieron del periódico Milenio-Monterrey.
“Se están reestructurando las páginas, tu página desaparece, así que el próximo viernes ya ni mandes”, le dijo la directora Roberta Garza Medina en una escueta comunicación por mail. Así daba fin a la columna semanal que escribía Sanjuana.
Sin embargo, pretendiendo darle otra oportunidad, le comunicó que eran bienvenidos sus reportajes. Sanjuana – a quien una vez, jovencita ella, saludé en una velada en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid cuando ella fungía como Corresponsal de Proceso- preparó pronto un reportaje titulado “ Sacerdote abusa de una menor y sigue dando misa en el Santuario de Guadalupe”. Se traba de un cura pederasta presuntamente protegido por el cardenal Robles Ortega. “Este reportaje no le interesó a la directora, ni me explicó por qué no se publicó”, cuenta Sanjuana, quien atando cabos concluyó la razón: Garza Medina es hermana del vicario general de los Legionarios de Cristo y de Dionisio Garza Medina, dueño de la Universidad de Monterrey, institución privada y de orientación católica.
Razones parecidas, se pueden inferir en las presiones que recibió la XEW de este poder fáctico para que despidieran a Aristegui, entre otras cosas, por darle seguimiento a la denuncia radicada en Los Ángeles contra el cardenal Rivera Carrera y por extensión el caso de pederastia del colegio San Felipe de Oaxaca.
Así se las gasta la ultraderecha mexicana, sector muy bien identificado por Manuel Buendía, quien se especializaba en este como entre otros temas, y durante su vida escribió varios textos que no pierden actualidad, porque Puebla, Guadalajara y Monterrey siguen siendo bastiones de estos grupos de poder que siguen influyendo en universidades y en medios de comunicación para decidir qué y cómo se estudia, y qué y cómo se publica.
Manuel Buendía acabó su vida escribiendo sobre los verdaderos enemigos de la libertad de expresión. Cuando iniciaba esta carrera tuve el privilegio de recibir un Premio Estatal de Periodismo en el género Reportaje firmado como jurado por el autor de Red Privada, y después tener la oportunidad de escuchar su hablar fino en la celebración de un 7 de junio, dos años antes de que fuera acribillado. En las oficinas de la Asociación de Periodistas Oaxaqueños dictó su magistral conferencia que aparece en un libro publicado después de su ejecución.
Por significar una luz en este camino siempre permaneceré agradecido con él, y en cualquier parte que esté seguiré sumándome a la petición de hallar algún día a los autores intelectuales de su muerte, es decir, a quienes Buendía les estorbaba; aunque el caso para la justicia mexicana ya esté cerrado. El mejor homenaje este 30 de mayo para Manuel Buendía, es no olvidarlo.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@podigy.net.mx

jueves, 29 de mayo de 2008

San Pedro Cafetitlán

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Llega a esta columna un llamado de atención que hace Homero Blas Bustamante, director de la Sociedad Mexicana de Producción Orgánica, A.C. (SOMEXPRO), quien asegura que la comunidad de San Pedro Cafetitlán, municipio de Pochutla, es un laboratorio que podría dar luces a los ambientalistas y por supuesto a las autoridades, por los efectos que en esta localidad serrana produce el llamado cambio climático, tema de nuestros días.
Basándose en estudios que ha realizado la Universidad Autónoma de Chapingo, el profesionista afirma que las variaciones bruscas en la temperatura del planeta se ven reflejadas en todas las latitudes, pero San Pedro Cafetitlán, no es la excepción.
Ubicada en la región tropical húmeda donde se encuentran los municipios de San Pedro Pochutla, San Mateo Piñas y San Miguel del Puerto, Cafetitilán se denominó hasta antes de 1984, San Pedro Piñas, al separarse de San Mateo y pedir formara parte administrativa y políticamente de Pochutla.
Pertenece a una microrregión donde se produce café de altura, denominado así porque las matas del aromático crecen a más de 750 metros sobre el nivel del mar. De esta zona es el famoso café Pluma, de prestigio internacional, que desgraciadamente para los productores pequeños o minifundistas ya no es negocio debido a la baja internacional del precio, a las plagas que diezman las plantaciones, y a que el mercado lo siguen dominando brasileños, colombianos, costarricenses y africanos.
