viernes, 28 de marzo de 2008

Periodistas: lentitud

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Termina marzo y el país se revuelve en controversias múltiples: políticas interpartidarias, de energéticos, seguridad pública, etcétera, y se pasa por alto lo que sucede en el medio periodístico, altamente vulnerable para ataques, intimidación e impunidad que pone en riesgo su ejercicio.
Por ello no debe pasarse por alto, la lentitud con que en Latinoamérica y el Caribe se investigan casos de asesinatos cometidos el año pasado.
Al finalizar 2007, sólo en 32 de los casos se había producido algún tipo de sentencia condenatoria, de acuerdo al Estudio Especial sobre la Situación de las Investigaciones sobre el Asesinato de Periodistas en el Período 1995-2005, por Motivos que pudieran estar relacionados con la Actividad Periodística, publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La mayor cantidad se concentró en Colombia, Brasil y México, según la investigación realizada en este estudio. En Colombia, 75 reporteros fueron asesinados, y apenas en 7 de esos casos ha habido algún tipo de sentencia condenatoria. En cuanto a Brasil, de los 23 asesinatos contra comunicadores sociales, en sólo 9 se han dictado sentencias condenatorias.
De los 20 asesinatos de reporteros ocurridos en México, únicamente en 4 se han producido sentencias condenatorias. A su vez, en Guatemala no se habría producido sentencia condenatoria en ninguno de los 9 casos, mientras que en Haití, en tan solo 2 de los 6 casos se han dictado sentencias condenatorias.
El informe insta a los Estados miembros de la OEA a Otorgar Máxima Prioridad Política a Resolver la Impunidad en los Asesinatos, haciendo el recuento de que entre 1995 y 2005 fueron asesinados 157 comunicadores en 19 países de la región por motivos que pudieran estar relacionados con el ejercicio de su actividad.
En el estudio, la Relatoría Especial resalta, en general, que las investigaciones de estos asesinatos han sido excesivamente lentas.
La mayoría de las investigaciones –dice el organismo - presentan serias deficiencias en su desarrollo, enfrentan obstáculos y no han permitido el esclarecimiento de los hechos o arribar a sentencias condenatorias.
Según el reporte, en los 32 casos que han registrado algún tipo de sentencia condenatoria, éstas no siempre se han hecho efectivas, ni han necesariamente comprendido a todos los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos.
La Relatoría pide hacer investigaciones imparciales, serias y diligentes que resulten en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todos los autores materiales e intelectuales-, su captura, su enjuiciamiento y su sanción efectiva.
La OEA también sugiere fortalecer a las dependencias encargadas de investigar los asesinatos, que se remuevan los obstáculos que impiden el normal desarrollo de las investigaciones, así como que se garantice la seguridad de testigos, familiares de las víctimas, fiscales, jueces, y abogados.
Además, exhorta a los Estados a adoptar medidas para proteger a los reporteros amenazados para evitar que atenten contra sus vidas.
El diagnóstico ubica que hay formas sutiles de afectar la libertad de expresión en la zona, como por ejemplo: los procesos penales contra comunicadores, la asignación de publicidad oficial como premio o castigo según la línea editorial de los medios, la presión oficial a medios de comunicación, la asignación o revocación arbitraria de frecuencias radioeléctricas, la discriminación en el acceso a las fuentes oficiales, y las afectaciones al pluralismo derivadas de monopolios , o concentración creciente, de propiedad en los medios de comunicación, ya sea por parte de Estados, de individuos o de empresas.
Lo anterior, manifiesta, “no nos debe hacer perder de vista que en las Américas se sigue matando a los periodistas, y que la gran mayoría de esos asesinatos quedan en la impunidad.”
La Relatoría acepta estar consciente que muchos asesinatos pueden provenir del narcotráfico, de otras formas del crimen organizado, de paramilitares y de grupos armados disidentes. Sin embargo, la investigación y sanción de los casos corresponde a los Estados, a través de sus tribunales y demás órganos competentes. La impunidad es responsabilidad de los Estados.
El estudio especial reconoce que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información.
Lo más grave es que la carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera, pueden tener el grave efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión.
El criterio para registrar los asesinatos que abarca este estudio se basó en crímenes cometidos por motivos que pudieran estar relacionados con esta actividad.
Al respecto, la Relatoría elaboró un cuadro preliminar con el nombre del periodista o comunicador asesinado, la fecha y el país donde ocurrió el crimen y una breve descripción de los hechos, en base a los informes anuales de la Relatoría Especial, al monitoreo diario que realiza a la situación de la libertad de expresión en la región, a los comunicados trimestrales, a la información recibida de los Estados y a la información pública manejada por organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
La Relatoría Especial resalta igualmente que en los años 2006, 2007 y en lo que va de 2008, ocurrieron en varios países de la región nuevos asesinatos de periodistas, por razones que pudieran estar relacionados con su trabajo, en un número que continúa siendo muy elevado.
Para quienes quisieran conocer la tabla con información proveniente del mencionado estudio especial, así como el Estudio completo, puede hacerlo en la siguiente dirección de Internet: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/AsesinatodePeriodistas.pdf
Tener ubicadas a la luz de este Informe las graves amenazas que se ciernen sobre el gremio, importa no sólo para quienes ejercemos esta actividad, sino también a la sociedad destinataria de nuestro trabajo porque la forma en que las instituciones de justicia tratan las agresiones revelan de algún modo la indefensión en que permanecen otros sectores menos visibles.
Si esto pasa con los periodistas, imagínense lo que sucede con los hombres del campo, los indígenas y otros estratos de la población que no tienen Relatoría especial.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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