Impunidad contra Acuerdos

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
En el más reciente número de Proceso, Javier Sicilia dice que es buena la propuesta de sanear la policía y exigir a los jueces que apliquen sin cortapisas las leyes que tenemos.
Sin embargo, advierte que ser estricto en este sentido tiene sus bemoles, porque para combatir la inseguridad, motivo del reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, si no se empieza por castigar a quienes dentro del gobierno o de los poderes empresariales cargan ya con crímenes claramente documentados y públicos– y en este caso menciona a Ulises Ruiz y a Kamel Nacif, entre otros- cualquier acción para combatir la impunidad no servirá de nada.
“La impunidad del poder –dice con gran acierto el articulista- alienta la impunidad del crimen, cuya fuerza se basa también en el poder”.
Y dice más: “El mensaje que el Estado y los poderes que lo custodian lanzan cada día a la ciudadanía es, por desgracia, un mensaje de impunidad y de violencia, no de legalidad y legitimidad”.
Esta reflexión orilla a interrogarnos: ¿cómo se le puede pedir al ciudadano que crea en las palabras y acuerdos que constantemente se publicitan si en las esferas del poder hay encubrimiento para servidores públicos, es decir, gobernantes, jefes policiacos, mientras la gente se desgañita en las calles pidiendo seguridad y protección a quienes han hecho precisamente lo contrario: encubrir la ilegalidad y no defender sus derechos individuales?
Esto se observa cuando conocemos denuncias bien documentadas de que ningún crimen, secuestro, levantón o agravio que ha sufrido la sociedad oaxaqueña en la actual administración se ha investigado para dar con los responsables, ya sea un particular o servidor público.
Mientras la triada de ex jefes policiacos que heredó Murat al gobierno de Ulises Ruiz – Manuel Moreno Rivas, José Manuel Vera Salinas y Aristeo López Martínez-, pero que este utilizó para sus fines perversos, se pasean impunemente en la ciudad, suenan vacíos los discursos, acuerdos y cualquier otra parafernalia que se invente para seguir engañando a la sociedad.
Hay por lo menos 26 muertes que dejó el conflicto social del 2006, cuya autoría permanece impune, pero si nos atenemos al número de secuestros que hombres de empresa o comerciantes han sufrido en los meses recientes, caemos en la cuenta que los oaxaqueños estamos en el hoyo negro de la inseguridad, propiciado por una sociedad cada vez más corrompida y gobiernos cada vez más cómplices.
Mientras vemos con azoro cómo el presidente estatal del PRI, Jorge, apodado El Chucky Franco, se traslada en lujosas camionetas y detrás suyo se moviliza un escuadrón de agentes ministeriales, como si transportaran al presidente de los Estados Unidos, y constatamos que en las 13 mil comunidades y ciudades del estado, los ciudadanos claman vigilancia sin que llegue, podemos concluir que los Acuerdos que acudió a firmar Ulises Ruiz en representación nuestra, naufragarán en el libro negro de la simulación.
Los miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones que cuidan al Chucky pertenecen a los alrededor de medio millar de policías que se encargan de la seguridad de funcionarios y sus familiares, mientras los 700 que restan de los 1, 200 efectivos con que cuenta la corporación, supuestamente están dedicados a la investigación de delitos y a los arrestos.
Otro dato, que los opositores al régimen debieran ya estar investigando: el helicóptero del gobierno del estado, comprado con recursos del Fondo 4, para seguridad, es empleado para transportar a aspirantes del PRI en la mayoría de distritos electorales federales, así como a legisladores de este partido, en lugar de destinarlos a perseguir a delincuentes. Al menos que el que se ha visto en varios lugares haya sido alquilado a razón de 50 mil pesos diarios con todo y piloto.
Mucha gente recuerda que desde helicópteros oficiales se atacó con gases lacrimógenos al magisterio y a la población el funesto 14 de junio de 2006, y que cuando hay algún bloqueo o manifestación opositora, aparece la nave bajo el cielo de Oaxaca; pero también advierte que cuando han existido enfrentamientos con bandas de criminales, como la que se suscitó en la calle de Trujano de esta capital, el mes pasado, el helicóptero brilla por su ausencia.
Entonces: policías, que utilizan armamento y vehículos, así como el helicóptero oficial son aprovechados para cuidar la seguridad y transportar a funcionarios del gobierno del estado y a altos dirigentes del PRI, para lo cual se erogan cientos de miles de pesos.
¿Qué importancia puede tener un ser diminuto pero no menos perverso como el Chucky como para que a pesar de que fue separado del cargo de Secretario de Gobierno pocos días después de la gran represión del 2006 el gobierno de Ulises Ruiz le ofrezca un blindaje policial, como si fuera el vicegobernador?
¿ Será que, como aquí lo adelantamos a tiempo, Ulises ya cuida de la seguridad de quien se apresta a relevarlo en la gubernatura?
Pero no se les olvide: la seguridad del Chucky, así como de secretarios del gabinete y miembros de la “familia feliz” y la “burbuja”, la pagamos todos los oaxaqueños.
Si el gobierno de Ruiz es congruente con la firma que estampó el pasado jueves en palacio nacional, para cuidar la seguridad, garantizar la justicia y la legalidad de los oaxaqueños, la primera medida que debería estar tomando es reintegrar a los 500 policías a sus cuarteles para que se sumen a la lucha contra el crimen. Si no lo hace, cualquier medida legal que impulse, se topará con la desconfianza ciudadana que sabrá cuándo y en qué momento cobrársela.
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