Amenazas e impunidad

Sociedad abierta

ERNESTO REYES
Existe el riesgo de que en los dos años que le restan al régimen, el ambiente en Oaxaca se torne mucho más peligroso, debido entre otras cosas a la impunidad que envuelve a casi el 100 por ciento de los crímenes y abusos que se han cometido contra la población por parte de particulares y de servidores públicos.
Cuando un delito no es investigado ni perseguidos sus autores, una consecuencia natural es que quienes lo han cometido se sienten con la suficiente libertad para reincidir. Pero lo más grave es que sectores predispuestos a hacer daño, aprovechan este ambiente para cometer fechorías.
El 25 de octubre pasado, un grupo no identificado levantó al periodista Pedro Matías y tras inferirle tortura psicológica, lo fueron a tirar en Tlacolula.
Un mes después no hay ningún resultado de la indagatoria, y se presume que nunca exista, a pesar de las explicaciones con que salga el procurador. Días después, al parecer, se llevaron al periodista radiofónico José Luis Ceballos, a quien lo amedrentaron con la misma frase: “ bájale de huevos…..”
Sabemos de otro colega que esta semana presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Periodistas de la PGR, radicada en Oaxaca, porque el hostigamiento ha sido tal que las amenazas empiezan a preocuparle.
El manto de impunidad que prevalece en la entidad puede envolver también a la clase política, como ha sucedido con los empresarios que han sufrido en carne propia secuestros y amenazas, principalmente.
Y ya lo estamos viendo, en el caso que ahora aqueja al diputado convergente Benjamin Robles Montoya quien tuvo a principios de año la mala fortuna que su hijo, Luis Alonso, se viera involucrado en un fatal accidente automovilístico donde murió uno de sus entrañables amigos. Éste era hijo nada menos que del presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, José Luis Echeverría, quien como se recordará fue señalado de avalar el gran fraude de que se quejó la oposición en el 2004 para permitir el arribo de Ulises Ruiz al poder.
Dicen bien que a los familiares uno no los puede escoger, pero a los amigos sí, por lo que una gran amistad terminó en tragedia, debido a la irresponsabilidad juvenil de la que no se pueden sustraer ambas familias.
El caso es que el homicidio culposo acreditado al conductor, se zanjó mediante oneroso arreglo económico dado que inicialmente el padre del joven Irving así lo aceptó, aunque el dinero haya ido a parar a una institución de beneficencia.
El sentido común les hizo ver a ambas partes que era mejor un mal arreglo al principio que un buen pleito. Sin embargo, recientemente Echeverría pidió revivir el caso, no importando que la memoria de su vástago se vuelva a manosear mediáticamente, con el consabido daño que le cause a la familia en general.
Benjamín Robles aduce que son motivos políticos los que se esconden detrás de la reapertura del caso, en el marco de las disputas y rencillas que no se apaciguan en Oaxaca desde el 2004, y más recientemente del 2006 a la fecha.
Las encuentra en el deseo de venganza personal que hierve en la parte demandante, pero mucho más a motivaciones de sus jefes superiores, encabezados por Jorge Franco y Ulises Ruiz para cobrarle facturas políticas debido al carácter contestatario que asume Benjamin ante el régimen priista.
Este asunto privado se tornó público, pero ahora se denuncia que se trata de hacer uso faccioso de la justicia con el fin de perjudicar al hijo de Benjamín, y buscar que pague con cárcel.
Si en Oaxaca la justicia no estuviera dominada por el poder político, el caso debiera dirimirse en los tribunales de manera normal, pero nadie cree que no vaya a pesar la consiga política.
Ahora conocemos denuncias, por voz del padre de Luis Alonso, que cada vez son más frecuentes las amenazas de muerte que se ciernen sobre su hijo; investigarlas es obligación de las autoridades para que no se sumen al ambiente de crispación que no cesa en Oaxaca.
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