No obstante, el grano de Cafetitilán, como el de Pluma Hidalgo y San Mateo Piñas, sobre todo si es orgánico, es bien recibido en el mercado interno y en el exterior.
Homero Blas dice que aún y cuando los 600 habitantes de esta localidad no contribuyen, o acaso lo hacen de manera bastante mínima, a las emanaciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son el ingrediente para la perturbación ambiental que sufre nuestro planeta, el Dióxido de Carbono que generan las grandes ciudades y sus zonas industriales, surte sus efectos en pueblos como éste.
Esta convicción se sustenta en que de unos años a la fecha, se ha detectado un ligero aumento de temperatura en dicha población cafetalera, pues durante los últimos 30 años la temperatura incrementó punto seis grados centígrados.
Aparentemente es una nimiedad, pero según los estudios de la UACH, el promedio anual, hace 30 años, era de 18 grados centígrados y ahora es de 18.6 grados.
Blas Bustamante, productor de café y consultor en productos orgánicos a nivel internacional, sostiene que los hombres y mujeres de Cafetitlán, además, de producir café, “producen servicios ambientales, como agua; capturan carbono, cubren el suelo, lo cual protege la Cuenca del Río Copalita, que desemboca en el Océano Pacífico y que beneficia al centro turístico de Santa Cruz Huatulco.
Sin embargo, donde se valora la importancia del vital líquido es en Huatulco, porque el agua que se usa en este desarrollo turístico es prácticamente la que se produce en la Cuenca del Río Copalita, misma que es cuidada de manera directa por los habitantes de esta población indígena zapoteca.
En consecuencia, el beneficiario de estos servicios ambientales es el turismo, es decir, la industria hotelera.
Lamentablemente, a los productores de estos servicios ambientales” no se les reconoce su trabajo por mantener el bosque, mantener los árboles y para ello sacrifican la producción del café”, afirma Blas Bustamante.
Con la finalidad de demostrar la existencia de los servicios ambientales en Cafetitlán, durante los dos últimos años, investigadores de Chapingo han realizado estudios de cómo se produce el agua en estos bosques. “Los datos encontrados reflejan que a últimas fechas ha venido cambiando la producción de agua y esto se debe o es un reflejo del cambio climático, del cambio global”, afirma.
Esta situación la tiene clara el agente municipal, Germán García Hernández, quien considera que los cambios bruscos en la producción de café se deben, en gran parte, a fenómenos hidrometeorológicos, como los huracanes, pues no tiene mucho que les afectó el Huracán “Paulina”.
En ése entonces hubo muchos deslaves del terreno y derribe de árboles. Para restituir un poco lo dañado, los campesinos necesitan apoyos para conservar el suelo, “como es ponerle barreras vivas, terrazas y todo eso, para que se sigan conservando las plantas del café y el bosque que las cubre”.
Explica que la situación “es grave, ya que no nos alcanza con el precio del café; los apoyos que nos brinda el gobierno son insuficientes para inyectarle recursos al cafetal; hacen falta programas más fuertes como sería renovación de plantas y algunas otras acciones para conservar la ecología”.
Reconoce que por la baja producción del café después del Huracán Paulina y los bajos precios “nuestros paisanos han tenido que emigrar, porque producción que ya no es la misma, como hace diez o 15 años, pues si antes producíamos 10 o 15 quintales por hectárea, ahora nada más producimos cuatro o cinco”.
Para que este café alcance su verdadero valor hay que informárselo a los productores y explicarle a los diferentes niveles de gobierno, la necesidad de diseñar políticas públicas al respecto, “pero para ello los legisladores deben ponerse a trabajar”, interviene Homero Blas, también director del Sistema Producto Café en el Estado de Oaxaca.
Para el especialista, “la legislación en México, no abarca todo como para valorar los servicios ambientales y los productos que salen de esta zona; sí hay una normativa para servicios ambientales, pero no tenemos suficiente regulación al respecto”.
