¿Sobornos por la reforma?

Sociedad abierta
ERNESTO REYES
Uno de los grandes temas que unifica a los mexicanos es sin duda el del petróleo, pues mientras las cúpulas partidistas que controlan el poder intentan por todos los medios demostrar las bondades de la reforma petrolera, una mayoría apabullante- que sin embargo no tiene los medios de comunicación a su servicio- la rechaza.
Cualquier encuesta que se analice de las publicadas desde que el tema se sembró en el Senado, da cuenta que más de la mitad de mexicanos ven afanes privatizadores en la propuesta de Felipe Calderón, quien no ha dudado en empeñar su palabra de que finalmente será aprobada por la Cámara Alta y luego por los diputados, por que asume ciegamente que en los legisladores y no en nadie más está el poder de decidirlo.
Desdeña así este gobierno de derecha – aunque Calderón insiste en definirse de centro con lo que le disputa al PRI esta ubicación- a la población en la que descansa en última instancia la voluntad popular.
Otros sectores como el Frente Amplio Progresista liderado por Andrés Manuel López Obrador -aún costa del chuchismo conciliador que se aferra al poder en el PRD-, han propuesto una consulta popular, particularmente la que organiza para el 27 de julio el gobierno del Distrito Federal.
Las bancadas panistas y funcionarios federales, rechazan de antemano cualquier invocación a la consulta popular, a cualquier forma plebiscitaria, porque saben bien que con seguridad podrían perderla. Aducen que no está contemplada en la Constitución; es decir, que llevar a la práctica una consulta, es anticonstitucional.
En contraparte, varios gobiernos de los estados han manifestado su acuerdo, así como unos 400 presidentes municipales en el país de ascendencia perredista. Los priistas – incluyendo a Juan Sabines de Chiapas- muestran indiferencia, mientras los del PAN hacen mutis. Les da urticaria mencionar la palabra consulta, referéndum.
Ahora que estuvo en Europa Felipe Calderón y que con la ayuda de su publicista estrella fue a promover inversiones y a descalificar a quienes se oponen a la reforma, se enteró allá seguramente del no en el referéndum irlandés al Tratado de Lisboa, tratado que es un mecanismo de la Unión Europea para legitimar la participación de sus países miembros – son 27- y así mantener sus políticas económicas, laborales, sociales incluso de inmigración.
El Tratado de Lisboa firmado en diciembre pasado, es la superación del proceso iniciado por el Tratado de Amsterdam y el de Niza con el fin de reforzar la eficacia y legitimidad democrática de la Unión Europea, Unión que se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
En varios países, donde prevalece la democracia representativa, se les hace muy difícil pasar por alto la opinión de los ciudadanos, por lo que la ratificación del Tratado es sometida a referéndum y en el caso de Irlanda del Norte, fue un no rotundo el resultado, lo que mete en complicaciones al resto de la Unión, pero no la deshace: se respeta la voluntad de los irlandeses, han dicho líderes europeos.
A partir de las experiencias democráticas mundiales, en México es sintomática la negativa del gobierno de derecha para negarle a la población opinar sobre un asunto fundamental en el desarrollo del país como es el petróleo. Saben que como en las elecciones de hace dos años, ganará la oposición abiertamente, aunque el tribunal Electoral haya reconocido como ganador oficial – en la mesa- a Calderón. Esto sí es un peligro para ellos.
Los líderes europeos contrarios a las élites sordas a las exigencias de la sociedad para que Europa no se construya sin el consenso de los ciudadanos, recuerdan una frase de Bertolt Brecht, muy a modo para quienes desprecian que la política esté en manos de los ciudadanos: “ Si los dirigentes ven claro y el pueblo se equivoca, lo que hace falta es cambiar de pueblo”.
Así están pensando estos panistas tan ineficaces para el ejercicio de gobierno como se demuestra aquí cerca, en muchas de las dependencias federales: cambiar de ciudadanos, de pueblo, cuando no logran sus propósitos de avasallar en un tema crucial para el presente y futuro del país.
Si no logran convencer en el debate que actualmente se realiza en el senado, como ya les ha funcionado en la nueva Ley del ISSSTE, por ejemplo, son capaces de todo con tal de aprobar la reforma.
Ya se preparan para ello, por lo cual no es descabellada la denuncia del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva de Convergencia– aunque todos ladren y les pidan “pruebas”, “pruebas”- en el sentido de que Hacienda habría ofrecido “incentivos”, es decir, sobornos, por 2.5 millones de dólares a los legisladores – senadores y diputados- que voten a favor de la iniciativa petrolera.
El legislador dijo tener información procedente de donde se toman las decisiones, de que al amparo de la opacidad con que se manejan los excedentes petroleros se ha construido una enorme bolsa, lo que constituiría un fondo de mil millones de dólares para gastarlos sin que nadie rinda cuentas entre quienes se convenzan de las bondades de la reforma calderonista.
Esto ya se ha puesto en práctica, en el caso de la industria tabacalera cuando en el mes de noviembre del 2005, el diputado panista Miguel Ángel Toscano denunció que las poderosas empresas cigarreras sobornaron a diputados para desechar el impuesto de 130 % al consumo de cigarros. En éste entonces, todas las bancadas pusieron el grito en el cielo negando lo que incluso en el caso de la llamada ley televisa, muchos hicieron: que legisladores de todos los partidos vender al mejor postor la voluntad popular que los llevó a las cámaras. Ésa “voluntad” a la que se acoge el panismo ilegítimo para evitar una consulta abierta a la población. Es el riesgo de dejar en unas cuantas manos el destino de una nación, sin menospreciar la honestidad de muchos legisladores que miden los sentimientos de la población.
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