martes, 17 de junio de 2008

Negativa de amparos

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Hace 15 meses se aprobaron las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en una maniobra claramente avasalladora contra los legisladores del Frente Amplio Progresista que se opusieron terminantemente a las modificaciones al régimen de pensiones y jubilaciones de los afiliados a este organismo.
Desde entonces, las manifestaciones y acciones de protesta han crecido desmesuradamente en todo el país por parte de organizaciones sindicales, sociales y políticas que no están de acuerdo en la virtual privatización de este régimen. En particular han destacado las marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE.
En contrario, altos funcionarios del gobierno federal han permanecido indemnes a este reclamo popular, negándose a negociar con los inconformes y descalificando las manifestaciones de repudio que van acompañadas hasta el momento, con la presentación de 2 millones de amparos promovidos por 223 mil burócratas contra esta norma.
Esta semana, ha trascendido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará los amparos y según informaciones que ya corren en los medios de comunicación, la ministra ponente, Margarita Luna Ramos, resolverá negando dichos amparos por parte del tribunal constitucional en todos los aspectos relevantes de la ley.
Si mucho, anticipan, los ministros sólo declararían inconstitucionales los artículos 25, 136 y 251 de la nueva ley que tiene 254 artículos permanentes y 47 transitorios, pero avalarían el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones denominados Pensionissste, similar a las Afores.
Esto implicaría, también, la obligación para más de 2 millones de burócratas de elegir a más tardar el 14 de noviembre si emigran a este nuevo sistema, por lo que recibirían un bono, o se quedan en el régimen anterior, pero con nuevas condiciones de edad mínima de retiro y antigüedad que antes no existían.

Quienes en la calle y en los tribunales han manifestado su oposición a las reformas consideran que la presentación masiva de amparos ( dos millones) es una especie de referéndum o consulta que invalida la ley porque deroga garantías sociales adquiridas a lo largo de varios años de lucha de parte de los trabajadores.

'Cuando se trata de prestaciones para trabajadores y sus familias, obligatorias para el Estado y de rango Constitucional, no pueden quedar sujetas para su aplicación garantizada, regular y eficiente a criterios de índole mercantil, como si se tratara de la administración de un negocio privado', dijeron algunos de los participantes en la audiencia realizada apenas hace unos días en la SCJN, los cuales a través de sus organizaciones sindicales se oponen a las obligaciones de equilibrio financiero, asignación presupuestal, según resultados, y creación de reservas, que la nueva ley impone para varios seguros.'Las cuotas que deben cubrir los trabajadores para seguros se incrementan en porcentaje mucho mayor que los incrementos de sus salarios', insistieron los expositores que han repetido hasta la saciedad que se viola la garantía de no aplicación retroactiva de la ley, que hay trato discriminatorio contra los burócratas contratados a partir de abril de 2007 y que el nuevo Pensionissste es una privatización del sistema de pensiones.
En contraposición, voceros del gobierno federal y del Partido Acción Nacional como el director del Issste, Miguel Ángel Yunes y el recién estrenado coordinador de los senadores Gustavo Madero, han desestimado las voces opositoras señalando que por ningún motivo habrá marcha atrás a las modificaciones avaladas por el Congreso, que 'no se le cambiará ni una coma' al texto de las reformas.
Además, dejan la responsabilidad de dar respuesta a los inconformes a la Corte porque las protestas callejeras no tienen ningún asidero legal-jurídico.
Como se prevé que a más tardar el viernes de esta semana sea dictaminada la decisión de los ministros, es seguro que veamos nuevamente en las calles la inconformidad de quienes han expresado su desacuerdo con esta reforma que entre otras presume Felipe Calderón cada que sale al extranjero.
Y aún si el proyecto de sentencia, viniera como se teme, en el sentido de negar o desechar amparo en la gran mayoría de los temas sustanciales, criterio similar al del juez de primera instancia que vio los recursos jurídicos, no habrá poder publicitario que convenza a quienes no están de acuerdo con esta decisión que se inscribe en el legajo de reformas neoliberales que con el acuerdo de la mayoría del congreso- incluyendo al PRI- está sacando adelante un régimen cuyo talante es contrario a los intereses de los trabajadores.
Si como se sospecha que así acuerde la corte, en el imaginario colectivo quedará para siempre la falta de voluntad política para atender los reclamos de un sector importantísimo de servidores públicos que ven disminuídos sus derechos que tantos años les costaron construir en un régimen que se suponía emanaba de la Revolución Mexicana, cuyo texto constitucional se nutría de un sólido perfil social que hoy prácticamente se está desmantelando.
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