La crisis del café ha ocasionado una grave disminución de la población, pues de mil 500 habitantes que tenía en 1997, antes de que azotara “Paulina”, ahora solo cuenta con 600. La mayoría ha emigrado a Estados Unidos y a otras zonas de México, en busca de nuevos horizontes para apoyar a los que se quedaron, principalmente, ancianos y mujeres.
Reflejada así en voz de dos de sus actores, el panorama en Cafetitlán es preocupante; sus problemas y sus anhelos deben ser escuchados por quienes tienen el poder de hacerlo. De lo contrario, seguirá siendo acaso un punto en las estadísticas de la pobreza y una mancha difícil de borrar en las políticas públicas.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
ernestreyes@prodigy.net.mx

miércoles, 28 de mayo de 2008

IMSS-Oportunidades: 2 meses

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Ayer se cumplieron dos meses de protestas por parte de 186 empleados del Hospital número 37, del Programa IMSS-Oportunidades de Matías Romero, para exigir a las autoridades del Instituto a que mejoren el servicio y asignen especialistas y medicamentos para la atención de los beneficiarios.
La demanda plantea que se cumpla con las reglas de operación definidas oficialmente, que asigna a este programa del Ejecutivo Federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la promoción del derecho a la salud y el bienestar individual y colectivo de los mexicanos que no cuentan con acceso a los Servicios de Seguridad Social.
Sorprende que contrario a otros movimientos laborales, en los 21 puntos del pliego petitorio que han planteado, en ninguno de ellos solicitan aumento salarial o mejoras económicas, sino que se ofrezcan las condiciones y los materiales necesarios para que puedan cumplir eficientemente su labor.
Nada más por este gesto de solidaridad con sus pacientes, los médicos y enfermeras que están en paro, debieran recibir la solidaridad de la población oaxaqueña, particularmente las más de 20 mil que viven en los 21 municipios beneficiados pertenecientes a la región V Istmo-Papalopan donde habitan indígenas y campesinos mixes, zapotecos, chinantecos, y mestizos.
Por su actitud de no pedir nada para ellos, estos trabajadores de la salud debieran recibir también un mejor trato y de interlocución por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, ante la falta de atención por parte de la Delegación Estatal del IMSS y de la Coordinación Nacional del Programa IMSS-Oportunidades han tenido que mudar su protesta del Istmo de Tehuantepec hacia la ciudad de México, donde permanecen desde hace 8 días.
Allá en la capital del país, para hacerse visibles, se han plantado frente a las oficinas centrales del IMSS para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades donde se trate fundamentalmente la forma en que a su regreso puedan cumplir con su trabajo y atender de manera eficiente los problemas de salud de la población.
Sin embargo, las autoridades no parecen entenderlos y los han acusado maliciosamente, se tener detrás suyo intereses políticos.
Todo porque a partir del 27 de marzo cuando iniciaron el movimiento, han realizado varias marchas y acciones de protesta que han recibido la solidaridad y apoyo – si no es de ellos, ¿de quién más?- por parte de organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del magisterio.
Algunos legisladores de oposición, sensibles a esta situación, han buscado facilitar el diálogo entre las partes para lograr acuerdos que no perjudiquen a los paristas, y cesen los castigos que se quieren aplicar a 7 trabajadores, dos de los cuales estarían en la circunstancia de ser despedidos.
Pese a las movilizaciones realizadas, buscando llamar la atención de sus superiores, no han obtenido respuesta sobre su petición de que al hospital de Matías Romero se le restituyan servicios de especialistas en áreas de ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, cirugía general y anestesiología, lo cual impide desde hace dos años que se atiendan, como debe ser, partos por cesárea o cirugías generales, todo lo cual atenta contra la salud de los usuarios.
En situación parecida se encuentran las Unidades Médicas Rurales de la región que padecen en muchas poblaciones de los más elementales servicios, ante la falta de presupuesto y personal médico.
En las razones que expresan para justificar su movimiento, los trabajadores señalan que en la clínica existe además desabasto de medicamentos , carencias que los médicos y enfermeras no pueden solucionar por sí solos, por lo que han tenido que recomendar a los pacientes atenderse con médicos privados si quieren preservar su salud.
