Revocación de mandato

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
El 21 de agosto pasado, Georgina Morett de Milenio Diario, entrevistó al siempre controvertido y polémico Porfirio Muñoz Ledo, actual coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP), instancia organizativa que incluye a representantes del PRD, PT y Convergencia para efectos de alianzas políticas y trabajo parlamentario.
Aunque a varios perredistas les provoca comezón, el liderazgo del FAP, desde su creación, recae en la figura de Andrés Manuel López Obrador.Éste primero propuso a Jesús Ortega y ahora a Muñoz Ledo para que coordine al FAP.
Todos los lunes, en la ciudad de México, hay reunión del Frente y a él acuden los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, los miembros del equipo cercano a López Obrador y varios políticos que son considerados para la toma de decisiones, en diversos temas. Van senadores y diputados cercanos a este círculo, especialmente escogidos por la relevancia que tienen en sus entidades federativas. Los que no asisten porque así se estableció desde el inicio, son los dirigentes de los partidos.
Pues bien, en la famosa entrevista, Muñoz Ledo declaró que el proyecto que plantea es que “primero, se tiene que acabar con el gobierno de Calderón” y que “lo urgente es la suspensión constitucional del mandato de Calderón, si no, el país se hunde”.
A raíz de esta declaración de alto impacto político, varios actores de la oposición, más que del gobierno, sobre el que iban dirigidas las palabras de Muñoz Ledo, comenzaron a reaccionar de manera virulenta, señalando al declarante que prácticamente estaba llamando a una insurrección violenta para derrocar al gobierno. Quienes más se han destacado en descalificar a Muñoz Ledo son Manlio Fabio Beltrones, aspirante del PRI a la presidencia en el 2012 y Guadalupe Acosta Naranjo, reconocido legal aunque no legítimamente, como presidente sustituto del PRD.
Le han dicho de todo: desde irresponsable por atentar así contra el Estado, hasta filibustero, porque en su agenda personal Muñoz Ledo incluye la salida de Calderón cuando los partidos – incluyendo al PRD- no se plantean esta medida.
Señalaron que Muñoz Ledo no es nadie para vaticinar que Felipe Calderón no va a terminar su gobierno y proponer su sustitución por cualquier medio.
Sin embargo, en sendas declaraciones periodísticas, Porfirio Muñoz Ledo ha dejado claro que en ningún momento planteó que ese relevo se diera por un derrocamiento que implicaría una subversión en México – derrocamiento que tendría que ser por la vía militar o popular, lo que sería “impensable, imposible e indeseable”-, sino por sustitución constitucional. Es decir, si existiera, propone la revocación de mandato, una figura jurídica, anhelo de diversos sectores sociales y políticos que no ha sido tomada en cuenta en las reformas constitucionales recientes. El plebiscito, el referendo y la revocación de mandato, son mecanismos modernos que existen en otras democracias del mundo, incluso en algunas constituciones estatales, para refrendar o quitar el apoyo a un gobernante.
“Nadie ha hablado de insurrección, nadie ha hablado de motín ni de sublevación. Estamos hablando, que me perdone Felipe –Calderón–, de los mecanismos constitucionales para suspender el mandato, como la renuncia y se vale –renunció Pascual Ortiz Rubio, muy digno–. Mucha gente lo está pidiendo”, declaró el coordinador del FAP a Ciro Gómez Leyva, en su noticiario, declaraciones que reprodujo Milenio Diario.
Puesto el tema a debate, más por iniciativa de los medios que por los propios actores, Muñoz Ledo y Acosta Naranjo se han lanzado puyas verbales, lo que indica el grado de polarización que existe en la izquierda electoral, alimentada por la sempiterna disputa por la dirección partidista, pero sobre todo por la agenda particular de Nueva izquierda que no halla la forma de congraciarse con el panismo, pues de otro modo no se entendería la virulencia con que se comporta una de las piezas chuchistas apenas se menciona el término conclusión del mandato de Felipe Calderón.
Supuestamente la adscripción del PRD a una izquierda moderada, es una apuesta de Nueva Izquierda para recuperar los votos que el perredismo ha perdido; sin embargo, en el fondo se expresan los acomodos que este sector del perredismo pretende hacer primero para desmarcarse de la actitud beligerante de López Obrador en contra de las instituciones – pues los partidos políticos figuran entre ellas- con miras al proceso electoral en puerta, pero también se infiere, porque hay desesperación por correrse al centro del espectro político una vez que el mismo PRI se ha declarado socialdemócrata y el mismo PAN se pretende menos ortodoxo dentro de la derecha.
Lo que más ha molestado a la clase política a la que pertenece Acosta- quien por cierto es el “líder moral” de los “chuchos” oaxaqueños- es que se diga que “Calderón no tiene capacidad para cumplir con su mandato, porque es absolutamente incompetente”.
Para los críticos de Muñoz Ledo, es una exageración, incluso una provocación, que cuando están por cumplirse dos años del titubeante régimen, en el imaginario colectivo se empiece a sembrar la especie de que por las torpezas de su administración o los magros resultados en la lucha contra la delincuencia, se esté pensando en que Calderón no termine su sexenio.
Siempre polémico, sobrado en su esgrima verbal, puntilloso, Muñoz Ledo actuó así porque hay un grupo de reconocidos juristas que están por interponer un juicio penal contra el Ejecutivo Federal “por traición a la patria” a causa de las iniciativas de reforma petrolera que envió en abril pasado a la Cámara de Senadores y que se consideran violatorias a la Constitución. En ese grupo de abogados figuran el ex consejero electoral, Jaime Cárdenas Gracia, el ex diputado federal de Convergencia, Jesús González Schmall, quien fuera oficial mayor en el GDF en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas y Javier Patiño, ex funcionario de la PGR. Aparecen también ciudadanos como el comunicador Virgilio Caballero, entre otros.
Y otro recurso a presentarse en breve, es un proceso de juicio político para que se dé curso en la Cámara de Diputados por ataques a las instituciones constitucionales y también por despacho de los asuntos públicos, a partir del ánimo, en el caso de la propuesta petrolera, de violentar el régimen constitucional.
La denuncia formal ante la PGR estaría por que se inicie un procedimiento de investigación porque al estar violando el artículo 27 de la Constitución, se compromete la soberanía nacional o promueve su violación para alterar el patrimonio original de la nación y enajenarlo a favor de terceros extraños.
No sabemos en qué va a concluir el tema, y la suerte que corran, de presentarse, los recursos jurídicos contra Calderón. Pero por lo pronto, parece ponerse en el centro del debate la necesidad de que existan leyes que garanticen que si un gobernante es incompetente, haya forma de manifestarlo y que haya una consecuencia jurídica. Apenas se puso en cuestión el tema en Bolivia.
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