Riesgos en Ixcatlán

Sociedad abierta

ERNESTO REYES

El pasado siete de agosto, finalmente el Congreso del Estado fue sensible al sentir de un sector de la población de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco que consideraba que por las atrocidades cometidas por un grupo caciquil en contra de sus ciudadanos, debía iniciarse el procedimiento de desaparición de poderes y declarar la
suspensión provisional de dicho Ayuntamiento.
Lo hicieron más por decisión propia, y por las evidencia de que el vacío de poder era tan grave que ameritaba una decisión inmediata, por la presión que en ese momento ya existía por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que recientemente había emitido medidas cautelares para quienes han fungido como testigos de los hechos en el proceso judicial.
No fue una concesión gratuita haber dictado dichas medidas, sino por la presión internacional de organismos como la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos que con fecha 19 de Mayo solicitó formalmente al Gobierno de México lo siguiente:

1.-Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 60 personas de Santo Domingo Ixcatlán.

2.-Concertar las Medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios, e

3.-Informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares, y remover los factores de riesgo.

Esta decisión la había tomado la CIDH tras enterarse que el pasado 30 de abril, aprovechando que el presidente municipal de Ixcatlán, Omar Morales Arias se había ausentado del cargo para irse a trabajar a los Estados Unidos, su hermano, el asesor jurídico Freddy Eucario de los mismos apellidos, había encabezado a un grupo ( según autos que integran el expediente judicial) el cual incluía al sindico municipal de esta población Artemio Jiménez Martinez y a 50 personas más, entre ellos policías y funcionarios municipales, que habían cometido un múltiple asesinato.
Todos ellos, provistos de armas de alto poder, dieron muerte a Melesio Martínez Robles, Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, a quienes según el expediente penal 130/ 2008, infringieron una muerte atroz que horroriza al recordarlo y ver las fotografías de cómo quedaron los cuerpos.
Lo evidente de este atentado, hizo que se detuviera a uno de los cabecillas, Freddy Eucario Morales Arias quien se encuentra privado de su libertad acusado de los delitos de Homicidio calificado, con alevosía y ventaja, más 12 personas más que tienen orden de aprehensión por el mismo delito.
Ahora nos enteramos que a pesar de las medidas dictadas, según denuncia del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, el grupo que tiene todas las características de una formación paramilitar, sigue causando daños y sigue poniendo en riesgo la vida de los habitantes de Ixcatlán, violando las medidas cautelares impuestas.
De una semana para acá, dicho grupo ha causado daños al edificio de la Agencia Municipal y el Panteón de La Reforma, ha saqueado el curato de la iglesia de Ixcatlán, y ha bloqueado los accesos carreteros a Yucudaá para pedir – imagínense- el retiro de los elementos de la Policía Preventiva Estatal, porque obviamente no conviene a sus intereses.
Este grupo quisiera, se infiere en la denuncia del CEDAHPI, que no hubiera vigilancia para tener a su merced a los ciudadanos que han solicitado justicia por los horrendos crímenes, y además que el Congreso del Estado restablezca al cabildo municipal que ellos reconocen, donde el ex munícipe procesado por los homicidios funge como asesor y sus principales parientes integran el Ayuntamiento.
Poner atención a este problema para que la violencia no sea la forma en que los habitantes de Ixcatlán diriman sus diferencias internas y garantizar condiciones de estabilidad y paz, le corresponde al gobierno estatal y a su área de gobierno.
Asimismo, crear un ambiente de civilidad para que el administrador municipal que debe estar al frente del Municipio, mientras se supera la crisis, esté por encima de estas diferencias y coadyuve a una convivencia armónica entre los ciudadanos de este municipio mixteco.
De lo contrario, y aún cuando la CIDH haya intervenido, será nugatoria cualquier medida cautelar que lo primero que dispone es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que están en riesgo de sufrir mayores represalias por el clima de encono y de impunidad de que sigue gozando el grupo caciquil.
Al gobierno estatal le corresponde el cuidado de la vida de sus ciudadanos, en lugar de ayudar mediáticamente a quien está en la cárcel por los atroces crímenes, promoviendo por debajo de la mesa incluso su liberación. No debe ser cómplice de quienes violan la ley. Los riegos siguen estando latentes en Ixcatlán.

Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
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