Refieren que antes del año 2006 estos servicios estaban vigentes pero poco a poco se fueron anulando las plazas y desplazando a los médicos hacia otros lugares.
Dos años después, la situación en la clínica 37 es crítica. Como resultado del movimiento de protesta, hubo ofrecimientos de la supervisión médica delegacional de la quinta región para enviarles a algunos especialistas, pero estos al cabo de un mes se retiraron por las difíciles condiciones existentes para cumplir bien su trabajo.
El movimiento del personal de IMSS-Oportunidades es legítimo porque toca un problema que es cada vez más agudo en un país donde se dejan de lado los problemas sociales, particularmente los relacionados con la atención de la salud de los más necesitados.
El gobierno no ha cumplido con su obligación constitucional de darle derecho y acceso a la salud a la población en general; el movimiento de Matías Romero exhibe esta deficiencia que como mucha gente sabe se extiende a otras instituciones como el ISSSTE.
Cada día que pasa y cada forma de protesta que se realice, se le está recordando a la sociedad mexicana que a través de sus instituciones debiera verificar lo que está sucediendo en el IMSS- Oportunidades para ver si es que cumple con los objetivos diseñados por el gobierno federal, pues para el ejercicio 2008 se le asignó un presupuesto de 6 mil millones de pesos para modernizar equipos médicos, promover capacitación técnica del personal y sobre todo, mantener el servicio médico con la calidad y calidez necesaria.
Al menos en Matías Romero esto no se está cumpliendo. El paro laboral y el plantón en la ciudad de México es un recordatorio permanente.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
tandemmedios@hotmail.com
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martes, 27 de mayo de 2008

IMSS-Oportunidades: 2 meses

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Ayer se cumplieron dos meses de protestas por parte de 186 empleados del Hospital número 37, del Programa IMSS-Oportunidades de Matías Romero, para exigir a las autoridades del Instituto a que mejoren el servicio y asignen especialistas y medicamentos para la atención de los beneficiarios.
La demanda plantea que se cumpla con las reglas de operación definidas oficialmente, que asigna a este programa del Ejecutivo Federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la promoción del derecho a la salud y el bienestar individual y colectivo de los mexicanos que no cuentan con acceso a los Servicios de Seguridad Social.
Sorprende que contrario a otros movimientos laborales, en los 21 puntos del pliego petitorio que han planteado, en ninguno de ellos solicitan aumento salarial o mejoras económicas, sino que se ofrezcan las condiciones y los materiales necesarios para que puedan cumplir eficientemente su labor.
Nada más por este gesto de solidaridad con sus pacientes, los médicos y enfermeras que están en paro, debieran recibir la solidaridad de la población oaxaqueña, particularmente las más de 20 mil que viven en los 21 municipios beneficiados pertenecientes a la región V Istmo-Papalopan donde habitan indígenas y campesinos mixes, zapotecos, chinantecos, y mestizos.
Por su actitud de no pedir nada para ellos, estos trabajadores de la salud debieran recibir también un mejor trato y de interlocución por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, ante la falta de atención por parte de la Delegación Estatal del IMSS y de la Coordinación Nacional del Programa IMSS-Oportunidades han tenido que mudar su protesta del Istmo de Tehuantepec hacia la ciudad de México, donde permanecen desde hace 8 días.
Allá en la capital del país, para hacerse visibles, se han plantado frente a las oficinas centrales del IMSS para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades donde se trate fundamentalmente la forma en que a su regreso puedan cumplir con su trabajo y atender de manera eficiente los problemas de salud de la población.
Sin embargo, las autoridades no parecen entenderlos y los han acusado maliciosamente, se tener detrás suyo intereses políticos.
Todo porque a partir del 27 de marzo cuando iniciaron el movimiento, han realizado varias marchas y acciones de protesta que han recibido la solidaridad y apoyo – si no es de ellos, ¿de quién más?- por parte de organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, el Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la sección 22 del magisterio.
Algunos legisladores de oposición, sensibles a esta situación, han buscado facilitar el diálogo entre las partes para lograr acuerdos que no perjudiquen a los paristas, y cesen los castigos que se quieren aplicar a 7 trabajadores, dos de los cuales estarían en la circunstancia de ser despedidos.
