martes, 15 de julio de 2008

Justicia deficiente

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
La misión de abogados de tres organismos internacionales que vino a Oaxaca la semana pasada para verificar si existía una justicia independiente, imparcial y eficiente, recibió diversos tipos de información que indican que además de la falta de independencia para ejercer la justicia sin condicionamientos de ningún tipo, el Poder Judicial no recibe del Estado los recursos públicos suficientes para desempeñar sus funciones de manera adecuada.
La misión estuvo integrada por miembros de los directorios ejecutivos de la Fundación para el Debido Proceso legal (DPLF, por sus siglas en inglés), la Comisión Internacional de Juristas y el Centro de Análisis e Investigación, FUNDAR.
Los funcionarios entrevistados por los investigadores, dieron a conocer que la falta de transparencia que rodea la asignación presupuestaria que recibe el Poder Judicial oaxaqueño, así como el control que de dicha asignación mantiene la Secretaría de Finanzas ( a cargo de un hombre de todas las confianzas de Ulises Ruiz, el subrayado es nuestro), redunda, a juicio de la misión, en un mecanismo de presión indebida por parte del Ejecutivo sobre el Judicial.
Para quienes observamos el acontecer local, esta afirmación de los abogados en realidad no nos sorprende porque son cosas que se intuye que suceden dentro de los muros de las instituciones de justicia. Sin embargo, que lo hayan revelado a los visitantes es lo que impresiona, aunque el profesionalismo que caracteriza a los investigadores de los tres organismos, hace que se mantenga la secrecía suficiente como para evitar que por su sinceridad sean reprendidos por quienes, como usted y yo sabemos, manda en realidad en el Poder Judicial: el titular del Poder Ejecutivo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia es un empleado más de quien controla las riendas del poder político.
Sin embargo, la opacidad que denota el manejo interno de los recursos del sistema judicial fue evidente durante la visita, pues durante la misión- afirman los enviados en el Informe preliminar- no pudo establecerse con claridad cómo se integra el salario de magistrados y jueces, ya que diversas fuentes mencionaron la existencia de bonos o estímulos que serían entregados a discreción del Poder Ejecutivo y del propio Héctor Anuar Mafud.
La opacidad en esta materia- continúa el texto suscrito por Eduardo Bertoni, José Zeitune y Jorge Romero, de las tres organizaciones respectivamente- también representa un riesgo para la independencia de jueces y magistrados.
Aunque la misión reconoce que las reformas respecto al sistema de enjuiciamiento penal y sobre acceso a la información representan un avance hacia el respeto del debido proceso y la transparencia de los actos públicos, le preocupa que dichas reformas no puedan alcanzar los objetivos para los que fueron diseñadas.
Entre otras, dicen, se recibió información sobre una falta de otorgamiento de recursos adecuados para la implementación del sistema de enjuiciamiento penal. Por ejemplo- y esto lo constataron apenas se reunieron con integrantes de la llamada defensoría pública- este sistema carece de recursos básicos para su operación. Por tanto, expresan su deseo de que el sistema de justicia sea reformado en cuestiones que trascienden al procedimiento penal.
La DPLF, la CIJ y FUNDAR observaron con preocupación que en Oaxaca persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial. Estas deficiencias obedecen tanto a normativa inadecuada como a ciertas prácticas que impiden la prestación del servicio de justicia.
Le explican a la opinión pública que con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad en la administración de justicia, el derecho internacional dispone de una serie de requisitos mínimos que todo Estado debe poner en práctica.
Entre estos requisitos se encuentran las condiciones y procedimientos aplicables al nombramiento de jueces y magistrados, la existencia de una verdadera carrera judicial basada en criterios objetivos, adecuadas condiciones de servicio, la dotación de suficientes recursos para desempeñar sus funciones, mecanismos adecuados de responsabilidad y una serie de libertades con que deben contar jueces y magistrados.
“Estos requisitos y otros han sido identificados por la comunidad internacional hace décadas y se han plasmado en una serie de instrumentos aprobados por Naciones Unidas, entre los que destacan los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.” Estos instrumentos, que sería bueno los conocieran a profundidad los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial oaxaqueño, brindan líneas generales a los Estados, quienes deben asegurar que sus sistemas judiciales se ajusten a ellos.
Oaxaca por lo consiguiente, se infiere por la lectura de las conclusiones preliminares de la Misión, está muy lejos de aplicar la normatividad internacional en la materia, lo cual permite que haya jueces de consigna y hasta magistrados, sin que esto sea una generalidad en todo el Poder Judicial, que no aplican a cabalidad el derecho, sino que atendiendo a instrucciones e intereses políticos derivados de su sujeción con el régimen, castigan o premian a quienes caen en sus manos.
Contravienen así la idea muy extendida de que el Estado de Derecho, con su idea central de que la justicia escucha y se aplica a todos por igual, es el primer paso hacia la equidad, y que como dice Eduardo Bertoni, director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, para que la justicia cumpla el papel de impulsor del desarrollo, se requiere del compromiso de la clase política, el apoyo necesario para el fortalecimiento de los poderes judiciales, y asegurar el acceso a ellos de toda la población para la solución de sus conflictos y la reivindicación de sus derechos.
La misión de expertos nacionales e internacionales que visitó Oaxaca la semana pasada, concluye haciendo un exhorto al Estado oaxaqueño a reformar aquellas prácticas y regulaciones compatibles con los estándares internacionales mencionados, aunque lamentablemente por las pruebas que se llevan, hayan constatado que muchos de ellos no se están cumpliendo.
Al ver las fotografías donde abogados de no muy buen prestigio y hasta notarios son premiados por su cercanía con el poder, se puede entender diáfanamente que las aseveraciones de la Misión están en lo correcto. Ahora que acaba de pasar la celebración del Día del Abogado, estos argumentos, cargados de verdad, deben tomarse con suma seriedad al menos por el gremio, pero valen para la sociedad entera que sigue estando ávida de justicia.
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