El 16 de hace un año

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Los hechos violentos vividos hace exactamente un año, el 16 de julio de 2007, en las inmediaciones del Auditorio Guelaguetza y un hotel cercano, le traen recuerdos dolorosos a muchos oaxaqueños, por la confirmación evidente de que mientras Oaxaca no cambie seguirán suscitándose episodios vergonzosos para la convivencia pacífica de la sociedad.
En aquella fecha, estaban frescos los remanentes del movimiento social que hizo eclosión un año antes con las consecuencias políticas, económicas y sociales que padecemos hasta la fecha.
Dicho acto represivo arrojó inicialmente 60 lesionados de ambos bandos ( también se contabilizaron al menos 15 agentes policiacos con golpes), dos de ellos de gravedad como Emeterio Merino Cruz, y 55 detenidos.
La Batalla de la Guelaguetza, en el día en que el calendario religioso celebra a la Virgen del Carmen, se suma a dos fechas significativas de represión e intolerancia; la del 14 de junio y el 25 de noviembre del 2006, que marcaron el inicio del movimiento y la consumación del periodo más intenso de la lucha social.
Sin embargo, como las causas estructurales por las que muchos oaxaqueños se movilizaron no estaban resueltas, el 16 de julio la frustración e incluso la venganza por parte de fuerzas policiales hizo su parte para que la APPO y el magisterio, se confrontaran con la autoridad.
El enfrentamiento de esa fecha, sucedió al acuerdo tomado cuatro días antes por la Asamblea Estatal del Magisterio para analizar su consulta y determinar si levantaban o no el plantón que en ese momento sostenían en el zócalo. Acordaron realizar manifestaciones masivas el 16 de julio en el marco de la “Guelaguetza Popular”, y los siguientes días con el fin de boicotear el festejo oficial.
Al llegar esta fecha, el enojo estaba apoderado de los manifestantes porque habían comprobado cómo el gobierno estatal había facilitado tres días antes, el auditorio Guelaguetza a la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, para la toma de protesta de sus candidatos a diputados.
A partir del mitin priista, diversas corporaciones policíacas constituyeron un cerco en torno al Cerro del Fortín, con el fin de impedir el acceso de cualquier persona bajo el argumento de Sergio Segreste, de que era una instalación estratégica o que podría haber un atentado de la guerrilla.
El movimiento había programado como sede alterna la Plaza de la Danza, donde finalmente se realizaría el espectáculo popular, pero en medio de la tensión que produjo el enfrentamiento.
El estado de revancha que permeaba entre elementos policiacos y sus jefes, entre los que destacaba el ex titular de Protección Ciudadana, Sergio Segreste, se dejó ver en la saña con que se trató a las personas detenidas y golpeadas.
El gobierno quería ofrecer nuevamente un acto de autoridad. Aún a costa de las consecuencias que este hecho trajo para la propia autoridad y para la estabilidad del estado.
Las crónicas periodísticas de hace un año refieren que aproximadamente a las 10:15 horas, comenzaron a avanzar los contingentes de manifestantes, que coreaban: “Al Fortín, al Fortín, vamos todos al Fortín”; “Porque ni Ulises ni nadie nos lo va a impedir”; “Ulises entiende, la Guelaguetza no se vende”.
Los maestros e integrantes de la APPO se dirigieron por la calle de García Vígil, continuaron por Allende, avanzaron por Porfirio Díaz y salieron a la carretera Cristóbal Colón, donde se encontraron con vallas de policías estatales y municipales, que portaban escudos, bazucas y lanzagranadas.
Una hora después, los manifestantes llegaron a la altura del Hotel e inmediaciones del Auditorio, pidiendo el acceso para realizar la fiesta tradicional, pero las corporaciones policíacas, entre ellas la Policía Preventiva del Estado, Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial y la Policía Municipal de Oaxaca, les impidieron la entrada. Para dispersarlos les lanzaron gases lacrimógenos y piedras.
El gas lacrimógeno fue lanzado directamente contra la vanguardia de la marcha, lo que generó el enfrentamiento por espacio de más de dos horas.Como consecuencia, fueron detenidas varias personas, entre ellas quienes viajaban en autobuses del transporte urbano, pero también se llevaron a empleados de negocios cercanos como dos jóvenes de un taller de lavado de autos, por el simple hecho de estarse asomando a ver qué sucedía. Los arrestos se hicieron de manera ilegal y con lujo de violencia.
Para defenderse, los miembros de la APPO secuestraron seis autobuses del servicio urbano y les prendieron fuego, utilizándolos como ariete en contra de la policía, afectando un negocio de materiales en la confluencia entre la calzada Héroes de Chapultepec con la avenida Venus.
La policía agredió, mientras realizaban su trabajo de informar, a los fotógrafos Luis Cruz y Jorge Luis Plata, de los diarios Milenio y Reforma, así como a Carlos Román Velasco del diario Noticias; pero también a Humberto Cruz, conductor de Radio oro y a dos informadores de Canal 9 Roberto Velásquez y Aberlardo García.
La Procuraduría consignó a 33 personas, a un juez para internarlos en el penal de Tlacolula y remitió al Consejo Tutelar a 6 menores quienes quedaron en estado de indefensión legal, médica y psicológica.Fue hasta que organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y por el clamor de la opinión pública, empezaron a cuestionar la agresividad con que se había empleado la policía, cuando poco a poco y en un proceso traumático para las víctimas y familiares de los detenidos, empezaron a quedar libres la mayoría de los detenidos al comprobarse que eran sujetos de una gran injusticia.
Entre las víctimas más notorias – porque en tomas fotográficas y de video primero aparecía detenido sin mayores daños y luego con evidentes huellas de una brutal golpiza- fue ubicado Emeterio Merino Cruz, quien fue llevado en estado crítico al hospital. Pasarían varios meses para que recuperara a medias la salud. Un año después, se ha constatado que las secuelas de la represión han sido irreversibles, porque lo dejaron incapacitado para trabajar, comunicarse y para seguir siendo sostén de su familia.
En recuerdo de la represión del 16 de julio del año 2007, este miércoles se realiza una marcha para exigir justicia, entre otras cosas, porque después de 365 días los responsables, en lugar de ser castigados fueron premiados por la impunidad tutelada por las instituciones.
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