Pese a las movilizaciones realizadas, buscando llamar la atención de sus superiores, no han obtenido respuesta sobre su petición de que al hospital de Matías Romero se le restituyan servicios de especialistas en áreas de ginecobstetricia, medicina interna, pediatría, cirugía general y anestesiología, lo cual impide desde hace dos años que se atiendan, como debe ser, partos por cesárea o cirugías generales, todo lo cual atenta contra la salud de los usuarios.
En situación parecida se encuentran las Unidades Médicas Rurales de la región que padecen en muchas poblaciones de los más elementales servicios, ante la falta de presupuesto y personal médico.
En las razones que expresan para justificar su movimiento, los trabajadores señalan que en la clínica existe además desabasto de medicamentos , carencias que los médicos y enfermeras no pueden solucionar por sí solos, por lo que han tenido que recomendar a los pacientes atenderse con médicos privados si quieren preservar su salud.
Refieren que antes del año 2006 estos servicios estaban vigentes pero poco a poco se fueron anulando las plazas y desplazando a los médicos hacia otros lugares.
Dos años después, la situación en la clínica 37 es crítica. Como resultado del movimiento de protesta, hubo ofrecimientos de la supervisión médica delegacional de la quinta región para enviarles a algunos especialistas, pero estos al cabo de un mes se retiraron por las difíciles condiciones existentes para cumplir bien su trabajo.
El movimiento del personal de IMSS-Oportunidades es legítimo porque toca un problema que es cada vez más agudo en un país donde se dejan de lado los problemas sociales, particularmente los relacionados con la atención de la salud de los más necesitados.
El gobierno no ha cumplido con su obligación constitucional de darle derecho y acceso a la salud a la población en general; el movimiento de Matías Romero exhibe esta deficiencia que como mucha gente sabe se extiende a otras instituciones como el ISSSTE.
Cada día que pasa y cada forma de protesta que se realice, se le está recordando a la sociedad mexicana que a través de sus instituciones debiera verificar lo que está sucediendo en el IMSS- Oportunidades para ver si es que cumple con los objetivos diseñados por el gobierno federal, pues para el ejercicio 2008 se le asignó un presupuesto de 6 mil millones de pesos para modernizar equipos médicos, promover capacitación técnica del personal y sobre todo, mantener el servicio médico con la calidad y calidez necesaria.
Al menos en Matías Romero esto no se está cumpliendo. El paro laboral y el plantón en la ciudad de México es un recordatorio permanente.
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lunes, 26 de mayo de 2008

Crisis alimentaria

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Cómo estará de grave la crisis alimentaria que afecta a nivel mundial pero que impactará negativamente en México, que Felipe Calderón ya lo ha definido como asunto de Estado, por lo que ha ordenado 19 acciones en apoyo a la economía familiar, para hacer frente al alza internacional de los precios de los alimentos.
Entre las acciones anunciadas por el Ejecutivo federal y divididas en tres grandes ejes- informan los medios- destacan las de mantener sin aumento la leche Liconsa y la harina de maíz Diconsa, preservar la estabilidad del precio de la tortilla, evitar el alza de la gasolina, el diésel y el gas LP; eliminar los impuestos sobre la importación de trigo, arroz, maíz blanco y maíz amarillo, así como fortalecer los programas de apoyo a la producción de alimentos y a la productividad del campo mexicano.
El gobierno destinará 200 mil millones de pesos, derivados de los excedentes petroleros, a mantener los precios actuales de la gasolina, el diesel y el gas LP, y anunció también el aumento de 535 a 655 pesos por familia al apoyo alimentario del programa Oportunidades, así como un incremento similar en los programas alimentarios de la Sedesol y de Diconsa, para lo cual se liberarán 4 mil 500 millones de pesos más.
Ayer mismo, el secretario de desarrollo social anunció que 280 mil familias inscritas en el programa Oportunidades empezarán a recibir 120 pesos adicionales para enfrentar esta situación, lo que orilla al mismo gobierno panista a abandonar de algún modo el tema petrolero y de seguridad, a cambio del alimentario y la política social que ya había esbozado hace unas semanas mediante el Programa Para Vivir Mejor.
