lunes, 8 de septiembre de 2008

Libres de violencia

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Como es posible que en el seno del Congreso local se apruebe próximamente una legislación que esté acorde con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el legislativo federal en diciembre de 2006, varias organizaciones y organismos quieren, a través de este medio, advertir a legisladores de todos los partidos políticos a que no vayan a formular leyes contrarias a las beneficiarias de la misma.
Son organizaciones como el Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, A.C., COPIL, A.C; Servicios del Pueblo Mixe, A.C.; Casa de las Mujeres Indígenas IKOOTS MODY; Comisión de Género de UCIZONI; CAMMI Juchitán, y Grupo 8 de Marzo, Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (MAPPA).
Las ideas que quieren compartir son las siguientes:
A la violencia hacia las mujeres que persiste en la entidad, dicen, se suman otro tipo de problemas que agudizan las formas de violencia o que dificultan que las mujeres sean atendidas.
Esto es el creciente empobrecimiento de miles de familias, la migración, los conflictos agrarios y políticos, la corrupción e impunidad en el sistema judicial y penal así como en las corporaciones policíacas, la falta de conocimiento y de respeto por parte de autoridades locales acerca de “nuestros derechos como mujeres indígenas y aún la falta de compromiso por parte de los DIF, el IMO e instituciones de salud”.
Aún cuando estas organizaciones tienen una experiencia de varios años en la dignificación de los pueblos, “somos iniciadoras en la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres y a nuestros espacios acuden mujeres que no tienen a dónde ir ni instituciones a las cuales recurrir.”
“En estos lugares somos la única opción para quienes viven en situación de violencia.” En este camino – argumentan- hemos recordado y practicado los acuerdos, la negociación como formas de resolver conflictos y también formas de aplicación de la justicia que busquen la rehabilitación de las personas que causan daño a las mujeres.
“Hemos analizado también que existen prácticas que no fortalecen la dignidad de las mujeres como la reparación del daño mediante pago o matrimonio con el agresor en caso de violación.
“En cuanto a la justicia que se imparte por las instituciones que aplican el derecho positivo, cuando hemos acudido nos enfrentamos a una visión diferente que: o penaliza sin rehabilitar o nos ofrece a las mujeres agredidas una conciliación que lejos de darnos seguridad, da la razón y mayor poder a los agresores con quienes convivimos.”
Refieren que en el Istmo de Tehuantepec, donde ha implementado el sistema de juicios orales y han cambiado las atribuciones del Ministerio Público, “observamos que la inmediatez con la finalidad de concluir lo más pronto posible un juicio, tiene varios inconvenientes para los casos de violencia hacia las mujeres o incluso en casos en los que las mujeres se ven involucradas como presuntas responsables de delitos.”
Y dado que la violencia familiar es tipificado como delitos no graves, el agresor rápidamente se ve absuelto de su responsabilidad.
También se da el caso de que los juicios no son públicos o se den en horarios en los que es difícil que haya otras personas, más allá de las directamente involucradas, lo que en el caso de las mujeres indígenas las pone en mayor vulnerabilidad.
Por lo anterior, hacen un llamado a quienes legislarán sobre la Ley estatal para que integren estas opiniones y se asegure una respuesta integral a la problemática de la violencia de género que en nuestro estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en homicidios a mujeres, y el tercer lugar en violencia que sufren las mujeres de manos de sus parejas.
En consecuencia, piden capacitar a jueces y agentes del Ministerio Público, para que apliquen la ley sin discriminación étnica ni de género.
Entender que la conciliación no puede ser incluida como mecanismo de atención a la violencia cuando ha habido incidentes que atenten contra la integridad o vida de las mujeres y menores de edad.
Piden aplicar en las clínicas comunitarias y todas las del sistema de salud, la norma 190 de atención a mujeres que viven violencia (o la que la sustituya) y se monitoree su aplicación.
Garantizar que las mujeres indígenas cuenten con traductoras o traductores que además de ser hablantes de su lengua tengan sensibilidad de género.
Se atienda de manera especial a las familias de migrantes que quedan en el desamparo, y que
Se integren en todos los municipios, previa sensibilización y acuerdos, instancias que atiendan la violencia familiar y de género.
En suma, no quisieran que en la Ley Estatal hubiera retrocesos a la legislación nacional, porque aquella se considera una ley de las más avanzadas de Iberoamérica.
La nueva legislación estipula un programa integral que distribuye claramente las competencias y obligaciones para los tres niveles del Estado y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que obliga al Estado a garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.
Incluye todos los tipos de violencia de género; psicológica, patrimonial, económica, física, laboral, institucional, sexual y de pareja que en conjunto constituyen la violencia feminicida.
Obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra ellas, a los Congresos locales a legislar en la materia; a las autoridades a garantizar, mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación.
Incluye mecanismos de reparación del daño y establece claramente el delito de Estado ante omisiones de los servidores públicos, actos que obstaculicen el ejercicio de la libertad de las mujeres. Igualmente asegura y amplía el funcionamiento de los refugios para quienes han sido víctimas de violencia.
Una de las innovaciones que ya se ha puesto en práctica es la llamada Alerta de Violencia de Género que es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Los legisladores locales tienen la palabra.
Contactos: Ernesto_reyes_647@hotmail.com
Sociedadabiertareyes.blogspot.com/

1 comentario:

Susana dijo...

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