miércoles, 25 de junio de 2008

Reparación del daño

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Reino de la pederastia, después de Puebla y Quintana Roo, Oaxaca sigue siendo noticia de índole negativo; lo anterior se expresa en que el titular del Ejecutivo es de los tres gobernadores más conocidos del país. Pero no por sus buenas obras, sino todo lo contrario.
La semana pasada, sus panegiristas echaron las campanas al vuelo ante la difusión de encuestas, elaboradas por empresas serias. Lo que se niegan a reconocer, como dicen las mediciones, es que la mención de su nombre destaca por valores y percepciones negativas.
La noticia de la semana pasada, antes de lo que sucedió en Zaachila, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había emitido una nueva recomendación sobre la omisión de funcionarios para procurar justicia en el caso de cuatro menores de edad, abusados en el Instituto Miguel de Cervantes, ubicado en la Villa de Etla.
Por este caso, ya están detenidos el propietario del plantel, Domingo Ramírez y sus hijos Alejandro y Erick Ramírez Jiménez, así como la directora Margarita Jiménez ( es decir, casi toda la familia), como presuntos responsables de los delitos de violación agravada y pornografía infantil.
La CNDH expresó su preocupación porque las familias de los menores hallaron obstáculos tanto en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos Sexuales, por lo que recomienda a Ulises Ruiz no sólo garantizar la reparación del daño que incluya asistencia médica y psicológica, sino que además se auxilie a las víctimas y testigos, asegurando que no sufrirán represalias.
No deja de sugerir – aunque sabemos que esta buena intención la echarán a la basura- que se investigue a las autoridades ministeriales que incurrieron en actos de omisión que perjudicaron la plena acción de la justicia. Asimismo, que se verifique si existen condiciones de dignidad y seguridad para los menores que acuden a este plantel o de lo contrario que se proceda a su clausura.
Todo esto es lo que se pide en la recomendación, la segunda más reciente en casos de pederastia. Los abogados de los padres de familia ofendidos no creen que la actuación de la CNDH vaya a tener efectividad, como lo asegura incluso el secretario de Gobierno ulisista.
El ejemplo más claro está en que a la familia agraviada por el ataque contra uno de sus miembros, en el Instituto San Felipe, no ha recibido ningún beneficio por la recomendación emitida recientemente. Por el contrario, un juez cita de nuevo al menor a declarar sin considerar la afectación que se le provoque nuevamente. No hay reparación del daño, a pesar de que la Suprema Corte en una decisión histórica, atrajo el caso para generar jurisprudencia. A pesar de las promesas, nadie les cree; yo tampoco.
INICIATIVA MÉRIDA: PROCESO DE APROBACIÓN
Informa David Brooks, corresponsal de La Jornada en Washington, que la Cámara de Representantes aprobó el jueves pasado la asignación de 400 millones de dólares en asistencia antidrogas para México bajo la Iniciativa Mérida, junto con una serie de instrucciones de “consulta” para abordar preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos y la impunidad entre las fuerzas de seguridad pública del país vecino. Es decir, México.
Esta semana, si el Senado estadounidense no le hace modificaciones la mandarán al presidente para su promulgación como ley.
Aunque en los últimos días se ha logrado modificar el “lenguaje” del texto para tratar de superar las expresiones de rechazo –tanto en México como en la Casa Blanca y de algunos legisladores estadunidenses– a cualquier condicionante unilateral en la legislación,
Pero en el llamado “reporte” que acompaña el proyecto de ley –donde el Congreso establece cómo deberían aplicarse y gastarse los fondos aprobados– hay una serie de instrucciones y señalamientos expresados por algunos legisladores, organizaciones de derechos humanos y sindicatos que manifiestan preocupación sobre temas relativos a derechos humanos y la impunidad en México, mismos que los promotores de esta legislación han incorporado para asegurar su aprobación.
El reporte del proyecto de ley – explica el periodista- establece que el Departamento de Estado debe trabajar con el gobierno de México, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país vecino y las ONG “para promover el respeto a los derechos humanos por la policía y las fuerzas militares mexicanas”.
Asimismo, declara que “la corrupción y la impunidad dentro de las fuerzas militares y de la policía de México son preocupantes”, y señala que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto “han sido ignoradas”, e investigaciones de transgresión a las garantías fundamentales por fuerzas militares y policiacas mexicanas infrecuentemente resultan en condenas penales”.
El reporte expresa preocupación por el fracaso en investigar y fiscalizar a “policías responsables de transgresiones de derechos humanos, incluyendo ultrajes sexuales y violencia sexual contra mujeres en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, y Oaxaca, entre junio y diciembre de 2006”.
Afirman que estos casos han sido ampliamente documentados y requieren una “indagación plena, creíble y transparente por el procurador general de México”.
El reporte que acompaña el proyecto de ley –igual que el proyecto mismo, tiene fuerza de ley al ser aprobado– afirma que la investigación del asesinato del estadunidense Brad Will (27 de octubre de 2006) tiene fallas, y “se instruye a la secretaria de Estado a que, no más de 45 días después de la promulgación de esta ley y 120 posteriores, presente un informe a los Comités de Apropiaciones detallando los avances” en esta indagación. Además, dice que el Departamento de Estado debe trabajar con las autoridades mexicanas y otras agencias relevantes del gobierno estadunidense para asistir en dichas pesquisas.
Hasta aquí el tema de la iniciativa Mérida, donde se acuña el concepto de responsabilidad compartida para combatir el narco. Si finalmente logra pasar en el Senado sin modificaciones, representaría un avance para satisfacer en buena medida las preocupaciones de que se vigilen los asuntos que más han preocupado sobre violaciones a derechos humanos. Entre ellas indagar las transgresiones cometidas en Atenco y Oaxaca
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