Más “focos rojos”

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Con el asesinato del reportero del Diario de Chihuahua José Armando Rodríguez Carreón, ocurrido el jueves 13 en Ciudad Juárez, aumentó a 86 el número de colegas victimados, desde el año 1983 a la fecha, según el recuento de organizaciones periodísticas nacionales y continentales como la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Club Primera Plana.
El ataque criminal cometido en contra de quien en las páginas del cotidiano documentaba la forma en que actúa en aquella entidad fronteriza la delincuencia organizada, prendió de nuevo los “focos rojos” del gremio.
Desde ése día, no han sido pocas las condenas y exigencias para que con celeridad se investigara el asesinato de José Armando. Se solicitó que por la gravedad del caso, la Procuraduría General de la República atrajera las investigaciones.
Incluso, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que preside el legislador panista Gerardo Priego, se trasladó en pleno a Ciudad Juárez, para reunirse con organizaciones del gremio y concertar algunas acciones conjuntas.
Pero han pasado diez días y no se ve que vayan a tener éxito las pesquisas, como ha sucedido con 85 casos anteriores en que por no convenir a ciertos intereses, se perjudica a quienes en su ejercicio profesional tocan temas que no quisieran que trascendieran a la opinión pública.
Según este recuento, de septiembre a esta fecha, se han tenido que lamentar 5 bajas más: en Villahermosa, Tabasco, fue acribillado el periodista radiofónico, Alejandro Zenón Fonseca Estrada; en Lázaro Cárdenas Michoacán, un comando secuestró y ultimó al director del periódico regional “La Noticia”; en Chihuahua capital, un comandó que entró intempestivamente, al parecer en persecución de 4 individuos, disparó indiscriminadamente. Ahí fueron muertas 11 personas entre ellos el columnista del “Diario de Chihuahua”, David García Monroy.
En Tijuana, Baja California, el voceador del diario “El Mexicano”, Francisco Javier Salas, cuando se disponía a iniciar a las 5:00 su trabajo, fue ultimado por un comando, se informa, porque fue testigo de unas amenazas, mientras el reportero del El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua, José Armando Rodríguez Carreón, fue ultimado cuando se disponía a llevar a su menor hija al colegio.
Si se hacen cálculos, resulta que en los últimos 25 años en promedio han muerto 3 periodistas por año y esto es lo que permite que lamentablemente México ocupe el segundo lugar mundial después de Irak, como un país donde se persigue, amenaza, se encarcela y se asesina a quienes en su mayoría no hacen más que cumplir con una función social.
Frente a ello, los periodistas hemos sido incapaces de procurar medidas de autoprotección y defensa, incluso de denuncia, para que no nos sigan agrediendo, lo que nos hace más vulnerables.
La impunidad con que actúan los agresores, trátese de bandas organizadas o cuerpos policiacos legales e ilegales, permite que los atentados, amenazas y demás formas de intimidación se multipliquen.
Oaxaca no ha sido la excepción y se sumó apenas el levantón y tortura psicológica que sufrió nuestro compañero Pedro Matías, hecho que también provocó la indignación del gremio en varios niveles.
Como los demás ejemplos, dudamos que algún día se dé con el paradero de los autores materiales e intelectuales del ataque, mucho más si la investigación quedó en mano de la procuraduría local.
Esto no quiere decir que sean innecesarias las denuncias de organismos nacionales e internacionales para la defensa de los periodistas, ni tampoco las comisiones legislativas. Incluso, que sean inútiles las fiscalías, como la que existe a nivel federal que en el colmo de su osadía, contribuye con la PGR que es su entidad superior, a la fabricación de culpables.
El caso concreto es el crimen de Brad Will, donde han consignado como autor material a Juan Manuel Martínez Moreno y mantienen en proceso a otros ocho, acusados de algo tan absurdo como inverosímil: haberlo asesinado para culpabilizar al gobierno estatal y que el movimiento social de ése momento, se asumiera como víctima.
Sin embargo, la colusión de jueces de consigna mantienen a quien se presume inocente en la cárcel, y se lucha intensamente para que lo liberen por falta de pruebas.
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