viernes, 22 de agosto de 2008

Oaxaca, inseguro e impune

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Ayer, en la ciudad de México, se celebró por fin el Consejo Nacional de Seguridad al que convocó Felipe Calderón, encuentro que desató tanto expectativas como dudas sobre si a partir de los acuerdos que tomen los distintos niveles de gobierno se podrán reducir en algo los fuertes niveles de inseguridad y de violencia.
Los gobernadores y el gobierno federal, incluyendo al jefe de gobierno del Distrito Federal que fue conminado a asistir por la presión mediática y la inminente marcha por la inseguridad, llevaron propuestas, pero mucho más, buenas intenciones.
El 30 de agosto se llevará a cabo una marcha ciudadana convocada por una organización de víctimas de secuestros, denominada México Unido Contra la Delincuencia, y por ello los poderes de la República y los poderes de los estados se vieron impelidos para organizarse y hacer como que responden a la sociedad.
Lo hacen obviamente con discursos, propuestas y programas elaborados con sentido mediático y político, pero es difícil creer que esta cumbre haya sido el detonador de acciones profundas y efectivas si no se transforma de raíz la forma de impartir justicia, si no se combate la corrupción y si se sigue viendo como inevitable la impunidad con que actúan autoridades y corporaciones policiacas.
En torno a la convocatoria hubo mucha polémica, además de expectativas por la foto entre Marcelo Ebrard y Felipe Calderón, pero más allá del morbo, muy poco se puede esperar si en México no se purifica la forma de ejercer el poder político y se destierra la corrupción entre policías, investigadores e impartidores de justicia.
Un ejemplo cercano de esta situación es lo que sucede en Oaxaca, según el impactante recuento realizado por Gabino Cué, mismo que apareció ayer en los principales diarios de la capital del país, y en Noticias.
En Oaxaca, según este Informe, los oaxaqueños ya no podemos dormir tranquilos y en paz, pues en los años recientes se ha incrementado la criminalidad, la inseguridad pública y la violencia.
Según el legislador, los oaxaqueños sufrimos todo tipo de violencia, a través de secuestros, “levantones”, asesinatos; y en el terreno social se violan las garantías individuales de quienes disienten del titular del Ejecutivo del Estado y del grupo en el poder.
Gabino hace un recuento muy sintetizado de hechos lamentables que han estremecido en diversos momentos a la sociedad oaxaqueña, porque los agravios afectan hasta a quienes han estado exentos de cualquier compromiso político o ideológico.
Después de considerar que en el régimen de Ruiz se percibe un estado de alta vulnerabilidad de las garantías individuales, mientras se agudiza la violencia, como representante del estado ante la Federación Gabino hace un enérgico reclamo no a un opositor político, sino a quien juró ante la Constitución y la Soberanía Popular proteger los intereses de los ciudadanos y nunca lo cumplió.
La publicación periodística de quien ostenta teóricamente el respaldo de 600 mil oaxaqueños- que así fueron los números electorales que obtuvo al ser elegido- debió caer como balde de agua fría ante el confiado funcionario que ayer se presentó al Consejo Nacional de Seguridad.
Debió responder con burlas y evasivas como acostumbra, pero la contundencia de los hechos no se pueden desmentir. Titulado “Ulises Ruiz no debe eludir su responsabilidad”, el texto pasa revista a siete asesinatos; 16 muertes por el conflicto social; 9 crímenes destacados; 7 secuestros importantes; 8 desaparecidos; 2 casos - los reconocidos por el gobierno de Calderón- de desaparición forzada, 18 casos de detenciones arbitrarias, una víctima notoria de abuso policiaco y 8 periodistas atacados.
Todos los crímenes, detenciones y secuestros enlistados, permanecen impunes a pesar de las múltiples indagatorias y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en torno a un buen número de ellos.
No hay ningún resultado que satisfaga los deseos de justicia de las víctimas y los deudos. No hay ningún compromiso fehaciente, no discursivo de que algún día estas personas agraviadas van a ver resarcidos en algo sus derechos violentados por el ejercicio autoritario del poder, y por grupos delincuenciales.
La omisión y lentitud de los procesos judiciales y de investigación es la respuesta a los reclamos que de múltiples formas se han realizado en marchas, plantones, denuncias internacionales, etcétera. Hay familias que lloran a sus muertos y otras que esperan que regresen los suyos de cautiverios ingratos, criminales también.
Alarma saber, que hay un enorme rezago en órdenes de aprehensión y que más de 400 agentes de la policía investigadora prestan protección a funcionarios, en lugar que cuidar a la sociedad, y que en los casos de pederastia existentes, se tienda un manto de impunidad y de complicidad de funcionarios venales que ofenden a las familias oaxaqueñas y a los menores.
Frente a ello, el senador que recoge en este documento muchas de las preocupaciones de diversos sectores- incluyendo el empresarial, al que le afectan los secuestros – fija muy claro el clamor de exigirle a Ulises Ruiz un compromiso por la justicia y desterrar la impunidad, porque de otro modo, serán vacuos sus posicionamientos que pueda fijar en cualquier foro, como el Consejo Nacional de Seguridad. El juez por la casa empieza.
¿Será que ahora sí se acuerde, en su nebulosa memoria, cómo se llama su principal crítico que ya le puso cerca el marcador de la cuenta regresiva sexenal, que aunque no quiera, es irreversible e implacable?
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