Las medidas anunciadas van desde la eliminación de impuestos para importación de trigo, maíz blanco y amarillo, la fijación de una cuota de importación del frijol libre de impuesto, hasta la garantía de que habrá suficiente abasto en productos como leche en polvo.
Asimismo, ha comprometido – ahora sí, al menos de palabra- la tecnificación del campo, apoyos a pequeños productores agrícolas y precios más accesibles para fertilizantes.
El Banco Mundial, la FAO e incluso el Banco de México, han reconocido el alza en el precio de los alimentos que por supuesto afectaría a los países más pobres Se calcula que unos 100 millones de personas estarían siendo afectados.
Esta cadena eleva por supuesto la inflación ya que los incrementos en el arroz, las grasas vegetales comestibles, empujan los precios hacia arriba en restaurantes y en los mercados, lo que impacta por supuesto al consumidor.
Si cruzamos la situación actual con resultados de las encuestas más recientes que miden el grado de popularidad de Felipe Calderón, empieza haber preocupación en el gobierno porque se piensa que quizá ha llegado el momento de repensar prioridades y estrategias antes que las presiones económicas y la desilusión hagan que la opinión pública se mueva hacia posturas más contrarias al Presidente.
Cuando cuatro de cada diez mexicanos siente que su situación económica en 2008 es peor que la de 2007 y 18% más dice que están igual de mal que hace un año, se entiende por qué cada vez son menos los que opinan que el presidente Felipe Calderón está gobernando muy bien y cada vez son más los que se inclinan a pensar que lo hace bien, pero en realidad no se ha visto gran cosa, explican los autores de la encuesta difundida este lunes a nivel nacional.
Con excepción de los rubros de salud y educación, sobre los cuáles más de 50% piensa que se ha visto alguna mejora en estos 18 meses de gobierno, en todos los demás temas que evaluamos en esta encuesta –dicen- son muchos más los que piensan que desde que gobierna el presidente Calderón están igual o peor que antes.
Especial atención merecen las cuestiones que tienen que ver con la capacidad adquisitiva de las familias, la generación de empleos y el combate a la pobreza, rubros en los que más de 75% opinan que el presidente Calderón no ha logrado mejorar nada.
Así está la percepción nacional en horas en que aparece una nueva crisis que se suma a la de seguridad porque el combate a la delincuencia organizada no avanza como son las intenciones del gobierno debido a múltiples factores.
En tanto, el tema petrolero parece que se le va de las manos a los principales promotores que tienen su mando central en los Pinos y en el Partido Acción Nacional, debido a que en el debate son más firmes los argumentos de quienes rechazan la iniciativa presidencial.
Una buena medida parece ser que se pretende ahora capitalizar el campo y resolver la emergencia alimentaria con los excedentes petroleros; sin embargo no es fácil porque la planta productiva agrícola no está en sus mejores momentos debido a que durante décadas se le dio prioridad al sector manufacturero y de exportación, dejando que quienes se dedican a esta actividad agoten su resistencia y se muden a otra cosa, o en el peor de los casos, a que mantengan improductiva la tierra.
La crisis por el aumento del maíz y la tortilla que golpeó al país en los primeros meses del régimen calderonista es la expresión de que algo más debe hacer el Estado para voltear los ojos al campo, de lo contrario, la dependencia con el exterior vía importaciones de alimentos será cada vez más grande.
Y esto a nadie lo tendrá contento, menos a los hombres y mujeres del campo que ven con preocupación cómo crecen las trasnacionales que ya operan en el campo mexicano y cómo granos como maíz y arroz, trigo, etcétera, son utilizados para generar los llamados biocombustibles aumentando la demanda y afectando la producción.
En entidades como Oaxaca la alarmante situación impactará más debido a la raquítica calidad del suelo y a que la superficie agrícola con acceso a riego es ínfima, pues aquí producimos para el autoconsumo y en surcos, en comparación con los grandes rancheros del norte del país. La miseria entonces se agudizará con consecuencias sociales imprevisibles.
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