viernes, 11 de julio de 2008

Malversación en Salud

Nadie quiere hablar de ello, pero periodísticamente es importante, porque en la información que cotidianamente aparece en las páginas y espacios de los medios de comunicación, pueden encontrarse las claves. Es el caso de la información relacionada con asuntos policiales, de seguridad, justicia y corrupción: lo que comúnmente denominamos nota roja.
Como afirma Monsiváis, en la nota roja no sólo se ven los festivales de balas y la sucesión de muertes, sino un contexto social, predeterminado, que tiene que ver con procesos escondidos, que amenazan con hacer eclosión.
Ahora la nota roja ha pasado a las primeras planas; con el combate al crimen organizado; por las bajas de efectivos de la policía o el ejército o por casos tan escandalosos de corrupción que antes estaban confinados a espacios interiores.
Es el caso de la publicación a ocho columnas, en el periódico Milenio, firmado por Diego Osorno, viejo conocido de muchos oaxaqueños, titulado “Malversaron funcionarios de Ulises 329 mpd”.
Con un “balazo”- se dice en el argot periodístico- que indica que “La Secretaría de la Función Pública denuncia ante la PGR red de corrupción en Oaxaca”, el texto da cuenta de la indagatoria que realiza la Procuraduría entre funcionarios y ex funcionarios por presuntamente malversar recursos federales destinados a prevenir el SIDA, combate a enfermedades infantiles y acondicionar hospitales, entre ellos el infantil oaxaqueño.
El periódico ayer se vendió como pan caliente, salvo que como se acostumbra aquí, lo hayan requisado por órdenes de la oficina de Comunicación Social y la Secretaría Técnica. Es para lo único que sirven.
Sin embargo por las virtudes del Internet, todo mundo se enteró que luego de emprender en enero de 2007 15 auditorías, la dependencia federal encontró irregularidades en el manejo de programas federales en materia de salud aplicados por el gobierno de Ulises Ruiz.
Ante el hallazgo de los desvíos —ascendentes a cerca de 329 millones de pesos—, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia presentó dos denuncias penales en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, por irregularidades en el ejercicio y la comprobación de los recursos, revela un informe oficial.
Diego Osorno ejerciendo este nuevo género periodístico denominado Transparencia y Derecho a la Información, solicitó a través del IFAI los resultados de todas las auditorías practicadas a los recursos federales por el gobierno oaxaqueño y en la respuesta ofrecida por la Dirección General de Operación regional y Contraloría Social se señala que por auditorías a 15 programas ejecutados en Oaxaca durante los años 2006 y 2007 se emitieron observaciones a diversas dependencias y como resultado de éstas se instó a las autoridades competentes para el ejercicio de las acciones procedentes.
“En las otras 14 revisiones especiales a diversas áreas de la administración estatal del PRI, la Función Pública detectó más anomalías, las cuales, en caso de no ser aclaradas, podrían ser procesadas penalmente también. La red de posibles involucrados va desde el ex secretario de Salud estatal, Juan Ramón Díaz Pimentel, al actual, Martín Vásquez Villanueva, así como el subsecretario de Egresos, Joaquín Neyra Skidmore, y la directora de Egresos y Control Presupuestal, Mauricia Lina Luis Ruiz.“Otros de los nombres mencionados en la indagación judicial son los de Arturo Pérez Estrada, director de Desarrollo de la Secretaría de Salud; Miguel Ángel Martínez Santiago, secretario técnico de la dependencia, y Marco Vinicio Palacios Ortiz, secretario particular del secretario Salud. “Ante el avance del proceso legal, algunos de los ex funcionarios involucrados en la red de corrupción han promovido juicios de garantías contra una posible orden de arraigo; sin embargo, sus solicitudes han sido sobreseídas por los tribunales, ante la inexistencia de los actos reclamados. Uno de ellos es Martínez Santiago y el otro es Díaz Pimentel, secretario de Salud al inicio del gobierno de Ruiz. Este último coqueteó con el PRD la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Oaxaca en las elecciones de 2007.”
La información está bien documentada, y al final hay una lista de muchos funcionarios de la pasada y actual administración que presuntamente han lucrado con la salud de los oaxaqueños. Las virtudes de la transparencia arrojan ya resultados, pero a nivel federal; a nivel estatal, nadie cree que alguna vez vaya a tener éxito solicitud alguna para escudriñar en qué se gastan los impuestos de los oaxaqueños.
Recursos para agencias municipales
Autoridades de catorce agencias municipales del Municipio de San Carlos Yautepec y la Agencia de Asunción Tlacolulita, una microrregión de la Sierra Sur donde convergen pueblos chontales, zapotecos y mixes, agrupados en la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, bloquearon el martes desde las 6:30 de la mañana la carretera panamericana, a la altura del Portillo de Nejapa de Madero”.
La tarde anterior, los mismos, habían bloqueado las entradas de la cabecera municipal de San Carlos Yautepec para exigir atención a sus demandas pero la insensibilidad de la Secretaría de Gobierno los obligó a manifestarse obstruyendo el paso sobre la carretera Cristóbal Colón que comunica al istmo de Tehuantepec con esta capital.
Los inconformes demandan de sus presidentes municipales y del gobierno del estado la distribución de los recursos municipales del ramo 28 y 33, para que sean entregadas directamente a sus comunidades.
Las autoridades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, San José Chiltepec, Santa Lucía Mecaltepec, Santa María Candelaría, San Lucas Ixcotepec, San Pablo Topiltepec, San Pedro Tepalcatepec, Santiago Lachivia, San Baltazar Chivaguela, San Pedro Leapi, Santo Tomas Quieri, San Francisco Guichina, San Miguel Nitzaviguiti y San Juan Alotepec, coincidieron en que desde enero del presente año han entablado varias mesas de trabajo con sus ayuntamientos, con la subsecretaría de desarrollo municipal, secretaría general de gobierno, y la cámara de diputados, sin que se tenga respuesta favorable a sus planteamientos.
Las comunidades informan a esta columna que han firmado un acuerdo con relación a los recursos del ramo 28, que se ha venido cumpliendo a fuerzas; no así en el caso de San Juan Alotepec, ya que el presidente municipal de Asunción Tlacolulita, con el respaldo del Subsecretario de Gobierno Joaquín Rodríguez Palacios han desconocido dicho acuerdo a pesar de haber sido firmado en la propia subsecretaria de desarrollo municipal. No dudan en que detrás de esta determinación esté la intervención de la diputada por el distrito de Tehuantepec, Sofía Castro Ríos, quien por cierto pretende repetir como diputada federal en los comicios próximos.
La UPCIYO, exige el cumplimiento de los acuerdos realizados ante el Instituto de la Vivienda de Oaxaca, Seducop, y la entrega de cien mil pesos prometidos por el propio Subsecretario General de Gobierno Joaquín Rodríguez Palacios. De sus Ayuntamientos exigen la entrega de los recursos del ramo 33 de acuerdo con el número de habitantes y el alto rezago social en que se encuentran. Asímismo, el cumplimiento de los convenios firmados en relación al ramo 28.
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