Abusos confirmados

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Un poco tarde -el trabajo al cabo de 365 días fructificó en la Recomendación 11/2008-, pero la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) estableció que en el “Operativo Guelaguetza 2007”, realizado hace un año, cuando fuerzas policiales atacaron a manifestantes que rechazaban la festividad oficial, sí hubo violaciones a los derechos humanos, y que además estuvo mal planificado.
En consecuencia, según se desprende del documento relativo al caso, se señala la probable responsabilidad “ administrativa y penal” de al menos 13 mandos y ex directivos de la policía estatal y municipal por los enfrentamientos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio.
La CDDHO identificó a Pedro Ismael Díaz Laredo, Alejandro Barrita Ortiz, Daniel Camarena Flores y Aristeo López Martínez; quienes hace un año se desempeñaban como director general de Seguridad Pública estatal, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, director de la Policía Ministerial y coordinador de Seguridad Pública Municipal, respectivamente.
Ante la posibilidad de que algún día los alcanzara una Recomendación, y sobre todo por la evidente incapacidad en el desempeño de sus cargos, estas personas fueron despedidas o cesaron de sus funciones en los 12 meses que han corrido hasta la fecha, unos porque concluía su periodo, otros por sugerencia federal, y otros, como el caso de Barrita Ortiz, porque el 30 de enero fue ejecutado por un comando que lo sorprendió en el parque El Tequio.
Además, para otros 9 comandantes y jefes de grupo que también incurrieron en violaciones y excesos en su desempeño, también la Comisión solicita aplicarles responsabilidades por “ acción u omisión” por haber sometido o permitido al menos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a quienes el 16 de julio de 2007 se manifestaron en las inmediaciones del Cerro del Fortin con el fin de boicotear la Guelaguetza oficial.
La CDDHO afirma que 'en atención a que los hechos cometidos por los servidores públicos que se acreditaron en autos, muy probablemente son constitutivos de delito, se dé vista a la Representación Social a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente'.
El documento comprende 18 recomendaciones a las secretarías de Protección Ciudadana, de Salud, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Municipio de la Ciudad de Oaxaca.Destaca que el operativo instalado para resguardar el Auditorio estuvo mal planeado, porque “no hubo la coordinación necesaria entre dichas corporaciones para actuar conforme lo ameritaba la situación a fin de no caer en las situaciones que finalmente acontecieron, en perjuicio tanto de la sociedad como de los grupos que se enfrentaron.”
Son cuatro los expedientes en los que basa la comisión sus investigaciones por presuntas violaciones cometidas en contra de más de 40 personas.
En la recomendación se establece que los policías incurrieron en violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad personal, a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la igualdad y al trato digno, así como a la legalidad y a la seguridad jurídica.Se denuncia que en un lapso de entre dos y cuatro horas y media, los 40 detenidos fueron retenidos de manera ilegal por la autoridad estatal, dentro de la Comandancia de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 'Los detenidos fueron víctimas de sufrimientos físicos, consistentes en recibir golpes con los pies, toletes y manos en diversas partes del cuerpo, aunque vale precisar que con mayor frecuencia en la cabeza.'Además de que fueron arrojados al piso por sus captores, mantenidos de rodillas sin distinciones de edad ni condición de salud; así también sufrieron maltrato psicológico, en atención a que los elementos policíacos responsables de su custodia les indicaban constantemente que los llevarían a Nayarit, que los iban a desaparecer, que los tirarían en un campo de fútbol'.
En la Recomendación se toma en cuenta la brutal golpiza que recibió Emeterio Marino Cruz, quien resultó con traumatismo, pero también se exhibe un caso notorio de encubrimiento oficial a favor del ex secretario de Protección Ciudadana Sergio Segreste Ríos, quien aún recibe favores de su protector, como asesor en seguridad del titular del Ejecutivo.
Desafortunadamente, el trabajo de la Comisión para la defensa de los Derechos Humanos no tiene consecuencias vinculatorias; sólo recomienda acciones legales y administrativas que las autoridades respectivas pueden retomar o desdeñar, según sea el caso. Esto sucede con la mayoría de las acciones de los organismos defensores de derechos humanos. Sin embargo, y aún cuando no tiene los alcances que todos quisiéramos, fueron tan evidentes los agravios cometidos contra los inconformes, que ni aún el Ombudsman oaxaqueño los puede callar. Los abusos están confirmados.
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